Luces y sombras de las pensiones en España y Europa

Hay una realidad incuestionable en la necesidad de abordar la reforma de las pensiones públicas en Europa y en España y esa realidad es el envejecimiento de la población y el declive demográfico que presentan nuestro continente y nuestro país. Como bien dice Bruno Palier, "en 2017, había más de 100 millones de personas mayores de 65 años en Europa, frente a 85 millones en 2008 y 38 millones en 1960, y las proyecciones de la Comisión Europea prevén que la cifra aumente hasta 149 millones en 2050". Es la jubilación de la generación del baby boom y la cercana de la llamada generación X, junto con la caída a plomo de la natalidad, la que condicionará, nos guste más o menos, el futuro de las pensiones.

"Es la jubilación de la generación del baby boom y la cercana de la llamada generación X, junto con la caída a plomo de la natalidad, la que condicionará el futuro de las pensiones"

De hecho, en España, como indica el INE, las proyecciones demográficas indican que la población mayor de 65 años aumentará del 20,4% actual al máximo del 30,5% en 2055 para descender después al 30,3% en 2070. Esto hace que la tasa de dependencia, es decir, el cociente entre los menores de 16 años y los mayores de 64 y la población entre 16 y 64 años, alcance el 75,3% máximo en el 2052 para bajar el 73,9% en el 2074. Si queremos mantener el sistema de reparto como base fundamental del modelo de pensiones, donde la generación en activo financia las jubilaciones actuales y al mismo tiempo acumula derechos para su propia pensión, garantizando una transferencia solidaria de rentas entre generaciones, resulta necesario acometer reformas. Y mucho mejor si son paramétricas, es decir, en uno o varios aspectos de los integrantes, e incrementales (poco a poco) y no sistémicas o en su totalidad. 

Pero también hay otra realidad que es importantísima cuando se habla de las pensiones y su futuro. Y esta realidad se basa en una cuestión ideológica y no factual. Nos referimos a la apuesta que ha hecho la Unión Europea, siguiendo al Banco Mundial, por establecer un modelo multipilar de pensiones que privatice en buena medida el sistema de pensiones europeo. Así, en varias comunicaciones, la Comisión Europea ha defendido la estructura de tres pilares que defiende desde los años noventa el Banco Mundial. Este sistema, como indica la profesora Rubio Lara, debería reposar sobre tres pilares: un primer pilar integrado por las pensiones públicas, financiado con impuestos generales que proporcionarían una pensión básica; un segundo pilar constituido por planes privados de pensiones profesionales de carácter obligatorio, que se financiaría con el ahorro de los partícipes —y que debería gestionarse, por supuesto, por la industria de servicios financieros—; y un tercer pilar, de carácter voluntario, que se apoyaría en los planes privados de ahorros personales. Es decir, dos de los tres pilares serían pensiones privadas de capitalización. 

En este sentido, más allá del fracaso de las pensiones privadas en Chile, que han ofrecido prestaciones ridículas a más del 90% de los jubilados, y dejando también al margen el pánico generado entre los jubilados estadounidenses que dependen de los planes 401(k) tras las medidas arancelarias de Trump y el posterior desplome de la bolsa norteamericana, lo cierto es que, además de su propia volatilidad, las pensiones privadas de capitalización están expuestas a la inflación y a múltiples factores que pueden dejar en situación de extrema vulnerabilidad a las personas mayores. Entonces, ¿a qué se debe la apuesta del Banco Mundial recogida por la Comisión Europea por este sistema? En mi opinión, responde a un asunto ideológico: la apuesta por la economía de la oferta y el abandono de las políticas keynesianas que se impuso desde los noventa por el modelo neoliberal. 

El modelo europeo y la puja de la Comisión

Las políticas de la llamada economía de la oferta, que van ligadas a la globalización, buscan ganar competitividad para los distintos países mediante un indisimulado abaratamiento de la mano de obra —con las llamadas políticas laborales de "activación"—, al tiempo que buscan el superávit fiscal o al menos el equilibrio. Curiosamente, esto se hace reduciendo gastos y primando las rebajas fiscales a las rentas del capital en contra de las rentas del trabajo, al tiempo que supuestamente se incentiva el ahorro y la inversión. Y qué mejor forma de alimentar los mercados de capitales y financieros que con planes privados, ya sean de empresas o meramente de particulares, de jubilación, con planes de capitalización. Esta es la lógica que se esconde tras la apuesta del Banco Mundial y de la Comisión Europea. En este sentido, conviene recordar —como señalan Díaz, Loscos y Ruíz Huerta— que las políticas basadas en la economía de la oferta "no consiguieron sus objetivos finales prometidos —un crecimiento financiero sostenible y una política fiscal más eficaz—, como se puso de manifiesto en la crisis financiera de 2008 y la pandemia".

