​Junts y la cuestión de confianza: ser un partido útil o volver al 2017

El grupo parlamentario Junts registró, a finales del 2024, una proposición no de ley (PNL) en la que, en su parte propositiva, insta al presidente del Gobierno a presentar una cuestión de confianza ante el Congreso. En la política hay situaciones tan alejadas de las previsiones legales y reglamentarias y de los antecedentes de las costumbres, que por un momento dejan la dinámica política fuera de juego o perpleja. Ante este tipo de iniciativas, varias han sido las respuestas rápidas y espontáneas.

"En las decisiones de Junts, nunca se debe contemplar lo más previsible como lo más probable"

Únicamente es competencia del presidente del Gobierno presentar una cuestión de confianza, cierto. Las proposiciones no de ley no tienen efectos jurídicos y son únicamente manifestaciones de voluntad política de la cámara, cierto. Ante esta situación, la Mesa del Congreso ¿puede admitir una proposición no de ley (declaración de voluntad sin consecuencias jurídicas) que insta a realizar un acto de competencia exclusiva del presidente del Gobierno y con efectivas consecuencias jurídicas en caso de derrota? Es lógico que los letrados y los miembros de la Mesa afirmen que es una cuestión discutible. 

Lo que hay en el fondo es el dilema de Junts de retirar o no el apoyo al Gobierno, sabiendo que sumar sus votos a los del PP y VOX para hacer triunfar una moción de censura es algo incomprensible a los ojos de la gran mayoría de sus votantes. Pero en las decisiones de Junts, nunca se debe contemplar lo más previsible como lo más probable. Los costes de la retirada del apoyo y su paso a la oposición: pérdida de la capacidad de influencia aritmética que tienen en el momento actual, debilitamiento radical del foco político que brilla con más fuerza en un partido sin gran poder en ayuntamientos y en la oposición en el Parlamento de Catalunya. Los posibles activos electorales de su acción: debilitar el actual Gobierno y con ello sumar enteros ante una parte relevante de sus votantes. Existe un escenario intermedio y ambivalente en el que se produce un alejamiento sin romper las posibilidades de acuerdos parciales de futuro. Puede ser un escenario plausible.

A algún analista alejado de los meandros políticos españoles de los últimos años, le costaría entender el momento actual. El Gobierno de coalición socialista-Sumar ha invertido un gran capital político en la promulgación de una ley de amnistía que tantos consideraron legítima —desde la Comisión de Venecia hasta el Cercle d’Economía—. Suponía abrir una nueva etapa de reencuentro, reconciliación y superación de un periodo político pasado. Un periodo que llevó a la judicialización de decisiones políticas que en 2017 tomaron políticos electos con mayoría absoluta en el parlamento de Catalunya y de forma contraria al ordenamiento jurídico. En definitiva, un nudo que valía la pena deshacer.

"La cuestión de confianza muestra la gran incomodidad de Junts"

La cuestión de confianza muestra la gran incomodidad de Junts. El dilema entre tomar la decisión de ser un partido útil de lógica parlamentaria (con muy buenas cartas) o ser un partido que vuelve a su partitura de 2017 y que pierde focos políticos y relevancia parlamentaria. Seguramente con gran desahogo en el registro de las entrañas de algunos de sus votantes. Pero, también, con la mirada puesta en los nuevos contrincantes políticos que le salen en la política catalana. Un dilema muy íntimo. Una cuestión de autoconfianza.  

Decidir presentar una cuestión de confianza es devolver al parlamento los poderes de una investidura sin que en el parlamento se haya conformado una mayoría parlamentaria absoluta alternativa para presentar una moción de censura. El principio de conservación del poder les aleja de someterse a una cuestión de confianza. Alternativamente, prefieren esperar a valorar el recorrido de la legislatura u observar si se forma una mayoría alternativa para presentarles una moción de censura.

El precio de una cuestión de confianza en un parlamento fragmentado sin mayoría absoluta de apoyo al Gobierno es reabrir y hacer subir el precio de los apoyos respecto al de los pactos alcanzados en la investidura. Es ponerse a la intemperie y atenerse a las consecuencias de la votación. Significa comprobar si los grupos que le han dado la investidura, habitualmente con compensaciones programáticas en caso de carecer de mayoría absoluta, están dispuestos a volvérsela a dar. 

