Ómnibus I: una coalición inédita contra las reglas de sostenibilidad empresarial

Este martes, el Partido Popular europeo aprobó, apoyándose en la derecha radical y con el voto en contra de los grupos progresistas, una ley que diluye las obligaciones empresariales sobre derechos humanos y medio ambiente. Es la primera vez que una alianza de esta naturaleza negocia y aprueba una norma europea de este calado, reemplazando al consenso centrista que hasta la fecha había regido en Bruselas.

Una Europa más azul y menos verde

Las elecciones europeas de 2024 y las estatales de los últimos años han resultado en un Parlamento y un Consejo europeos escorados a la derecha. Hoy, los socialdemócratas tan solo encabezan los gobiernos de tres de los veintisiete Estados miembros, mientras que los conservadores dirigen diez, y la derecha radical, cinco.

"Desde 2024, el PP europeo ha venido estirando a conveniencia el cordón sanitario a la ultraderecha, con la que ahora sí suma una mayoría"

Tradicionalmente, centroderecha y centroizquierda han necesitado entenderse para formar mayorías estables en el Parlamento, pero desde 2024, el PP europeo ha venido estirando a conveniencia el cordón sanitario a la ultraderecha, con la que ahora sí suma una mayoría. En el proceso de revisión de las directivas sobre sostenibilidad empresarial, los conservadores han terminado de romper ese cordón.

Una ley para desregularlos a todos

La nueva Comisión Europea, dominada por el PP, ha asumido el programa conservador de supuesta "simplificación" normativa, algo que grandes corporaciones y asociaciones empresariales, y gobiernos extranjeros de corte neoliberal, incluido el estadounidense, venían exigiendo a Bruselas. El primer objetivo de esa agenda han sido las directivas de información y de diligencia debida empresarial, que obligan a grandes empresas a reportar y abordar sus impactos sociales y medioambientales, y los de sus filiales y proveedores. 

La Comisión propuso, en febrero, una modificación de estas directivas, a pesar de que la primera apenas se acababa de transponer, y de que la segunda se había aprobado solo unos meses antes y su aplicación no estaba prevista hasta 2027. Lo hizo a toda prisa, sin las consultas y evaluaciones de impacto apropiadas —lo que le ha costado una reprimenda de la Defensora del Pueblo Europea— a través de una ley ómnibus (en latín, "para todo"), un término hoy fetiche en la burbuja europea. A este ómnibus le han seguido otros tantos para modificar la normativa digital y medioambiental, en un ejercicio que Von der Leyen ha terminado por reconocer sin disimulo como de "desregulación".

La bestia negra del 'lobby' de los combustibles fósiles

Francia y Alemania ya contaban con leyes de diligencia debida, pero la directiva europea, aprobada en 2024 bajo liderazgo socialdemócrata y gracias al impulso de las presidencias española y belga del Consejo, iba más lejos que aquellas. Elevaba a rango de ley lo que los estándares de la ONU y la OCDE llevaban décadas promoviendo: el deber de las grandes empresas de analizar sus actividades transnacionales y cadenas de valor, e influir para prevenir y mitigar posibles abusos. Preveía, en caso de incumplimiento, sanciones de hasta el 5% de la facturación anual, y que las víctimas pudieran reclamar daños ante la justicia. Incorporaba, además, el requisito de adoptar planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La ley fue bien recibida por numerosas empresas europeas que ya venían cumpliendo con dichos estándares, y que buscaban que sus competidoras locales y extranjeras se atuviesen a los mismos. Sin embargo, las empresas más contaminantes —con el lobby petrolero y gasístico a la cabeza— hicieron de la directiva un blanco a batir. También la Administración Trump, inmersa en su propio proceso de desmantelamiento normativo, más agresivo que el europeo, que se aseguró de incluir la dilución de esta directiva en el acuerdo marco comercial firmado el pasado verano con la UE.

Claves de la negociación sobre diligencia debida

Las negociaciones de la reforma se centraron en tres cuestiones esenciales: el alcance de la identificación de riesgos —si las empresas debían vigilar exclusivamente a sus proveedores directos o priorizar los riesgos más serios sin importar el nivel de la cadena de valor en que se encontraran—; la responsabilidad civil —si las víctimas de abusos podían reclamar indemnizaciones a las empresas que incumplieran ese deber de vigilancia y contribuyeran indirectamente a un daño—; y el ámbito de aplicación —a partir de qué tamaño las empresas quedaban sometidas a la ley.

