El origen del conflicto generacional: 'The Economist' y las pensiones

En los últimos años hemos asistido a la proliferación de discursos sobre el conflicto intergeneracional. Jóvenes contra mayores, millennials contra boomers y, más recientemente, la generación Z frente a las generaciones que la precedieron. Estos discursos no han surgido de la nada. Hunden sus raíces en debates que cobran fuerza a partir de los años ochenta, en un contexto marcado por la crisis fiscal del Estado de bienestar y por la incertidumbre acerca de su sostenibilidad.

En los países desarrollados, la maduración de los grandes programas de bienestar había generado un creciente volumen de beneficiarios de servicios y transferencias públicas. La ciudadanía había adquirido nuevos derechos sociales y, en particular, millones de trabajadores habían acumulado largas trayectorias de cotización durante un prolongado periodo de expansión económica. Al mismo tiempo, desde finales de los años setenta se había producido lo que algunos autores denominaron una "explosión de necesidades": una epidemia de desempleo asociada a la desindustrialización y la acumulación de nuevos problemas sociales vinculados a los procesos de modernización —urbanización, drogodependencias, migraciones internacionales, envejecimiento—. Frente a esta expansión de las necesidades sociales, en una coyuntura económica recesiva, los Estados se encontraban con crecientes dificultades fiscales.

"La maduración de los grandes programas de bienestar había generado un creciente volumen de beneficiarios de servicios y transferencias públicas"

En este contexto de estrangulamiento fiscal, empiezan a adquirir protagonismo determinados discursos sobre las relaciones entre generaciones, tanto en el ámbito académico como en la conversación pública. Investigadores, ensayistas y periodistas comienzan a poner en relación las transformaciones institucionales del Estado de bienestar con los problemas que experimentaban las nuevas generaciones en su transición a la vida adulta. Muchos de estos análisis combinan la radiografía de nuevos riesgos sociales con una crítica al Estado de bienestar heredado: su supuesta incapacidad para responder a los problemas emergentes, su ineficiencia o incluso la posibilidad de que algunas de sus intervenciones produjeran efectos perversos.

Una línea argumental fue adquiriendo especial relevancia. Conectaba estas críticas con el discurso neoliberal que se consolidó durante los años ochenta y noventa de la mano de Reagan y Thatcher: el cuestionamiento de la capacidad y conveniencia de que el Estado asumiera nuevas responsabilidades, la externalización de riesgos hacia individuos y familias y la expansión de lógicas de mercado en ámbitos anteriormente regulados o protegidos por las instituciones públicas.

The Economist constituye un observatorio privilegiado para reconstruir esta confluencia entre la agenda liberal y el discurso del conflicto intergeneracional. El seguimiento de sus artículos a lo largo de varias décadas permite observar cómo un problema inicialmente formulado en términos de sostenibilidad del Estado de bienestar fue adquiriendo progresivamente la forma de un conflicto distributivo entre generaciones.

"El seguimiento de sus artículos a lo largo de varias décadas permite observar cómo un problema inicialmente formulado en términos de sostenibilidad del Estado de bienestar fue adquiriendo progresivamente la forma de un conflicto distributivo entre generaciones"

Durante los años noventa comenzaron a proliferar en sus páginas las advertencias sobre los efectos económicos y políticos del envejecimiento. El aumento del número de pensionistas aparecía como una amenaza para la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y, más ampliamente, para los acuerdos fiscales sobre los que descansaba el Estado de bienestar. La expresión "bomba demográfica" se convirtió en una fórmula recurrente para describir un futuro que parecía inminente.

Lo interesante de este encuadre es que dos categorías demográficas —jóvenes y mayores— comenzaron a adquirir una capacidad explicativa que desbordaba su condición descriptiva. La heterogeneidad interna de ambas categorías quedaba fuera del encuadre. Aparentemente, no importaba si los mayores eran propietarios o inquilinos, ricos o pobres, antiguos trabajadores estables o personas con carreras laborales precarias. Tampoco si los jóvenes procedían de familias acomodadas o desfavorecidas. Lo relevante era su pertenencia a una determinada categoría de edad.

