Martes, 28 de julio de 2026
POLÍTICA NACIONAL
Balance del sanchismo y el futuro de España
Jordi Sevilla, consejero de 'Agenda Pública' y ministro de Administraciones Públicas de 2004 a 2007, hace balance de los gobiernos de Sánchez y lamenta que "ha sacado al PSOE de la senda socialdemócrata, desviándolo hacia un populismo donde un Feijóo arrastrado por Vox se siente más cómodo". "Entre ambos, con un enfrentamiento forzado, cada vez sobre asuntos más ridículos, el futuro de nuestra democracia constitucional se encuentra amenazado. Los ciudadanos empiezan a mostrar su cansancio con la crispación y piden a los dos grandes partidos que se pongan de acuerdo", asevera.
Pedro Sánchez durante el acto del pacto de Estado ante la emergencia climática.Jesús Hellín / Europa Press / ContactoPhoto.
Tan imposible es que un gobierno, cualquier gobierno, lo haga todo bien, como que lo haga todo mal. Sobre todo, en estos tiempos de globalización y pertenencia a la UE que representan dos serias limitaciones externas a las decisiones nacionales, evitando, normalmente, disparates autóctonos. Sin embargo, los partidos políticos democráticos tienen un suelo de votantes fijos, ciudadanos que se identifican tanto y por razones tan diversas con "su" partido y lo que representa que están dispuestos a aplaudir todo lo que hagan o digan sus líderes, con independencia de cualquier otra consideración más allá de que "son los míos y debo apoyarlos". Para estos ciudadanos, todo lo que hace o dice su partido merece aprobación siempre, lo que da lugar al fenómeno del crítico o heterodoxo como "traidor" que merece ser excomulgado sin más cargo en contra que discrepar, tener otra opinión, a menudo, más basada en la posición tradicional del partido que en los cambios repentinos que los líderes, a veces, tienen que hacer para conseguir apoyos parlamentarios.
"La cólera de los imbéciles llena el mundo"Así, votantes del PSOE aceptan el cambio drástico de posición de Sánchez sobre la amnistía para los independentistas catalanes (si no se hubiera necesitado sus siete votos, seguramente nunca se hubiera aprobado, pero, haciendo de la necesidad virtud, ya se defiende, por estos votantes, como una medida acertada por sí misma, pese a haber dicho lo contrario hasta el 23J por la noche). Igual que los forofos del PP aceptaron, sin pestañear, pasar en 1996 de la crítica furibunda a la cesión socialista del 15% del IRPF a los nacionalistas catalanes (iba a romper España) a que Aznar cediera el 30% para conseguir los votos de Pujol o que el Gobierno de Rajoy (2011) aprobara la mayor subida impositiva de la historia reciente de España tras hacer una campaña electoral basada en rebajarlos.
Corresponde al fenómeno psicológico conocido como "convicciones infundadas" (Dan Ariely) o irracionales, creencias, incluso directamente falsas, que se autorrefuerzan por lo que son imposibles de cambiar o modificar mediante un proceso racional de contrastación con datos o argumentos en sentido contrario. Las redes, además, tienden a transformarlas en desconfianza, negacionismos y directamente en odio hacia quienes no piensan igual.
Sin entrar aquí en el fascinante proceso explicativo de por qué suceden esos fenómenos tribales, también entre los humanos del siglo XXI, lo dicho se concreta en que, unos cuatro millones de españoles, votantes del PP (un cálculo conservador de su voto forofo) creen que todo lo que hace el Gobierno de Sánchez está mal. Según estos, porque acaba con el Estado de derecho, la democracia y con España, como dicen sus dirigentes, acompañados del correspondiente coro mediático y judicial, de la misma manera que unos cinco millones de votantes socialistas creen que todo lo que hace el Gobierno de Sánchez está bien, justificado y se hace en beneficio de España.
Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Foto: Eduardo Parra / EuropaPress / ContactoPhoto
Esta polarización entre hooligans partidistas —extensible también a otros partidos del arco parlamentario— se produce hoy en España con una virulencia, agresividad y exageración —escuchemos a Ayuso y, luego, a Pilar Alegría sobre el mismo asunto— mayor, tal vez, que en otros momentos, animada por las redes sociales, la digitalización de la comunicación y las interferencias extranjeras sobre las mismas. Pero con ella se genera una imagen de "guerra política" permanente entre partidos con imposibilidad material de acordar nada, ya que se presentan como adversarios-enemigos irreconciliables que representan dos Españas que no tienen nada que ver la una con la otra. Esto va deteriorando, cada vez más, la propia convivencia democrática entre ciudadanos, empujados a la crispación con "los otros", como estrategia política que acaba deteriorando la propia democracia porque opaca la actitud más matizada del resto de ciudadanos-votantes (hasta 37 millones en 2023) cuya opinión es más matizada o a los que, sencillamente, ha dejado de interesarles los asuntos públicos porque se desarrollan en un terreno donde se escucha a quien más grita, al que más insulta y a quien la dice "más gorda" en un espectáculo mediático reñido con la idea de ágora ciudadana tan vinculada a la democracia, el único sistema político que reconoce legitimidad a pensar diferente, como algo positivo.
Desglosemos algunos puntos del balance del sanchismo:
Según a quien escuches o lo que leas, así parece, lo que estaría creando, según la oposición, una situación apocalíptica para España, a pesar de haberse alcanzado bajo su mandato el récord de 22 millones de ocupados, en una economía que crece más que la media europea y con una inflación controlada. El líder de la oposición acaba de señalar en una reciente entrevista que Sánchez "está colapsado" porque no puede sacar sus leyes y le acusa de superar "todos los récords de corrupción". Según encuestas privadas de finales de julio, un 69% cree que debe dimitir (incluido el 35% de votantes del PSOE), un 82% que debe convocar elecciones y, según otra encuesta de otro medio, siete de cada diez españoles le piden, al menos, que se someta a una moción de confianza. Alguien así, ¿cómo puede generar confianza entre la ciudadanía? De hecho, el barómetro del CIS de julio de 2025 recoge que un 73,6% de españoles tienen "poca o ninguna confianza" en el presidente Sánchez, lo que parecería reafirmar un sonoro sí a la pregunta inicial.
Sin embargo, dejando al margen que la misma encuesta recoge que, al mismo tiempo, un 78,1% tiene "poca o ninguna confianza" en el líder de la oposición, si analizamos cuál era la valoración de otros presidentes nos encontramos (mirando solo el dato del CIS en el mismo mes de julio y un año aleatorio) que, en julio de 2017, la confianza depositada en el entonces presidente Mariano Rajoy era muy parecida: un 79,8% de españoles tenían "poca o ninguna confianza" en él (este dato aumentó hasta el 82,1% en abril de 2018, un mes antes de la moción de censura contra él). Y si miramos la misma encuesta de julio de 2010, un 78,9% decían tener "poca o ninguna confianza" en el presidente Zapatero. Por no saltar de siglo, en julio de 2003, el presidente Aznar generaba "poca o ninguna confianza" en el 60,8% de los ciudadanos. Más allá del significado que le demos a un sistema político democrático en el que una amplia mayoría de ciudadanos no confía ni en el presidente del Gobierno ni en el líder de la oposición, se puede decir que, con datos en la mano, el rechazo a Sánchez se sitúa, hoy, en una media que podríamos considerar "normal" entre los últimos cuatro presidentes.
A fecha de hoy, el presidente tiene imputados a su esposa, a su hermano y al fiscal general del Estado. Pero visto el tiempo transcurrido y las cosas que han ocurrido en estos procesos durante el mismo, hay margen para que muchos ciudadanos tengamos una duda razonable sobre si la motivación de los mismos se basa más en cuestiones políticas que en hechos probatorios sólidos. Hechos, por tanto, que no acaben destrozados por una instancia judicial superior cuando el impacto político de los procesos sea distinto. Se ha hablado mucho de la politización de la justicia, pero, tal vez, ha llegado la hora de empezar a hablar, también de jueces politizados que no son menos dañinos para la democracia y la supuesta independencia del poder judicial.
Aquí cabe citar, a título de ejemplo, la sorpresa expresada por el catedrático Jordi Nieva-Fenoll, porque el encausamiento del fiscal general se haga "con semejante ausencia de sustento probatorio" a lo que se ha sumado un magistrado del Supremo que, en su voto particular, concluye que "no existe fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena". Ello explicaría las declaraciones del exjuez Garzón sobre el proceso al fiscal general quien, tras señalar "la inconsistencia de las resoluciones" del instructor, concluye: "no me cabe duda de que hay una operación política de la derecha y la ultraderecha para acabar con el fiscal general", añadiendo su convicción de que acabará absuelto, como ha ocurrido con la fiscal provincial de Madrid, sobreseída tras diez meses imputada. Para muchos expertos, en este caso, ha sido la discutida decisión de dos magistrados, alineada con los intereses partidistas del PP, quien ha puesto al Supremo en una situación comprometida.
Muchos recordamos cómo, después de arrastrar durante una década por el fango el prestigio de personas honorables, incluidos dos presidentes de la Junta de Andalucía y otros altos cargos, condenadas por dos tribunales con la consiguiente utilización política del escándalo por parte del PP, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de las sentencias por algo que parece de primero de carrera. Esto es, que la elaboración de un anteproyecto o un proyecto de ley no puede ser prevaricación ni malversación y que, una vez aprobado por el Parlamento, solo admite análisis de constitucionalidad. Por tanto, el fallo se había emitido sobre un delito inexistente a ese nivel —ejecutivo y legislativo— que nada tenía que ver con el mal uso que luego se le pudiera haber dado a esos fondos, una vez aprobados, en el nivel administrativo correspondiente, donde sí hubo un claro delito que fue condenado.
Sin embargo, dejando al margen que la misma encuesta recoge que, al mismo tiempo, un 78,1% tiene "poca o ninguna confianza" en el líder de la oposición, si analizamos cuál era la valoración de otros presidentes nos encontramos (mirando solo el dato del CIS en el mismo mes de julio y un año aleatorio) que, en julio de 2017, la confianza depositada en el entonces presidente Mariano Rajoy era muy parecida: un 79,8% de españoles tenían "poca o ninguna confianza" en él (este dato aumentó hasta el 82,1% en abril de 2018, un mes antes de la moción de censura contra él). Y si miramos la misma encuesta de julio de 2010, un 78,9% decían tener "poca o ninguna confianza" en el presidente Zapatero. Por no saltar de siglo, en julio de 2003, el presidente Aznar generaba "poca o ninguna confianza" en el 60,8% de los ciudadanos. Más allá del significado que le demos a un sistema político democrático en el que una amplia mayoría de ciudadanos no confía ni en el presidente del Gobierno ni en el líder de la oposición, se puede decir que, con datos en la mano, el rechazo a Sánchez se sitúa, hoy, en una media que podríamos considerar "normal" entre los últimos cuatro presidentes.
A fecha de hoy, el presidente tiene imputados a su esposa, a su hermano y al fiscal general del Estado. Pero visto el tiempo transcurrido y las cosas que han ocurrido en estos procesos durante el mismo, hay margen para que muchos ciudadanos tengamos una duda razonable sobre si la motivación de los mismos se basa más en cuestiones políticas que en hechos probatorios sólidos. Hechos, por tanto, que no acaben destrozados por una instancia judicial superior cuando el impacto político de los procesos sea distinto. Se ha hablado mucho de la politización de la justicia, pero, tal vez, ha llegado la hora de empezar a hablar, también de jueces politizados que no son menos dañinos para la democracia y la supuesta independencia del poder judicial.
Aquí cabe citar, a título de ejemplo, la sorpresa expresada por el catedrático Jordi Nieva-Fenoll, porque el encausamiento del fiscal general se haga "con semejante ausencia de sustento probatorio" a lo que se ha sumado un magistrado del Supremo que, en su voto particular, concluye que "no existe fundamento indiciario suficiente que posibilite racionalmente una condena". Ello explicaría las declaraciones del exjuez Garzón sobre el proceso al fiscal general quien, tras señalar "la inconsistencia de las resoluciones" del instructor, concluye: "no me cabe duda de que hay una operación política de la derecha y la ultraderecha para acabar con el fiscal general", añadiendo su convicción de que acabará absuelto, como ha ocurrido con la fiscal provincial de Madrid, sobreseída tras diez meses imputada. Para muchos expertos, en este caso, ha sido la discutida decisión de dos magistrados, alineada con los intereses partidistas del PP, quien ha puesto al Supremo en una situación comprometida.
Muchos recordamos cómo, después de arrastrar durante una década por el fango el prestigio de personas honorables, incluidos dos presidentes de la Junta de Andalucía y otros altos cargos, condenadas por dos tribunales con la consiguiente utilización política del escándalo por parte del PP, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de las sentencias por algo que parece de primero de carrera. Esto es, que la elaboración de un anteproyecto o un proyecto de ley no puede ser prevaricación ni malversación y que, una vez aprobado por el Parlamento, solo admite análisis de constitucionalidad. Por tanto, el fallo se había emitido sobre un delito inexistente a ese nivel —ejecutivo y legislativo— que nada tenía que ver con el mal uso que luego se le pudiera haber dado a esos fondos, una vez aprobados, en el nivel administrativo correspondiente, donde sí hubo un claro delito que fue condenado.
La lista de insultos personalizados en él —apenas en sus políticas— ha sido larga desde la misma victoria de la moción de censura que le llevó a la Moncloa: "okupa", "felón", "traidor", "ilegítimo", "comete alta traición", "incompetente", "irresponsable" (hay un vídeo con estas y otras descalificaciones, hasta veintiuna, en una misma comparecencia pública de Casado, entonces líder del PP). La presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho de Sánchez que es "mafioso", "matón", "tirano", "caradura impresionante", "dictador bolivariano" y/o "comunista", hasta los dieciocho insultos en un año que las redes han recogido. Y Feijóo también ha ido subiendo el tono a pesar de que dijo venir a Madrid "no a insultar a Sánchez, sino a ganarle las elecciones". Lo ha llamado "caudillista", "corrupto", "ególatra" o "autoritario" y ha dicho que "no tiene ningún límite moral", hasta llegarle a preguntar en un debate parlamentario reciente: "¿De qué prostíbulos ha vivido usted?", blanqueando uno de los muchos bulos que circulan por las redes, sin demostrar, en este caso, sobre los negocios de su suegro.