Si el presidente Pedro Sánchez decide dar esta oportunidad a un parlamento sin una mayoría absoluta de gobierno, se reabrirá la negociación de los apoyos con la misma o incluso más intensidad que en la investidura de noviembre de 2023. Para el Gobierno, perder una cuestión de confianza supondría tener que presentar la dimisión e iniciar un nuevo proceso en el que el jefe del Estado deberá proponer un candidato que deberá afrontar un debate de investidura.

"Para el Gobierno, perder una cuestión de confianza supondría tener que presentar la dimisión e iniciar un nuevo proceso de investidura"

¿Qué nos dice la historia? La política catalana ha vivido una única cuestión de confianza en su etapa parlamentaria. La que se votó a finales de septiembre de 2016. El president se sometió a una cuestión de confianza para que sus socios de legislatura y mayoría independentista cerraran filas con él para afrontar algo tan fuera de lo común como preparar un referéndum de autodeterminación. El no de sus socios a aquella operación de cierre de filas fue el final del bienio fuera de lo común que supuso 2016-2017. 

En todos los años de la actual democracia española únicamente se ha planteado dos veces una cuestión de confianza del presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso de los Diputados.
 
La primera la planteó Adolfo Suárez en septiembre de 1980 para comprobar si tenía el apoyo de la Cámara para continuar con sus reformas en los primeros y convulsos años de despliegue de las previsiones constitucionales. Se votó el 16 de septiembre de 1980. Cosechó el apoyo de 180 diputados. La Cámara le dio la confianza, pero Suárez dimitió el 29 de enero de 1981, cuatro meses y medio después. 

La segunda cuestión de confianza la planteó Felipe González en abril de 1990. En octubre del año anterior había ganado ampliamente las elecciones. El primer recuento de la noche electoral arrojaba un resultado de 176 escaños, la mayoría absoluta justa. Del escrutinio de las elecciones de 1989 se derivaron pleitos ante los tribunales que afectaron a las provincias de Murcia, Pontevedra y la ciudad autónoma de Melilla. Los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Galicia anularon las elecciones en las circunscripciones de Murcia y Pontevedra. El Tribunal Superior de Andalucía anuló las elecciones en Melilla. De tal forma que dieciocho actas de diputados quedaron suspendidas.

El día de la constitución del Congreso de los Diputados, emanado de las elecciones de octubre de 1989, tomaron posesión del escaño 332 diputados de los 350 que conforman el Congreso. El 19 de febrero de 1990, el Tribunal Constitucional revocó la decisión de repetir las elecciones en Murcia y Pontevedra y se dieron por electos los parlamentarios surgidos de las elecciones del 19 de octubre de 1989 en aquellas dos circunscripciones. Por el contrario, se repitieron las elecciones en Melilla el 25 de marzo de 1990. El escaño que la noche del 19 de octubre de 1986 se había otorgado al PSOE, con la repetición de las elecciones pasó al PP. 

"El principio de conservación del poder aleja a los presidentes de someterse a una cuestión de confianza porque tienen bastante más que perder que ganar"

No se paralizó ni el proceso de constitución de las Cámaras ni el proceso de investidura del presidente del Gobierno. El Congreso afrontó un debate de investidura de un candidato propuesto por el jefe del Estado con 332 diputados que habían tomado posesión de su escaño. En el discurso de investidura del candidato el 4 de diciembre de 1989, Felipe González ya anunció que, si conseguía la investidura y una vez resueltos los pleitos en los tribunales, se sometería a una cuestión de confianza para confirmar el apoyo de la Cámara. El debate y votación de la cuestión de confianza se realizó el 5 de abril de 1990. Parecía muy evidente que el presidente debía comprobar el apoyo de la Cámara una vez completada su configuración. 

En general, el principio de conservación del poder aleja a los presidentes de someterse a una cuestión de confianza porque tienen bastante más que perder que ganar. Corren el riesgo de devolver al parlamento el poder del momento de la investidura con posibles efectos irreversibles. Volver a dar cartas para negociar apoyos. Principio de conservación del poder. Esperar y mirar.