100 días de Comisión: de Draghi y Letta a Trump, hacia una nueva Acta Única

El informe Draghi se diseña y concreta como un plan general de política económica, que pretende ir más allá del análisis más sucinto y concreto de Letta sobre el mercado único. Ambos se complementan, con algunas áreas de solapamiento, pero pueden ser leídos e interpretados de manera coherente, ofreciendo un corpus doctrinal que, sujeto, en todo caso, a distintos acentos, ofrece una hoja de ruta para la actual legislatura comunitaria. Las recomendaciones de Mario Draghi pueden ser condensadas en cuatro grandes áreas.

En primer lugar, Draghi apuesta por una agenda simplificadora de la legislación comunitaria. En la pasada legislatura, marcada por el Green Deal, se aprobaron distintos textos legislativos para orientar la vía hacia la descarbonización de los distintos sectores económicos. Afirma Draghi que en muchos casos esas sendas de descarbonización recogen un mayor dirigismo público del deseado, apostando por tecnologías no suficientemente maduras y rehuyendo una mayor neutralidad que pudiera ayudar a reducir emisiones en el corto plazo sin esperar a grandes innovaciones tecnológicas. Se mantiene firme, en todo caso, en la necesidad de disponer de fechas y objetivos nítidos que orienten la inversión privada en el proceso de descarbonización, pero considera que sería útil una mayor flexibilidad en el camino hacia su consecución.

De manera paralela, Draghi considera que los requerimientos de información pública de los riesgos climáticos e informes de polución aprobados a través de diferentes iniciativas legislativas configuran un cuadro demasiado complejo. En este sentido, la transparencia y la información al mercado y a los supervisores que explican tales propuestas podrían verse dañada ante la necesidad de reportar riesgos parecidos a través de canales y formatos distintos, conformando una maraña regulatoria que, más allá de los costes de cumplimiento, podría no ofrecer una información clara y coherente para cumplir con el bien público con el que dicho marco regulatorio fue ideado. Así, Draghi sentencia que hay un espacio amplio para la simplificación sin dañar los propósitos de transparencia.

En segundo lugar, el informe Draghi se introduce en el diseño de una política industrial, que exige una revisión también de la política comercial y de la implementación de la política de competencia. Esta área del informe supone, sin duda, un punto y aparte en la tradición más liberal y librecambista de la Unión.

Draghi parte del entorno global muy marcado por las políticas industriales de Estados Unidos y China, y la necesidad imperiosa de lograr una mayor autonomía estratégica por parte de la Unión. Los problemas de abastecimiento durante la pandemia de la COVID, primero, y los efectos de la invasión de Putin sobre Ucrania que exigieron la puesta en marcha de sanciones sobre la economía rusa, especialmente en el área energética, alertaron a las autoridades comunitarias sobre la elevada dependencia de la Unión Europea de las importaciones desde terceras jurisdicciones en ciertos bienes o incluso servicios críticos.

Asimismo, el proceso de descarbonización exige también una política industrial más activa en la medida en que las respuestas exclusivamente basadas en mercados e incentivos privados no son suficiente para completar este camino con éxito. Los retos digitales, el desarrollo de la inteligencia artificial, el poder de la nube y de los datos, o el desarrollo de la economía de plataforma, sectores todos ellos con pocos operadores europeos y sujetos a riesgos profundos de seguridad aconsejan, según Draghi, una mayor implicación de los poderes públicos en su desarrollo y crecimiento.

Esta reflexión se hace extensiva con mayor pertinencia al ámbito de la defensa, como continuación de esa apuesta por la autonomía estratégica que contempla el sector energético, la provisión de materias primas críticas, las telecomunicaciones, el sector financiero y, como decía previamente, la economía digital. Lo que ha acontecido desde enero de este mismo año en Washington hace más urgente aún esta agenda de autonomía estratégica abierta de la Unión.

De manera paralela, esa nueva política industrial exige, siguiendo a Draghi, otra política comercial, abandonando parcialmente el librecambismo comunitario. En ese sentido, sería necesario una política arancelaria micro que fijara "industrias nacientes" a las que proteger, un marco de seguridad para permitir una descarbonización efectiva, o un activismo comercial para la provisión de materias primas no presentes en suelo europeo.

