Martes, 28 de julio de 2026
ANÁLISIS
Un Govern con experiencia que podría cambiar la política española
El resultante del nuevo gobierno catalán y de la situación política podría ser la desactivación de Catalunya como motor de polarización, algo a lo que el nuevo presidente y el nuevo equipo de gobierno parecen más que inclinados y preparados. De hecho, muchos analistas y políticos actuales probablemente no recordarán en qué momento Catalunya pudo significar otra cosa en la política española (lo que limita la falta de imaginación para prever las consecuencias que se pueden derivar de ello).
Salvador Illa toma posesión como nuevo president de la Generalitat de Cataluña.Lorena Sopêna / Europa Press / ContactoPhoto
La formación del nuevo ejecutivo presidido por Salvador Illa confirma el cambio de rasante en la política catalana.
Aunque para muchos esto pueda parecer una obviedad, no todos están de acuerdo con la idea de cambio de ciclo. Si bien no hay ninguna duda de ello desde la perspectiva del independentismo saliente (incluso Carles Puigdemont vino a reconocer, ya desde Bruselas, que con Illa Catalunya entra en una nueva etapa), parte de la oposición a Sánchez no lo tendrá tan claro por los acuerdos con ERC, el mantenimiento del consenso en política lingüística, y la afirmación del propio Illa de que no viene a destruir lo anterior.
Seguro que se podrán encontrar juicios intermedios entre el independentismo unilateralista que ha tratado de impedir la presidencia de Illa (al que se considera el más españolista de los líderes del PSC) y el españolismo anticatalanista que inspira focos de opinión en el resto de España (para quien Illa y muchos de los líderes del PSC en el nuevo gobierno son indudables independentistas camuflados). Para ambos extremos, es cierto que la figura del nuevo presidente contiene muchos matices que se apartan de los liderazgos tradicionales de la política catalana. Los sinteticé en esta nota biográfica hace algún tiempo.
¿Hasta qué punto hay novedad en este nuevo gobierno? ¿Es un retorno a los tiempos anteriores del procés, o hay algo más?
Desde la perspectiva de su composición, hay algunas peculiaridades. Con 16 departamentos, se trata del ejecutivo con mayor número de consejerías de los 235 gobiernos autonómicos formados en España desde 1980 (la media española suele ser de 11 consejerías, fluctuando entre 6 y 15 departamentos). El único precedente en esta cifra es el ejecutivo de Pasqual Maragall entre 2003 y 2006, con un número igual, aunque entonces formado por tres partidos distintos.
Más sustantivamente, también es el ejecutivo catalán con mayor porcentaje de mujeres desde 1980 (56%), en una de las Comunidades que resultó más reticente a alcanzar la paridad en los ejecutivos (solo el gobierno precedente de Pere Aragonés adoptó ese principio). De hecho, el ejecutivo de Illa solo será superado por escasos precedentes en aquellas comunidades más acostumbradas a la paridad: Extremadura (incluso el primer gobierno de María Guardiola el año pasado contó con siete mujeres de diez consejerías), Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias y la Comunidad Valenciana.
Se ha destacado su perfil municipalista (aunque en esto no se aparta de gobiernos anteriores con consejeros de izquierdas, dado que el PSC, Comunes e incluso ERC suelen formar sus cuadros en los ayuntamientos, algo menos claro en la tradición de CiU y ahora Junts). También su componente especialista. Aunque los analistas relacionan esto último con la personalidad de Illla, en realidad el nivel de ‘expertise’ es relativamente moderado (pudiéndose considerarse como tales apenas a la mitad de consejeros).
En cambio, resulta mucho más relevante su intenso capital político: solamente dos consejeros carecen de alguna experiencia política en el ámbito ejecutivo o parlamentario (el 12,5%, uno de los más bajos en la serie de gobiernos autonómicos de toda España). Ninguno de ellos estuvo previamente en el Congreso de los Diputados, aunque la nueva Consejera de derechos sociales (y el propio Illa) han pasado y conocen bien el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Y la proyección internacional catalana contará además con un consejero -este sí- buen conocedor “de” y bien conectado “con” las instituciones europeas, sin que ello signifique ningún tipo de desconexión de la lealtad estatal.