No es la primera vez que la derecha y el PP utilizan este estilo bronco de —oposición— a un Gobierno socialista. La victoria de Zapatero en las elecciones de 2004, tras el terrible atentado del 11M, desató lo que se conoce como "teoría de la conspiración": un conjunto de bulos, mentiras y acusaciones infundadas sobre la autoría del atentado, con el único objetivo de insinuar la existencia de vínculos entre el atentado y el nuevo Gobierno socialista presentado como principal benefactor del mismo. Durante más de una década tanto el PP en el Congreso de los Diputados —donde se creó una Comisión de Investigación— como periodistas y otros interlocutores en algunos medios de comunicación conservadores mantuvieron que había existido una conspiración que incluía policías, fiscales y algunos jueces para tapar la verdad sobre la autoría de ETA, con el único objetivo de provocar un cambio de Gobierno en favor del PSOE, mediante el mayor atentado de nuestra historia, que produjo el brutal asesinato de casi doscientos ciudadanos. Eso lo convertiría en un "Gobierno ilegítimo".
Ni la rigurosa y exhaustiva sentencia de la Audiencia Nacional en octubre de 2007 puso fin a la campaña de bulos y solo en el vigésimo aniversario de los atentados hemos conocido, en boca de algunos protagonistas, la presión que imprimió el Gobierno de Aznar a medios de comunicación y políticos. El objetivo era que aceptaran su inverosímil versión de que ETA era responsable del atentado, convencidos como estaban en el PP de que, en ese caso, barrerían en las inminentes elecciones, pero que de ser yihadistas las perderían porque los votantes asociarían el atentado con el apoyo de Aznar a la ilegal guerra de Irak. Pillado en una mentira, la reacción fue acusar al adversario y embarrar el terreno con insinuaciones, bulos y teorías absurdas, pero que movían al odio hacia el adversario.
En esa misma legislatura, en pleno contexto de la "teoría de la conspiración", Rajoy acusó desde la tribuna del hemiciclo al presidente Zapatero de "traicionar a los muertos y revigorizar a una ETA moribunda" por haber abierto, como habían hecho Aznar y González, una vía de contactos (de la que se mantuvo informado al PP) que, esta vez, acabó con el fin del terrorismo y la disolución de la banda. La democracia española derrotó al terrorismo y no hemos podido celebrarlo por la resistencia del PP a aceptarlo y dejar de utilizar el dolor de las víctimas a su favor. Además, en diferentes declaraciones públicas, Rajoy insultó al presidente Zapatero llamándolo desde "bobo solemne" hasta "mediocre", "incompetente", "cobarde" o "traidor".
El estilo tradicional de oposición del PP se puede resumir en su reacción cuando en 2005, el Gobierno socialista creó la hoy alabada Unión Militar de Emergencias: desde calificarla de "instrumento inventado e innecesario" o "capricho faraónico" de Zapatero hasta dudar de su constitucionalidad porque invadía competencias autonómicas: las emergencias. En fin. O aquella acusación sobre que "la prima de riesgo se llama Zapatero" cuando llegó a un máximo de 290 puntos porcentuales y el silencio luego cuando, con Rajoy, alcanzó un increíble 570 en 2012.
En la misma línea y sin entrar en más detalles, no podemos olvidar, tampoco, la operación organizada entre periodistas, algunos jueces, delincuentes condenados por estos casos y políticos del PP para desprestigiar al presidente González mediante una operación de acoso y derribo despiadado. Operación que también incluyó, tras la huida y entrega de Roldán, el GAL y las escuchas del CESID que provocaron la dimisión del vicepresidente Serra, que un periódico conservador británico dijera: "El legado de González quedará como la eliminación sistemática de todos los principios éticos y democráticos de la política española" (The Times).
Varios participantes en lo que se conoció como "sindicato del crimen" reconocieron, años después, haber orquestado una operación para derrocar a González en su última legislatura que dio paso a la victoria de Aznar. La fuerte presión orquestada sobre González para que dimitiera tenía un punto central: la desclasificación de unos papeles del CESID que, supuestamente, relacionaban al Gobierno socialista y a su presidente, con los GAL convirtiéndolos en un "crimen de Estado" contra el terrorismo etarra. Aznar se comprometió a hacerlo cuando fuera presidente, pero, tras su victoria y elección, una de las primeras decisiones que adoptó su Gobierno fue no desclasificarlos porque afectaban a la seguridad nacional. Eso abre la puerta a dos interpretaciones: que no fuera cierta la relación de la que se acusaba a González (ser la X de los GAL) o que, en todo caso, el asunto afectaba a una seguridad nacional con la que habría jugado de forma irresponsable el "sindicato del crimen", dispuesto a todo con tal de "echar" a un Felipe que aguantó el chaparrón y solo se fue tras perder las elecciones convocadas porque no pudo sacar adelante el presupuesto. Años después, uno de sus promotores, Luis María Ansón, declaró en una entrevista: "Felipe González era un hombre con una potencia política de tal calibre que fue necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él".
Una legislatura en la que Aznar, recordemos, no tuvo problemas en insultar a González llamándole "despreciable", "profesor del engaño", "chantajista" y "oportunista", además de lo dicho por otros dirigentes del PP como Luis Ramallo, que definió a los socialistas de González como "una gangrena de la democracia".
Podemos citar, al menos, en nuestra democracia, tres momentos similares al actual respecto a un elevadísimo nivel de crispación política, que alinea a políticos, periodistas y jueces conservadores: última legislatura de González (1993-1996); primera legislatura de Zapatero (2004-2008) y ahora. Valore el lector, con estos datos resumidos, si la virulenta campaña de acoso y derribo del PP y la derecha mediática a Sánchez, por su exageración y basada en varias acusaciones no probadas (de momento, al menos), es fruto del momento populista y de desinformación que vivimos o, como yo creo, forma parte de la estrategia desestabilizadora tradicional de nuestra derecha contra cualquier presidente socialista, desplegada siempre que no ocupa ella el Gobierno. En este último caso, no sería nada excepcional. Desgraciadamente.
No es la primera vez que la derecha y el PP utilizan este estilo bronco de —oposición— a un Gobierno socialista. La victoria de Zapatero en las elecciones de 2004, tras el terrible atentado del 11M, desató lo que se conoce como "teoría de la conspiración": un conjunto de bulos, mentiras y acusaciones infundadas sobre la autoría del atentado, con el único objetivo de insinuar la existencia de vínculos entre el atentado y el nuevo Gobierno socialista presentado como principal benefactor del mismo. Durante más de una década tanto el PP en el Congreso de los Diputados —donde se creó una Comisión de Investigación— como periodistas y otros interlocutores en algunos medios de comunicación conservadores mantuvieron que había existido una conspiración que incluía policías, fiscales y algunos jueces para tapar la verdad sobre la autoría de ETA, con el único objetivo de provocar un cambio de Gobierno en favor del PSOE, mediante el mayor atentado de nuestra historia, que produjo el brutal asesinato de casi doscientos ciudadanos. Eso lo convertiría en un "Gobierno ilegítimo".
Ni la rigurosa y exhaustiva sentencia de la Audiencia Nacional en octubre de 2007 puso fin a la campaña de bulos y solo en el vigésimo aniversario de los atentados hemos conocido, en boca de algunos protagonistas, la presión que imprimió el Gobierno de Aznar a medios de comunicación y políticos. El objetivo era que aceptaran su inverosímil versión de que ETA era responsable del atentado, convencidos como estaban en el PP de que, en ese caso, barrerían en las inminentes elecciones, pero que de ser yihadistas las perderían porque los votantes asociarían el atentado con el apoyo de Aznar a la ilegal guerra de Irak. Pillado en una mentira, la reacción fue acusar al adversario y embarrar el terreno con insinuaciones, bulos y teorías absurdas, pero que movían al odio hacia el adversario.
En esa misma legislatura, en pleno contexto de la "teoría de la conspiración", Rajoy acusó desde la tribuna del hemiciclo al presidente Zapatero de "traicionar a los muertos y revigorizar a una ETA moribunda" por haber abierto, como habían hecho Aznar y González, una vía de contactos (de la que se mantuvo informado al PP) que, esta vez, acabó con el fin del terrorismo y la disolución de la banda. La democracia española derrotó al terrorismo y no hemos podido celebrarlo por la resistencia del PP a aceptarlo y dejar de utilizar el dolor de las víctimas a su favor. Además, en diferentes declaraciones públicas, Rajoy insultó al presidente Zapatero llamándolo desde "bobo solemne" hasta "mediocre", "incompetente", "cobarde" o "traidor".
El estilo tradicional de oposición del PP se puede resumir en su reacción cuando en 2005, el Gobierno socialista creó la hoy alabada Unión Militar de Emergencias: desde calificarla de "instrumento inventado e innecesario" o "capricho faraónico" de Zapatero hasta dudar de su constitucionalidad porque invadía competencias autonómicas: las emergencias. En fin. O aquella acusación sobre que "la prima de riesgo se llama Zapatero" cuando llegó a un máximo de 290 puntos porcentuales y el silencio luego cuando, con Rajoy, alcanzó un increíble 570 en 2012.
En la misma línea y sin entrar en más detalles, no podemos olvidar, tampoco, la operación organizada entre periodistas, algunos jueces, delincuentes condenados por estos casos y políticos del PP para desprestigiar al presidente González mediante una operación de acoso y derribo despiadado. Operación que también incluyó, tras la huida y entrega de Roldán, el GAL y las escuchas del CESID que provocaron la dimisión del vicepresidente Serra, que un periódico conservador británico dijera: "El legado de González quedará como la eliminación sistemática de todos los principios éticos y democráticos de la política española" (The Times).
Varios participantes en lo que se conoció como "sindicato del crimen" reconocieron, años después, haber orquestado una operación para derrocar a González en su última legislatura que dio paso a la victoria de Aznar. La fuerte presión orquestada sobre González para que dimitiera tenía un punto central: la desclasificación de unos papeles del CESID que, supuestamente, relacionaban al Gobierno socialista y a su presidente, con los GAL convirtiéndolos en un "crimen de Estado" contra el terrorismo etarra. Aznar se comprometió a hacerlo cuando fuera presidente, pero, tras su victoria y elección, una de las primeras decisiones que adoptó su Gobierno fue no desclasificarlos porque afectaban a la seguridad nacional. Eso abre la puerta a dos interpretaciones: que no fuera cierta la relación de la que se acusaba a González (ser la X de los GAL) o que, en todo caso, el asunto afectaba a una seguridad nacional con la que habría jugado de forma irresponsable el "sindicato del crimen", dispuesto a todo con tal de "echar" a un Felipe que aguantó el chaparrón y solo se fue tras perder las elecciones convocadas porque no pudo sacar adelante el presupuesto. Años después, uno de sus promotores, Luis María Ansón, declaró en una entrevista: "Felipe González era un hombre con una potencia política de tal calibre que fue necesario llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él".
Una legislatura en la que Aznar, recordemos, no tuvo problemas en insultar a González llamándole "despreciable", "profesor del engaño", "chantajista" y "oportunista", además de lo dicho por otros dirigentes del PP como Luis Ramallo, que definió a los socialistas de González como "una gangrena de la democracia".
Podemos citar, al menos, en nuestra democracia, tres momentos similares al actual respecto a un elevadísimo nivel de crispación política, que alinea a políticos, periodistas y jueces conservadores: última legislatura de González (1993-1996); primera legislatura de Zapatero (2004-2008) y ahora. Valore el lector, con estos datos resumidos, si la virulenta campaña de acoso y derribo del PP y la derecha mediática a Sánchez, por su exageración y basada en varias acusaciones no probadas (de momento, al menos), es fruto del momento populista y de desinformación que vivimos o, como yo creo, forma parte de la estrategia desestabilizadora tradicional de nuestra derecha contra cualquier presidente socialista, desplegada siempre que no ocupa ella el Gobierno. En este último caso, no sería nada excepcional. Desgraciadamente.
Los politólogos diferencian entre "crispación", perceptible en el mundo público, y "polarización", una sociedad que se encuentra dividida y enfrentada ante los grandes temas morales, económicos y sociales.
En el nivel político, es obvio que la crispación ha crecido basada, también, en un dato objetivo: el desplazamiento del voto hacia los extremos. Veamos: Si en las elecciones de 2008, "a la izquierda del PSOE" hubo un 4% de voto, en las últimas de 2023, ha sido del 13%. Y si, en 2008, el PP captaba la inmensa mayoría del voto de derechas, en 2023, le ha surgido un competidor que computa más de un 12% del voto.
Resulta imposible separar este hecho de todo lo que significó el amplio movimiento de desencanto generado por la crisis económica del 2008, por su gestión equivocada, y que se concretó en España en el llamado movimiento 15M, con tres ideas-fuerza principales: "lo llaman democracia y no lo es"; "no nos representan" (los diputados), y la maldad de un bipartidismo que ha acabado forjando un solo PPSOE. Todo ello, más los posteriores casos de corrupción vinculados al Gobierno popular, provocó un terremoto en el panorama político, con el surgimiento de Podemos, Ciudadanos y, luego, Vox, que ha ido forzando a los dos partidos mayoritarios a cambios estratégicos radicales, incluyendo, una representación exagerada de sus enfrentamientos mutuos para marcar territorio propio y distinto.