Para acabar de dar coherencia a toda esta estrategia industrial, Draghi aborda también la renovación de la política de competencia y de ayudas públicas. De nuevo, el informe se aleja aquí de la doctrina clásica de la Unión y apuesta por la facilitación de fusiones empresariales que den lugar a "campeones europeos", suavizando o revisando los actuales controles de tales operaciones corporativas. De igual modo, apuesta por una reinterpretación de la regulación de las ayudas de Estado que, sin menoscabo de la integridad del mercado único, pudiera cooperar en ese relanzamiento de la política industrial.

En tercer lugar, y en plena coherencia con la política industrial que defiende Draghi, el informe apuesta por un refuerzo extraordinario de la consolidación del mercado único. No existe, en todo caso, un capítulo exclusivo sobre este asunto y Draghi remite al informe Letta, cuyas conclusiones respalda y comparte. Sin embargo, Draghi no puede del todo segmentar su informe a recomendaciones adicionales y complementarias respecto del informe sobre el mercado único de Letta, de tal modo que, en todos sus análisis sectoriales, desde las telecomunicaciones a la energía, desde la defensa a los mercados de capitales, hay una apuesta decidida por acelerar la consolidación de tales mercados a escala europea.

Por su parte, Letta inicia su informe apostando por una transformación profunda del mercado único hacia un auténtico "mercado europeo", dando un salto hacia delante en la integración comunitaria, como lo fue el paso del mercado común al único en tiempos de Jacques Delors. Letta muestra una atención detallada a los mercados con mayores problemas de consolidación, a saber, las telecomunicaciones, la energía y las finanzas, pero también aporta una visión más política destinada a atraer la atención y la atracción por estos debates sobre la integración de los mercados, a menudo demasiado ásperos y sin un claro appealing popular.

Letta defiende sumar a las actuales cuatro libertades consagradas en los tratados (libertad de movimientos de personas, bienes, servicios y capitales) una quinta centrada en la libertad para investigar, innovar y educarse, que pudiera focalizar los esfuerzos compartidos dirigidos a mejorar y acelerar la transformación de nueva estructura económica, muy marcada por la transición verde y digital.

En cuarto y último lugar, Draghi analiza la financiación de su plan. Y es aquí donde Draghi solicita una inversión adicional de unos 800.000 millones de euros anuales durante los próximos ejercicios, una propuesta a tener en cuenta en la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y en las discusiones sobre el futuro del Next Generation EU.

Draghi se detiene primero en la necesidad de liberar ahorro privado para inversiones en la Unión, para lo cual es condición inexcusable completar la unión bancaria y de capitales, renombrada por Letta y la nueva Comisión como la Unión de Ahorros e Inversiones. En este ámbito, Letta y Draghi transparentan el exceso de ahorro de la economía europea, que no logra oportunidades de inversión en suelo comunitario. En este sentido, se apuesta nuevamente por completar la unión bancaria con el cierre de la negociación de su tercer pilar, el seguro de depósitos común y la firma del respaldo del Mecanismo de Estabilidad (ESM) al marco de resolución bancaria. En la misma línea, deberíamos pasar de los actuales veintisiete mercados de capitales a uno único europeo, reforzando la supervisión comunitaria y la eliminación de las aún existentes barreras nacionales.

Draghi y Letta insisten también en la necesidad de orientar mayor parte de los ahorros a los mercados de capitales para facilitar la financiación no bancaria y los mercados de equity, a la vez que se da una respuesta complementaria a los retos derivados del envejecimiento demográfico, apostando también por una emigración ordenada que ayude a abordar tales desafíos.

Ahora bien, aun liberando ahorro privado, Europa sigue necesitando un instrumento de inversión comunitaria financiado con deuda común. Así, Draghi apuesta por dar continuidad al Next Generation EU con un instrumento similar que fortalezca el presupuesto de la Unión y colabore en la financiación de todo su plan, entre otras cosas, para implementar parte de sus propuestas en materia de política industrial, que exige recursos mancomunados para evitar una potencial fragmentación del mercado único.

