No hay mejor cuestión de confianza que unos presupuestos generales

"Los muertos que vos matáis gozan de buena salud". La frase se atribuye al poeta Corneille y cobró todo su sentido esta semana, tras la rueda de prensa de Pedro Sánchez que colmó el último Consejo de Ministros. Los muertos que mata Alberto Núñez Feijóo parece que gozan de muy buena salud. 

"Con el nuevo pacto Junts reconoce los límites que marca la Constitución de 1978"

El martes, el presidente del PP volvía a anunciar el apocalipsis traído por Pedro Sánchez a primera hora de la mañana y a las tres de la tarde, era el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien arrinconaba a Feijóo, anunciando un nuevo acuerdo con Junts. El pacto permitirá aprobar un nuevo decreto ley ómnibus que incluirá la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, rebajas de la luz, un escudo social para las personas más vulnerables ante los desahucios, ayudas a las personas afectadas por la DANA, y así, hasta veintitrés medidas de carácter social que mejorarán la vida de las personas más vulnerables de nuestro país. El entendimiento viene acompañado del compromiso marcado por Carles Puigdemont: una cuestión de confianza formulada a través de una proposición no de ley que será jurídicamente mejorada y sometida al criterio técnico de la mesa del Congreso de los Diputados, sin que tenga un efecto real práctico, puesto que la cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno que Junts reconocerá cuando presente su iniciativa. Junts —no es un dato menor— reconoce los límites que marca la Constitución de 1978. 

Doce millones de pensionistas ya saben en quién confiar antes de que se celebren las próximas elecciones generales. Serán en el 2027 si se cumple el pronóstico del Lehendakari Imanol Pradales, quien afirmó durante el Foro de La Vanguardia celebrado en Barcelona la semana pasada que la legislatura será larga. Pradales ha demostrado ser un político más hábil que Íñigo Urkullu y hace una lectura serena y templada del devenir político de lo que sucede en la Corte de los Leones, más allá del ruido en los juzgados o el apocalipsis anunciado por el PP, Vox y los medios de comunicación de la fachosfera madrileña. El presidente de Junts, Carles Puigdemont, desde Waterloo, también parece haberlo entendido. Los de Junts hablan en su comunicado de continuar la negociación de la senda de déficit y la reforma de la financiación autonómica, lo que nos induce a pensar que darán su voto favorable a los próximos presupuestos generales del Estado de este año. 

Pedro Sánchez afirmó ayer que no se someterá a una cuestión de confianza a iniciativa de Junts, puesto que es una prerrogativa que la Constitución reconoce exclusivamente al presidente del Gobierno. Lo considera innecesario. PSOE y Junts convergen en una misma idea desde posiciones distintas: no hay mejor cuestión de confianza que la votación de unos presupuestos generales, lo que dará más énfasis a las palabras de Pradales del jueves pasado. 

"PSOE y Junts convergen en una misma idea desde posiciones distintas: no hay mejor cuestión de confianza que la votación de unos Presupuestos Generales"

Habrá legislatura larga y habrá presupuestos, como he dicho insistentemente en artículos anteriores. La crisis entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont se resuelve con todos los partidos de la pasada investidura dentro del parlamento y con PP y Vox fuera, como una misma derecha troceada que impedirá a Alberto Núñez Feijóo ser presidente del Gobierno. No hay derecha plural en España y todo indica que no la puede haber. En el proyecto político de FAES, el laboratorio de ideas del PP y la fortaleza donde está depositada la acción Trump, se piensa desde hace un año en la reunificación de la derecha, como sucedió en 1993. 

La clave por la que no hay derecha plural y Alberto Núñez Feijóo no será nunca presidente del Gobierno es porque el PP carece de ningún liderazgo. Lo comprobaremos este mes, cuando los gobiernos autonómicos presididos por el PP reclamen el apoyo de Vox para poder sacar adelante sus respectivos presupuestos. Las condiciones de Vox volverán a ser presumiblemente las mismas que propiciaron las investiduras de Mañueco, Mazón, Guardiola, Prohens o Azcón. La pregunta que nos suscita esta situación es cuánto tardarán en convocar elecciones anticipadas en sus respectivas comunidades autónomas, con un PSOE, el de Sánchez, con capacidad para disputar el poder territorial al PP. 

La recomposición del Gobierno en las dos últimas semanas ha sido determinante para poder valorar la continuidad de Pedro Sánchez en la Moncloa. Tras los cinco días de abril, algo ha cambiado en el PSOE y no se trata solo de su poder territorial con la renovación impulsada desde Ferraz en las Secretarías Generales Autonómicas, ante la posibilidad de que haya adelantos electorales. En el marco económico y financiero también se juega el partido.

"La actual mayoría parlamentaria va de Indra a la Taberna Garibaldi"

La salida de José María Álvarez-Pallete de Telefónica y la llegada de Marc Murtra (presidente de Indra, propuesto por el Gobierno en 2021 y renovado este verano) a la dirección afianzan ese vector social-catalanista, respaldado por La Caixa, de cuya Fundación, Murtra es patrono. La actual mayoría parlamentaria va de Indra a la Taberna Garibaldi. Es un arco frágil, volátil, esmerilado sobre cristal de bohemia. Se necesita hacer muchos ejercicios malabares, medir con exactitud los tiempos y, sobre todo, las palabras. El nombramiento de Murtra es un guiño de Sánchez al poder económico catalanista y, sobre todo, a La Caixa. Su aterrizaje en Telefónica ha puesto el foco hacia Oriente Medio, pero también hacia el empresariado catalán, acercando más de lo que parece al Gobierno a la aprobación de los presupuestos generales del Estado. En términos económicos, el Gobierno manda un mensaje a los empresas del IBEX. Controla cuatro, influye en una quinta. En esta legislatura. Sánchez sacó a Goirigolzarri primero. Le ha tocado a Pallete, después. ¿Cambiará su posición sobre la opa del BBVA al Sabadell? Conviene no perder de vista cómo se resolverá. 

Como se puede observar, el 27 de enero ha sido un reinicio de los pactos de investidura y algo más. Se produce el mismo día en que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso contra el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado por unanimidad de los cinco magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Precisamente, este martes ha sido admitido a trámite el recurso de amparo de la anterior fiscal general del Estado, Dolores Delgado, contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló su nombramiento como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del TS. Este miércoles, además, su sucesor, Álvaro García Ortiz, deberá acudir a declarar a la sala segunda del Tribunal Supremo ante el juez Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos, en el marco de la instrucción del caso que investiga un presunto fraude fiscal llevado a cabo por el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

El asedio al fiscal general del Estado es otro capítulo más de una novela que se inició el día que José María Aznar proclamó "el que pueda hacer que haga, el que pueda mover que mueva" y que sirvió para activar a los peones negros de la Audiencia Provincial de Madrid, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Pero el tiempo de la política no es el mismo que el de la justicia. El mayor error político de Feijóo ha sido vincular su destino a una estrategia judicial que, probablemente, termine en nada. Mientras todos los partidos que apoyaron la investidura siguen respaldando al Gobierno dentro del Congreso, no tardaremos en ver a más de un juez y a algún jefe de gabinete acudiendo a declarar como imputados por prevaricación y falso testimonio. Para entonces, es muy probable que Alberto Núñez Feijóo esté prácticamente fuera y ya no sea el líder del Partido Popular. En febrero nos preguntaremos cuántos corchos flotan en el PP.