Los pocos datos disponibles sobre polarización, sin embargo, permiten extraer tres conclusiones. España se encuentra en el promedio de polarización del resto de países del mundo, según una encuesta de IPSOS. La polarización viene creciendo en todo el mundo a lo largo de este siglo, básicamente de la mano del auge de la extrema derecha que arrastra, en algunos asuntos como la inmigración, al conjunto de la población y de partidos. En España hay más polarización en asuntos relacionados con la economía que en asuntos morales. Por ejemplo, un 78% de ciudadanos aprueba el matrimonio homosexual, un 80% la eutanasia activa voluntaria y un 75% está preocupado por el cambio climático. Otros asuntos encuestados por el CIS establecen una raya mayoritaria en torno al 64/30% de respaldo. Así, si el Gobierno debe intervenir en la economía o si el feminismo es necesario para asegurar la igual entre los géneros o sobre el aborto. La agenda de extrema derecha se empieza a notar en la opinión pública, sobre todo en el asunto de la inmigración, donde una mayoría piensa que debemos ser más duros con la inmigración ilegal.
Junto a ello, y según recogen encuestas como las de Cluster17 publicadas por beBarlet o este medio, entre otros, el 70% de españoles reclaman más acuerdos entre PSOE y PP en el actual contexto global, de forma especial los llamados pactos de estado. Volveré sobre esto.
Se puede concluir que, de momento, la insoportable crispación que vemos en el ámbito político no solo no ha bajado a la sociedad de forma mayoritaria, sino que empieza a provocar hastío entre los votantes. Al mismo tiempo, también genera deseos de que acabe ya en favor de una política más constructiva que anteponga al país y a los ciudadanos a los intereses de los partidos y de sus líderes. Los políticos se han situado en uno de los principales, sino el principal, problema para una mayoría de españoles que, consideran, que solo se preocupan de ellos mismos y no de los problemas de los ciudadanos.
En el nivel político, es obvio que la crispación ha crecido basada, también, en un dato objetivo: el desplazamiento del voto hacia los extremos. Veamos: Si en las elecciones de 2008, "a la izquierda del PSOE" hubo un 4% de voto, en las últimas de 2023, ha sido del 13%. Y si, en 2008, el PP captaba la inmensa mayoría del voto de derechas, en 2023, le ha surgido un competidor que computa más de un 12% del voto.
Resulta imposible separar este hecho de todo lo que significó el amplio movimiento de desencanto generado por la crisis económica del 2008, por su gestión equivocada, y que se concretó en España en el llamado movimiento 15M, con tres ideas-fuerza principales: "lo llaman democracia y no lo es"; "no nos representan" (los diputados), y la maldad de un bipartidismo que ha acabado forjando un solo PPSOE. Todo ello, más los posteriores casos de corrupción vinculados al Gobierno popular, provocó un terremoto en el panorama político, con el surgimiento de Podemos, Ciudadanos y, luego, Vox, que ha ido forzando a los dos partidos mayoritarios a cambios estratégicos radicales, incluyendo, una representación exagerada de sus enfrentamientos mutuos para marcar territorio propio y distinto.
Los pocos datos disponibles sobre polarización, sin embargo, permiten extraer tres conclusiones. España se encuentra en el promedio de polarización del resto de países del mundo, según una encuesta de IPSOS. La polarización viene creciendo en todo el mundo a lo largo de este siglo, básicamente de la mano del auge de la extrema derecha que arrastra, en algunos asuntos como la inmigración, al conjunto de la población y de partidos. En España hay más polarización en asuntos relacionados con la economía que en asuntos morales. Por ejemplo, un 78% de ciudadanos aprueba el matrimonio homosexual, un 80% la eutanasia activa voluntaria y un 75% está preocupado por el cambio climático. Otros asuntos encuestados por el CIS establecen una raya mayoritaria en torno al 64/30% de respaldo. Así, si el Gobierno debe intervenir en la economía o si el feminismo es necesario para asegurar la igual entre los géneros o sobre el aborto. La agenda de extrema derecha se empieza a notar en la opinión pública, sobre todo en el asunto de la inmigración, donde una mayoría piensa que debemos ser más duros con la inmigración ilegal.
Junto a ello, y según recogen encuestas como las de Cluster17 publicadas por beBarlet o este medio, entre otros, el 70% de españoles reclaman más acuerdos entre PSOE y PP en el actual contexto global, de forma especial los llamados pactos de estado. Volveré sobre esto.
Se puede concluir que, de momento, la insoportable crispación que vemos en el ámbito político no solo no ha bajado a la sociedad de forma mayoritaria, sino que empieza a provocar hastío entre los votantes. Al mismo tiempo, también genera deseos de que acabe ya en favor de una política más constructiva que anteponga al país y a los ciudadanos a los intereses de los partidos y de sus líderes. Los políticos se han situado en uno de los principales, sino el principal, problema para una mayoría de españoles que, consideran, que solo se preocupan de ellos mismos y no de los problemas de los ciudadanos.
Resulta difícil establecer comparaciones con la ruptura dentro de la "familia socialista" que se materializó en la huelga general del 14D de 1988, los duros enfrentamientos entre "guerristas" y "renovadores" durante los años del felipismo, o las vacilaciones a la hora de la sucesión de Felipe y las posteriores primarias y enfrentamientos entre Almunia y Borrell.
Pero todavía hoy sigo sin encontrar el sentido político a la operación que, desde el seno del PSOE, con claros respaldos mediáticos externos, se organizó en el otoño de 2016 contra su secretario general hasta el punto de dimitir casi la mitad de la Ejecutiva y provocar, en un aciago Comité Federal del 1 de octubre, la primera dimisión de un secretario general elegido por primarias, entonces Pedro Sánchez, y abrir una de las peores crisis internas en el partido. Era evidente que, ya entonces, Sánchez molestaba y mucho a una parte de los socialistas sin que el argumento "formal" de soslayar el "no es no" defendido por Sánchez y una parte del partido —yo entre ellos— para ayudar a la investidura de Rajoy mediante la abstención socialista, cuando había otras opciones posibles evitando el evidente abrazo del oso que quería hacer al PSOE el líder popular y el posible fortalecimiento de Podemos que tal acción podía conllevar.
Viví esos días en primera fila, desde Ferraz, como miembro del equipo formado por Sánchez para ayudarle con el programa electoral y las negociaciones de investidura y ya entonces me pareció claro que, a diferencia de otras muchas discusiones que he vivido en el seno de un partido que no es ajeno al debate, incluso bronca, interno, esta vez había un componente ni político ni ideológico, sino de "química" personal y de confianza a partir de dos modelos de partidos diferentes: uno, el que esbozaba Sánchez (autoritario y de adhesiones) y que ha podido culminar estos años desde Moncloa; otro, más abierto, democrático y tradicional, donde, tal vez, ya se notaba el peso que muchos de la "vieja guardia" querían seguir ejerciendo, en forma de tutelaje, sobre las nuevas generaciones de dirigentes.
Cuando la facción rebelde se consideraba ganadora, una inesperada victoria del defenestrado Sánchez en unas nuevas primarias evidenció lo alejados que habían estado del cambio producido en el país, en los votantes y en los militantes del PSOE: España era otra, el mundo había cambiado tras la crisis del austericidio y las incipientes redes sociales, la manera de hacer política no se parecía a la de antes, con dos protagonistas nuevos como Podemos y Ciudadanos y las nuevas generaciones, las que habían expresado su desconfianza el 15M ("no nos representan", "lo llaman democracia y no lo es") no se sentían en deuda con nada ni con nadie de la vieja guardia socialista. Sánchez supo conectar con lo nuevo y sus adversarios no, en un mundo que no ha dejado de cambiar desde entonces hasta ver a Trump de presidente, China como gran potencia, la UE en descomposición y la democracia enferma de extrema derecha.
Sánchez pertenece a una generación de socialistas que se formaron con el equipo que ganamos, junto a Zapatero, el Congreso del 2000 y, por tanto, no ha trabajado con la generación anterior, con la que apenas mantiene relaciones personales. Pero es consciente de que la España y el mundo de hoy no son los de finales del siglo XX y creen que las fórmulas políticas exitosas no pueden ser las mismas. También es heredero de un partido que vio reforzado su carácter cesarista ya con Zapatero, cuando impuso a Rubalcaba como candidato a recoger su herencia en las elecciones de 2011, frente al impulso y a las ganas expresadas por una Carmen Chacón que aceptó, con resignación, su veto. Resultado: el mayor batacazo electoral del PSOE, perdiendo cinco millones de votantes y mayoría absoluta del PP de Rajoy. Además, constato, Sánchez es el único secretario general que no ha contado con el consejo de Rubalcaba —enganche permanente con la vieja guardia y con la dirección de aquel El País— tras los enfrentamientos tenidos, entre ambos, con anterioridad y mantenidos con posterioridad.
Con el voto de los militantes respaldándole de nuevo, a algunos se les frustró sus aspiraciones de volver a ser relevantes y reconectar con el establishment del poder y Sánchez comenzó su operación "venganza". También el diseño de un partido a su medida, excluyendo a críticos; ahogando a los organismos internos de control (Comité Federal); exigiendo lealtad por encima de todo ("estaré con Pedro Sánchez, hasta el final", ha declarado una ministra, convertida en secretaria general de una importante federación socialista y candidata autonómica, por el dedo de Sánchez), o con la operación de ir controlando, una a una, todas las federaciones territoriales del partido, poniendo al frente a ministros de su confianza.
Hoy, el Partido Socialista es, más que nunca, su secretario general y solo eso explica que su dirigencia encaje, acepte y aplauda todos los cambios de opinión y de estrategia que, en solitario, ha ido imponiendo su líder, más cercano a un modelo cesarista que nunca en la historia del PSOE, con rememoranzas del estalinismo comunista, por la afición a castigar al disidente y la defensa férrea, por algunos, de una total lealtad al líder (¿sumisión?, ¿centralismo democrático leninista?), por encima, incluso, al parecer, de los ideales y los principios socialistas, incluyendo el sano espíritu crítico. Sánchez es "el puto amo" (Óscar Puente dixit), en un partido cuyo himno defiende, justo lo contrario: la acción colectiva porque, dice que "ni en amos ni reyes ni tiranos, está la salvación".
Los problemas iniciales de aparente falta de "química" personal han acabado manifestándose en un profundo enfrentamiento con otros muchos socialistas marginados respecto al concepto del partido, de su dirección y de su funcionamiento, democrático o no. Lo más grave del "caso Begoña" (donde no veo nada delictivo, aunque si, todo, éticamente reprobable) es mi convicción de que nadie de su entorno se atrevió a decirle nada a Sánchez cuando empezó, incluso si sus actividades no les parecían adecuadas en la mujer de un presidente del Gobierno.
Resultado: tres manifiestos públicos en los últimos meses, dos con nombres de mucho peso histórico en el socialista español pidiendo a Sánchez su dimisión (uno) y que convocara elecciones (ambos) y un tercero, con nombres del mundo de la cultura y con militantes, pidiéndole que resista en su labor de Gobierno frente a los ataques de la derecha. No recuerdo una brecha entre socialistas de esta magnitud y con tanta distancia desde que los jóvenes de entonces rompieron con el viejo PSOE de Llopis en el Congreso de Suresnes y ello acabó con dos partidos separados: históricos y renovado, en los albores de la democracia posfranquista.
También la victoria del grupo de (entonces) jóvenes que íbamos con Zapatero en el Congreso del 2000, que la vieja guardia consideraba ganado de la mano de Bono, marcó una cierta distancia pública entre miembros consolidados y nueva dirección, a pesar del esfuerzo de integración que se realizó. Recuerdo una intervención del líder extremeño Rodríguez Ibarra en un Comité Federal en la que nos daba, a la nueva dirección, un plazo de meses para reorientar el partido en una dirección más acorde a sus ideas antes de lanzar una campaña de críticas que se acabaron sustanciando en la siguiente Conferencia Política, cuyo Comité Organizador tuve el honor de dirigir. O cuando Guerra lanzó sobre Zapatero el apelativo, poco afectuoso, de "Bambi" por no compartir la estrategia establecida.
Ahora, no obstante, Sánchez aplica dos principios que muchos socialistas consideramos incompatibles con la socialdemocracia: conmigo o contra mí —lealtad absoluta o enemistad— y, otro, del que hablaré más tarde y que, aun siendo una recomendación de Maquiavelo para El Príncipe, es incompatible con la moralidad exigible a una democracia: hacer de la necesidad, virtud. Es importante tener esto en cuenta porque una parte relevante de los tres cambios de opinión que más han dividido a los socialistas de entre las adoptados por Sánchez conjugan ambos principios: pasar de no poder dormir si Podemos estuviera en La Moncloa, al abrazo con Iglesias convertido en vicepresidente; negar la amnistía hasta el 23J por la noche y aceptarla solo porque necesitó los siete votos de Junts para ser investido, en una legislatura que no debió empezar; dar su visto bueno a un cupo financiero para Catalunya que no solo rompe el modelo constitucional de financiación autonómica, sino con la posición tradicional del PSOE y con una visión socialdemócrata de España, para obtener los votos de ERC e investir a Illa.
Cada cambio, en veinticuatro horas, sin debate, sin explicación y exigiendo un seguidismo a los socialistas, solo es coherente con el modelo de liderazgo y partido que ha impuesto y del que muchos nos sentimos excluidos. Esta forma de actuar eleva, para muchos, la discrepancia normal en un partido democrático, en una sensación de tomadura de pelo difícilmente aceptable por personas adultas, con experiencia política y con criterio propio, a los que nos cuesta cambiar drásticamente de opinión en asuntos fundamentales, solo porque lo ha dicho el líder a quien, se supone, debemos lealtad absoluta. No. Ese partido, de sabor leninista, no es mi modelo de partido socialista en una democracia.
No estamos contra el derecho a cambiar de opinión. Y, menos, cuando las circunstancias cambian. González cambió la suya sobre la pertenencia de España a la OTAN. Pero se saldó tras un intenso debate interno en el partido y la convocatoria de un referéndum en 1986 porque habíamos dicho a los ciudadanos "de entrada, no" y ahora se optaba por el "continuar, mejor, sí". Por otra parte, esa capacidad infinita de adopción táctica según las necesidades del momento, lo convierte, a ojos de muchos socialistas, en alguien carente de principios, sin proyecto y sin credibilidad porque todo lo que dice hoy puede convertirse, mañana, en lo contrario.