"Aun liberando ahorro privado, Europa sigue necesitando un instrumento de inversión comunitaria financiado con deuda común"

Así pues, Mario Draghi, junto a las aportaciones de Enrico Letta en el ámbito del mercado único, ponen sobre la mesa de las instituciones comunitarias una hoja de ruta holística que ahora está por aterrizar. Tal hoja de ruta, vista en su conjunto, supone una buena base de debate para los operadores políticos, sujeta, en todo caso, a distintas consideraciones.

Podríamos convenir en que todo el capítulo de simplificación administrativa podría encontrar algunas resistencias en las fuerzas progresistas, si tal camino comenzara a deslizarse hacia una mayor desregulación. Es decir, la frontera entre simplificación y desregulación es muy fina y, si bien, los socialistas estamos abiertos a afrontar tal debate, es necesario clarificar que, para encontrar un espacio de equilibrio y encuentro, se debería tomar el informe Draghi en su conjunto y no parcialmente.

Por otra parte, la revisión de la política industrial, comercial y de competencia abre también otros flancos, en la medida que supone una relectura profunda del cuerpo doctrinal de política económica de la Unión. En este caso, resulta más complejo deslindar las opiniones al respecto entre las aproximaciones más progresistas o liberal-conservadoras. En principio, podríamos convenir en que el mayor activismo industrial se encuentra más cercano al sentir de las fuerzas progresistas, si bien la apuesta por la autonomía estratégica resulta muy transversal, como lo es también la percepción de los riesgos de fragmentación del mercado único. Además, también se abre aquí un debate que puede dividir a países pequeños y grandes, si los primeros identifican tras esta apuesta la vocación de los segundos por dominar mercados europeos a través de sus empresas nacionales que podrían estar llamadas a convertirse en "campeones europeos".

Así pues, en este ámbito, sería necesario un debate pausado y sosegado sobre tal viraje que exige conformar un nuevo consenso comunitario que sea útil también para consolidar el mercado único, lo que pasa por centralizar en la Unión buena parte de tal estrategia y financiación, como el propio Draghi defiende.

Por otra parte, ni el informe Draghi ni el de Letta hacen una aportación sustancial sobre el necesario fortalecimiento del modelo social europeo, aunque planea, en algunos casos con referencias expresas, ambos documentos. Ahora bien, esa menor presencia de los restos sociales no puede ser óbice para olvidar que, de la mano de las iniciativas para activar el crecimiento, nuestro modelo social y la sostenibilidad ambiental deben formar parte de cualquier agenda de política económica, de modo que las recomendaciones de ambos informes deberían verse complementadas por la perspectiva social que algunos echamos de menos en el actual debate público.

En fin, las recomendaciones del informe Draghi, pero también del papel de Letta, suponen, ante todo y, sobre todo, una síntesis marcadamente europeísta centradas en mercado único, financiación europea y política industrial común, sobre la que caben distintos acentos a izquierda y a derecha, al norte y al sur, e incluso al este y al oeste. Pero, en todo caso, estamos ante una hoja de ruta destinada a profundizar y acelerar el proyecto europeísta como condición necesaria para acelerar la productividad y crecimiento de la economía europea.

Esa posibilidad es aún más sólida, habida cuenta del deslizamiento del poder en el grupo liberal, Renew, desde un liderazgo acentuado de los europeístas de Macron hacia un mayor peso de las delegaciones nacionales de países norteños, cuya aproximación al proyecto europeísta es menos comprometida.

Por lo tanto, EPP, ECR, Patriotas, Soberanos, la mayoría de los diputados no adscritos y una parte de Renew ofrecen una mayoría amplia a la derecha en la cámara, pero una mayoría que no liderará una aceleración del proyecto europeísta, es más supondría una vuelta atrás sin precedentes en la historia de la Unión.

Sin duda, articular esta mayoría no es misión sencilla, pues la lógica soberanista de dichas fuerzas les conduce hacia la desconfianza en agentes 'extranjeros'. Asimismo, no pueden obviarse las divergencias entre todos estos grupos, entre los que abundan posiciones disparatadas, diputados locoides, nazis, o negacionistas de cualquier evidencia histórica o científica como el Holocausto o el Cambio Climático.