¿Qué nos puede indicar esto sobre su orientación política? Mientras que Illa apuesta por el continuismo en áreas como cultura y política lingüística -donde más se le ha criticado desde el independentismo (a pesar de que el PSC siempre ha participado del consenso predominante en estos ámbitos)-, los primeros nombramientos en otras áreas sugieren la búsqueda de cambios en la manera de abordar las políticas públicas. Esa es siempre una expectativa que la acción deberá confirmar o refutar después.
En suma, se trata de un ejecutivo con mucha experiencia política (se han acabado con los outsiders dirigiendo a insiders, como sucedió en la cumbre del procés) y, especialmente, con muchos recursos para facilitar las relaciones con otros niveles de gobierno, especialmente con las grandes ciudades, el gobierno central y también las instituciones europeas. Y eso sí será una novedad relevante de la última década y media en la política catalana… y más atrás.
Un elemento constante de cualquier gobierno en Catalunya desde 1980 ha sido la existencia de disparidades o conflictos públicos entre miembros del ejecutivo autonómico y el gobierno central. Ni siquiera Maragall o Montilla pudieron evitar que algunos de sus consejeros discreparan abiertamente con miembros del gobierno español. Además, toda la polémica de la reforma estatutaria (antes, durante y después), que determinó aquellos años propició episodios muy costosos para la izquierda española que hoy todos recuerdan (y algunos esperan volver a reeditar).
Sin embargo, esta podría ser la etapa política en Catalunya con mayor alineamiento entre las dos administraciones de gobierno que habremos conocido en democracia. No tanto porque no existan discrepancias o elementos de inestabilidad. Algunos son obvios: ERC se encuentra sosteniendo a dos ejecutivos -en Barcelona y en Madrid- sin participar directamente en sus decisiones; aún peor, Junts se ha quedado en la oposición en Barcelona pero su apoyo es crucial en Madrid; en ese contexto, se complica aún más conseguir un acuerdo con el PP, especialmente con algunos de sus gobiernos autonómicos, para impulsar la reforma de la financiación. Todas estas dificultades, y muchas otras (a las puertas de un cambio en el ciclo económico) han servido para que muchos den poco recorrido a esa reforma y, con ello, quizá al castillo de naipes sobre la que se ha edificado.
Frente a ese escenario menos optimista, la principal novedad que se da en el nuevo gobierno es la alineación de inclinaciones e incentivos entre los diversos agentes. El futuro de Sánchez e Illa está unido como nunca lo estuvo el de Zapatero con Montilla o Maragall (más bien, sucedió lo contrario). [A pesar de que numerosos columnistas y tertulianos de medios madrileños repitieron durante semanas tras las pasadas elecciones catalanas que era de interés para el Presidente del Gobierno sacrificar a Illa y darle el poder a Puigdemont. Hay predisposiciones al error de diagnóstico permanente que difícilmente rectificarán].
Y la llegada de los socialistas al gobierno se produce en un inédito contexto de declive del apoyo social a sus adversarios (también lo contrario de lo que sucedió durante el tripartito). Como ya hemos explicado aquí, el retroceso del independentismo podría no ser coyuntural, y deja a sus partidos con tremendas dificultades internas, particularmente Junts, como explicamos aquí.
Incluso el contexto de la oposición española es radicalmente opuesto al de precedentes anteriores. El momento de fuerza institucional del PP a nivel autonómico -en paralelo a una debilidad latente en su líder nacional, al que pocos en su partido reconocen posibilidades de supervivencia, a pesar de tenerlas)- le convierte en un actor con intereses dispersos y más cercanos a alcanzar acuerdos en materia de financiación de lo que los análisis del momento presumen. Un escenario que favorecer, además, estrategias de cooperación a nivel autonómico entre Catalunya y otras regiones fundamentales para el acuerdo.
El resultante de todo ese cuadro podría ser la desactivación de Catalunya como motor de polarización, algo a lo que el nuevo presidente y el nuevo equipo de gobierno parecen más que inclinados y preparados. De hecho, muchos analistas y políticos actuales probablemente nos recordarán en qué momento Catalunya pudo significar otra cosa en la política española (lo que limita la falta de imaginación para prever las consecuencias que se pueden derivar de ello). De confirmarse, esa será la gran novedad del gobierno que Salvador Illa pone en marcha hoy y su impacto en el desarrollo de la política española podría ser históricamente sustantivo.
