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SR. GARCÍA

Colgar de los pies

Ana I. López Ortega

5 mins - 20 de Diciembre de 2023, 07:00

Como bien ha apuntado Miguel Lorente, colgar de los pies no es una manera de ajusticiar a nadie, sino una forma infamante de exhibir su cadáver. Implica, además del asesinato, la deshonra pública, como le sucedió a Mussolini aquel 28 de abril de 1945. Contagiado sin duda de la retórica descomedida del ya presidente de la República Argentina, el líder de Vox se atrevió a pronosticar en una entrevista al diario argentino Clarín que «habrá un momento en que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez». La mayoría de los análisis políticos que se han vertido en los medios estos días sobre semejante afirmación se han centrado en subrayar el componente de incitación al odio, o incluso a la violencia, de la frase. Pero la aseveración incluye otros ingredientes, más implícitos, que delatan la forma y manera en que nuestra extrema derecha entiende la política en general y la democracia en particular. Ingredientes que también es necesario destacar por su carácter especialmente tóxico para el pluralismo político.

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En primer lugar, la frase de marras incluye esa apelación al «pueblo» tan característica de la vieja y la nueva extrema derecha, porque es bien sabido que ellos son los que representan al «verdadero» pueblo, aunque tan solo les hayan votado un 12,39 % de los que tuvieron la posibilidad de hacerlo en las últimas elecciones. Nada nuevo bajo el sol, sin embargo: se trata de una estrategia bien conocida en la historia política del siglo XX, por el que el partido representa al pueblo y su líder —el Führer, el Duce, el Caudillo o el Secretario General— lo encarna. Porque se trata de una relación directa, sin intermediaciones, no mediatizada por ningún tipo de institución ni cortapisa parlamentaria: el pueblo tiene solo una voz que se expresa a través del líder. De ahí que ese proceso de mitificación del líder corra parejo con el de la uniformización política. Porque, ¿qué pasa con esos casi 12 millones y medio de personas que no votaron al PP, a Vox, a UPN o a Coalición Canaria? ¿No son «pueblo»? ¿O, como ha sucedido otras veces, su voz ha de ser ignorada o silenciada a la fuerza y por la fuerza?

Ambas estrategias, la de la representatividad directa—casi mística— del pueblo y la uniformización ideológica son especialmente perniciosas para la democracia. Porque, al fin y al cabo, la democracia es una forma de organizar pacíficamente el disenso político, la disconformidad ideológica y hasta el conflicto social. Y ha quedado sobradamente demostrado que los de Santiago Abascal tienen algunos problemas para gestionar la discrepancia. No hay más que acudir a la hemeroteca para descubrir las numerosas veces que han abogado por ilegalizar a partidos políticos que se limitan a defender pacíficamente sus ideas: por supuesto Bildu, pero también Junts y ERC o hasta el PNV.



Todo ello cursa además con lo que podríamos denominar una «desnaturalización» del lenguaje político con el que nos hemos entendido hasta ahora. Lamentablemente, no es nada sorprendente, aunque siga siendo peligroso, que la extrema derecha recurra a todo tipo de exageraciones retóricas, excesos declamatorios o mezquinas tergiversaciones argumentales. Al fin y al cabo, ellos han venido a romper los consensos y tensar las costuras democráticas del sistema. Pero lo que resulta preocupante es que el PP se sume a ese despropósito oratorio con hipérboles impropias. Comparar, como hizo Núñez Feijóo el pasado martes en la tribuna del Congreso, la toma en consideración de la Ley de Amnistía con lo que sucedió en ese mismo lugar aquel aciago 23 de febrero de 1981 es situar en el mismo plano moral hechos de envergadura política muy diferente: aquello fue una golpe de estado de manual, una asonada anacrónica muy en la línea del pronunciamiento decimonónico tan característicamente español, mientras que si la Ley de Amnistía sale adelante, guste más o menos, será gracias al voto mayoritario de una cámara representativa de la soberanía nacional elegida libre y democráticamente

Es evidente que si el PP se suma a la retórica extrema de Vox es con la intención de achicarle espacios electorales, no hay más que ver a quién ha elegido como portavoces parlamentarios. Pero recurrir al lenguaje del absoluto que solo diferencia entre el todo y la nada, entre el caos o yo, ese abandono voluntario de la temperancia retórica, es especialmente pernicioso para la democracia. La libertad de expresión tiene límites legales, ya lo sabemos, pero el lenguaje institucional de la política los debería tener además éticos, por no hablar de que debería ceñirse a los principios pragmáticos de cortesía y respeto por el interlocutor, algo que hoy en día parece un sueño inalcanzable. Por eso es especialmente pertinente la denuncia que el PSOE ha anunciado que interpondrá contra Santiago Abascal por aquellas horrísonas declaraciones que ahora alguno de sus conmilitones quieren rebajar al nivel de la metáfora o la expresión coloquial. Es algo poco habitual en España, pero no tan extraño en otros países europeos. Jean-Marie Le Pen fue condenado en Francia por «trivializar» el Holocausto y, hace unos años, el que posiblemente sea el próximo primer ministro de los Países Bajos, el extremista Geert Wilders, lo fue por insultos y discriminación racial contra una parte de la población neerladensa, la de origen marroquí. Sea lo que sea lo que decidan los jueces en su momento, sin duda servirá para pararnos un poco a pensar qué decimos y cómo lo decimos. Lo cual, visto el contexto político de inflación retórica en el que vivimos, no será poco ni será baladí.

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