¿Por qué España quiere cerrar sus centrales de energía nuclear?

En un reciente revés parlamentario para el Gobierno español, el Congreso aprobó una proposición no de ley que exige frenar el cierre programado de las centrales nucleares y facilitar medidas que aseguren su viabilidad económica. Este episodio, aunque sin valor legislativo, ilustra un debate más amplio y profundo que España afronta sobre su futuro energético, con implicaciones que trascienden la política del momento.

El núcleo de la controversia se remonta a marzo de 2019, cuando las compañías propietarias de las centrales nucleares firmaron con Enresa —la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos que se generan en España, así como del desmantelamiento de las instalaciones nucleares— un protocolo para el cese ordenado de las instalaciones entre 2027 y 2035. Este acuerdo, que sirve como base para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), marcó el camino oficial hacia un futuro sin energía nuclear en España.

"El Gobierno argumenta que las centrales nucleares no son rentables, pero es precisamente por las imposiciones fiscales que se están realizando"

"El plan de cierre ordenado de las nucleares se pactó en 2019 entre las empresas propietarias y el Gobierno de España", explica Pedro Fresco, ex director general de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Un aspecto fundamental de este acuerdo fue que "entre las empresas propietarias había algunas que ya habían dicho que la actividad nuclear no era rentable y que querían cerrar las centrales a los cuarenta años". El pacto representó una posición intermedia, con una extensión de facto de entre cinco y seis años respecto a la vida útil inicialmente prevista. Sin embargo, en los últimos dos años, los directivos de Iberdrola y Endesa han pedido públicamente una reconsideración y han afirmado que las plantas podrían funcionar durante más tiempo.

El debate sobre la rentabilidad económica de las centrales es uno de los ejes centrales de la discusión. El exministro Jordi Sevilla cuestiona esta narrativa: "Las centrales nucleares están acusando la carga fiscal que se ha puesto tras la firma del calendario de cierre. El Gobierno argumenta que las centrales nucleares no son rentables, pero es precisamente por estas imposiciones que se están realizando". Según Sevilla, con la carga actual "sería imposible prorrogar el funcionamiento de las centrales nucleares durante diez años".

Esta visión está alineada con la reciente advertencia de Ignacio Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, quien ha señalado que los precios de la electricidad podrían aumentar más de un 25% si España cierra sus centrales nucleares, repitiendo lo que califica como "el gran error" cometido por Alemania. Según un análisis de PwC citado por Galán, la clausura de la flota nuclear española provocaría un aumento del precio mayorista de la electricidad de unos 37€/MWh, lo que dispararía las facturas eléctricas un 23% para el sector doméstico y las pymes, y hasta un 35% para la industria.

Mientras España avanza hacia el apagón nuclear, el panorama internacional parece moverse en dirección contraria. "La percepción internacional sobre la energía nuclear ha cambiado 180º debido a dos factores: la lucha contra el cambio climático y el foco en reducir emisiones", señala Sevilla. "La energía nuclear puede tener otros problemas, pero no produce CO₂". Un punto de inflexión en este cambio de percepción fue "la inclusión de la energía nuclear en la taxonomía de energía verde en la UE", un reconocimiento oficial a nivel europeo que contrasta con la postura española.


Este contraste se ha acentuado en los últimos meses. Mientras España sigue adelante con sus planes de cierre nuclear, otros países han tomado la dirección opuesta. Gobiernos como los de Estados Unidos o Japón trabajan para extender la vida útil de sus flotas de reactores, y en Alemania, donde se cerró toda la capacidad nuclear en 2023, el canciller en ciernes Friedrich Merz ha prometido explorar la posibilidad de reactivar tres plantas nucleares.

En el ámbito de la Unión Europea, la reciente aprobación de las ayudas de Estado en Bélgica para prolongar la operación de sus centrales nucleares bajo condiciones preferentes, a través de un contrato por diferencias, ha generado un cambio en las expectativas sobre la viabilidad económica de estas extensiones. Según cálculos del propio Fresco, en el caso de España, si el coste de la extensión de sus siete reactores fuera similar al modelo belga, los consumidores tendrían que asumir un sobrecoste de aproximadamente 1.500 millones de euros anuales en sus facturas de electricidad.

Un factor adicional que complica la ecuación es el crecimiento proyectado en la demanda eléctrica. En octubre, la Agencia Internacional de Energía revisó al alza sus previsiones, indicando en su informe insignia World Energy Outlook que el uso en 2035 sería un 6% mayor de lo que se anticipaba el año pasado. España ya es una potencia global en energía eólica y solar, y su objetivo es obtener el 81% de su electricidad de fuentes renovables para 2030. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera de España y máxima responsable de la política energética, declaró recientemente que el Gobierno mantiene diálogo con los propietarios de las plantas, pero añadió: "La verdad es que por el momento no hay novedades, ni solicitud formal de las empresas para abordar la posibilidad de modificar el calendario nuclear".