Se transformaba así una cuestión demográfica en un problema distributivo. Si aumentaba el número de beneficiarios de las pensiones y de los servicios sanitarios y disminuía el número de trabajadores, alguien tendría que pagar la diferencia. El conflicto aparecía como una consecuencia casi inevitable de la aritmética demográfica.

La cuestión no era únicamente cuánto gastaba el Estado, sino quién pagaba y quién recibía. Y, una vez formulada de este modo, la relación entre generaciones adquiría inevitablemente una dimensión política: los mayores constituían un grupo creciente de votantes con capacidad para defender sus derechos adquiridos, mientras que los jóvenes, en su condición menguante, aparecían condenados a ser los contribuyentes presentes o futuros que tendrían que financiar unas obligaciones cada vez mayores. Nadie anticipaba entonces el papel de la migración en el sostenimiento financiero del Estado de bienestar.

Durante la primera década del siglo XXI, el encuadre comenzó a experimentar una transformación. Ya no se trataba solamente de un colectivo indeterminado de jóvenes y mayores. Aparecieron categorías generacionales más precisas: boomers y millennials. Con este importante desplazamiento, el problema pasa a formularse como una cuestión de distribución de recursos, oportunidades y patrimonio entre cohortes.

A lo largo de las dos últimas décadas, The Economist ha ido incorporando nuevas dimensiones a este relato. El peso demográfico de los mayores se transforma en peso político. En una sociedad cuyo votante mediano envejece, los gobiernos tendrían incentivos para responder prioritariamente a las demandas de los electores de mayor edad: pensiones, sanidad y protección frente a determinados riesgos. El argumento se extiende entonces más allá de las cuentas del Estado. Los recursos destinados a los mayores podrían estar desplazando inversión, innovación y oportunidades para los jóvenes.

La vivienda proporciona una nueva plataforma para este encuadre. El espectacular incremento de los precios inmobiliarios ha permitido reinterpretar la desigualdad patrimonial como una cuestión generacional. Los jóvenes ya no consiguen acceder a la vivienda y acumular patrimonio con la misma facilidad que las generaciones anteriores. El problema vuelve a formularse, por tanto, como una relación entre cohortes: quienes llegaron antes al mercado inmobiliario se habrían beneficiado de unas condiciones que ya no están disponibles para quienes llegan después.

"Los recursos destinados a los mayores podrían estar desplazando inversión, innovación y oportunidades para los jóvenes"

Lo significativo es que, en determinadas versiones de este relato, la explicación se desplaza desde los fallos del mercado de la vivienda hacia las decisiones políticas que favorecieron a unos grupos de edad frente a otros. Y la solución que se ofrece es, como es de esperar en una revista de raigambre liberal, mayor confianza en el mercado y menor intervención pública.

El lenguaje se ha hecho también más explícito. En un artículo publicado el pasado mayo, The Economist llegó a titular "How boomers screwed Europe" (Cómo los boomers arruinaron Europa). Es una expresión muy contundente a través de la que una generación pasa de categoría demográfica a sujeto colectivo causante de los problemas de otra.

En Estados Unidos, según el argumento de la revista, la mayor extensión de los planes privados de pensiones habría permitido canalizar enormes cantidades de capital hacia los mercados financieros, contribuyendo a financiar la innovación empresarial y el desarrollo de nuevas compañías tecnológicas. La comparación sirve así para contraponer dos modelos institucionales: uno europeo, lastrado por compromisos públicos hacia las generaciones mayores, y otro estadounidense, más apoyado en mecanismos privados de acumulación y capitalización.

La interpretación liberal contiene elementos que conviene tener presentes. Ha contribuido a llamar la atención sobre riesgos sociales que afectan de manera especialmente intensa a las generaciones jóvenes: precariedad laboral, dificultades de emancipación, acceso a la vivienda, acumulación patrimonial o incertidumbre sobre el futuro.

"La solución que se ofrece es, como es de esperar en una revista de raigambre liberal, mayor confianza en el mercado y menor intervención pública"

Pero el encuadre también presenta importantes lagunas y distorsiones. A la hora de hablar de generaciones, hay que recordar que no son bloques sociales homogéneos. Hay jóvenes que transitan con relativa facilidad hacia la vida adulta gracias al capital económico, cultural, político y social de sus familias. Y hay mayores que llegan a la jubilación después de carreras laborales discontinuas, empleos precarios o largos periodos de informalidad, y que disponen de escasos recursos.

