​El verdadero orden viene con la regularización

Estos días comparten espacio en los medios dos historias, directamente vinculadas con la gestión migratoria, que suceden a diferentes lados del Atlántico. La crisis democrática de Estados Unidos protagonizada por el ICE, policía migratoria del país, que está desbocado, y la regularización extraordinaria que se acaba de aprobar en España. Es curioso que en algunos círculos no se entienda que ambas están absolutamente relacionadas y son diferentes caras de una misma moneda.

La migración no solo es un fenómeno natural imparable, sino que es la expresión misma de nuestro desarrollo como especie. Todas las civilizaciones contemporáneas provienen de procesos migratorios. Sin embargo, en los últimos años ha surgido una narrativa antimigratoria que presenta a una parte de las personas que migran como una amenaza. El éxito de esta narrativa consiste en construir un relato de otredad con un enfoque binario de "ellos" contra "nosotros". La realidad dista mucho de ser así.

"Aparte de poner su democracia en jaque, Estados Unidos está viendo cómo las deportaciones masivas generan un vacío laboral en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería"

Viendo lo que sucede en Estados Unidos en estos momentos no queda mucha duda del uso antidemocrático que se está dando a la narrativa de la migración como un problema. A través de ese discurso se ha construido una policía de Estado que se está saltando todas las reglas democráticas y legales del país. Esto se puede extrapolar a todos los países occidentales, donde muchas de las líneas rojas se han cruzado en nombre del orden y la seguridad migratoria. Se han pisoteado derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y normas y acuerdos internacionales, como el derecho de asilo o el Acuerdo de Schengen. Se ha favorecido a una industria privada que, a través del control migratorio securitizado, se llena los bolsillos con millones de dinero público cada año. De hecho este paradigma se ha llevado a extremos impensables financiando gobiernos autoritarios, en países terceros, a cambio de que ejerzan ellos las ilegalidades, en lo que se denomina la externalización de fronteras.

Mientras, atrapados en ese marco inhumano y destructivo, algunos países empiezan a sufrir consecuencias fatídicas. Estados Unidos, aparte de poner su democracia en jaque, está viendo cómo las deportaciones masivas generan un vacío laboral en sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería. Según un estudio de la Reserva Federal de Dallas, estas restricciones podrían restar hasta 0,8 puntos porcentuales al PIB este año. Lo mismo le pasa a Italia, uno de los países con menor crecimiento de la eurozona según la OCDE. Esto ha obligado a Giorgia Meloni, cuya narrativa antimigratoria fue clave en su triunfo electoral, a abrir la entrada regular a medio millón de trabajadores extracomunitarios para paliar la falta de mano de obra y de productividad.

Un debate público radiactivo

Frente a esta realidad incuestionable se alza otra que representa la regularización extraordinaria que el Consejo de Ministros ha aprobado mediante real decreto. Una acción que la narrativa tóxica intenta presentar de forma partidista. Pero este proceso era indispensable en términos socioeconómicos. Esta regularización la tenía que haber hecho el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, este saltó su turno por miedo al debate público radioactivo y le ha tocado a Pedro Sánchez. En realidad el PP debería estar dando palmas con las orejas, porque si hay cambio de ciclo de gobierno serán ellos los que capitalicen los beneficios. Esto sin contar que, según Funcas, el 91% de las personas en situación irregular son latinoamericanas, muchas de ellas venezolanas y colombianas, cuya tendencia de voto es, en muchos casos, conservadora. 

"Cuando una persona vive en la precariedad, sin derechos, fuera del sistema, eso nos afecta a todas. Cuando esa persona tiene papeles, derechos y obligaciones como las de cualquier otra, el conjunto gana"

Las consecuencias positivas son rápidas y concretas. Medio millón de personas que ya viven y trabajan en nuestro país pasarán a cotizar en la Seguridad Social y el IRPF, con un saldo neto estimado de en torno a 3.300 euros anuales por persona. Los menores, más de 100.000, podrán por fin viajar, federarse en un equipo de deporte, vivir sin miedo. Y las empresas ganan seguridad jurídica en sectores como la agricultura y la hostelería, donde sin esta mano de obra simplemente no hay nadie que haga el trabajo. Pero la consideración más importante es que es imposible estar bien en un país donde parte de la gente está mal. El bienestar no es individual. Cuando una persona vive en la precariedad, sin derechos, fuera del sistema, eso nos afecta a todas. Cuando esa persona tiene papeles, derechos y obligaciones como las de cualquier otra, el conjunto gana.

Así que si alguien se opone fuertemente a esta regularización, hay que preguntarse por qué. Porque los argumentos económicos, los demográficos y los de gestión administrativa no dejan lugar a dudas. Esta oposición a la migración regular es la que Trump está usando para construir una policía migratoria que pisotea la democracia y que está destrozando la economía estadounidense. Quienes no quieren que los migrantes tengan papeles no están pensando en el orden. No hay nada más desordenado que tener más de medio millón de personas viviendo fuera del sistema, sin registro, sin obligaciones, sin control. El verdadero orden es que todas estén identificadas, dentro, con los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y el verdadero bienestar se encuentra en sociedades donde todas las personas son tratadas con respeto, con cuidado y con humanidad.