Por eso, creo que Sánchez ha experimentado un giro hacia el populismo como forma de hacer política y de dirigir un partido, sobre todo tras las elecciones repetidas de 2019: el fracaso de abril, donde ni se intentó un nuevo acuerdo de gobierno con Ciudadanos, aunque hubiera dado una mayoría absoluta de 180 escaños para una legislatura de centro reformista, y la repetición de elecciones en noviembre, donde Sánchez perdió tres diputados y dio el giro radical hacia Unidas Podemos. Giro hacia el populismo, con el objetivo de gobernar, que continúa hoy y del que nos sentimos alejados muchos socialistas que no hemos sufrido, ni aceptado, esa transformación orgánica y programática que disuelve la tradición socialdemócrata y sus principios.
Esto no ha surgido de la nada. Tras el batacazo electoral de 2011, el PSOE contempla cómo, en las elecciones de 2016, Podemos tiene cinco millones de votos, poco menos que los obtenidos entonces por el PSOE. En un contexto en el que la posibilidad de que se produjera un sorpasso —lo que jugaba Iglesias— era creíble, este hecho fundamentaba la posición del "no es no" a facilitar un Gobierno popular. Ese voto, supuestamente "a la izquierda del PSOE" —a nuestra izquierda, el abismo, dijo Guerra hace décadas—, ha vuelto en parte al PSOE de Sánchez, pero el resto se ha consolidado en algo más que tres millones en las tres elecciones posteriores. Sin ese voto directamente o aliados a sus representantes, el PSOE tiene muy difícil obtener una mayoría parlamentaria suficiente para encabezar un Gobierno en España.
Con la desaparición de Ciudadanos y la irrupción de Vox, la pregunta del millón para los socialistas hoy es: cómo recuperar los más de tres millones de votantes entre los 7,8 millones que tuvimos en 2023 y los 11, 2 de 2008, última mayoría socialista, sin perder los conseguidos. Sánchez está optando por un camino que, a muchos, nos parece incorrecto y perjudicial. Pero a otros, no.
Pero todavía hoy sigo sin encontrar el sentido político a la operación que, desde el seno del PSOE, con claros respaldos mediáticos externos, se organizó en el otoño de 2016 contra su secretario general hasta el punto de dimitir casi la mitad de la Ejecutiva y provocar, en un aciago Comité Federal del 1 de octubre, la primera dimisión de un secretario general elegido por primarias, entonces Pedro Sánchez, y abrir una de las peores crisis internas en el partido. Era evidente que, ya entonces, Sánchez molestaba y mucho a una parte de los socialistas sin que el argumento "formal" de soslayar el "no es no" defendido por Sánchez y una parte del partido —yo entre ellos— para ayudar a la investidura de Rajoy mediante la abstención socialista, cuando había otras opciones posibles evitando el evidente abrazo del oso que quería hacer al PSOE el líder popular y el posible fortalecimiento de Podemos que tal acción podía conllevar.
Viví esos días en primera fila, desde Ferraz, como miembro del equipo formado por Sánchez para ayudarle con el programa electoral y las negociaciones de investidura y ya entonces me pareció claro que, a diferencia de otras muchas discusiones que he vivido en el seno de un partido que no es ajeno al debate, incluso bronca, interno, esta vez había un componente ni político ni ideológico, sino de "química" personal y de confianza a partir de dos modelos de partidos diferentes: uno, el que esbozaba Sánchez (autoritario y de adhesiones) y que ha podido culminar estos años desde Moncloa; otro, más abierto, democrático y tradicional, donde, tal vez, ya se notaba el peso que muchos de la "vieja guardia" querían seguir ejerciendo, en forma de tutelaje, sobre las nuevas generaciones de dirigentes.
Cuando la facción rebelde se consideraba ganadora, una inesperada victoria del defenestrado Sánchez en unas nuevas primarias evidenció lo alejados que habían estado del cambio producido en el país, en los votantes y en los militantes del PSOE: España era otra, el mundo había cambiado tras la crisis del austericidio y las incipientes redes sociales, la manera de hacer política no se parecía a la de antes, con dos protagonistas nuevos como Podemos y Ciudadanos y las nuevas generaciones, las que habían expresado su desconfianza el 15M ("no nos representan", "lo llaman democracia y no lo es") no se sentían en deuda con nada ni con nadie de la vieja guardia socialista. Sánchez supo conectar con lo nuevo y sus adversarios no, en un mundo que no ha dejado de cambiar desde entonces hasta ver a Trump de presidente, China como gran potencia, la UE en descomposición y la democracia enferma de extrema derecha.
Sánchez pertenece a una generación de socialistas que se formaron con el equipo que ganamos, junto a Zapatero, el Congreso del 2000 y, por tanto, no ha trabajado con la generación anterior, con la que apenas mantiene relaciones personales. Pero es consciente de que la España y el mundo de hoy no son los de finales del siglo XX y creen que las fórmulas políticas exitosas no pueden ser las mismas. También es heredero de un partido que vio reforzado su carácter cesarista ya con Zapatero, cuando impuso a Rubalcaba como candidato a recoger su herencia en las elecciones de 2011, frente al impulso y a las ganas expresadas por una Carmen Chacón que aceptó, con resignación, su veto. Resultado: el mayor batacazo electoral del PSOE, perdiendo cinco millones de votantes y mayoría absoluta del PP de Rajoy. Además, constato, Sánchez es el único secretario general que no ha contado con el consejo de Rubalcaba —enganche permanente con la vieja guardia y con la dirección de aquel El País— tras los enfrentamientos tenidos, entre ambos, con anterioridad y mantenidos con posterioridad.
Con el voto de los militantes respaldándole de nuevo, a algunos se les frustró sus aspiraciones de volver a ser relevantes y reconectar con el establishment del poder y Sánchez comenzó su operación "venganza". También el diseño de un partido a su medida, excluyendo a críticos; ahogando a los organismos internos de control (Comité Federal); exigiendo lealtad por encima de todo ("estaré con Pedro Sánchez, hasta el final", ha declarado una ministra, convertida en secretaria general de una importante federación socialista y candidata autonómica, por el dedo de Sánchez), o con la operación de ir controlando, una a una, todas las federaciones territoriales del partido, poniendo al frente a ministros de su confianza.
Hoy, el Partido Socialista es, más que nunca, su secretario general y solo eso explica que su dirigencia encaje, acepte y aplauda todos los cambios de opinión y de estrategia que, en solitario, ha ido imponiendo su líder, más cercano a un modelo cesarista que nunca en la historia del PSOE, con rememoranzas del estalinismo comunista, por la afición a castigar al disidente y la defensa férrea, por algunos, de una total lealtad al líder (¿sumisión?, ¿centralismo democrático leninista?), por encima, incluso, al parecer, de los ideales y los principios socialistas, incluyendo el sano espíritu crítico. Sánchez es "el puto amo" (Óscar Puente dixit), en un partido cuyo himno defiende, justo lo contrario: la acción colectiva porque, dice que "ni en amos ni reyes ni tiranos, está la salvación".
Los problemas iniciales de aparente falta de "química" personal han acabado manifestándose en un profundo enfrentamiento con otros muchos socialistas marginados respecto al concepto del partido, de su dirección y de su funcionamiento, democrático o no. Lo más grave del "caso Begoña" (donde no veo nada delictivo, aunque si, todo, éticamente reprobable) es mi convicción de que nadie de su entorno se atrevió a decirle nada a Sánchez cuando empezó, incluso si sus actividades no les parecían adecuadas en la mujer de un presidente del Gobierno.
Resultado: tres manifiestos públicos en los últimos meses, dos con nombres de mucho peso histórico en el socialista español pidiendo a Sánchez su dimisión (uno) y que convocara elecciones (ambos) y un tercero, con nombres del mundo de la cultura y con militantes, pidiéndole que resista en su labor de Gobierno frente a los ataques de la derecha. No recuerdo una brecha entre socialistas de esta magnitud y con tanta distancia desde que los jóvenes de entonces rompieron con el viejo PSOE de Llopis en el Congreso de Suresnes y ello acabó con dos partidos separados: históricos y renovado, en los albores de la democracia posfranquista.
También la victoria del grupo de (entonces) jóvenes que íbamos con Zapatero en el Congreso del 2000, que la vieja guardia consideraba ganado de la mano de Bono, marcó una cierta distancia pública entre miembros consolidados y nueva dirección, a pesar del esfuerzo de integración que se realizó. Recuerdo una intervención del líder extremeño Rodríguez Ibarra en un Comité Federal en la que nos daba, a la nueva dirección, un plazo de meses para reorientar el partido en una dirección más acorde a sus ideas antes de lanzar una campaña de críticas que se acabaron sustanciando en la siguiente Conferencia Política, cuyo Comité Organizador tuve el honor de dirigir. O cuando Guerra lanzó sobre Zapatero el apelativo, poco afectuoso, de "Bambi" por no compartir la estrategia establecida.
Ahora, no obstante, Sánchez aplica dos principios que muchos socialistas consideramos incompatibles con la socialdemocracia: conmigo o contra mí —lealtad absoluta o enemistad— y, otro, del que hablaré más tarde y que, aun siendo una recomendación de Maquiavelo para El Príncipe, es incompatible con la moralidad exigible a una democracia: hacer de la necesidad, virtud. Es importante tener esto en cuenta porque una parte relevante de los tres cambios de opinión que más han dividido a los socialistas de entre las adoptados por Sánchez conjugan ambos principios: pasar de no poder dormir si Podemos estuviera en La Moncloa, al abrazo con Iglesias convertido en vicepresidente; negar la amnistía hasta el 23J por la noche y aceptarla solo porque necesitó los siete votos de Junts para ser investido, en una legislatura que no debió empezar; dar su visto bueno a un cupo financiero para Catalunya que no solo rompe el modelo constitucional de financiación autonómica, sino con la posición tradicional del PSOE y con una visión socialdemócrata de España, para obtener los votos de ERC e investir a Illa.
No estamos contra el derecho a cambiar de opinión. Y, menos, cuando las circunstancias cambian. González cambió la suya sobre la pertenencia de España a la OTAN. Pero se saldó tras un intenso debate interno en el partido y la convocatoria de un referéndum en 1986 porque habíamos dicho a los ciudadanos "de entrada, no" y ahora se optaba por el "continuar, mejor, sí". Por otra parte, esa capacidad infinita de adopción táctica según las necesidades del momento, lo convierte, a ojos de muchos socialistas, en alguien carente de principios, sin proyecto y sin credibilidad porque todo lo que dice hoy puede convertirse, mañana, en lo contrario.
Por eso, creo que Sánchez ha experimentado un giro hacia el populismo como forma de hacer política y de dirigir un partido, sobre todo tras las elecciones repetidas de 2019: el fracaso de abril, donde ni se intentó un nuevo acuerdo de gobierno con Ciudadanos, aunque hubiera dado una mayoría absoluta de 180 escaños para una legislatura de centro reformista, y la repetición de elecciones en noviembre, donde Sánchez perdió tres diputados y dio el giro radical hacia Unidas Podemos. Giro hacia el populismo, con el objetivo de gobernar, que continúa hoy y del que nos sentimos alejados muchos socialistas que no hemos sufrido, ni aceptado, esa transformación orgánica y programática que disuelve la tradición socialdemócrata y sus principios.
Esto no ha surgido de la nada. Tras el batacazo electoral de 2011, el PSOE contempla cómo, en las elecciones de 2016, Podemos tiene cinco millones de votos, poco menos que los obtenidos entonces por el PSOE. En un contexto en el que la posibilidad de que se produjera un sorpasso —lo que jugaba Iglesias— era creíble, este hecho fundamentaba la posición del "no es no" a facilitar un Gobierno popular. Ese voto, supuestamente "a la izquierda del PSOE" —a nuestra izquierda, el abismo, dijo Guerra hace décadas—, ha vuelto en parte al PSOE de Sánchez, pero el resto se ha consolidado en algo más que tres millones en las tres elecciones posteriores. Sin ese voto directamente o aliados a sus representantes, el PSOE tiene muy difícil obtener una mayoría parlamentaria suficiente para encabezar un Gobierno en España.
Con la desaparición de Ciudadanos y la irrupción de Vox, la pregunta del millón para los socialistas hoy es: cómo recuperar los más de tres millones de votantes entre los 7,8 millones que tuvimos en 2023 y los 11, 2 de 2008, última mayoría socialista, sin perder los conseguidos. Sánchez está optando por un camino que, a muchos, nos parece incorrecto y perjudicial. Pero a otros, no.
Incluso en la era del trumpismo y sabiendo que el PP está en permanente competencia con Vox a ver quién la dice más gorda, nadie sensato puede pensar de semejantes comentarios. Tan exagerados y distantes de la realidad diaria del país son una astracanada que busca su minuto de publicidad, pero que en nada contribuye a mejorar la democracia por la vía de la crítica legítima.
Como sé que dato no mata relato no voy a insistir en un análisis detallado de cómo estaba España, en el ámbito socioeconómico, en junio de 2018, cuando Sánchez accede a la presidencia tras ganar la moción de censura contra Rajoy, y cómo se encuentra ahora, incluyendo los problemas que tiene (vivienda y pobreza infantil, los más destacados para mí) y los que arrastra de las últimas décadas (renta per cápita y productividad creciendo, pero sin acortar distancias con la media europea). Pero no tengo ninguna duda de que, si bajo un Gobierno Rajoy o Feijóo hubiéramos llegado a 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, creando más de dos millones de puestos de trabajo en los últimos tiempos, con una economía creciendo por encima de la media europea, la inflación controlada y el déficit público en reducción tras los envites adversos de la pandemia y la crisis energética, toda la propaganda popular y asociados estaría todo el día tocando palmas sobre la espectacular gestión económica del Gobierno popular. Sobre todo si se produce, además, un incremento en la renta familiar media, máximos en beneficios empresariales, prima de riesgo de la deuda en mínimos y, hasta la llegada de Trump, fuerte afluencia de inversiones exteriores en nuestro país.