El riesgo de convertir la edad en la principal categoría explicativa es que otras dimensiones fundamentales de la desigualdad —clase social, género, territorio, educación, origen familiar o patrimonio— quedan relegadas a un segundo plano.

Un joven de una familia propietaria y con elevados recursos puede compartir generación con otro joven que carece de vivienda, patrimonio y redes familiares de apoyo, pero sus oportunidades vitales son radicalmente diferentes. Del mismo modo, un jubilado propietario de varias viviendas y un pensionista con una pensión mínima pertenecen a la misma generación estadística, pero ocupan posiciones sociales muy distintas.

La desigualdad entre generaciones no elimina, por tanto, la desigualdad dentro de las generaciones. Y ambas pueden incluso reforzarse mutuamente.

"El riesgo de convertir la edad en la principal categoría explicativa es que otras dimensiones fundamentales de la desigualdad quedan relegadas"

En España, muchos analistas llevan (llevamos) tiempo debatiendo sobre este tipo de cuestiones, aunque hay quienes todavía prefieren no acusar recibo y se afanan en convencernos de haber iniciado debates nacionales, o incluso internacionales. La ignorancia es atrevida. Ya en la década de los noventa, sociólogos pioneros como Enrique Gil Calvo, Teresa Jurado o Javier Polavieja radiografiaban mecanismos institucionales que condicionaban procesos de emancipación, acceso a la vivienda o desigualdad en el mercado de trabajo. Muchos más, desde la sociología y otras disciplinas, han aportado perspectivas, conceptos, herramientas analíticas y datos.

El 22 de junio de 2012, la politóloga Belén Barreiro publicaba en El País un brillante artículo: "Regreso del futuro". En él imaginaba el nacimiento de un "Partido Radical" que abanderaría la causa generacional y denunciaría el abandono de los problemas de los jóvenes. Barreiro situaba su hipotético nacimiento en 2016.

En el mundo real, el alumbramiento llegó antes. Nació en 2014 y se llamó Podemos. Liderado por rostros más jóvenes de lo habitual en un partido político, durante varios años fue la opción preferida por buena parte del electorado menor de 45 años, al que prometía luchar contra la precariedad, topar el precio de las viviendas y derribar el régimen político injusto avalado en referéndum por sus padres en 1978. Su aparición se produjo en el contexto de la crisis económica, el 15-M y el desgaste del bipartidismo. Tras un ascenso fulgurante, sin embargo, su estrella comenzó pronto a declinar y nunca llegó a consolidarse como opción mayoritaria, tampoco entre los jóvenes.

Poco después emergió un segundo partido con un notable atractivo entre electores más jóvenes, aunque bebía de otras fuentes ideológicas. Un conocido banquero llegó a bautizarlo como "el Podemos de derechas". Ciudadanos abanderaba, desde una posición liberal, una reorientación de las políticas públicas que pretendía otorgar mayor peso a las necesidades y agravios de las nuevas generaciones. No perseguía el apoyo de los mismos jóvenes —la juventud, como hemos visto, dista mucho de constituir un colectivo homogéneo— y sus propuestas eran totalmente diferentes. También fracasó. En las elecciones de 2019, el grueso del electorado joven estaba decantándose de nuevo por los partidos tradicionales.

El artículo de Belén Barreiro no fue una profecía en sentido estricto. Era una extrapolación inteligente de tendencias que las ciencias sociales venían identificando desde hacía años: precarización juvenil, pérdida de expectativas, desafección política y creciente distancia entre las experiencias vitales de distintas cohortes. Además, Barreiro advertía de otra posibilidad: que una movilización generacional pudiera adoptar una identidad mucho menos atractiva y potencialmente más peligrosa, bajo una denominación como "Unión Nacional". Es importante recordar la fecha de publicación: 2012. No hacía falta una bola de cristal; era necesario, si acaso, contar con la solvencia intelectual de la autora y prestar atención a los debates que ya estaban teniendo lugar en las ciencias sociales y en otros países.