La historia política estadounidense está plagada de momentos violentos, ayudados por una legislación laxa en materia de armas de fuego que ha propiciado la muerte de cuatro presidentes, numerosos senadores y congresistas, federales y estatales, concejales y figuras públicas en general.
"La jefatura máxima de EE. UU. está ocupada por, a falta de una palabra mejor, un pirómano"
El asesinato, el pasado sábado, por motivos políticos (la policía encontró una carta en el coche del homicida que lo reconocía abiertamente) de la exportavoz de la Cámara de Representantes de Minnesota (y de su marido) junto al intento de asesinato de otro senador estatal demócrata,
se enmarcan, por lo tanto, en una sangrienta tradición nacional.
Ahora bien: incluso en los peores momentos de violencia, el país solía contar con líderes decididos —y capacitados— para calmar los ánimos. Quizá el ejemplo más llamativo es el asesinato de Martin Luther King Jr. en abril de 1968. Robert Kennedy, en la que fue su mejor hora como político, y en la trágica condición de hermano de un presidente mártir, consiguió apaciguar a la comunidad negra de Indianápolis, que esa noche estaba dispuesta a incendiar la ciudad (como de hecho ocurrió en numerosas otras ciudades a lo largo y ancho del país). No es la menor de las paradojas que apenas dos meses después Kennedy fuera asesinado, a su vez, por un palestino —otro país en el que la violencia política ha sido y es recurrente, con consecuencias trágicas para los propios palestinos y sus vecinos—.
Hoy, lamentablemente,
la jefatura máxima de la nación está ocupada por, a falta de una palabra mejor, un pirómano. En la semana previa a los asesinatos de Minnesota, el presidente de Estados Unidos, con el fin de poder atajar directamente las protestas que han explotado en California contra la política draconiana del Servicio de Control de la Inmigración de Estados Unidos (el ICE, por sus siglas en inglés) ha federalizado a la Guardia Nacional del Estado. Algo que no ocurría desde 1965, y ha enviado a los marines a efectuar arrestos contra ciudadanos estadounidenses en suelo estadounidense, sentando un precedente muy peligroso.
Todo ello, por supuesto, contra la voluntad del gobernador y la legislatura del Estado, que lo han considerado una maniobra innecesaria y provocadora (no había el menor indicio de que California no estuviera en condiciones de controlar las protestas con sus propios medios), y en un Estado con un 40% de población hispana.
"Ningún país se convierte en una autocracia de un día para otro: siempre se trata de un proceso de degradación progresiva de las instituciones democráticas, que se van deslizando, al principio imperceptiblemente, pero después cada vez a mayor velocidad, hacia el autoritarismo"
El juez de distrito Charles Breyer, como era previsible, ha declarado inconstitucional la decisión de Trump de federalizar la Guardia Nacional de California. Pero esta es una pelea que escalará hasta el Tribunal Supremo, donde
Trump confía en que los seis magistrados nombrados por presidentes republicanos (tres de ellos, por él mismo) revoquen la decisión y den apoyo a su concepción autoritaria del ejercicio del poder presidencial —algo que no es descartable a la vista de la decisión sobre la inmunidad presidencial que el Tribunal adoptó el año pasado en su caso U. S. vs. Trump—.
El mismo día de los asesinatos de Minnesota, Trump había organizado un desfile militar en Washington, nominalmente para conmemorar el 250 aniversario de la creación del Ejército de Estados Unidos, aunque de manera no casual coincidiera con su cumpleaños (el desfile militar empezó y acabó con la canción
Cumpleaños feliz), en otra inquietante señal de que
el presidente quiere asociar al estamento militar a su proyecto político personal.
De hecho, la principal preocupación que genera la maniobra presidencial en California es que
esté obrando como un ensayo general para impedir las elecciones de medio mandato de 2026 y las próximas presidenciales de 2028: aprovechando cualquier protesta, Trump se arrogaría la facultad de suspender las elecciones en Estados demócratas para asegurar una mayoría ficticia en el Congreso para los republicanos.
Todo esto, que en cualquier otra presidencia se podría haber tachado de política-ficción,
deviene un peligro inminente con Trump, dado que carece de ataduras en el ámbito del Poder Ejecutivo, dispone de un Legislativo subordinado y silencioso, y los tiempos que maneja el
Poder Judicial simplemente no son lo suficientemente veloces para detener el descenso a la autocracia que está ocurriendo en Estados Unidos.
"El gran temor, visto desde el exterior, es que los estadounidenses no perciben que la democracia va más allá de celebrar elecciones cada dos o cuatro años, y que esa degradación de sus instituciones que se está produciendo hoy es lo que impedirá que haya comicios el día de mañana"
En ese sentido, es importante entender que
ningún país se convierte en una autocracia de un día para otro: siempre se trata de un proceso de degradación progresiva de las instituciones democráticas, que se van deslizando, al principio imperceptiblemente, pero después cada vez a mayor velocidad, hacia el autoritarismo. El mejor ejemplo sigue siendo la Alemania de la República de Weimar, que tardó cuatro años (desde la decisión del presidente Hindenburg de autorizar al canciller Brüning a gobernar por decreto puenteando al Reichstag a mediados de 1930 hasta la muerte del propio Hindenburg en agosto de 1934) en pasar de ser una democracia plena a una dictadura de partido y líder único.
El gran temor, visto desde el exterior, es que
los estadounidenses no perciben que la democracia va más allá de celebrar elecciones cada dos o cuatro años, y que esa degradación de sus instituciones que se está produciendo hoy es lo que impedirá que haya comicios el día de mañana.