Según el FMI, España será este año, por segunda vez consecutiva, el país que más crezca entre las economías avanzadas del mundo. ¿Se imaginan que esto ocurriera bajo un Gobierno popular? ¿Qué dirían los medios y tertulianos que hoy ponen pegas al de Sánchez también en este aspecto? Y esto no excluye de críticas la gestión económica del Gobierno, como intento señalar en mis columnas semanales. Y son muchas. Pero negar lo obvio nunca es buen procedimiento. Algunos críticos parecen haber descubierto ahora que España encabeza la tasa europea de paro. Como lo hacía, también, bajo los gobiernos de Aznar y Rajoy sin que estos mismos críticos lo señalaran entonces, porque tenemos un problema de país de desajuste estructural entre oferta y demanda de trabajo que dura toda la democracia, salvo los años de la burbuja inmobiliaria (con Zapatero) en que nos igualamos a la media europea en tasa de paro por primera y única vez.
Sin mencionar, a otro nivel, cómo se ha reconducido el asunto del procés —la mayor amenaza de ruptura de España que se produjo bajo un Gobierno popular—, aunque sea discutible en qué medida han contribuido a ello las medidas adoptadas por este Gobierno o el simple proceso de derrota del mismo y el consiguiente desengaño entre los catalanes ¿Habría hoy un Gobierno no indepe en la Generalitat catalana, sin amnistía? Yo creo que sí. Pero reconozco que es un asunto para pensar.
La verdad es que, si se quiere, a pesar del Gobierno, España hoy es un país donde un 61% de ciudadanos se declaran "bastantes o muy felices" (CIS) con su vida y un 80% califican su situación económica personal como "buena o muy buena" y, además, son optimistas porque creen que será mejor en los próximos seis meses (barómetros del CIS). Además, según el último Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, el grado medio de satisfacción con la oferta pública de servicios y prestaciones se sitúa en un notable, habiendo subido en los últimos siete años. A pesar de que se reconoce margen de mejora, una mayoría aceptaría que se subieran impuestos para ese objetivo. No parece que la situación del país y el bienestar de sus ciudadanos sea tan angustiosa como algunos dicen.
Por cierto, una obviedad: si este Gobierno estuviera "poniendo fin al Estado de derecho" porque es "una dictadura comunista" como dice una dicharachera dirigente popular, ni ella podría decir lo que dice desde la televisión autonómica que controla ni los tribunales estarían investigando a la mujer y al hermano del presidente o al fiscal general. La misma realidad desmiente las mentiras disparatadas que algunos populistas, sección trumpista, quieren hacer pasar por críticas legítimas.
La corrupción, de la mano de la llamada trama "Koldo-Ábalos-Cerdán" y convertida en estrategia de acoso por el PP desde mucho antes con la mujer de Sánchez como bandera, le ha estallado en la cara al presidente que lo fue tras ganar una moción de censura por corrupción contra Rajoy, su antecesor. Esta realidad plantea una doble paradoja: a quien ganó contra la corrupción, le ha estallado un caso que afecta a sus dos secretarios de organización, uno de ellos, ministro y personas ambas de su máxima confianza personal y el partido que fue sentenciado por el Tribunal Supremo como "partícipe a título lucrativo" del caso de corrupción por el que perdió la moción de censura, la trama Gürtel, que se mantuvo veinte años con una caja B en el PP que les pagó la nueva sede, actos electorales y sobresueldos, según el tribunal, es, ahora, el censor intransigente contra la corrupción ajena.
Y esta es la cuestión. Buscando obtener rédito partidista, tanto PP como PSOE juegan a enfrentar a "tus corruptos", siempre peores que "mis corruptos", en lugar de reconocer y pactar medidas para atajar un problema estructural existente, como es la corrupción vinculada a contratos y adjudicaciones públicas y que ha salpicado a todos los gobiernos desde el fin de la dictadura (Matesa, Sofico, recalificaciones urbanísticas, licencias de importación…) a la democracia (Roldán, Filesa, Zaplana, Matas, caso Gürtel, Kitchen, Bárcenas, Koldo…). Nuestra partitocracia ha utilizado la corrupción como herramienta en la lucha política, en lugar de unirse para intentar resolver un problema vinculado a las características de la naturaleza humana y a los huecos y fallos de un sistema burocrático lleno de huecos y agujeros por donde se pueden colar los corruptos (de todos los colores). Teniendo en cuenta que corrupción también es dedicar a la Policía de todos a investigar a adversarios políticos del partido en el Gobierno, o lo que estamos conociendo con el caso Montoro, de subastar medidas del BOE al mejor postor privado.
Cuando el transfuguismo se convirtió en un problema, sobre todo en los ayuntamientos, los grandes partidos democráticos firmaron un acuerdo contra el transfuguismo (1998) en el que se comprometieron —y cumplieron— medidas que pusieron fin a lo que amenazaba con convertirse en una plaga negativa para la democracia. De la misma manera, todos los expertos sugieren la necesidad de acordar una Estrategia Nacional contra la Corrupción que mejore sustancialmente la prevención (mejorando la ley de contratos y favoreciendo la competencia), la profesionalización de los funcionarios que toman las decisiones (la IA puede ayudar a la toma imparcial de decisiones), la rendición de cuentas (el Tribunal de Cuentas no detectó que, durante 20 años, el PP tuvo una cuenta B) y las sanciones a corruptos y corruptores. Además, la creación de una Agencia Estatal de lucha contra la Corrupción, independiente y rindiendo cuentas al Parlamento, sería otra pieza esencial para resolver un problema que no es "tuyo" versus "mío", sino sistémico.
Es sorprendente que cada vez que ha gobernado un socialista, para los populares en la oposición y sus adláteres, la democracia esté en peligro, o España se rompe, o se legitima a terroristas, o se hunde, o se destroza. Eso también es un dato del problema español: la derecha no sabe estar en una oposición útil, sin tensionar las cosas hasta llegar al punto de amenazar la estabilidad del propio sistema democrático.
Como sé que dato no mata relato no voy a insistir en un análisis detallado de cómo estaba España, en el ámbito socioeconómico, en junio de 2018, cuando Sánchez accede a la presidencia tras ganar la moción de censura contra Rajoy, y cómo se encuentra ahora, incluyendo los problemas que tiene (vivienda y pobreza infantil, los más destacados para mí) y los que arrastra de las últimas décadas (renta per cápita y productividad creciendo, pero sin acortar distancias con la media europea). Pero no tengo ninguna duda de que, si bajo un Gobierno Rajoy o Feijóo hubiéramos llegado a 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, creando más de dos millones de puestos de trabajo en los últimos tiempos, con una economía creciendo por encima de la media europea, la inflación controlada y el déficit público en reducción tras los envites adversos de la pandemia y la crisis energética, toda la propaganda popular y asociados estaría todo el día tocando palmas sobre la espectacular gestión económica del Gobierno popular. Sobre todo si se produce, además, un incremento en la renta familiar media, máximos en beneficios empresariales, prima de riesgo de la deuda en mínimos y, hasta la llegada de Trump, fuerte afluencia de inversiones exteriores en nuestro país.
Según el FMI, España será este año, por segunda vez consecutiva, el país que más crezca entre las economías avanzadas del mundo. ¿Se imaginan que esto ocurriera bajo un Gobierno popular? ¿Qué dirían los medios y tertulianos que hoy ponen pegas al de Sánchez también en este aspecto? Y esto no excluye de críticas la gestión económica del Gobierno, como intento señalar en mis columnas semanales. Y son muchas. Pero negar lo obvio nunca es buen procedimiento. Algunos críticos parecen haber descubierto ahora que España encabeza la tasa europea de paro. Como lo hacía, también, bajo los gobiernos de Aznar y Rajoy sin que estos mismos críticos lo señalaran entonces, porque tenemos un problema de país de desajuste estructural entre oferta y demanda de trabajo que dura toda la democracia, salvo los años de la burbuja inmobiliaria (con Zapatero) en que nos igualamos a la media europea en tasa de paro por primera y única vez.
Sin mencionar, a otro nivel, cómo se ha reconducido el asunto del procés —la mayor amenaza de ruptura de España que se produjo bajo un Gobierno popular—, aunque sea discutible en qué medida han contribuido a ello las medidas adoptadas por este Gobierno o el simple proceso de derrota del mismo y el consiguiente desengaño entre los catalanes ¿Habría hoy un Gobierno no indepe en la Generalitat catalana, sin amnistía? Yo creo que sí. Pero reconozco que es un asunto para pensar.
La verdad es que, si se quiere, a pesar del Gobierno, España hoy es un país donde un 61% de ciudadanos se declaran "bastantes o muy felices" (CIS) con su vida y un 80% califican su situación económica personal como "buena o muy buena" y, además, son optimistas porque creen que será mejor en los próximos seis meses (barómetros del CIS). Además, según el último Barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, el grado medio de satisfacción con la oferta pública de servicios y prestaciones se sitúa en un notable, habiendo subido en los últimos siete años. A pesar de que se reconoce margen de mejora, una mayoría aceptaría que se subieran impuestos para ese objetivo. No parece que la situación del país y el bienestar de sus ciudadanos sea tan angustiosa como algunos dicen.
Por cierto, una obviedad: si este Gobierno estuviera "poniendo fin al Estado de derecho" porque es "una dictadura comunista" como dice una dicharachera dirigente popular, ni ella podría decir lo que dice desde la televisión autonómica que controla ni los tribunales estarían investigando a la mujer y al hermano del presidente o al fiscal general. La misma realidad desmiente las mentiras disparatadas que algunos populistas, sección trumpista, quieren hacer pasar por críticas legítimas.
La corrupción, de la mano de la llamada trama "Koldo-Ábalos-Cerdán" y convertida en estrategia de acoso por el PP desde mucho antes con la mujer de Sánchez como bandera, le ha estallado en la cara al presidente que lo fue tras ganar una moción de censura por corrupción contra Rajoy, su antecesor. Esta realidad plantea una doble paradoja: a quien ganó contra la corrupción, le ha estallado un caso que afecta a sus dos secretarios de organización, uno de ellos, ministro y personas ambas de su máxima confianza personal y el partido que fue sentenciado por el Tribunal Supremo como "partícipe a título lucrativo" del caso de corrupción por el que perdió la moción de censura, la trama Gürtel, que se mantuvo veinte años con una caja B en el PP que les pagó la nueva sede, actos electorales y sobresueldos, según el tribunal, es, ahora, el censor intransigente contra la corrupción ajena.
Y esta es la cuestión. Buscando obtener rédito partidista, tanto PP como PSOE juegan a enfrentar a "tus corruptos", siempre peores que "mis corruptos", en lugar de reconocer y pactar medidas para atajar un problema estructural existente, como es la corrupción vinculada a contratos y adjudicaciones públicas y que ha salpicado a todos los gobiernos desde el fin de la dictadura (Matesa, Sofico, recalificaciones urbanísticas, licencias de importación…) a la democracia (Roldán, Filesa, Zaplana, Matas, caso Gürtel, Kitchen, Bárcenas, Koldo…). Nuestra partitocracia ha utilizado la corrupción como herramienta en la lucha política, en lugar de unirse para intentar resolver un problema vinculado a las características de la naturaleza humana y a los huecos y fallos de un sistema burocrático lleno de huecos y agujeros por donde se pueden colar los corruptos (de todos los colores). Teniendo en cuenta que corrupción también es dedicar a la Policía de todos a investigar a adversarios políticos del partido en el Gobierno, o lo que estamos conociendo con el caso Montoro, de subastar medidas del BOE al mejor postor privado.
Cuando el transfuguismo se convirtió en un problema, sobre todo en los ayuntamientos, los grandes partidos democráticos firmaron un acuerdo contra el transfuguismo (1998) en el que se comprometieron —y cumplieron— medidas que pusieron fin a lo que amenazaba con convertirse en una plaga negativa para la democracia. De la misma manera, todos los expertos sugieren la necesidad de acordar una Estrategia Nacional contra la Corrupción que mejore sustancialmente la prevención (mejorando la ley de contratos y favoreciendo la competencia), la profesionalización de los funcionarios que toman las decisiones (la IA puede ayudar a la toma imparcial de decisiones), la rendición de cuentas (el Tribunal de Cuentas no detectó que, durante 20 años, el PP tuvo una cuenta B) y las sanciones a corruptos y corruptores. Además, la creación de una Agencia Estatal de lucha contra la Corrupción, independiente y rindiendo cuentas al Parlamento, sería otra pieza esencial para resolver un problema que no es "tuyo" versus "mío", sino sistémico.
Es sorprendente que cada vez que ha gobernado un socialista, para los populares en la oposición y sus adláteres, la democracia esté en peligro, o España se rompe, o se legitima a terroristas, o se hunde, o se destroza. Eso también es un dato del problema español: la derecha no sabe estar en una oposición útil, sin tensionar las cosas hasta llegar al punto de amenazar la estabilidad del propio sistema democrático.
La exministra de Economía Nadia Calviño durante un mitin del PSOE. Foto: PSOE Asturias
¿Qué medidas y reformas ha adoptado Sánchez desde que es presidente del Gobierno?
