OPA del BBVA al Sabadell: Bruselas interviene tarde, mal y para nada

La Comisión Europea se ha pronunciado por fin esta semana de manera oficial en contra de las objeciones del Gobierno español contra la OPA del BBVA por Sabadell, más de un año después de que la hostilidad pública contra la operación se hiciera patente. La intervención de Bruselas llega tarde, porque la OPA se encuentra ya en la recta final. Llega mal, porque acusa al Gobierno de utilizar unos poderes supuestamente omnímodos que no son tal. Y llega para nada, porque el procedimiento de infracción iniciado este miércoles contra España seguirá previsiblemente el mismo curso errático y lleno de meandros que tantos otros y desembocará, si no se tuerce, en un veredicto que no cambiará nada en la operación, tanto si tiene éxito como si fracasa. El expediente puede servir, a lo sumo, para que la Comisión se lave las manos y diga que hizo todo lo posible por frenar las injerencias de los gobiernos en la consolidación bancaria. O sea, nada.

"El expediente puede servir, a lo sumo, para que la Comisión se lave las manos y diga que hizo todo lo posible por frenar las injerencias de los gobiernos en la consolidación bancaria"

El BBVA anunció su OPA el 1 de mayo de 2024. Y desde el primer momento fue público y notorio que no solo el Sabadell la rechazaba, sino que también las autoridades españolas la desaprobaban, tanto el Gobierno central como los gobiernos de las tres comunidades autónomas más afectadas por la posible desaparición de la entidad presidida por Josep Oliu (Cataluña, Valencia y Baleares).

Y la beligerancia de las autoridades ha ido a más a medida que avanzaba la OPA. Hasta el punto de que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha una consulta pública para armarse de munición contra la operación. Una consulta que puede aspirar al dudoso honor de ser la primera vez que se cruzan populismo y política de competencia. Aún así, la Comisión Europea se mantuvo al margen y dejó que calase la impresión de que la ofensiva del BBVA iba camino de estrellarse por el veto tácito del Gobierno. Y ya se sabe: quien calla, otorga.

Además de tarde, la intervención de la Comisión Europea ha llegado de mala manera. Primero, a través de una declaración anónima en la que fuentes no identificadas pedían al Gobierno que se acoplase a los dictámenes favorables a la OPA cursados por el Banco Central Europeo, como autoridad de supervisión bancaria, y por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), como autoridad de competencia local. O sea, tirar la piedra y esconder la mano, por seguir con las frases manidas.

La comisaria europea de Mercados Financieros, Maria Luís Alburquerque, responsable del sector bancario, permanecía mientras tanto en silencio, quizá escaldada por las recientes críticas a su nombramiento tras pasar por la puerta giratoria que le llevó de un fondo de inversión buitresco (Arrow Global) y de la banca de inversión (Morgan Stanley) a la sede de la Comisión.

Albuquerque salió de su mutismo cinco meses después de asumir el cargo para recordar una obviedad que poco o nada tiene que ver con la situación del mercado bancario español. "Europa necesita bancos más grandes para competir con los de EE. UU. y China", dijo la comisaria en un país donde cuatro entidades, incluidas BBVA y Sabadell, copan casi el 70% de los depósitos bancarios. Cabe imaginar el porcentaje de concentración al que se llegará si desaparece una de las cuatro, como parece desear Alburquerque. Mientras en países como Alemania operan cientos de entidades y Berlín no solo veta la Unión bancaria europea sino que impiden la consolidación transfronteriza para competir con EE. UU. y China cuando afecta a alguno de sus bancos. Véase Commerzbank y el intento de compra del italiano Unicredit.

"Lo peor de la pasividad de la Comisión y de su reacción tardía sea que el expediente abierto contra España no valdrá, probablemente, para nada"

Pero tal vez lo peor de la pasividad de la Comisión y de su reacción tardía sea que el expediente abierto contra España no valdrá, probablemente, para nada. De manera deliberada o por negligencia, Bruselas ha dejado que se le pase el arroz (más frases hechas). Y si algo tenía era tiempo. Desde el lanzamiento de la OPA en mayo hasta la intervención de esta semana, la Comisión abrió 26 expedientes de infracción contra España, ocho de ellos del departamento de servicios financieros. Pero en ese tiempo no se le ocurrió echar un ojo a la normativa española que ha esgrimido el Gobierno para imponer condiciones a la fusión de BBVA con Sabadell y eso que la ley está en vigor desde 2014.

La aprobación de la normativa coincidió, para más inri, con el período de mayor escrutinio de la Comisión Europea sobre el sector financiero español y sobre la legislación que afectase a ese mercado. España había solicitado en 2012 un rescate para la banca española al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que dejó una deuda para el erario español de 41.300 millones de euros.  Desde entonces, funcionarios de la Comisión, del BCE y del propio MEDE se instalan periódicamente unos días en Madrid para vigilar muy de cerca la situación del sector y las medidas del gobierno de la época. Hasta finales de 2024 han realizado 22 informes detallados sobre la evolución de la economía española, la situación de la banca y los principales cambios legislativos. Sin que en ningún momento hayan disparado las alarmas sobre una legislación española que Bruselas considera de repente ilegal.

"El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no ha prohibido la fusión como podría haber hecho si los poderes fueran ilimitados sino que ha impuesto condiciones para llevarla a cabo"

La Comisión dice ahora que esas normas españolas "otorgan al Gobierno español poderes ilimitados para intervenir en las fusiones y adquisiciones de banco". Una conclusión que no coincide con la intervención casi quirúrgica del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no ha prohibido la fusión como podría haber hecho si los poderes fueran ilimitados sino que ha impuesto condiciones para llevarla a cabo, como retrasar tres años la absorción definitiva de Sabadell con una posible prórroga de otros dos años.

Las condiciones pueden ser consideradas duras, incluso leoninas, pero el BBVA, con su presidente, Carlos Torres, al frente, las han dado por asumibles y siguen adelante con la operación. Por tanto, en contra de la acusación de la Comisión Europea, no parece haber una restricción injustificada a la libre circulación, sino unas condiciones que el Gobierno justifica en aras del interés general.