Pero por difícil que sea configurar una mayoría estable de Gobierno entre esos grupos, la simple existencia de esa posibilidad supone una amenaza permanente en cada negociación, no ya solo para los progresistas sino esencialmente para los proeuropeos de cualquier partido, porque esa coalición, más allá de derechista, impediría cualquier avance del proyecto europeísta, tal y como se establece en el informe Draghi o en el de Letta, o cualquier respuesta coherente a las nuevas amenazas de Trump o a las ya tradicionales de Putin.

Ciertamente, esa mayoría podría liderar un apoyo firme a una desregulación profunda de la normativa europea que, distorsionando lo expresado por Draghi en su informe, quisiera encontrar respaldo intelectual en el debate sobre la simplificación administrativa que el expresidente del Banco Central Europeo ha puesto sobre la mesa. Ahora bien, esa potencial desregulación tendría poco que ver con la mejora de la competitividad de la economía europea, y respondería exclusivamente a una agenda ideológica para desmontar el conjunto del Green Deal, replicando las aspiraciones que llegan del otro lado del Atlántico Norte.

Es importante destacar que el problema burocrático y de costes administrativos se focaliza en Europa en las normativas nacionales que impiden la consolidación del mercado único, no en las normas comunitarias que ahora la derecha quiere revisar en una competición populista con escaso impacto sobre nuestra productividad. Volveré sobre este asunto más tarde.

En otro orden de cosas, si bien el PP tiene en su mano una mayoría potencial a su derecha a costa de olvidar su compromiso europeísta, en el consenso proeuropeo clásico con el que se ha regido la Unión durante décadas, el equilibrio ideológico a derecha y a izquierda ha variado bien poco respecto a la pasada legislatura. Y quizá sobre esto se ha debatido menos.

Quizá podría argumentarse que la entrada formal de ECR en la mayoría que apoyó al Colegio de Comisarios, que no la investidura de Ursula von der Leyen, sí certificarían ese deslizamiento hacia la derecha de la coalición que sustenta a la Comisión. Ahora bien, los grupos proeuropeos no aplicaban el "cordón sanitario" a ECR durante la legislatura pasada, y de facto se incorporaron a casi todas las mayorías en las iniciativas legislativas aprobadas por las cámaras, entre ellas, el Pacto Migratorio. Además, su peso en el Parlamento apenas se ha incrementado sensiblemente en las pasadas elecciones. De este modo, formal o informalmente, la situación de ECR no ha cambiado de manera transcendente después de los últimos comicios y su margen de maniobra e influencia resulta similar al vivido en la anterior legislatura. El cambio sustancial es el crecimiento de los Patriotas, el antiguo grupo de Identidad y Democracia, que es lo que permite ahora una mayoría parlamentaria en todo el arco derechista de la cámara. Por todo ello, en el seno de las mayorías políticas que respaldaron el grueso de medidas adoptadas en el periodo 2019-24, los equilibrios ideológicos no han variado dramáticamente.

De este modo, la disyuntiva del PP es transparente: mantener la colaboración proeuropea, sin cambios sensibles en el equilibrio de fuerzas en esa coalición suave aún a pesar de haber crecido en las últimas elecciones europeas, o bien liderar una mayoría alternativa con toda la derecha para empujar una agenda en la que no haya atisbo de europeísmo alguno.

Hasta ahora el Partido Popular ha estado jugando con esas dos opciones sobre la mesa, tensiones que están teniendo reflejo también en el Colegio de Comisarios desde el inicio del proceso para su conformación.

Tras las elecciones europeas del pasado junio, y observando las mayorías parlamentarias, el Consejo Europeo nominó de nuevo a Ursula von der Leyen como candidata a presidir la Comisión. Esa decisión se tomó, por cierto, sin el apoyo de la Italia de Georgia Meloni. Su investidura parlamentaria posterior, siguiendo la misma lógica, contó con el voto favorable de populares, socialistas, liberales y verdes, pero no con el respaldo de ECR.

A pesar de todo ello, en septiembre, von der Leyen consideró oportuno agraciar al candidato italiano a integrarse en la Comisión no ya sólo con una cartera importante, sino también con una vicepresidencia ejecutiva. Una concesión, a todas luces, innecesaria. Recordemos que el anterior comisario italiano, Paolo Gentolini, ostentaba la cartera clave de Economía, pero no era vicepresidente.