La presión de los grupos progresistas y una propuesta de compromiso de la presidencia danesa del Consejo permitieron resolver la primera cuestión a favor de la opción más ambiciosa, extendiendo la diligencia debida a proveedores directos e indirectos. Sin embargo, el PP, inesperadamente cómodo con el respaldo de la derecha radical, se negó a discutir los otros dos puntos, que nunca estuvieron verdaderamente abiertos a negociación. Los conservadores estaban decididos a excluir a la inmensa mayoría de las empresas —cubriendo ya no aquellas de más de 1.000 trabajadores, sino solo las de más de 5.000— y a derogar el régimen de responsabilidad civil por daños que la directiva original había creado —en contra de los avances de la jurisprudencia francesa y británica en este sentido—. 

El Consejo, pese a las voces discrepantes de los escasos gobiernos progresistas, avaló estos cambios, y, con algunas reticencias, concedió también a la derecha parlamentaria la eliminación de los requisitos climáticos. Su exclusión es una cesión inaceptable a los lobbies energéticos y envía un mensaje lamentable en un escenario de alejamiento de los objetivos de París, si bien la magnitud de su impacto es dudosa, teniendo en cuenta que la directiva original se limitaba a exigir un plan de reducción de emisiones que las autoridades públicas no podían siquiera entrar a valorar.

"Aunque condenable en su contenido, el acuerdo con la derecha radical no deja de ser la expresión democrática de una división legítima entre dos visiones contrapuestas del sistema económico"

Aunque condenable en su contenido, el acuerdo con la derecha radical no deja de ser la expresión democrática de una división legítima entre dos visiones contrapuestas del sistema económico, difícilmente salvable cuando se trata de responder a preguntas tan fundamentales como qué función deben jugar las empresas en la sociedad, por qué deben ser responsables, y de qué mecanismos nos dotamos para exigir dicha responsabilidad. En contextos como este, se plantea un dilema en el centroizquierda del arco parlamentario: hasta qué punto merece la pena aceptar los postulados conservadores con tal de salvar algunos muebles y evitar daños mayores, y a partir de qué momento conviene erigirse en oposición y defender una alternativa política.

Menos burocracia, más intervención

Como apuntan buena parte de nuestras propias empresas, no son las exigencias sociales y ecológicas del legislador las que amenazan la competitividad europea, sino la complejidad, también derivada de la fragmentación regulatoria en un continente con veintisiete normativas diferentes, y la incertidumbre jurídica, a la que las leyes ómnibus están contribuyendo al reabrir un sinfín de normas.

Las leyes deberían ser sencillas, breves y fáciles de entender, accesibles para quienes no cuentan con ejércitos de abogados y consultores. Como esta directiva, muchas leyes comunitarias son densas e intrincadas como resultado de un proceso legislativo deficiente, dominado por un Consejo —los veintisiete Estados miembros que colegislan con el Parlamento— excesivamente rígido, obligado a hacer malabarismos con ventisiete agendas nacionales contradictorias y permanentemente cambiantes.

"La simplificación es un objetivo loable en sí mismo, y puede y debe ser una bandera progresista. El ordenamiento comunitario es de todo menos ordenado"

La simplificación es un objetivo loable en sí mismo, y puede y debe ser una bandera progresista. El ordenamiento comunitario es de todo menos ordenado. Solo en materia de sostenibilidad empresarial, nos encontramos con requisitos de diligencia debida desperdigados por múltiples instrumentos (reglamentos de deforestación, trabajos forzosos, baterías, y minerales de conflicto) y con obligaciones climáticas parciales también dispersas (directivas de emisiones industriales y de comercio de derechos de emisión). Racionalizar, consolidar, codificar y armonizar reglas debería ser la respuesta progresista al populismo desregulador.

En la directiva que nos ocupa, se podrían haber eliminado artículos enteros, resuelto duplicidades y aclarado obligaciones sin reducir la ambición del texto, pero nada de esto se hizo porque la simplificación no era el verdadero objetivo de la reforma, sino el pretexto para diluir la ley.

A pesar de los cambios aprobados este martes, el núcleo de las obligaciones de diligencia debida se mantiene intacto. Ahora bien, su impacto dependerá del grado de compromiso de gobiernos, empresas, trabajadores y sociedad civil en su implementación y seguimiento. También de las medidas que, en un futuro, puedan acompañar y reforzar la directiva. Por ejemplo, desplegando incentivos e inversiones para impulsar industrias locales y alternativas ecológicas, conteniendo a las marcas y plataformas extranjeras que inundan el mercado europeo de productos a precios de saldo de dudosa sostenibilidad y seguridad, o reforzando sustancialmente los controles aduaneros y las autoridades de supervisión. Frente a la obsoleta receta neoliberal del laissez-faire, solo un esfuerzo coordinado en todos los frentes permitirá encontrar el deseado equilibrio entre flexibilidad y productividad, y justicia social y protección del medio ambiente.

*Las opiniones expresadas en este artículo son estrictamente personales y no representan la posición del Parlamento Europeo ni la del Grupo S&D.