"España ya es una potencia global en energía eólica y solar, y su objetivo es obtener el 81% de su electricidad de fuentes renovables para 2030"

Lo que complica este debate es el extraordinario abaratamiento de las energías renovables en la última década. Mientras que la energía nuclear no sigue una curva de aprendizaje que reduzca sus costos con el aumento de capacidad instalada —de hecho, sus costos han aumentado en muchos países—, las renovables exhiben precisamente el patrón contrario. Según datos recientes, el precio de la electricidad de origen solar fotovoltaico ha caído un 89% en solo diez años, convirtiendo a la solar en la fuente de energía más barata jamás disponible para la humanidad. La energía eólica, por su parte, ha experimentado una reducción de costos del 70% en el mismo período.

En nuestro país, la caída de costos en las energías renovables ha sido extraordinaria, según datos de BBVA Research. Para la energía eólica terrestre, el costo nivelado de electricidad (LCOE) se redujo de $0,13/kWh en 2010 a solo $0,035/kWh en 2023. En el caso de la energía solar fotovoltaica, la reducción fue aún más impresionante: de $0,36/kWh a $0,044/kWh en el mismo período, posicionando a España entre los países con costos más bajos del mundo. Este abaratamiento, consecuencia de avances tecnológicos y economías de escala, explica el fuerte incremento de la capacidad instalada renovable en el país, especialmente en energía solar.
 
Sin embargo, la tecnología de la energía nuclear también ha evolucionado significativamente. Para el exministro, el debate parece anclado en una visión de grandes centrales tradicionales. Sevilla destaca que "ahora se denominan minicentrales nucleares, que no tendrían la misma huella en términos de espacio ni de consumo de agua" pero que "pueden generar una energía continua". Aunque, la mayor parte del debate acerca de la energía nuclear se basa en la extensión de las centrales ya existentes, que cuentan con una tecnología antigua.

Esta continuidad es precisamente lo que las renovables, por su naturaleza intermitente, no pueden garantizar sin sistemas de respaldo. "El gran problema de las renovables es que dependen de factores externos; el día que no hay sol ni viento, no hay energía", explica. Este aspecto es crítico para sectores estratégicos en crecimiento: "Si ponemos el ejemplo de un centro de datos, necesita energía continua, no puede permitirse dejar de operar".

Actualmente, la energía nuclear proporciona aproximadamente el 20% de la electricidad en España, una cifra nada despreciable que el PNIEC prevé sustituir progresivamente con fuentes renovables. Sin embargo, Sevilla describe este plan como "el cuento de la lechera", argumentando que "hay una serie de predicciones de lo que puede ocurrir en el 2030 o en el 2050, que si miramos hacia atrás no existen condiciones para que se puedan alcanzar".


La viabilidad de prescindir de la energía nuclear depende en gran medida de la capacidad de almacenamiento energético que pueda desarrollarse. Pedro Fresco propone un cambio de paradigma: "No se necesita un suministro continuo, se necesita flexibilidad para gestionar un sistema eléctrico del futuro, y eso no lo ofrecen las antiguas nucleares".

"No se necesita un suministro continuo para complementar a las renovables, se necesita flexibilidad para gestionar un sistema eléctrico del futuro, y eso no lo ofrecen las antiguas nucleares"

Esta visión se apoya en otra tendencia tecnológica poco conocida pero igualmente disruptiva: las tecnologías de almacenamiento eléctrico también siguen curvas de aprendizaje marcadas. El precio de las baterías ha disminuido un 97% en las últimas tres décadas, y continúa en descenso. A diferencia de las plantas de energía fósil, cuyo precio está limitado por el costo del combustible (que representa alrededor del 40% del costo total en el caso del carbón), las tecnologías renovables combinadas con almacenamiento no tienen este "suelo de precios" y pueden seguir abaratándose conforme se expande su implantación.

Según Fresco, las alternativas existen: "Las baterías, el almacenamiento hidráulico o la gestión de la demanda" podrían proporcionar la flexibilidad necesaria. "Conforme vayamos instalándolas, se podrá prescindir, no ya de las nucleares, sino de los ciclos combinados de gas", añade.

No obstante, Elisa Trujillo-Baute, profesora de Economía en la Universitat de Lleida, matiza esta visión optimista: "Actualmente, el almacenamiento puede desempeñar un papel complementario importante para balancear la intermitencia de renovables como la solar y la eólica, pero aún no puede cubrir la demanda energética en períodos prolongados de baja generación renovable".

Trujillo-Baute identifica el principal desafío tecnológico: "Reemplazar completamente la generación nuclear y fósil requiere tecnologías de almacenamiento de larga duración, como el hidrógeno verde [una forma de producción que utiliza exclusivamente energía de renovables y, por tanto, está libre de emisiones], que es muy prometedor, pero cuya viabilidad económica y técnica todavía es incipiente".