Finalmente, el Colegio de Comisarios fue aprobado en su conjunto, sin rechazo alguno ni cambio de carteras relevantes, pero quedando erosionado el papel institucional del Parlamento. Los socialistas salvamos in extremis a nuestros candidatos a comisarios, especialmente importante tras la campaña de acoso y derribo contra Teresa Ribera. Los populares pasaron a sus candidatos, algunos de los cuales no dan la talla para tales responsabilidades, al igual que todos los liberales, mientras Raffaele Fito u Olivér Várhelyi se integraban también en la Comisión sin mayores contratiempos.

Así pues, la protección expresa del PP al candidato italiano de ECR, así como al hombre de Orbán en la Comisión, junto a los ataques cruentos contra la candidata socialista Teresa Ribera, no solo abrieron grietas de confianza en la mayoría proeuropea, sino que transparentaron también la nueva estrategia del Partido Popular.

Dicho esto, el reparto de poder en las capitales de los Estados miembros ha dado como resultado una Comisión sesgada a la derecha. Basta decir que solo cuatro comisarios pertenecen a la familia socialista. Por lo demás, el PP, contando a Ursula von der Leyen, dispone de quince comisarios y los liberales de Renew, cuatro. Los conservadores de ECR tienen una cartera (Italia) y los Patriotas otra (Hungría). Por último, el comisario eslovaco Maroš Šefčovič, cuyo partido pertenecía al grupo socialistas hasta su reciente expulsión, se encuentra ahora no adscrito a una familia política europea.

Por lo tanto, la presencia popular en el gabinete comunitaria es muy amplia, aún a pesar de que Von der Leyen ha intentado equilibrar algo el poder otorgando dos vicepresidencias a comisarios socialistas, a Teresa Ribera y a Roxana Minzatu, y dos más a Renew, Stéphane Séjourné y Kaja Kallas, aunque, como decía, la vicepresidencia de ECR representa un upgrade a la Italia de Meloni muy discutido. Resulta difícil de explicar, por cierto, que la delegación española del PP votara contra el conjunto del Colegio de Comisarios. Pero esa es otra historia.

Ciertamente, no podemos circunscribir los debates europeos al eje exclusivamente ideológico izquierda-derecha, en la medida que la discusión entre más o menos europeísmo da como resultado ocasiones incluso bastante más conflictiva que la primera. En todo caso, la mayoría del centro-derecha en la Comisión es palmaria, mucho más sólida que su fuerza en el Parlamento, en donde en el marco de los grupos proeuropeos el equilibrio a izquierda y a derecha se ha mantenido relativamente más estable.

Esta distribución de la Comisión refleja, como decíamos, a su vez el reparto de poder en las capitales de los Estados miembros, que tiene su espejo en la composición del Consejo de la UE y en el Consejo Europeo, esta última institución presidida por el socialista y profundamente europeísta Antonio Costa, aunque de nuevo encontramos una mayoría conservadora con presencia no menor de jefes de Gobierno euroescépticos, eurohostiles o antieuropeos.

Empezando por estos últimos, los líderes de Chequia, Eslovaquia, Hungría e Italia se encuentran fuera de las fuerzas proeuropeas. Además, el nuevo primer ministro belga pertenece, como Giorgia Meloni, a ECR, si bien su partido flamenco lidera un Gobierno de coalición donde están presentes los socialistas flamencos, populares y liberales, tamizando así el tono del conjunto del Gobierno respecto a la Unión Europea. Por contra, en Países Bajos, si bien encontramos un primer ministro independiente, la principal fuerza del ejecutivo es la formación del ultraderechista y antieuropeísta de Geert Wilders, el Partido de la Libertad, perteneciente al grupo de los Patriotas.

Por lo demás, en Croacia, Luxemburgo, Irlanda y Letonia gobiernan coaliciones de centro-derecha, al igual que en Suecia o Finlandia, donde participan en estos dos últimos casos de partidos de extrema derecha. En Grecia y Portugal el Gobierno recae en manos exclusivas del Partido Popular. En Rumania tenemos una gran coalición pendiente de las elecciones presidenciales canceladas y reprogramadas para la próxima primavera. En Bulgaria, la gran coalición es más amplia, sumando a miembros de ECR, mientras que en Chipre tenemos un Gobierno multipartidista. En Polonia un ejecutivo liderado por el PP y con todas las fuerzas europeístas, entre ellas los socialistas, con una oposición encabezada por Ley y Justicia (ECR). Y en Estonia, Lituania y Eslovenia hay un Gobierno con liberales y socialistas. Finalmente, en manos socialistas tenemos a Dinamarca y Malta, junto a España, en un Gobierno de coalición con Sumar (Greens/Left).

