Entre danas y olas de calor: España redefine su seguridad nacional

La DANA que devastó València el 29 de octubre de 2024, con precipitaciones de hasta 771,8 mm en Turís y más de doscientas víctimas mortales, marcó un punto de inflexión en la percepción española sobre el cambio climático. Pero este desastre no fue un evento aislado: ese mismo mes se convirtió en el más lluvioso de la serie histórica con 147 litros por metro cuadrado de media peninsular, apenas unos meses después de que el país experimentara un junio sin precedentes con temperaturas que alcanzaron los cuarenta y seis grados en El Granado, Huelva. Así lo recoge el último Informe anual de seguridad nacional.

"Ha hecho falta mucho tiempo para que algo que ya hacía treinta años que se había puesto encima de la mesa se considerara a este nivel", reflexiona Eva Saldaña, directora de Greenpeace España y Portugal, sobre la inclusión del cambio climático como amenaza en la estrategia de seguridad nacional. "Seguramente también tiene que ver con el nivel que estamos alcanzando de sufrimiento, de pérdidas humanas, de pérdidas económicas y materiales que hace despertar a los gobiernos".
 
Esta es la nueva realidad climática española, que oscila entre extremos cada vez más violentos. Durante junio de 2025, todos los días, salvo tres, tuvieron activos avisos del Ministerio de Sanidad por riesgo para la salud debido al calor, una situación sin precedentes. La plataforma científica Climate Central determinó que estas olas de calor son hasta cinco veces más probables debido al cambio climático antropogénico. Paradójicamente, marzo de 2025 fue el tercero más lluvioso desde 1961, con 149 mm de precipitación acumulada, pero también el quinto más frío del siglo XXI.

"Ha hecho falta mucho tiempo para que algo que ya hacía treinta años que se había puesto encima de la mesa se considerara a este nivel"

Martijn Vlaskamp, profesor asistente Ramón y Cajal del Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, identifica tres vulnerabilidades críticas para la seguridad nacional española en este contexto. La primera son "los eventos climáticos extremos y el estrés hídrico interno", una amenaza que se materializa en datos concretos: el 75,5% del territorio español está ya bajo dominio climático de desertificación, un aumento desde el 72,3% registrado en 2000-2010. Numerosas localidades en las cuencas del Júcar, Guadiana y las Cuencas Internas de Catalunya ya experimentaron restricciones de agua durante 2024, según el informe de seguridad nacional.

"El aumento de las temperaturas no es solo a nivel de tierra, sino también a nivel del mar", advierte Saldaña. "La temperatura que está alcanzando el agua del Mediterráneo nos lleva a situaciones muy graves, con un impacto muy fuerte en los ecosistemas". El Mediterráneo español lleva meses encadenando olas de calor marino asociadas a mortandades masivas de organismos marinos. La inercia térmica del agua crea un círculo vicioso: tarda más en calentarse, pero también en enfriarse, acumulando calor que retroalimenta las condiciones extremas y potencia fenómenos como las DANA.
 
La segunda vulnerabilidad que señala Vlaskamp es "la fragilidad del modelo económico ante el cambio climático", particularmente en sectores como el turismo y la agricultura. Con cuarenta y nueve de las cincuenta provincias de nuestro país registrando máximas de quince grados por encima de lo normal durante las olas de calor y más de cien estaciones midiendo temperaturas superiores a cuarenta grados, la competitividad turística de muchas regiones españolas durante los meses estivales está en entredicho. La agricultura, por su parte, acusa la irregularidad de la precipitación, que ve como sequías prolongadas se alternan con lluvias torrenciales que destrozan cultivos.

La tercera amenaza trasciende las fronteras nacionales. "El impacto del cambio climático en regiones vecinas —particularmente el norte de África y el Sahel— puede agravar dinámicas de inestabilidad política y económica en la región y provocar un aumento de la migración irregular", explica Vlaskamp y como ya recogió este medio. Esta preocupación ha llevado a España a coliderar junto a Senegal la Alianza Internacional para la Resiliencia a la Sequía, reconociendo que la seguridad climática requiere una perspectiva regional.
 
En respuesta al empeoramiento de la situación, España ha realizado esfuerzos de mitigación significativos, logrando reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 7,6% en 2023, hasta alcanzar los 270 millones de toneladas de CO₂ equivalente. 