La gestión de residuos, uno de los principales argumentos contra la energía nuclear, también ha experimentado avances. Según Sevilla, "ha evolucionado mucho en los últimos años. Seguramente con más coste, pero también con mucha mayor seguridad que hace diez o quince años". No obstante, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) en conversación con Agenda Pública señala que prolongar la vida útil de las centrales requeriría inversiones considerables "para cumplir los criterios de seguridad aprobados por la UE tras el accidente de Fukushima", inversiones "cuyo volumen se desconoce" y que "tendrían que ser aprobadas por el Consejo de Seguridad Nuclear".

Pedro Fresco incide en esta realidad al señalar que "el problema es que existe una caja negra en la que nadie sabe los costes de cuánto costaría en España extender" la operación de las centrales existentes. Por lo tanto, el debate sobre la energía nuclear encuentra en este punto una falta de información significativa.

La dimensión territorial añade complejidad al debate. Las comunidades autónomas con mayor dependencia de la energía nuclear, como Catalunya, donde tres reactores (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II) generan más del 50% de la electricidad, encaran desafíos particulares. Fresco reconoce esta problemática: "Probablemente en Catalunya sea difícil cerrar los tres reactores si no se avanza en renovables y en potencia firme".

Esta situación evidencia las desigualdades regionales en el desarrollo de energías renovables y podría obligar a reconsiderar parcialmente el calendario: "Si hay que apostar porque algún reactor pueda funcionar más tiempo de los pactados, yo apostaría por alguno en Catalunya", admite Fresco, aunque matiza que "estos son los últimos reactores a cerrar en 2036, por lo que hay tiempo de desplegar otras energías allí".

Más allá del debate puramente energético, Trujillo-Baute señala las ventajas socioeconómicas de apostar por el almacenamiento frente a la generación no renovable: "Permite una integración más eficiente de energías renovables, lo que contribuye a la seguridad energética y reduce la dependencia de combustibles fósiles importados, protegiendo así a la economía española de la volatilidad de los precios internacionales".

Además, "el almacenamiento fomenta la creación de empleo en sectores de alta tecnología y promueve el desarrollo de infraestructura local", apoyando "una transición energética más justa y sostenible" con beneficios en "términos de salud pública y calidad de vida".

El panorama empresarial en torno al cierre nuclear es más complejo de lo que inicialmente sugiere el debate. Aunque el MITECO sostiene que "a la vista de los planes de negocio de las compañías, esperan obtener una mayor rentabilidad con el desarrollo de renovables y otras tecnologías limpias", la realidad actual muestra un cambio de postura por parte de los propietarios de las centrales.

Mientras el Gobierno mantiene su compromiso con el cierre nuclear y la transición hacia un modelo basado en renovables con almacenamiento, las empresas propietarias parecen haber tomado ya su decisión económica. Según el MITECO, "a la vista de los planes de negocio de las compañías, esperan obtener una mayor rentabilidad con el desarrollo de renovables y otras tecnologías limpias".

"El almacenamiento contribuye a la seguridad energética y reduce la dependencia de combustibles fósiles importados, protegiendo así a la economía española de la volatilidad de los precios internacionales"

Este cálculo económico de las empresas no es casualidad. Los datos indican que la capacidad renovable instalada en España entre 2019 y 2023 —en solo cinco años— ya genera más electricidad que todos los reactores nucleares del país. Además, a nivel global, las renovables representaron el 72% de todas las nuevas adiciones de capacidad energética en 2019, demostrando que el mercado está reconociendo y aprovechando el nuevo paradigma económico. La ventaja económica de las renovables promete ampliarse en el futuro, ya que cada duplicación de la capacidad instalada solar conlleva una reducción del 20,2% en el precio de los módulos fotovoltaicos.

El debate refleja tensiones entre visiones a corto y largo plazo, entre consideraciones económicas inmediatas y estratégicas, y entre percepciones tradicionales y nuevos paradigmas tecnológicos. Como concluye Trujillo-Baute, "a largo plazo, teniendo en cuenta el principal efecto negativo de la generación nuclear, que a pesar de no generar emisiones sus residuos pueden ser altamente contaminantes, el almacenamiento y el hidrógeno verde serán sin duda las principales soluciones, siempre y cuando realicemos las inversiones necesarias para facilitar el desarrollo de estas tecnologías".

Lo que está en juego va más allá del debate nuclear. Las decisiones energéticas actuales tienen implicaciones para el desarrollo económico futuro. La caída de los precios energéticos aumenta los ingresos reales de las personas y reduce la pobreza. En este sentido, impulsar el despliegue de renovables y almacenamiento no solo representa una estrategia climática, sino también una oportunidad de competitividad económica, especialmente en un momento en el que la Unión Europea trata de impulsar su autonomía estratégica.

La decisión que tome España podría definir su posición energética y competitiva en las próximas décadas, en un mundo donde la seguridad energética y la descarbonización son imperativos cada vez más urgentes.