Por último, y no por ello menos relevante, Francia, encabezada por el liberal Macron, tiene un Gobierno de centroderecha con una notable fragilidad, y en Austria, después de unas negociaciones muy complejas tras la victoria en las urnas de la extremaderecha, hay ya un Gobierno de gran coalición con populares, socialistas y liberales. Gran coalición, en este caso de populares y socialistas, que se repite también en Alemania tras los recientes comicios.

Así pues, en un breve repaso por el poder en los Estados miembros, nos encontramos ya con un núcleo sólido a la derecha del PP, con posiciones netamente euroescépticas, eurohostiles o antieuropeas lideradas por Orbán y Meloni.

"En un breve repaso por el poder en los Estados miembros, nos encontramos ya con un núcleo sólido a la derecha del PP, con posiciones netamente euroescépticas, eurohostiles o antieuropeas lideradas por Orbán y Meloni"

El resumen, por tanto, es que, en términos de equilibrios de poder, hemos iniciado una legislatura bien compleja, marcada por un aumento en la capacidad de maniobra del Partido Popular hacia extremos euroescépticos; por una Comisión con un claro sesgo derechista; y con una distribución de poder en las capitales comunitarias donde aumenta el recelo hacia el proyecto europeo. En todo caso, la mayoría proeuropea retiene el poder de guiar las políticas europeas, para lo cual se necesita un mayor compromiso del Partido Popular, mientras las grandes coaliciones, las últimas en Alemania y Austria ofrecen algo de estabilidad en este marco global tan incierto muy marcado en las últimas semanas por la llegada de la Administración Trump.

Pues bien, la Comisión presentó el 29 de enero su Competitiveness Compass con el que encuadra el conjunto de su agenda económica. Este documento destaca esencialmente por su aproximación a la política industrial que supone un cambio fundamental en el paradigma económico de la Comisión, una reorientación que comenzó a alumbrarse a partir de los problemas de suministros durante la crisis de la COVID acentuados tras el inicio de la guerra en Ucrania y las sanciones vinculadas al sector energético. Además, el proceso de descarbornización o los planes industriales de la Administración Biden acabaron de cuajar una reorientación de la política económica menos horizontal y más volcada a la promoción de industrias "estratégicas".

Así pues, en el Competitiveness Compass se plantea una estrategia para desarrollar la innovación y su difusión al conjunto de la economía, una renovada síntesis entre el Green Deal y el desarrollo industrial con afección a distintos sectores, desde la agricultura a la economía circular pasando por el transporte, entre otros. Además, el documento profundiza en las cuestiones sobre soberanía estratégica para retener o desarrollar producciones locales de bienes o servicios potencialmente críticos.

"El Competitiveness Compass profundiza en las cuestiones sobre soberanía estratégica para retener o desarrollar producciones locales de bienes o servicios potencialmente críticos"

En el ámbito estrictamente industrial, la Comisión publicó también el 26 de febrero su informe Clean Industrial Deal en el que aterriza algo más la síntesis para una nueva política industrial, no ya verde, sino "limpia". El informe presta especial atención a la situación de las empresas electrointensivas, así como al sector tecnológico, con incidencia directa en los esfuerzos para descarbonizar la industria. Por ello, el Clean Industrial Deal plantea opciones necesarias para rebajar los costes energéticos con el objetivo, por ejemplo, de facilitar los contratos a largo plazo de la electricidad, vía abierta con la revisión de la reforma eléctrica de la pasada legislatura, a la que ahora suma el concurso del Banco Europeo de Inversiones para ofrecer garantías en tales contratos y desarrollar ese mercado. El informe se complementa en este ámbito con el Affordable Energy Action Plan, que contiene otras propuestas en el mismo sentido.