"En lugar de depender de combustibles fósiles importados, España pasará a depender de materias primas críticas y tecnologías clave necesarias para las energías renovables"

Sin embargo, el objetivo actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) exige una reducción del 32% para 2030 respecto a 1990, un salto considerable desde el descenso actual del 5,8%. "Ese es el ritmo que están consiguiendo porque tienen muchos frenos por parte de los grandes oligopolios", critica Saldaña, quien añade que el sistema "no incorpora sectores como el sistema agroalimentario, que requiere una transformación profunda. O le metemos ritmo y urgencia a esto o no vamos a llegar".

El debate sobre cómo distribuir los recursos limitados entre mitigación y adaptación divide a los expertos, pero ambos coinciden en la urgencia de actuar. "Es poco realista pensar que vamos a mantener el aumento de temperatura global por debajo de uno coma cinco grados, pero eso no significa que debamos abandonar la mitigación. Cada décima de grado cuenta", argumenta Vlaskamp, especialmente considerando que las proyecciones indican un aumento de dos grados para 2041-2060 en España.

Saldaña es más contundente sobre las prioridades presupuestarias actuales: "Hay 23.300 millones que se destinaron en 2024 a inversiones tóxicas en materia de vivienda, transporte y agricultura, yendo en dirección contraria a lo que se necesita". Propone redirigir esos fondos para, por ejemplo, "aislar las viviendas de las personas más vulnerables para que sean refugio climático" y "sostener a las familias y pequeñas pymes que han perdido mucho en eventos climáticos como la DANA".

La transición energética encierra su propia paradoja. Mientras el PNIEC aspira a reducir la dependencia energética del 73% actual al 50% en 2030, con un ambicioso objetivo del 81% de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, el investigador Vlaskamp advierte: "En lugar de depender de combustibles fósiles importados, España pasará a depender de materias primas críticas y tecnologías clave necesarias para las energías renovables".

En efecto, la fabricación de paneles solares, baterías y turbinas eólicas requiere materiales como litio, cobalto y tierras raras, concentrados en gran medida en países como China, que ya ha demostrado su disposición a utilizar este control como herramienta geopolítica. No obstante, conviene matizar que esta nueva forma de dependencia presenta una dinámica distinta a la de los combustibles fósiles: una vez instalados, los equipos renovables permiten generar energía de forma continua durante su vida útil sin necesidad de una reposición constante de insumos, lo que reduce la exposición a interrupciones de suministro y altera sustancialmente la naturaleza de la vulnerabilidad estratégica.

"Con el cambio climático reconocido, por fin, como una amenaza para la seguridad nacional, ya no basta con tener buenas estrategias sobre el papel"

La adaptación al nuevo escenario climático requiere cambios culturales profundos que van más allá de la tecnología. "Ya no hablamos de olas de calor que duran unos días", explica Saldaña, cuando la segunda ola de calor se prolongó durante veintiún días, afectando a treinta y cinco provincias. "Estamos hablando de comenzar con una ola de calor que se concatena con otra. Son difíciles de distinguir".

El año 2024, que fue el tercero más cálido desde 1961 en España, con los diez años más cálidos de la serie pertenecientes todos al siglo XXI, demuestra que el tiempo de los debates teóricos ha terminado. "España debe mantener un enfoque dual" combinando mitigación (reducción de emisiones) con adaptación al cambio climático, concluye Vlaskamp, quien añade que en nuestro país "ha de tomarse el tema de adaptación muy en serio, dadas sus vulnerabilidades particulares".

Esta nueva normalidad exige repensar desde la gestión forestal —los incendios de 2024 afectaron a 103.918 hectáreas— hasta el diseño urbano. "Hay que hacer gestión forestal cuando no hay incendios", insiste Saldaña, abogando por "cambios imprescindibles en las ciudades, fomentando las sombras, los espacios públicos verdes y unos servicios públicos preparados para atender emergencias climáticas".
     
Con el cambio climático reconocido, por fin, como una amenaza para la seguridad nacional, ya no basta con tener buenas estrategias sobre el papel. España parte con ventaja: contamos con planes ambiciosos, con comunidades que han sabido innovar y con capacidades que muchos países miran con atención. Pero la DANA de València y los episodios extremos que hemos vivido en los últimos doce meses demuestran que una acción incluso más decidida es necesaria. 

En la nueva realidad climática, garantizar la seguridad y el nivel de vida de la ciudadanía exige algo más que preparación: exige decisión política sostenida, inversión continuada y una implicación activa en todos los niveles del Estado. Hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. Y en un escenario que ya no admite aplazamientos, seguir avanzando es la única forma de proteger lo que de verdad importa.

Agradecimientos a OIKOS por facilitar los gráficos incluidos en este artículo.