Aunque para muchos esto pueda parecer una obviedad, no todos están de acuerdo con la idea de cambio de ciclo. Si bien no hay ninguna duda de ello desde la perspectiva del independentismo saliente (incluso Carles Puigdemont vino a reconocer, ya desde Bruselas, que con Illa Catalunya entra en una nueva etapa), parte de la oposición a Sánchez no lo tendrá tan claro por los acuerdos con ERC, el mantenimiento del consenso en política lingüística, y la afirmación del propio Illa de que no viene a destruir lo anterior.
Seguro que se podrán encontrar juicios intermedios entre el independentismo unilateralista que ha tratado de impedir la presidencia de Illa (al que se considera el más españolista de los líderes del PSC) y el españolismo anticatalanista que inspira focos de opinión en el resto de España (para quien Illa y muchos de los líderes del PSC en el nuevo gobierno son indudables independentistas camuflados). Para ambos extremos, es cierto que la figura del nuevo presidente contiene muchos matices que se apartan de los liderazgos tradicionales de la política catalana. Los sinteticé en esta nota biográfica hace algún tiempo.
¿Hasta qué punto hay novedad en este nuevo gobierno? ¿Es un retorno a los tiempos anteriores del procés, o hay algo más?
Desde la perspectiva de su composición, hay algunas peculiaridades. Con 16 departamentos, se trata del ejecutivo con mayor número de consejerías de los 235 gobiernos autonómicos formados en España desde 1980 (la media española suele ser de 11 consejerías, fluctuando entre 6 y 15 departamentos). El único precedente en esta cifra es el ejecutivo de Pasqual Maragall entre 2003 y 2006, con un número igual, aunque entonces formado por tres partidos distintos.
Más sustantivamente, también es el ejecutivo catalán con mayor porcentaje de mujeres desde 1980 (56%), en una de las Comunidades que resultó más reticente a alcanzar la paridad en los ejecutivos (solo el gobierno precedente de Pere Aragonés adoptó ese principio). De hecho, el ejecutivo de Illa solo será superado por escasos precedentes en aquellas comunidades más acostumbradas a la paridad: Extremadura (incluso el primer gobierno de María Guardiola el año pasado contó con siete mujeres de diez consejerías), Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias y la Comunidad Valenciana.
"El nivel de ‘expertise’ es relativamente moderado (pudiéndose considerarse como tales apenas a la mitad de consejeros)"
Se ha destacado su perfil municipalista (aunque en esto no se aparta de gobiernos anteriores con consejeros de izquierdas, dado que el PSC, Comunes e incluso ERC suelen formar sus cuadros en los ayuntamientos, algo menos claro en la tradición de CiU y ahora Junts). También su componente especialista. Aunque los analistas relacionan esto último con la personalidad de Illla, en realidad el nivel de ‘expertise’ es relativamente moderado (pudiéndose considerarse como tales apenas a la mitad de consejeros).
En cambio, resulta mucho más relevante su intenso capital político: solamente dos consejeros carecen de alguna experiencia política en el ámbito ejecutivo o parlamentario (el 12,5%, uno de los más bajos en la serie de gobiernos autonómicos de toda España). Ninguno de ellos estuvo previamente en el Congreso de los Diputados, aunque la nueva Consejera de derechos sociales (y el propio Illa) han pasado y conocen bien el actual Gobierno de Pedro Sánchez. Y la proyección internacional catalana contará además con un consejero -este sí- buen conocedor “de” y bien conectado “con” las instituciones europeas, sin que ello signifique ningún tipo de desconexión de la lealtad estatal.
"Resulta mucho más relevante su intenso capital político: solamente dos consejeros carecen de alguna experiencia política en el ámbito ejecutivo o parlamentario (el 12,5%, uno de los más bajos en la serie de gobiernos autonómicos de toda España)"
¿Qué nos puede indicar esto sobre su orientación política? Mientras que Illa apuesta por el continuismo en áreas como cultura y política lingüística -donde más se le ha criticado desde el independentismo (a pesar de que el PSC siempre ha participado del consenso predominante en estos ámbitos)-, los primeros nombramientos en otras áreas sugieren la búsqueda de cambios en la manera de abordar las políticas públicas. Esa es siempre una expectativa que la acción deberá confirmar o refutar después.
