La responsabilidad del poderoso

En democracia se requiere, no sólo la ética de la responsabilidad, como afirma el sociólogo alemán Max Weber, sino también un equilibrio entre confianza y respeto entre principios y circunstancias. Nuestros ideales dicen algo sobre lo que queremos ser, pero nuestros compromisos revelan quienes somos. La comparecencia de José Luis Ábalos, en la que no ha renunciado a su acta de diputado, revela que sus compromisos personales pesan más que los ideales del partido en el que milita hace más de cuarenta años y con el que ha sido ministro de Transportes. 

Es cierto que ningún juez ha imputado a Ábalos ni tampoco forma parte de ningún auto judicial, como ha explicado en poco más de quince minutos y sin preguntas posibles por parte de los medios de comunicación. Sin embargo, este acto de proceder de Ábalos pasa por alto un problema de fondo que inquieta e intentan resolver los teóricos de la ciencia política desde Aristóteles hasta Hobbes o Maquiavelo, ¿hasta dónde son capaces de llegar los políticos con tal de no perder el poder? 

Pensar en el fin del poder, en el del poderoso, ya sea un líder natural, una vieja estructura, un proyecto ideológico, un modelo social o un económico, es hacerlo sobre la supervivencia y la oportunidad porque no existe el dirigente que no desea el poder, y no hay poder que no tenga un ápice de la más pura individualidad.

Tanto el ascenso como el descenso de dirigentes han sido objeto de estudio literario, filosófico y político a lo largo de la historia: obras como Yo, Claudio, Memorias de Adriano, El Príncipe o El Político y el Científico muestran cómo las figuras del poder se entrecruzan, van del despótico al de la deidad, el espiritual y el violento. Y, entre los temores de los poderosos está la muerte, el olvido, la inexistencia y, sobre todo, la normalidad. Al poderoso le aterra la normalidad. O, como a Ábalos, ser un apestado.  



En los comienzos de la democracia liberal los partidos políticos eran una pieza clave. Concitaban el entusiasmo y la lealtad de los votantes. Esto no significa que los candidatos fueran anodinos. No lo eran. Sin embargo, en las mutaciones que sufrió el gobierno representativo desde finales del siglo XVIII el papel de los candidatos fue adquiriendo un perfil más notable y central. Con el advenimiento de la televisión los candidatos tuvieron que ser no sólo notables, sino también figuras mediáticas. Su importancia creció y superó en muchos casos a la de los partidos políticos. Los candidatos, no los partidos, ganan o pierden elecciones. Curiosamente, como señala el filósofo francés, Bernard Manin, esto significó una vuelta a los orígenes del gobierno representativo, en los cuales la personalidad de los candidatos era crucial. 

La complejidad del gobierno moderno también contribuyó al personalismo en la política. El poder discrecional de los gobernantes hoy es enorme. Deciden una infinidad de temas de política pública en los ámbitos más diversos. Las promesas de campaña puntuales son importantes, pero las plataformas de gobierno no lo son. Es muy probable, y los votantes lo saben, que en el curso de sus mandatos los gobernantes tengan que enfrentar circunstancias imprevisibles. Por ello, es racional que los candidatos presuman sus cualidades personales y sus aptitudes para gobernar. Así, los candidatos deben inspirar confianza a los votantes; una certeza de que en circunstancias inesperadas sabrán actuar con prudencia y buen tacto. No hay nada mesiánico en un candidato que centra en sí mismo su oferta política.

Pero hay un tipo de personalismo que no es funcional para la democracia. Se trata del personalismo que erosiona a las instituciones como el sarro a un diente sano. El caso Koldo vs Ábalos es un ejemplo de este personalismo que daña la credibilidad del partido del gobierno y el de las instituciones provocando el declive de la confianza pública y agravando la crisis de legitimidad política. De hecho, en el último barómetro del CIS de febrero de 2024 confirma este descontento como principal problema de los españoles desde 2015. En concreto, el 10,1% de los encuestados lo sitúa como el segundo problema nacional, después del paro (10%).  

Una democracia, más que un régimen de acuerdos, es un sistema para convivir en condiciones de profundo y persistente desacuerdo. Ahora bien, en asuntos que definen nuestro contrato social o la propia existencia como gobierno vale la pena invertir nuestros mejores esfuerzos. Y esto no significa renunciar a sus propios principios, pero defenderlos sin flexibilidad es condenarse al estancamiento o la “estigmatización”, como teme José Luis Ábalos. Dimitir no hubiera supuesto reconocer ninguna culpabilidad jurídica, sino asumir la responsabilidad política. Este no era el momento de las convicciones, sino el de la sensatez.