El terraplanismo fiscal, como el diablo, puede adoptar múltiples formas. Ya sabemos que se manifiesta en las conocidas fórmulas de "bajando impuestos, se recauda más por ello" o "una administración debe gestionarse como una empresa privada". Pero ahora se viste también con trajes de otro color: "la financiación singular para Catalunya es progresista y beneficiosa para todo el país". En realidad,
no encuentro una forma bondadosa de entender el acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y el Estado sobre la llamada financiación singular.
Por eso, en este artículo voy a suponer de manera ingenua que sus firmantes sufren un ataque temporal de terraplanismo fiscal. Aunque a nadie se le escapa que el mencionado acuerdo es fruto de la debilidad política y la incoherencia ideológica del Gobierno de España. Y, en ese contexto,
el ciudadano empieza a pensar que le toman el pelo, lo que tendrá inevitables consecuencias electorales. Pero, insisto en mi ingenuidad, a continuación solo me ceñiré a la crítica de lo que se escucha, no a las motivaciones o condicionantes de cada cual para defenderlo.
"La redistribución personal y territorial de la renta, por definición, es un juego de suma cero. Y alterarlo implica ganadores y perdedores"
El acuerdo aspira, entre otras cosas, a que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) recaude todos los impuestos estatales devengados en territorio catalán, comenzando con el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Este tributo es el instrumento fiscal de redistribución más potente del país. Si su recaudación se entrega en su totalidad a uno o varios territorios, se va a debilitar inevitablemente dicha redistribución, para beneficio o perjuicio propio, según los casos. Y ello sucederá incluso después de haber definido una cuota de solidaridad desde la Comunidad Autónoma hacia el Estado. Porque
no tendría sentido que ésta fuese igual o superior a la existente en este momento, aunque no se llame así, si la región es rica. ¿Para qué se llevaría a cabo el cambio entonces?
La redistribución personal y territorial de la renta, por definición, es un juego de suma cero. Y alterarlo implica ganadores y perdedores. Esta circunstancia es especialmente intensa en el caso de los gobiernos autonómicos, que además son los principales proveedores de gasto social en especie: sanidad, educación y servicios sociales. Así que
el acuerdo sobre la financiación singular para Catalunya beneficiará a unos y perjudicará a otros por el lado del gasto y de los ingresos públicos. Y, dado el contexto y protagonistas de la negociación, ya se puede saber quiénes serán los unos y los otros.
En este sentido, el que la llamada cuota de solidaridad se defina de manera bilateral entre dos gobiernos con muy desigual poder de negociación (sí, aunque no es habitual en nuestro entorno, el del regional mayor que el estatal) no anticipa un resultado positivo para el Estado. La experiencia foral que ahora se replica, aunque se afirme lo contrario, apunta en esa dirección. Este desequilibrio negociador está arraigado en la actual aritmética parlamentaria, pero
se fortalecerá en el futuro al disponer el Gobierno regional de las llaves de la caja. Siendo Catalunya una Comunidad rica,
el resultado será tan progresista como que la tierra es plana.
Y una cuestión central aquí es: esa cuota de solidaridad que nos afectará a todos, constreñida además al cumplimiento de la ordinalidad, ¿se determina entre las dos administraciones? ¿Cómo podemos pronunciarnos el resto de los españoles al respecto en esta etapa?
El terraplanismo fiscal continúa con afirmaciones del tipo "se satisfacen razonables demandas asimétricas de descentralización". Sí, pero el café para todos seguirá funcionando en la provisión del Fondo de Liquidez Autonómica para Catalunya, que es una forma de rescate encubierto de Gobiernos como el de Catalunya. ¡Ah, perdón! Que una parte de la deuda autonómica se va a condonar siguiendo criterios más que discutibles. También la cobertura estatal del déficit del sistema de pensiones se va a realizar sin atender a peculiaridades territoriales; ahí no hay voluntad de autogobierno. Nos encontramos, por tanto, ante
una asimetría en la descentralización interesada, sesgada y a la carta que conduce a afirmar, de nuevo, que la tierra es plana.
"La disrupción financiera para el Estado sería de tal magnitud que su sostenibilidad se vería seriamente afectada. Lo que, sin velos de terraplanismo fiscal, significaría mayores impuestos o menor gasto público para todos los demás territorios del régimen común"
Pero quizás el colmo del ilusionismo fiscal sea pensar que el Estado cubriría sin excesivos problemas el hueco que la salida de Catalunya del régimen común podría generar en la redistribución. De entrada, estaríamos hablando de un coste para el Estado de decenas de miles de millones de euros. Y una vez lanzada la idea, otras CC. AA. como la de Madrid o Baleares, por legítimo agravio comparativo, exigirían un tratamiento similar, con lo que el agujero sería inmenso.
La disrupción financiera para el Estado sería de tal magnitud que su sostenibilidad se vería seriamente afectada. Lo que, sin velos de terraplanismo fiscal, significaría mayores impuestos o menor gasto público para todos los demás territorios del régimen común.
El
acuerdo que se firmó ayer no es solo una novedosa versión de terraplanismo fiscal. En su pretensión de convencer sobre lo inverosímil, conforma un mejunje de ideas que pretende ser generalizable a otras CC. AA. en las cuestiones abstractas (corresponsabilidad, autogobierno, solidaridad), pero que
difícilmente oculta su notable regresividad en lo particular. El Gobierno de España necesita de manera urgente reconsiderar su agenda territorial. De lo contrario, muchos empezaremos a pensar que el terraplanismo que aparentan sus decisiones no es impostado ni encubierto, sino realmente asumido. Y no sé qué será mejor para el debate público: discutir con quién oculta sus intenciones, pero sabe de lo que habla o con un necio. Y esa no será la principal consecuencia.