Asimismo, el Clean Industrial Deal propone nuevas vías para elevar la demanda de productos verdes mediante la revisión de la contratación pública o definiendo un nuevo Made in Europe, a concretar en una nueva propuesta legislativa (Industrial Decarbonisation Accelerator Act).

Por otra parte, la Comisión insiste en sus propuestas sobre economía circular, la implementación del Critical Raw Material Act y el desarrollo de medidas adoptadas en la legislatura pasada. En el ámbito de la financiación de todo este plan, la Comisión remite al Fondo de Innovación, al InvestEU y a un nuevo Industrial Decarbonisation Bank, cuya concreción veremos más adelante.

Por último, y el ámbito de la financiación, la Comisión anuncia también la revisión de la regulación de ayudas de estado para facilitar el apoyo público a toda esta agenda de política industrial, respaldo que, en todo caso, queda de un modo u otro a expensas de los presupuestos de los Estados miembros. De modo que, al igual que en el Competitiveness Compass, apenas encontramos nada reseñable en el ámbito presupuestario comunitario, abriendo la puerta al debate necesario pero complejo de la regulación de ayudas públicas, y con pocos compromisos a la consolidación de mercados, en este caso, de manera relevante energético. Se insiste, sin duda, especialmente en el Affordable Energy Action Plan, en la necesidad de configurar un mercado europeo de la energía, pero suena ya como una letanía ante la ausencia de compromisos legislativos en este ámbito.

A la par de estas publicaciones estratégicas, la Comisión publicó el 11 de febrero su Work Programme para el año en curso, donde establece las comunicaciones y propuestas legislativas que verán la luz durante este ejercicio. En términos generales, destaca especialmente la relevancia otorgada por la Comisión a la agenda de "simplificación". Si la Comisión ha publicado ya multitud de planes, en el ámbito legislativo solo disponemos por el momento de unas propuestas ómnibus para simplificar la implementación de distintas normas aprobadas la pasada legislatura, casi todas ellas vinculadas al Green Deal. En este sentido, la Comisión se fija como objetivo rebajar en un 25% las cargas administrativas para el conjunto de las empresas, una reducción que debería alcanzar al menos el 35% para el caso de las pequeñas y medianas empresas. Sin entrar en profundidad en tal compromiso político, parece difícil evaluar a qué se refiere exactamente con esa cuantificación numérica de la reducción de las cargas administrativas y a qué responden dichos porcentajes.

En este mismo paquete, la Comisión revisa el reglamento del Mecanismo de Ajuste por Carbono en Frontera (CBAM) para dejar fuera de su alcance a las pequeñas y medias empresas cuyas importaciones de carbono la Comisión considera ahora despreciables, o al menos, lo suficientemente menores como para no justificar los costes administrativos de la gestión del CBAM y el propio pago de la tasa por el carbono importado.

Asimismo, aunque ya sin alterar los textos legislativos de directivas o reglamentos, la Comisión hizo pública en la misma fecha un proceso de consulta para matizar los actos delegados derivados del reglamento de la Taxonomía. Por otra parte, en el segundo de los ómnibus, la Comisión propone revisar el reglamento del InvestEU para reducir también los costes administrativos de su funcionamiento.

Así pues, hasta ahora, la Comisión ha presentado distintos planes y estrategias vinculadas a una renovada política industrial, y dos propuestas legislativas centradas en la "simplificación", que estas sí ahora pasan al debate del Parlamento y del Consejo de la UE en el marco del proceso legislativo ordinario.

Por otra parte, y volviendo al Work Programme, la Comisión anuncia otro paquete legislativo de simplificación para la revisión del reglamento de Sustainable Finance Disclosure, digital package y la European Business Wallet. Asimismo, en otras áreas, la Comisión también espera proponer medidas legislativas para simplificar el reglamento REACH y la Política Agracia Común.

En otro orden de cosas, y sin pretender ser totalmente exhaustivo, el Work Programme de la Comisión se completa con los compromisos de publicación de otras comunicaciones centradas en materia energética, seguridad y defensa, migración y asilo, consumidores y educación, un plan sobre la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, innovación, fortaleza democrática, igualdad o derechos LGBTIQ, entre otros. También hacen referencia a una estrategia para el mercado único, comunicación que deberá ver la luz en el segundo trimestre, y otra comunicación sobre la Savings and Investment Union, que da continuidad a la unión bancaria y a la unión de mercados de capitales, siguiendo la nomenclatura propuesta por Letta.