"Alimentar el mercado financiero con las aportaciones de los ciudadanos a planes privados de capitalización responde a una apuesta ideológica muy concreta"

A partir de ahí resulta evidente que alimentar el mercado financiero con las aportaciones de los ciudadanos a planes privados de capitalización, incluso con el respaldo de la UE, responde sobre todo a una apuesta ideológica muy concreta. Algo además que puede, y de hecho lo hace, crear muchos más problemas, entre ellos el súbito empobrecimiento de los jubilados y su intranquilidad permanente. Por no hablar, como menciona Rubio Lara, que transitar de un sistema de reparto a uno de capitalización es prácticamente imposible porque es imposible un "doble pago" que "exigiría un periodo de transición durante el cual los trabajadores tendrían que financiar las pensiones del sistema de reparto y, además, ahorrar para su propia pensión".

Sea como fuere, lo cierto es que dada la realidad y las prospecciones de evolución demográfica, se hace inevitable una perspectiva de ciertas reformas. La propia Comisión Europea, en su Libro Verde sobre el Envejecimiento indica que "es probable que el mayor número de pensionistas y la menor cantidad de personas en edad laboral lleven a unos porcentajes de cotización más elevados y unas tasas de sustitución (la relación entre la pensión inicial y el salario final del jubilado) inferiores con el fin de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas". Para a continuación hablar de la cuestión de la justicia intergeneracional, y de que "la tasa de dependencia de vejez en la UE en 2040 solo se mantendría al mismo nivel que en 2020 si la vida laboral se ampliara hasta los setenta años". La Comisión Europea también se expresa con ideología cuando hace estas afirmaciones, lo mismo que cuando habla de "economía plateada" o de la transmisión de experiencias entre generaciones que implicaría el compartir vivienda, pero lo cierto es que la tasa de dependencia está ahí y no es posible obviarla. Ahora bien, si son necesarias las reformas, ¿qué reformas? ¿Cómo abordarlas? ¿Y en España? 

Qué reformas abordar en Europa y en España

Descartadas en buena medida las reformas sistémicas o integrales, tanto por su dificultad como por sus peligros y por su inequidad, caben las reformas paramétricas e incrementales, es decir las basadas en la modificación de algún elemento y que tengan alguna consideración de incremento en lo que hasta ahora ya se realiza. Una por ejemplo sería aumentar el vínculo entre las cotizaciones y la cuantía de la pensión, o lo que es lo mismo, aumentar el periodo de "cómputo" para calcular la pensión a toda la vida laboral y no a una determinada cantidad de años. Hasta ahora es lo que se ha dado en España en las últimas reformas. Otra opción sería retrasar la edad de jubilación, algo que se ha hecho en Francia —aunque está suspendido hasta 2028—, en España y otros países, y donde la Unión Europea, como quien no quiere la cosa, ha mencionado la cifra de los setenta años. Otra alternativa sería indexar las pensiones preferentemente al IPC, o incluso desligarlo a la baja, más que al salario medio, pues esto conllevaría una rebaja. Y después están los cálculos para modificar las pensiones con base en factores de sostenibilidad y mecanismos de equidad intergeneracional en función de la esperanza de vida, de la evolución del PIB y de la evolución de la tasa de dependencia, que recordemos es la relación entre la población no activa (jóvenes y mayores de 65 años y la población en edad laboral).

La aplicación del régimen de cotización nocional —que simula que una parte de las pensiones es de capitalización, aunque el fondo teórico permanezca en manos del Estado y se eviten así los riesgos del mercado—, como se ha hecho en Suecia, supone en mi opinión una vuelta de tuerca respecto a las reformas incrementales conocidas. Este enfoque podría sustituirse por la introducción de factores de sostenibilidad y mecanismos de equidad antes mencionados. 

"¿Qué hacer cuando los sueldos son bajos y la propia Comisión Europea dice que el peligro de pobreza atenaza ya a más del 18,5% de los mayores de la Unión Europea?"