Porque a pesar de que el PP le acusa de no poder gobernar por carecer de apoyos parlamentarios suficientes y sin olvidar que la acción de gobierno va mucho más allá del aspecto puramente legislativo (hay muchas medidas importantes con rango normativo menor que no necesitan pasar por el Congreso, por ejemplo, la subida del salario mínimo), bajo su presidencia se han aprobado muchas leyes, incluyendo varias orgánicas. Entre ellas destacan, la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la Ley de Memoria Democrática, el ingreso mínimo vital (IMV), la Ley Rider, la mejora de condiciones del servicio doméstico, la Ley de Protección Integral a la Infancia, la llamada "excepción ibérica", los apoyos mediante ERTE durante la pandemia y las rebajas impositivas y ayudas durante la crisis energética, cambio climático etc. Aunque es cierto que en esta legislatura, a pesar de aprobar hasta la fecha 42 leyes, no ha podido aprobar unos presupuestos generales del Estado ni otras propuestas que han tenido que ser retiradas para evitar una derrota parlamentaria, que también ha tenido varias. Según datos oficiales, de las 1.202 votaciones parlamentarias, el Gobierno ha perdido 146, habiendo sacado adelante 1.056.
- La reforma laboral pactada con todos los interlocutores sociales y que, lejos de ser la propuesta disparatada de Podemos (derogar entera la reforma), se aproxima bastante a lo pactado entre PSOE y Ciudadanos en el acuerdo de 2015.
- Aplicar los ERTE (regulados en el Estatuto de los Trabajadores y desarrollados por ley en 2012) y otras ayudas durante la pandemia, en línea con el resto de países occidentales.
- Las subidas del SMI, en línea con la Carta Social Europea, compatibles con la creación de empleo.
- Aprobación del ingreso mínimo vital, a pesar de las serias deficiencias en su aplicación.
- Reforma de las pensiones, incluyendo subida de ingresos, a pesar de ser solo otra etapa hacia la solución definitiva del problema de déficit del sistema ante el envejecimiento de la sociedad.
- Avances en las políticas de conciliación y en la nueva ley de dependencia y discapacidad, pendiente de aprobación parlamentaria y que afecta a más de cuatro millones de ciudadanos.
- Negociar en Bruselas la "excepción ibérica" cuando la subida del precio de la energía consecuencia del boicot a Rusia tras su invasión de Ucrania, aunque su implementación dejara mucho que desear.
- La concesión de los indultos a los independentistas condenados por el procés, como parte del esfuerzo realizado para normalizar la situación en Catalunya.
- Aprobación de la ley que regula la eutanasia, bajo ciertas condiciones.
- El empeño en sacar adelante la presente legislatura tras la derrota electoral sufrida por los partidos del Gobierno el 23J. Para conseguirlo, está asumiendo las consecuencias de ser rehén de grupos parlamentarios minoritarios, incoherentes y sin propuestas para España compatibles entre sí, lo que se ha traducido en presidir un Gobierno que es visto como débil y desnortado.
- La aprobación de la amnistía, contradiciendo lo dicho hasta la noche del 23J y como exigencia impuesta por una minoría enloquecida, ceniza de un procés acabado y derrotado hace tiempo y generando una gran fractura social tanto en el conjunto de España como, en especial, en la propia Catalunya. Al igual que la Comisión Europea, muchos españoles, socialistas y no socialistas, creemos que esta amnistía es una medida que no responde al interés general.
- El aceptar, sin pestañear, no solo el gobernar sin presupuestos, sino incumplir la Constitución al no presentarlos siquiera.
- No ser capaz de revertir el dato de una vergonzosa tasa de pobreza infantil, paralizando la aprobación de la prestación universal por crianza.
- Aprobación de la ley del "solo sí es sí", con sus errores evidentes que han acabado por reducir condenas a violadores y de la ley sobre personas trans y el colectivo LGTBI, que han roto y enfrentado al movimiento feminista español.
- La aceptación de una "financiación singular" para Catalunya, contraria a lo que el PSOE ha venido defendiendo.
- En paralelo, no ser capaz de proponer y sacar adelante un nuevo modelo de financiación autonómica, caducado y que consagra una desigual e injusta financiación per cápita entre españoles, según comunidades.
- El deficiente aprovechamiento de los fondos europeos Next Generation, escasamente utilizados para cambiar un modelo productivo que sigue alentado en turismo, servicios y consumo, público y privado. Ello mantiene la brecha de productividad que tenemos con Europa.
- La incapacidad para resolver el problema de la vivienda mediante la construcción del déficit acumulado durante los últimos años, el primer problema para los jóvenes cuyos padres no pueden financiar su acceso a una.
- No atajar la explotación laboral representada por las horas extras no pagadas ni la generalización del fenómeno del trabajador pobre cuyos ingresos no llegan al mínimo exigido debido a las pocas horas trabajadas al año.
- Ausencia de una política dirigida a ensanchar la oferta productiva española e incrementar el tamaño medio de nuestras empresas, origen de dos de nuestros grandes problemas: baja productividad y elevado paro laboral.
- No abordar con efectividad los problemas de la baja tasa de colocación de parados por las entidades públicas y los graves problemas de formación profesional para incrementar la empleabilidad de los parados.
- Una confusa política internacional que incluye, desde el cambio unilateral respecto al Sahara, hasta el reciente antiamericanismo, con una evidente aproximación a China, lo que nos ha excluido del grupo de líderes europeos que han acompañado a Zelenski en su reunión con Trump.
- Excesivo intervencionismo en el mundo empresarial, generando incertidumbre regulatoria, arbitrariedad —demasiados asuntos se "deciden" en despachos de la Moncloa— y confundiendo, en la gestión de los sectores estratégicos, el Gobierno, con el Estado.
El PSOE era, con 84 diputados, la segunda fuerza parlamentaria cuando presentó y ganó la moción de censura contra Rajoy. Formó un Gobierno en minoría. Tras las elecciones de abril de 2019 experimentó un salto hasta los 123, convirtiéndose en el primer grupo parlamentario de la Cámara, aunque no pudo conseguir la investidura, por lo que se repitieron elecciones en noviembre de 2019, cuando bajó a 120 escaños y se produjo el primer "giro" de Sánchez con el abrazo a Iglesias y la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos.
Aunque se habló del primer Gobierno de coalición de la democracia española, pronto se confirmó lo obvio: eso no era una coalición, sino una barca salvavidas entre partidos que no compartían proyecto de España ni programa ni principios ni manera de entender la sociedad y la política. Sánchez hizo vicepresidente a quien, en su frustrado debate de investidura de 2016, sacó, desde la tribuna, el peor tono antisocialista, llegando a hablar de la cal viva y los GAL y al líder de un grupo político surgido, desde el principio, para acabar con el PSOE y sustituirlo —sorpasso—. El mismo de quien Sánchez dijo que su eventual presencia en Moncloa "no le dejaría dormir tranquilo por las noches". No fue un Gobierno de coalición entre proyectos compatibles, sino de supervivencia entre adversarios políticos, con un único punto en común: el temor a la derecha.
Este primer Gobierno mostró sus costuras desde el principio con debates sobre asuntos como la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual ("solo sí es sí") y la reforma de la ley trans, aprobada en 2023. Ambos casos compartieron tres características: eran políticas de identidad; dividieron al movimiento feminista español, debilitándolo ante el conjunto de la sociedad y a la judicatura "progre", enfrentando a los dos componentes del Gobierno; la pugna se acabó haciendo incomprensible para la mayoría de la sociedad, que acabó viendo sus nefastos resultados prácticos una vez el presidente apoyó a los socios, provocando un cisma en el PSOE. Junto a esto, se subió el salario mínimo, se aprobaron la reforma del mercado laboral y la ley Rider; revalorizando las pensiones por el IPC y creando el impuesto a los grandes patrimonios y nuevos gravámenes a beneficios extraordinarios de banca y energéticas.
Lo decisivo fue, sin duda, las medidas anti-COVID (ERTE) y ante la crisis derivada por la guerra de Ucrania, entre las cuales, la "excepción ibérica", ayudas directas y las rebajas generalizadas de impuestos en IVA en alimentos y energía. En estas medidas, el Gobierno siguió la estela marcada por lo que hicieron casi todos los otros gobiernos europeos y de la OCDE. Como también es de reseñar la aprobación en Bruselas y aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un impacto real sobre PIB y sobre productividad muy por debajo de lo previsto, incluso de lo posible si se hubiera gestionado con otra lógica. También se aprobó un (mejorable) ingreso mínimo vital, así como una (cuestionada) reforma del sistema público de pensiones.
Grafiti con la cara de Carles Puigdemont. Foto: Thierry Ehrmann
Esta fue, también, la legislatura de los indultos a los nueve líderes catalanes independentistas, condenados en el juicio por el procés, afirmando que, con ello, se abriría una nueva etapa de diálogo en y con Catalunya. Y se modificó la Ley de Memoria Histórica y se exhumaron los restos de Franco del Valle de los Caídos. En marzo de 2021, el líder de Podemos, Iglesias, abandona el Gobierno y sufre una fuerte derrota al presentarse como candidato a la Comunidad de Madrid, lo que empujó a "abandonar" la primera línea de la política. En marzo de 2022 se produce el todavía inexplicado e incomprensible giro respecto al Sáhara occidental al reconocer el Gobierno la posición de Marruecos, aunque se suele vincular con el apoyo del Gobierno alauita al control de la inmigración ilegal.
Tras el batacazo socialista en las elecciones autonómicas y municipales de 2023 (¿hasta qué punto estuvo propiciado por la gestión del Gobierno central y sus políticas y líos internos?), Sánchez convocó elecciones generales para el 23J de 2023 con un resultado cuyos tres aspectos más reseñables son: el triunfo del PP (137 escaños); el retroceso de los partidos del Gobierno (tres escaños menos, en conjunto), y que Vox se convirtió en la tercera fuerza parlamentaria, por delante de Sumar. Esos números, más la composición del resto del Congreso, auguraban una investidura muy difícil para Feijóo, ("ni contigo ni sin ti" respecto a Vox), como así fue al perderla (172 votos a favor, 177 en contra y un nulo).
Pero, en mi opinión, no justificaban la euforia mostrada la noche electoral en la sede de Ferraz ante militantes y medios (el PSOE había perdido, tras cuatro años de Gobierno) ni, desde luego, el lanzarse a un intento de forzar una nueva investidura de Sánchez. Porque con los mimbres existentes no era difícil prever que le exigiría más renuncias, cruzar más líneas rojas y el riesgo de una investidura perdida, que solo podía fortalecer al PP en la oposición. Con los datos en la mano, para muchos socialistas, poner en marcha esta legislatura, con las condiciones y rechazos necesarios para ello, fue un grave error. Porque la posibilidad de convertirla en un desastre era muy superior a que saliera bien. Como así está ocurriendo dada la "calidad" de los socios del PSOE y el poder que la situación les ha otorgado.
Begoña Gómez, Cristina Narbona, Pedro Sánchez y Santos Cerdán durante la noche electoral del 23J en Ferraz. Foto: Alejandro Martín Vélez / EuropaPress / ContactoPhoto
Para ser investido, Sánchez tuvo que tragarse otro sapo. Este, muy gordo: aceptar una amnistía para los indepes que pasó, así, sin explicaciones de "no caber en la Constitución", como decía él antes, a ser imprescindible para "facilitar la convivencia" ahora, una convivencia que ya estaba encarrilada en Catalunya tras la asunción progresiva del fracaso / engaño del proceso independentista.
- Primero, porque no había más razones para el mismo que la necesidad de los siete votos de Junts para su investidura (si PSOE y Sumar hubieran sacado siete escaños más, no habría amnistía).
- Segundo, porque, de nuevo, era una decisión estratégica de gran calado adoptada por el líder en solitario para pedir, después, lealtad a los suyos y un cierre de filas borreguil, en contra de lo que todos habíamos creído y defendido hasta el día anterior.
- Tercero, porque no fue una decisión de "gracia" pactada con el PP (como se pactó la aplicación del 155). Es más, es la decisión que mayor desgaste político ha provocado a la figura del presidente y al PSOE.
- Cuarto, porque consagra la política del "hacer de la necesidad virtud" (Sánchez dixit) que es, todo lo contrario, a una concepción socialista de una democracia de principios y valores, donde el Gobierno es un medio, pero nunca un fin en sí mismo.
- Quinto, porque le quita toda credibilidad a lo que pueda decir o comprometer el presidente de aquí en adelante. ¿Cómo te puedes fiar de un político que cambió de opinión, en asuntos esenciales, de la noche a la mañana y sin más razones que sus intereses propios?
- Sexto, porque la señal de desesperación que lanza a sus "socios" parlamentarios le hace tan débil, que se permiten someterle a la humillación de no aprobarle Presupuestos u otras leyes importantes para el Gobierno.
- Séptimo, porque la credibilidad y confianza en el presidente del Gobierno por parte de la ciudadanía ha quedado muy dañada, siendo este un hueco claro por donde entran las críticas de una oposición feroz.
Y, por encima de todo, un salto hacia el abismo del enfrentamiento por parte de la oposición, que "huele sangre" y se lanza de forma despiadada a por su pieza. "Ningún apoyo al Gobierno, en ninguna cuestión. No se lo merece", ha declarado Feijóo este verano en la prensa gallega. Eso incluye, al parecer, asuntos de Estado como las compensaciones a las empresas afectadas por la guerra arancelaria de Trump o el decreto que pondrá orden en el sector eléctrico, para evitar otro apagón. Nada diferente, por cierto, a cuando en mayo del 2010, el PP de Rajoy votó no al decreto de ajuste presentado por Zapatero, pactado con la Comisión, para impedir la intervención y el rescate (que, luego, Rajoy no supo evitar) por parte de la troika comunitaria, "para provocar la caída del Gobierno" que pudo sacarlo adelante por un voto. Era la época del "que se caiga España que ya la levantaremos nosotros" atribuida a Montoro.
Está siendo, pues, un Gobierno atacado sin cuartel por la oposición y paralizado por su minoría parlamentaria al no haber podido transformar la mayoría de la investidura en una mayoría de legislatura, lo que se está traduciendo en un angustioso proceso de negociación, caso a caso, entre amenazas, chantajes y acuerdos, o no, entre los socios y el Gobierno, transmitiendo mayor debilidad del mismo de la que realmente tiene dado que los socios también están interesados en posponer las elecciones generales cuya convocatoria es la "bomba" que sólo está en manos del presidente.