En el área de política de competencia, cabe destacar también la revisión de las guidelines sobre control de fusiones horizontales, que, si bien no aparece en el Work Programme, sí se incluye en el Competitiveness Compass, aunque sin fecha comprometida. Además, la Comisión anuncia también un nuevo marco de ayudas de estado para el segundo trimestre de este ejercicio, que de nuevo aparece en el Competitiveness Compass, pero no en el Work Programme, que se publicó con anterioridad. De igual modo, la Comisión propone también una propuesta sobre el "régimen 28" que recogían sendos informes, el de Draghi y el de Letta, para el último trimestre del año en curso o ya bien el primero del próximo ejercicio.

Por último, y en el capítulo de financiación pública comunitaria de toda esta agenda de reformas, especialmente necesaria en el ámbito de la nueva política industrial, la Comisión anuncia su propuesta de marco presupuestario posterior al actual periodo que termina en 2027 para el tercer trimestre de este año.

Por lo tanto, en materia legislativa vinculada al mercado único, exclusivamente encontramos en este programa de trabajo para el año en curso una propuesta de Digital Networks Act para el último trimestre, que pudiera desarrollar algunas ideas para consolidar los actuales mercados digitales nacionales. Más allá de esto, no hay propuesta legislativa para profundizar en la consolidación de ningún mercado. Ciertamente, la Comisión anuncia una revisión legislativa de la normativa sobre titulizaciones que pudiera colgar de la comunicación sobre Savings and Investment Union, pero el engarce de tal propuesta con la Capital Market Unión es más bien colateral.

Pues bien, siguiendo la conceptualización de las propuestas de Draghi y Letta bajo cuatro grandes capítulos, a saber, simplificación y reducción de cargas administrativas, nueva política industrial con afección a la política de competencia y comercial, financiación pública y privada del plan, y mercado único, resulta sencillo observar la línea dominante de esta Comisión.

Estamos, pues, ante una Comisión que ha decidido iniciar la legislatura con una agenda muy ambiciosa de simplificación de la normativa comunitaria, en fase actual de implementación, aprobada la pasada legislatura derivada del Green Deal, así como en la presentación de nuevas estrategias industriales. Sin embargo, apenas observamos una pulsión genuina por la consolidación del mercado único, a la que se dedica poco espacio y menos ideas en los textos conocidos hasta ahora y que apenas aparecen marginalmente en la agenda legislativa para los próximos meses. Esto afecta críticamente a sectores estratégicos, pero también a la estrategia de financiación, tanto público como privada, del paquete de reformas presentado por Draghi y Letta. Ni una sola propuesta legislativa vinculada a la Savings and Investment Union, ni una concreción alguna sobre presupuesto, incertidumbre sobre los recursos propios, y nada sobre inversión pública.

Quizás todo ello contribuyera a la inusual y contundente valoración realizada por el propio Draghi el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo sobre la necesidad de avanzar con determinación en los objetivos marcados.

En todo caso, y más allá de este comentario inicial, el plan de la Comisión deja la financiación de esta política industrial de defensa en manos de los Estados miembros, al igual que en las estrategias publicadas previamente. No observamos tampoco una vocación europeísta para encuadrar el incremento de la inversión en planes coordinados que configuren una auténtica defensa europea, y no solo veintisiete defensas nacionales mejor financiadas. Tampoco se plantea una política industrial para dotar al tejido empresarial del sector de una dimensión europea, ni ideas para facilitar su crecimiento ante el fuerte incremento de la demanda planeado. El problema de la defensa no es solo ni esencialmente de demanda, sino en este caso de oferta, una oferta reducida y fragmentada nacionalmente.

"El problema de la defensa no es solo ni esencialmente de demanda, sino en este caso de oferta, una oferta reducida y fragmentada nacionalmente"

En fin, seguimos sin ver en la Comisión una pulsión a la altura de las circunstancias para comprometerse en una agenda ambiciosa vinculada al mercado único, tampoco en defensa, y una aproximación a la política presupuestaria del esfuerzo industrialista que no se compadece de los retos a los que nos enfrentamos.