En suma, se trata de un ejecutivo con mucha experiencia política (se han acabado con los outsiders dirigiendo a insiders, como sucedió en la cumbre del procés) y, especialmente, con muchos recursos para facilitar las relaciones con otros niveles de gobierno, especialmente con las grandes ciudades, el gobierno central y también las instituciones europeas. Y eso sí será una novedad relevante de la última década y media en la política catalana… y más atrás.
"Esta podría ser la etapa política en Catalunya con mayor alineamiento entre las dos administraciones de gobierno que habremos conocido en democracia"
Un elemento constante de cualquier gobierno en Catalunya desde 1980 ha sido la existencia de disparidades o conflictos públicos entre miembros del ejecutivo autonómico y el gobierno central. Ni siquiera Maragall o Montilla pudieron evitar que algunos de sus consejeros discreparan abiertamente con miembros del gobierno español. Además, toda la polémica de la reforma estatutaria (antes, durante y después), que determinó aquellos años propició episodios muy costosos para la izquierda española que hoy todos recuerdan (y algunos esperan volver a reeditar).
Sin embargo, esta podría ser la etapa política en Catalunya con mayor alineamiento entre las dos administraciones de gobierno que habremos conocido en democracia. No tanto porque no existan discrepancias o elementos de inestabilidad. Algunos son obvios: ERC se encuentra sosteniendo a dos ejecutivos -en Barcelona y en Madrid- sin participar directamente en sus decisiones; aún peor, Junts se ha quedado en la oposición en Barcelona pero su apoyo es crucial en Madrid; en ese contexto, se complica aún más conseguir un acuerdo con el PP, especialmente con algunos de sus gobiernos autonómicos, para impulsar la reforma de la financiación. Todas estas dificultades, y muchas otras (a las puertas de un cambio en el ciclo económico) han servido para que muchos den poco recorrido a esa reforma y, con ello, quizá al castillo de naipes sobre la que se ha edificado.
Frente a ese escenario menos optimista, la principal novedad que se da en el nuevo gobierno es la alineación de inclinaciones e incentivos entre los diversos agentes. El futuro de Sánchez e Illa está unido como nunca lo estuvo el de Zapatero con Montilla o Maragall (más bien, sucedió lo contrario). [A pesar de que numerosos columnistas y tertulianos de medios madrileños repitieron durante semanas tras las pasadas elecciones catalanas que era de interés para el Presidente del Gobierno sacrificar a Illa y darle el poder a Puigdemont. Hay predisposiciones al error de diagnóstico permanente que difícilmente rectificarán].
Y la llegada de los socialistas al gobierno se produce en un inédito contexto de declive del apoyo social a sus adversarios (también lo contrario de lo que sucedió durante el tripartito). Como ya hemos explicado aquí, el retroceso del independentismo podría no ser coyuntural, y deja a sus partidos con tremendas dificultades internas, particularmente Junts, como explicamos aquí.
Incluso el contexto de la oposición española es radicalmente opuesto al de precedentes anteriores. El momento de fuerza institucional del PP a nivel autonómico -en paralelo a una debilidad latente en su líder nacional, al que pocos en su partido reconocen posibilidades de supervivencia, a pesar de tenerlas)- le convierte en un actor con intereses dispersos y más cercanos a alcanzar acuerdos en materia de financiación de lo que los análisis del momento presumen. Un escenario que favorecer, además, estrategias de cooperación a nivel autonómico entre Catalunya y otras regiones fundamentales para el acuerdo.
El resultante de todo ese cuadro podría ser la desactivación de Catalunya como motor de polarización, algo a lo que el nuevo presidente y el nuevo equipo de gobierno parecen más que inclinados y preparados. De hecho, muchos analistas y políticos actuales probablemente nos recordarán en qué momento Catalunya pudo significar otra cosa en la política española (lo que limita la falta de imaginación para prever las consecuencias que se pueden derivar de ello). De confirmarse, esa será la gran novedad del gobierno que Salvador Illa pone en marcha hoy y su impacto en el desarrollo de la política española podría ser históricamente sustantivo.
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