Ahora bien, ¿qué hacer, como muy bien se pregunta Bruno Palier, cuando los sueldos son los que son, las carreras laborales son cada vez más fragmentadas y la propia Comisión Europea dice que el peligro de pobreza atenaza ya a más del 18,5% de los mayores de la Unión Europea? ¿Qué hacer, sobre todo en España, cuando todas estas taras, los bajos salarios, las carreras laborales fragmentadas, el peligro de pobreza, el peligro de la pérdida de empleo de forma casi definitiva e irreparable a partir de cierta edad, son bastante más pronunciadas que en la Europa continental y del norte?

Para saber a qué atenernos, lo importante es fijarnos en los datos, y relacionarlos unos con otros. Con ellos sabremos qué se puede hacer y qué responde simplemente a factores externos, intereses de terceros o una cierta ideología. Es por lo que nos centraremos, por una parte, en los propios informes Ageing report de la Comisión Europea del 2021 y del 2024, y al informe de la AIReF sobre el caso español. 




Aquí vemos la evolución prevista en sus dos informes por parte de la Comisión Europea, en 2021 y 2024, de la evolución del gasto en relación con el PIB en pensiones públicas. Dejando al margen que los Países Bajos tienen una amplia historia (y eficiencia) en pensiones privadas, y que su gasto es mucho mayor, llama la atención el reducido gasto en pensiones de Alemania, aunque ha efectuado una reforma potenciando las pensiones privadas. El caso de Suecia puede explicarse, además, porque una parte del gasto —como la subvención a las viviendas— no computaría en el apartado propio de las pensiones. Del "chovinismo de bienestar" del que hacen gala los antaño modélicos Estados del bienestar nórdicos y que consiste en dificultar lo máximo posible cosas como el cobro de pensiones totales a los inmigrantes, no entra en consideración.

En cuanto a la elevada factura de las pensiones en relación con el PIB de España o Italia, veremos, centrándonos en nuestro país, cómo tiene su explicación en las retribuciones de los españoles y nuestro mercado laboral. Cabe mencionar también que el apartado para España del informe del 2021 responde a la reforma del PP y del Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que en el informe del 2024, la Comisión ya ha tenido en cuenta sin duda la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá. 





En las tablas 3 y 4 se presenta la tasa de reemplazo de las pensiones, entendida como la relación entre la primera pensión y el último salario. Solo la segunda incorpora los efectos de la reforma de Escrivá. Según la tabla 3, en el caso español la tasa de reemplazo prevista para 2070 sería del 41,3%. Esto supone que una persona con un último salario bruto mensual de 2.000 euros pasaría a percibir una pensión de 826 euros, y quien ganara 1.500 euros vería reducida su pensión a 619,5 euros.

En cambio, la tabla 4 —que recoge los cálculos actualizados a 2024— ofrece un escenario menos deteriorado. Con esta proyección, en 2070 los trabajadores con últimos salarios brutos de 2.000 y 1.500 euros recibirían pensiones de 1.280 y 960 euros mensuales, respectivamente. En ambos casos, las cifras para España son muy bajas, aunque las estimaciones de 2021 resultan especialmente preocupantes, ya que apuntan a niveles que condenarían a una parte significativa de los pensionistas a situaciones de auténtica precariedad.

La quinta tabla hace referencia a la tasa de generosidad. Para España detectamos lo mismo que en la tasa de reemplazo: las cifras son menos malas en su perspectiva que las del resto de Europa. Para un sueldo medio de 28.000 euros anuales, la proyección sitúa la pensión media en 2070 en 15.036 euros al año, fruto de una tasa de reemplazo del 53,7%. No son cifras especialmente alentadoras, aunque solo Italia presenta un porcentaje algo mejor. Ahora bien, ¿por qué España aparece con tasas superiores a las del resto? ¿Significa eso que nuestros gobernantes son más generosos o que defienden a los jubilados con mayor énfasis que sus homólogos europeos? La respuesta se aclara rápidamente cuando observamos los salarios.