Un análisis político del conjunto de las actuaciones de los años de Gobierno bajo la presidencia de Sánchez, me permite extraer las siguientes conclusiones
1. La pobreza no ha sido una prioridad.
En 2024 la tasa AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en 25,8%, por encima de la media de la eurozona; seguimos a la cola europea en tasa de pobreza infantil con un 34,6%, y surge con fuerza una tasa de pobreza laboral (12%), también superior a la media europea, engrosada por trabajadores que no trabajan las suficientes horas al año como para que sus ingresos superen los umbrales de pobreza. También se han adoptado medidas contra la pobreza (el IMV, sobre todo), pero es evidente que han resultado insuficientes o mal dirigidas. Y eso, en años de fuerte crecimiento económico y de ingresos públicos.2. Mejorar la capacidad redistributiva del Estado tampoco ha sido una prioridad.
Según el CIS, casi el 80% de los ciudadanos creen que las rentas más altas no pagan, proporcionalmente más impuestos, y un 58% piensa que la sociedad se beneficia poco, o nada de lo que paga. El Índice de Eficiencia del Estado, elaborado por el Banco Mundial, España se descolgó con Rajoy de la media europea y no hemos recuperado posiciones desde entonces. España es de los estados menos redistributivos de la UE. Eso quiere decir dos cosas: no recauda ingresos de manera suficientemente progresiva y no gasta con la eficacia necesaria, concentrándose en quien más lo necesita. Es decir, su efectividad en la reducción de la desigualdad de rentas familiares es menor a la de otros países europeos, a pesar de ser uno de los que mayor nivel de desigualdad de ingresos representa. Sigue faltando la prometida reforma fiscal, los avances en reforma de las administraciones y en evaluación de políticas públicas ha sido testimonial y la sanidad y educación pública no han mejorado su eficiencia con un gobierno centrado en gestos mediáticos de confrontación con las alternativas privadas sin preguntarse, por qué los ciudadanos que pueden, se pasan a los servicios públicos prestados por lo privado. El mantenimiento de un sistema de financiación autonómica caducado y que genera grandes desigualdades en financiación per cápita entre españoles de unas y otras comunidades, refuerza la idea de que la capacidad redistribuidora del Estado no ha sido una prioridad.3. La redistribución primaria de ingresos no ha sido una prioridad.
Y, si lo ha sido, ha sido un fracaso cuando todos los datos apuntan a que los beneficios empresariales han crecido muy por encima de los salarios durante los gobiernos de Sánchez. A ello ha contribuido los años de fuerte inflación, pero, también, la criticable decisión de no deflactar la tarifa del IRPF que ha elevado la presión fiscal más a las rentas más bajas. Con el IBEX 35 batiendo récords, las grandes empresas anunciando beneficios históricos año tras año y los indicadores de beneficios del resto de empresas en niveles muy altos, todavía discutimos si la renta real de los salarios ha recuperado, o no, el poder adquisitivo que tenían antes de la pandemia o en 2007. Un impacto directo de esto es la crisis de la vivienda que imposibilita a los jóvenes de clase media-baja acceder a una. Ni en propiedad ni en alquiler, incubando una de las mayores crisis sociales en muchos años.4. Un ascensor social averiado no ha movido al Gobierno a emprender medidas para arreglarlo.
Así, poco a poco, nos deslizamos hacia una sociedad neofeudal en la que la posición social de una persona depende más de la familia en la que nace que de su mérito, capacidad y esfuerzo. Algunos datos: según Forbes, el 74% de los multimillonarios españoles lo son por herencia. La pobreza también se hereda: los niños que viven en familias pobres (monoparentales con madre que trabaja, en su mayoría) tienen muchas más probabilidades de ser pobres de adultos. Según un informe de la Universidad de Girona para el Ministerio de Derechos Sociales, seis de cada diez niños con abuelos pobres siguen siendo pobres hoy. Y de dos personas que ingresan lo mismo al año, una trabajando y otra viviendo de rentas heredadas, paga más impuestos la primera, es decir, nuestro sistema tributario penaliza el trabajo y prima el rentismo. Todo eso abona lo dicho en un informe de Oxfam Intermón: se necesitan hasta cuatro generaciones para que una familia del 10% más pobre alcance la media de ingresos, lo que indica una lentitud significativa en el ascensor social.5. El cambio de modelo productivo no ha sido una prioridad o, en todo caso, parcial y de la mano de los fondos Next Generation.
La realidad son los servicios y el turismo los que están tirando de la economía en un crecimiento extensivo, mientras la productividad (intensivo) sigue creciendo menos que la media europea. No hay signos notables de cambio ni en políticas de fomento del I+D+i ni en fomento del incremento en el tamaño de la empresa ni en reindustrialización. A pesar de ello, se ha avanzado en nuevas startups con iniciativas tecnológicas y se intenta reordenar desde el sector público un empuje en algunos sectores estratégicos como espacial, defensa, telecomunicaciones y ciberseguridad.6. Consolidar nuestro Estado autonómico constitucional, no ha sido una prioridad.
A pesar del número de Conferencias de Presidentes realizadas (sobre todo, durante y por la pandemia), no se ha avanzado en la articulación y consolidación del funcionamiento "federalizante" del Estado autonómico. El mejor ejemplo: el Gobierno no ha presentado una propuesta de nueva financiación autonómica, supliéndolo por un copioso riego de dinero a las comunidades como adelantos de sus fuertes incrementos en liquidez. Dos factores externos al Gobierno han contribuido a ello: sus socios nacionalistas, vascos y catalanes, partidarios de un Estado autonómico asimétrico y la actitud de un PP que utiliza las instituciones autonómicas donde gobierna para confrontar con el Gobierno central, como lo vemos en el reparto de menores inmigrantes no acompañados, la gestión de las catástrofes o la negativa a negociar un nuevo modelo de financiación, caducado desde hace años.7. Mejorar el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción no ha sido una prioridad a pesar de todas las enfáticas declaraciones y presentación de planes de reforma.
Tampoco ayuda en este punto la actitud obstruccionista de la oposición a toda iniciativa gubernamental, como tampoco que muchos jueces tomen decisiones guiadas por razones partidistas.8. No se abordan las cuatro grandes transformaciones sociales del siglo XXI
Estas son, la paulatina desaparición de las clases medias es un hecho que, a lo largo del siglo XXI, explica, en muchos países, el malestar ciudadano, su desapego hacia la democracia y su deriva hacia el populismo de extrema derecha. Una izquierda gruñona, que amenaza con catástrofes climáticas para las que no ofrece más alternativas que el sacrificio (abandonar el aire acondicionado, en Francia, o dejar los coches que tiene la mayoría que no puede comprar los eléctricos, el plástico y los fertilizantes o el decrecimiento), sin atender los impactos en renta que todo esto tiene y que practica un despotismo cientificista, alimenta reacciones contrarias. La parálisis del ascensor social y la meritocracia, renunciando, con un discurso paternalista y buenista, al viejo principio socialdemócrata de que el Estado tiene que ayudar a quien lo necesita, pero este tiene la obligación de aprovechar bien la ayuda. El paulatino regreso a una edad media en la que el destino de las personas al nacer no dependerá tanto de su esfuerzo y capacidad, sino del nivel social de la familia en la que nazca (se hereda la riqueza y la pobreza); el desajuste que se produce entre oferta y demanda de trabajo, en formación y, sobre todo, en cultura laboral, que replantea la urgencia de cómo integrar a la IA (robots) en un espectro cada vez más amplio del mercado laboral, y el impacto de esto sobre los ingresos de las personas (¿una renta básica?).
En resumen: no se observa un proyecto de país ni social que guíe las actuaciones de los gobiernos de Sánchez. Y, desde luego, no hay un proyecto socialdemócrata visible en sus actuaciones. Antes bien, parece que los 121 diputados socialistas en el Congreso se han puesto al servicio de sacar adelante algunos puntos populistas de sus socios de Gobierno o aquellas medidas exigidas por sus socios parlamentarios, en muchas ocasiones, incluso, en contra del programa electoral con que se presentaron. Se podría decir que el PSOE está pagando un precio demasiado alto por tener la presidencia de un Gobierno con el que no puede llevar adelante su programa, al estar demasiado hipotecado en el Parlamento, y que se desliza hacia el populismo, lo que le aleja de sus bases electorales e impide su crecimiento natural hacia los sectores moderados de la sociedad.
Tras el abrazo con Iglesias, Sánchez acepta los principios del populismo podemita: la política como confrontación permanente entre un "nosotros" y un "ellos"; señalar culpables, verdaderos o falsos, ante cada problema, en lugar de buscar soluciones que requieran acuerdos transversales; inexistencia de ningún interés general que obligue a pactar con el adversario; sustituir la política como medio para resolver problemas reales del país por relatos y eslóganes que marcan perfil diferencial y de confrontación, en las redes sociales, medios y campañas electorales; establecer una relación directa entre un líder incuestionado y el pueblo, compatible con el cesarismo en el Gobierno y en el partido; ausencia de un proyecto político, sustituido por un elenco de medidas aisladas, dirigidas a contentar a los diferentes colectivos sociales y capaces de tener su minuto de gloria mediático, aunque se olviden a las 24 horas; centrarse en políticas identitarias que confronten con el adversario y contenten a un grupo específico, sustituyendo políticas sociales de país dirigidas hacia la mayoría de ciudadanos; construcción de un relato dirigido a movilizar las emociones, en lugar del racionalismo socialdemócrata; apropiación por el Gobierno de una parte, de los asuntos de Estado que son de todos. Nada que ver con un proyecto socialdemócrata de la sociedad y de la política.
Es posible que el intento de Sánchez de formar el primer Gobierno de coalición de nuestra democracia con la izquierda populista "antisistema" y recabar apoyos parlamentarios en fuerzas periféricas independentistas, buscara acabar consiguiendo integrarlas en un compromiso conjunto sobre un nuevo proyecto "de tercera generación", para España, tras haber conseguido antes PP y PSOE hacerlo con PNV y CiU, cuando perdieron sus mayorías absolutas. En esto, ha fracasado. Todo apunta a que ha ocurrido lo contrario: que el proyecto socialdemócrata del PSOE ha acabado diluido y confundido con los programas de sus grupos de apoyo, incompatibles entre sí, cayendo en un coyunturalismo permanente, en un ir "a salto de mata", sin un proyecto coherente de país.
El problema no está en formar gobiernos de coalición o pactar acuerdos en el Parlamento con otros grupos, sino en con quién se ha visto obligado y ha estado dispuesto a hacerlo Sánchez, pagando un precio, el de desdibujar al PSOE, que a muchos socialistas nos parece excesivo y que ha facilitado la tradicional oposición salvaje y sin cuartel que ha practicado el PP cada vez que ha estado fuera del Gobierno.
Podemos diferenciar, en base a la propia teoría política, dos maneras de entender la política:
- Para el populismo, política sería todo lo que es necesario hacer para alcanzar el Gobierno y permanecer en él. En esta concepción, el fin, justifica los medios y la confrontación es esencial por lo que se refuerza aquello que divide y separa a la sociedad formando dos bandos de forma permanente.
- Para la socialdemocracia, política sería el conjunto de acciones conducentes a realizar reformas y medidas necesarias para fortalecer la democracia y transformar la sociedad, mejorando la situación de los más débiles y la vida, en general, de todos los ciudadanos. Conseguir el Gobierno sería solo un instrumento básico para hacer posible lo anterior. En esta concepción, tanto el fin como los medios deben de estar éticamente alineados con los valores sociales y democráticos que se defiendan. Conseguir el Gobierno solo tiene sentido si se puede, desde él, impulsar el proyecto que se defiende, también, por otros medios de la sociedad civil e, incluso, desde la oposición parlamentaria en negociación con el Gobierno. Para esta concepción, forma parte de sus principios el refuerzo permanente de todo lo que une a la sociedad, intentando enmarcar los disensos con fórmulas democráticas y civilizadas de debates ordenados y respeto al adversario.
Podemos, también, ordenar las formas de entender la política de otras dos maneras que, de forma esquemática y extrema podemos resumir así:
- Aquella que se dirige a fomentar la parte irracional del ser humano, sus emociones, positivas o negativas, para instrumentalizar la movilización en favor de sus propios intereses políticos. El grupo, la identidad y la confrontación representan esta política. El populismo cuadra con este estilo, que ha recibido un impulso tremendo con la extensión de las redes sociales.
- Aquella otra que se fundamenta en la razón, basando sus decisiones en aquello a lo que mediante un diálogo razonado ayuda a los ciudadanos formados y sus representantes a concluir que es mejor para la mayoría. Aquí, el individuo y sus derechos / obligaciones es la base, en una sociedad donde el todo es más que la suma de las partes. Se insta al debate y a la cooperación como medio para resolver problemas. En esto se ha fundamentado la política democrática occidental en las últimas décadas.
Si el debate político gira en torno a propuestas sobre impuestos o sobre inmigración, el diálogo es posible entre visiones diferentes e, incluso, se pueden alcanzar acuerdos. Pero si el debate se centra solo en insultar y descalificar al adversario, no hay lugar para el diálogo ni el acuerdo y la democracia pierde su razón de ser, aquello que le otorga una superioridad moral sobre cualquier otra alternativa: hacer posible la convivencia y la cooperación estable entre personas que no piensan igual sobre todas las cosas ni comparten las mismas creencias. En ese sentido, el uso actual de las redes sociales, buscando el beneficio privado promoviendo likes y seguidores, potencia el insulto, los bulos y las mentiras y ataca la democracia, impensable sin espacios para el diálogo y la reflexión colectiva.