Nuestra elevada tasa de reemplazo —y, con ella, la mayor generosidad presente y futura del sistema, que implica un gasto en pensiones más alto en términos de PIB— se explica por el hecho de que los salarios en España se sitúan entre los más bajos de Europa. Si los sueldos fuesen similares a los de Francia o Alemania, las proyecciones mostrarían que, en pocas décadas, la inmensa mayoría de las personas mayores quedaría abocada a la pobreza más absoluta. Y este riesgo afectaría aún más a las mujeres, cuyos salarios son, por lo general, más bajos. En el 2070 los que hoy son nuestros hijos e hijas, y los alumnos de nuestros centros educativos, se enfrentarían a una situación de miseria absoluta en su vejez. Así, conviene recordar que según el INE, el salario medio de los españoles fue en el 2022 de 26.948,87 euros, siendo para los varones de 29.381 euros y para las mujeres de 24.360 euros. Y esto para el salario medio.

"Si los sueldos fuesen similares a los de Francia o Alemania, las proyecciones mostrarían que, en pocas décadas, la inmensa mayoría de las personas mayores quedaría abocada a la pobreza más absoluta"

El salario modal, el que tuvo más frecuencia, con un 4,2% de los españoles, se situó en 14.586,44 euros, y el salario mediano (el que divide el número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) presentó un valor en el 2022 de 22.383,11 euros. Ahora hagan ustedes cálculos con la tasa de reemplazo y la tasa de generosidad y encontraremos la explicación a las cifras vista y a las perspectivas dantescas que tendríamos en unas décadas con los porcentajes de otros países o simplemente la perspectiva que se anunciaba en el 2021 con una tasa de reemplazo de poco más del 41%. Si quieren ahorrarse los mismos, estaríamos hablando de una pensión anual de 11.200 euros correspondientes al salario medio, y de 9.243 euros (660 euros al mes en 14 pagas) para el salario mediano. 

Reformas en la etapa de Rajoy y la última de Escrivá

En este sentido, la Comisión Europea, en su informe del 2021, contemplaba la reforma del Gobierno Rajoy, que se sumaba a la de Zapatero en su momento, y consistía esta última en incorporar un doble mecanismo de ajuste automático: a) el denominado factor de equidad intergeneracional, que relacionaba la pensión con la esperanza de vida del pensionista en el momento de su jubilación, de forma que su cuantía se reducía si aumentaba la última, y b) el factor de revaloración anual, que permitía en su indexación que las pensiones subiesen por debajo del IPC. El resultado: esa cifra de tasa de reemplazo del 41,3% para el 2070, con el camino por supuesto previo para llegar a la misma. Los datos dantescos que arrojaban ya los hemos visto. Algo por cierto que ha estado y estuvo ausente del debate público. 

"Las perspectivas no son buenas, pero son bastante menos malas con la reforma Escrivá, pues la AIReF avala que el gasto medio en pensiones continuará por debajo del 15% del PIB"

Las perspectivas no son buenas, pero son bastante menos malas con la reforma Escrivá. La AIReF, en su informe del 31 de marzo de este año, donde avala que el gasto medio en pensiones se mantendrá por debajo del 15% del PIB en el periodo 2022-2050, enumera estas medidas como son el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), la evolución de las bases máximas de cotización de 2024 a 2050, la cotización adicional de solidaridad a los salarios más altos, la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), las transferencias del Estado a la Seguridad Social para fortalecer los ingresos del sistema pública de pensiones y el impacto permanente o estructural sobre los ingresos del sistema de los incrementos del SMI y de las medidas de la reforma laboral. Como consecuencia la tasa de reemplazo se situaría, según el informe del 2024, en un 64%, más de 22 puntos por encima de lo que implicaba el informe del 2021, y la tasa de generosidad sería de un 53,7%. Aun así, deben ser los próximos informes de la Comisión los que confirmen o desmientan que la senda no sea tan mala como auguraba la reforma anterior del PP.

En cualquier caso, resulta llamativo que el debate sea prácticamente nulo en estos temas y estas perspectivas. Y que apenas se hable de que la miseria de sueldos españoles con un mercado laboral lamentable condiciona que no haya otro camino que mantener un elevado porcentaje de gasto en pensiones en relación al PIB. Porque la otra opción es arrojar a la miseria total en unas décadas a la práctica totalidad de los jubilados españoles. Todo ello es aún más lamentable en un país como el nuestro donde el ruido mediático, centrado mayormente en juegos de poder absurdos, llega a aturdir. Sería cuestión de que se centrase el debate en lo importante. Y una de las cosas más importantes es esa pésima estructura salarial de España, con un mercado laboral, que, en el caso de aplicar a las pensiones lo que se aplica en otros países, acabaría llevando a la indigencia a nuestros futuros jubilados.