Futuro de España: necesidad de un pacto por la libertad y la democracia
Vivimos una especie de nueva "Guerra Fría" entre los demócratas socioliberales y quienes prefieren una autocracia graduada en su intensidad, desde el trumpismo hasta Putin. Hoy la democracia está en retroceso en el mundo. Menos de un 8% de la población mundial vivimos en regímenes considerados democracias plenas y esta cifra se va reduciendo ante el empuje de los populismos trumpistas y de extrema derecha que son, hoy, la mayor amenaza interna a los sistemas democráticos occidentales. Es clave entender que este ascenso del populismo, especialmente a raíz de la crisis global de 2008 y, en Europa, de su errónea gestión por los gobiernos de turno (incluido el español), se ha producido porque una parte importante de ciudadanos han dejado de sentirse representados por los partidos y las instituciones públicas que dirigen ("no nos representan"), desconfían de la clase política por el aumento de casos de corrupción (apropiación ilegal de bienes públicos en interés privado: "democorrupción"), y se han sentido desprotegidos por un sistema democrático dominado por los intereses partidistas, lanzados a controlar los "cuatro" poderes del Estado, por delante del interés general (partitocracia).
Resultado: la democracia, enferma y deja de funcionar:
- Ni es un ejemplo de convivencia e integración entre personas que piensan diferente (los espectáculos mediáticos de insultos y enfrentamientos entre políticos, cada vez más de carácter personal y sin proyectos de país visibles, muestran, más bien, la imposibilidad de convivir y trabajar juntos a quienes son o piensan diferente).
- Ni resuelve los problemas de los ciudadanos cada vez más complejos y que requieren de grandes acuerdos entre grupos políticos como entre instituciones, que han sido excluidos por la estrategia seguida de polarización y crispación política artificial.
- Ni ofrece a los ciudadanos la confianza, protección y seguridad que se le exige a todo sistema político. Por esto, un número creciente de jóvenes relativizan el valor de la democracia frente a alternativas autoritarias.
Entonces y solo entonces, las alternativas populistas y de confrontación, minoritarias hasta entonces, adquieren relieve porque ofrecen una salida aparente al enfado ciudadano, canalizándolo hacia la búsqueda de culpables aquí y de falsas soluciones en la nostalgia por un pasado idealizado, que nunca existió: Vox pasa de un 0,23% de votos en 2015 a superar el 15% cuatro años más tarde. Podemos, de no presentarse en 2011, a ser la tercera fuerza con un 9,8% en 2015 y sacar un 21% un año después. La fiebre del populismo prendió con tanta fuerza y rapidez en el caso español que los dos grandes partidos democráticos entraron en pánico y cometieron el peor error que se puede cometer en estas situaciones: parecerse a los adversarios electorales de su mismo bloque, girar hacia el populismo para plantarles batalla en el mismo terreno, hasta que han sido absorbidos por prácticas y políticas populistas que los han desdibujado como partidos democráticos. Enemigos en vez de adversarios y, al enemigo, ni agua; señalar culpables en vez de buscar soluciones; agitar el miedo frente entre los suyos frente a una victoria del enemigo, crispando el espacio político e intentando polarizar a la sociedad en bloques enfrentados. Posiciones que, recuerdo, vulneran los principios de la democracia, debilitándola todavía más. Ahí estamos.
Carles Puigdemont reunido con dirigentes del PNV en Waterloo (Bélgica) Foto: Partido Nacionalista Vasco
Volviendo a los momentos fundacionales, conviene recordar que la democracia es el mejor sistema político construido por los humanos a lo largo de la historia, para soslayar la confrontación violenta y la falta de cooperación, en sociedades complejas y plurales como las que tenemos en España, Occidente y en mundo interconectado de hoy.
Democracia que se fundamenta en algunos principios básicos que conviene recordar:
- La soberanía reside en el pueblo (la definición de quien es el pueblo, es fundamental para enmarcar la fraternidad necesaria para aplicar el resto de principios. El siguiente punto aclara esta pregunta).
- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. (Declaración Universal de los Derechos Humanos). Si se comparte esto, asumido por casi todas las religiones como principio esencial también, solo cabe una interpretación: el pueblo soberano, somos todos los seres humanos. Aunque la aplicación práctica de este principio llevaría a un único Gobierno mundial, mientras tanto, su aceptación, limita las políticas populistas de xenofobia, ataque a la inmigración y contradice postulados supremacistas de género, raza, religión o "nacionalidad".
- El fin no justifica los medios. La democracia es un sistema de convivencia basado en el respeto a principios morales que no se deben vulnerar. Aquellos políticos que, siguiendo planteamientos de un autor no-democrático como Maquiavelo, aplican a sus decisiones postulados del tipo "hacer de la necesidad virtud", relativizando la importancia de sus principios, no se mueven en el ámbito de la democracia ética, sino del populismo amoral.
- El pueblo cede, de forma parcial, temporal y condicionada, su soberanía a unos representantes elegidos por procedimientos democráticos, para que la ejerzan en su nombre. No obstante, partiendo de la desconfianza y para evitar que los elegidos se apropien de algo que solo tienen en préstamo, establecen instituciones independientes capaces de controlar la actuación de los gobiernos elegidos: ese es el sentido de la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, más la función otorgada a los medios de comunicación como cuarto poder (hoy deformado por la fuerza de las redes sociales).
- Todas estas normas y reglas se establecen y desarrollan de forma pactada en una Constitución que se articula en torno a tres círculos concéntricos: aquello que todos tenemos en común. Aquello en lo que podemos discrepar, pero que, por sus características comunes, debemos alcanzar acuerdos (asuntos de Estado) y todo en lo que la discrepancia es positiva y debe resolverse mediante las votaciones y el resto de procedimientos democráticos establecidos. Los demócratas fortalecerán, de forma permanente, lo común, aquello que nos une a todos, enmarando las diferencias en el ámbito normal del juego democrático, sin excluir los acuerdos y consensos, mientras que los populistas agrandarán aquello que nos diferencia, separa y enfrenta, sin aceptar que exista nada que se corresponda con el interés general y excluyendo, por tanto, por principios, pactos transversales.
- Las minorías que respeten la Constitución tienen todos los derechos reconocidos al resto, que hay que proteger y garantizar.
- La democracia confronta proyectos, programas y propuestas, respetando la integridad de las personas disidentes, sin insultarlas ni atacarlas. Dentro de la democracia, pues, no hay enemigos a los que atacar y vencer a cualquier precio, sino adversarios a los que convencer o ganar con las reglas de juego establecidas.
- La democracia asume que no hay verdades absolutas y que, por tanto, nadie está en posesión de "toda" la verdad y que lo correcto surge de un proceso de diálogo y debate entre posiciones distintas. Para facilitar ese diálogo razonado (Jürgen Habermas) es importante la aceptación común de hechos contrastados y el respeto a las posiciones divergentes. Por eso, los procesos actuales de "cámaras de eco", fake news, desinformación y difusión del odio, tan afines al uso actual de las redes sociales en manos de los "mercaderes del caos", debilitan la democracia. Los políticos que actúan al dictado de estos procedimientos, se sitúan del lado populista y contra la democracia.
A la vista de estos puntos definitorios de la democracia, resulta evidente que hoy el populismo se ha adueñado, en España, del campo político, imponiendo unos usos y costumbres que deterioran la democracia, anulando sus ventajas y virtudes. Vivimos un bucle populista que, a la vez que aleja de la política a una buena parte de ciudadanos, cada vez más hartos del espectáculo en que la han convertido, haciéndola incapaz de resolver todos aquellos problemas que exigen, por principios o, simplemente, por la división institucional establecida en la Constitución donde se establece un solo Estado, pero organizado en diecisiete comunidades autónomas, más dos ciudades autónomas, más el Gobierno central, lo que obliga a negociar y pactar de forma permanente un buen número de políticas esenciales: desde la vivienda hasta las catástrofes naturales.
No hacerlo, sustituyéndolo por el insulto y la confrontación política como sistema relacional, implica dos cosas: asumir que las instituciones de todos han sido apropiadas por el partido que, de forma temporal, ha sido elegido para dirigirlas y, dos, que una buena parte de los problemas ciudadanos se quedan sin resolver por falta de acuerdos, aumentando, con ello, el cabreo ante los políticos y el desapego ante las instituciones democráticas, de la ciudadanía, entrando así en una retroalimentación del populismo y un mayor deterioro de la democracia.
La democracia española no puede estar en manos de gurús del marketing político como mercancía, que venden políticos como detergente y proyectos de país como eslóganes publicitarios, tan pegadizos como perecederos y a quienes solo guían las encuestas, el relato, la foto y los titulares, en una lucha permanente por adquirir mayor cuota en el mercado de votos; y de políticos cuyo único proyecto es llegar y mantenerse en el Gobierno, haciendo, si necesario para ello, de la necesidad virtud, pactando, si necesario, "hasta con el diablo". Y, como dice el refrán, "quien con el diablo haya de comer, larga cuchara ha de menester".
Mientras que el ciclo político se acorta cada vez más y lo que pasa hoy mañana se olvida porque surge otro asunto, el ciclo de resolución de los problemas sociales se alarga. Tanto si hablamos de la lucha contra el cambio climático, como de la gestión / regulación / integración de la IA, o de un plan nacional de construcción de viviendas, un plan nacional de prevención de incendios y catástrofes, un plan nacional de lucha contra las listas de espera en sanidad, un plan nacional de transformación digital de las administraciones públicas o de la estrategia necesaria para fortalecer nuestra autonomía estratégica en el marco de la UE, se requieren soluciones mantenidas a medio y largo plazo, con continuidad y sin giros no justificados.
Estamos rehaciendo el marco, nacional e internacional, de convivencia, tras el fracaso del modelo anterior de globalización liberal y ante el auge de una nueva confrontación entre superpotencias autocráticas. Es la democracia y la seguridad nacional, nuestras reglas de convivencia en resumen, lo que está hoy en juego. En España y en el mundo. Y este desafío no puede abordarse ni resolverse desde la concepción y práctica actual de una política española crispada, tanto desde la oposición como desde el Gobierno, por puro tacticismo electoral a corto plazo.
Pedro Sánchez y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski en 2023. Foto: Presidencia de Ucrania
Si, como reflejan las encuestas, la clase política se percibe como el primer problema del país, por ser endogámica, centrada en sus propios ombligos y cuitas, sin tener en cuenta a los ciudadanos más que como meros votantes a quien agitar movilizando sentimientos, más que mediante la resolución de sus problemas, el populismo es, siempre, mejor alternativa que la democracia. A corto plazo. Porque, entonces, los problemas de ciclo largo, aquellos que requieren diálogo y acuerdos transversales, se quedan sin resolver y las consecuencias recaen sobre los ciudadanos.
Evitar el triunfo electoral de la derecha y la extrema derecha no es un proyecto de país, como el derogar el sanchismo del que habla Feijóo, tampoco lo es.
Urge recuperar más democracia en España, lo que implica un pacto por la libertad y la democracia que priorice la división entre demócratas y populistas. Por convicción y por pragmatismo. Un pacto que debe de incluir cambios como los siguientes:
Los cambios del pacto
- Diálogo razonado entre diferentes, sin insultos ni estigmatizaciones. Adversarios, no son enemigos.
- Situar los problemas de ciclo largo o aquellos que afectan a las tres administraciones del Estado plural que somos, en el círculo de los asuntos a acordar de manera transversal para mejorar la eficacia y la continuidad temporal necesaria, en su gestión. Los antiguos "acuerdos de Estado" al servicio del interés general de país.
- Reformas necesarias y acordadas para fortalecer nuestro Estado de derecho, sin excluir aquellas que exijan cambios constitucionales.
- Reformas para incrementar nuestra productividad, acompañándola de medidas para mejorar nuestra oferta productiva y la eficacia redistributiva del Estado, empezando por acabar con la pobreza infantil y con los más de un millón de parados de larga duración que tenemos.
- Ante la rápida irrupción de la IA en el mercado laboral, abrir un debate sobre una renta básica de ciudadanía, que reordene las políticas de lucha contra la pobreza y muchas de las actuales deducciones fiscales al trabajo y a la familia, diferenciando entre derecho a vivir y obligación de trabajar.
- Revisión y adaptación del Estado autonómico en la línea del informe del Consejo de Estado de 2006 sobre la iniciativa del Gobierno Zapatero de entonces, como forma de introducir la revisión del marco constitucional de convivencia entre las nacionalidades y regiones en la España del siglo XXI.
- Mejora, modernización y transformación de las tres administraciones públicas de manera coordinada y armónica, utilizando las palancas ofrecidas por la digitalización y la IA. Con tres objetivos principales: situar a los ciudadanos en el centro, rebajar las cargas administrativas sobre empresas y personas, así como conseguir, de una vez, que ninguna administración pida al administrado, un documento que está en poder de otra administración. Desarrollar una ventanilla única digital y la carpeta ciudadana son dos buenos instrumentos para conseguirlo.
Sería algo así como abrir un proceso reconstituyente que nos permita dar el necesario salto adelante en nuestra democracia que la doten de instrumentos suficientes para enfrentarse al populismo autocrático en alza. Imitar al populismo no combate el populismo, sino que lo refuerza. Y los partidos democráticos españoles, de izquierda y de derecha, se han dejado arrastrar estos años por el populismo hasta desdibujar su perfil propio.
En lo que atañe al PSOE, a fuerza de amalgamar socios y aliados incompatibles entre sí y con nosotros, hoy es imposible de distinguir un proyecto socialista propio con aspiraciones mayoritarias. Hemos pagado un precio demasiado alto a cambio de una presidencia del Gobierno que, sobre todo en esta legislatura, se encuentra maniatada. Resulta imprescindible recuperar un proyecto socialista propio y reconocible, algo que solo será posible si se recupera el partido como espacio plural y democrático de debate de ideas y propuestas. Un proyecto y un partido socialdemócrata del siglo XXI.
Jordi Sevilla
Economista y consejero de 'Agenda Pública'
Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, habiendo desempeñado distintos cargos en la Administración. Fue ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España y diputado en el Congreso. También fue presidente de Red Eléctrica de España y estuvo al frente de la Vicepresidencia de Contexto Económico en LLYC. En la actualidad es consejero de 'Agenda Pública'.
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