Martes, 28 de julio de 2026
MUNDIAL DE FÚTBOL
¿Qué hacemos con la FIFA? Tres propuestas para regular las federaciones deportivas
Una llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, una tarjeta roja suspendida y un escueto comunicado hacen que se vuelva a debatir quién controla a quienes gobiernan el fútbol mundial. Guillermo Íñiguez, doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, argumenta que el caso Balogun es el síntoma de un poder deportivo opaco que exige regulación económica, política, judicial, externa y democrática.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.Jess Stiles / Zuma Press / Europa Press
El pasado lunes, el fútbol abrió las portadas de toda la prensa mundial. Lo hizo, en parte, por el partido que enfrentó a España con Portugal. Sin embargo, los principales protagonistas fueron dos viejos sospechosos: el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el de los Estados Unidos, Donald Trump. La cuestión: una tarjeta roja mostrada a un futbolista de la selección de EE. UU. y que, en palabras del propio Trump, era "injusta".
El domingo por la tarde, la FIFA publicó un breve comunicado de prensa en el cual, en apenas cuatro frases, anunciaba que el delantero estadounidense Folarin Balogun, que había sido expulsado en el anterior partido con su selección, podría disputar los octavos de final contra la selección belga. De acuerdo con sus códigos disciplinarios, explicaba el comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA había acordado suspender la sanción derivada de la tarjeta roja durante un año.
Como todo aficionado al fútbol sabe de sobra, la decisión de la FIFA es errónea. Una tarjeta roja acarrea una suspensión inmediata en el siguiente partido, más allá de que se imponga una sanción más grave (por ejemplo, por una agresión especialmente violenta) a continuación. La propia normativa de la Copa del Mundo, aprobada por la FIFA antes del comienzo del campeonato, confirma esta consecuencia, afirmando que, si un entrenador o un jugador reciben una tarjeta roja, la suspensión se "impondrá automáticamente".
La decisión de la FIFA no es sino la punta del enorme iceberg que, desde hace años, acecha al fútbol mundial. Las asociaciones deportivas nunca han destacado por su transparencia o por su buena gobernanza. En el caso de la FIFA, basta con remontarse a 2013, cuando la revista France Football destapó las irregularidades que habían rodeado la adjudicación del Mundial de 2022; o a mayo de 2015, cuando siete altos cargos de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zúrich, en una investigación por corrupción que llevó a la dimisión del entonces presidente Sepp Blatter.
Tradicionalmente, las federaciones deportivas han estado en el punto de mira por escándalos relacionados con la corrupción. Con la llegada de Infantino a la presidencia de la FIFA, sin embargo, las polémicas han adquirido una dimensión geopolítica. Desde 2018, la misma FIFA que durante décadas había defendido una (ficticia) neutralidad política se ha convertido en un actor político más en el tablero internacional. Lo ha hecho, además, alineándose abiertamente con regímenes autoritarios (Rusia, Catar, Arabia Saudí); con la Administración Trump; y con organizaciones como la Junta de Paz (Board of Peace), una organización privada liderada por Trump que pretende operar al margen del derecho internacional y cuyo único fin es enriquecer a su presidente. A todos estos actores, la FIFA ha regalado el capital social, político y económico del fútbol: uno de los bienes públicos más valiosos del mundo.
Los acontecimientos de los últimos años ya deberían haber supuesto un toque de atención para la comunidad internacional; los de las últimas veinticuatro horas, sin embargo, deberían hacer sonar todas las alarmas.
Si la FIFA ha decidido comportarse como un actor político, urge adoptar una serie de normas que la sometan al control público. En Europa, por una razón de economías de escala, lo más lógico es que estas normas las adopte la Unión Europea.
Una intervención política por parte de la Unión Europea podría articularse en torno a tres ejes.
El primero es económico. Las federaciones deportivas son actores privados que operan en el mercado interior y que, por lo tanto, deben estar sometidas a sus reglas. Si desde hace años adoptamos normas que regulan el comportamiento de las grandes plataformas tecnológicas —quizá las únicas empresas con un poder político, económico y cultural comparable—, ¿cómo podemos justificar el silencio regulatorio frente a la FIFA, la UEFA o el COI? En las últimas décadas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha marcado una serie de pautas jurídicas, pronunciando una serie de sentencias —en asuntos como Bosman o Superliga— que han tenido un enorme impacto sobre el deporte europeo. Sin embargo, un sector económico tan potente como el del deporte, que representa en torno al 3% del PIB de la UE, requiere algo más que sentencias ocasionales por parte del Tribunal de Justicia —un "legislador negativo" cuyas manos están, en gran medida, atadas por los recursos que le llegan—. Como se ha hecho con las plataformas digitales, la regulación del deporte requiere que las instituciones y los Estados miembros adopten e implementen un sistema regulatorio coherente y exhaustivo.
Por último, las democracias mundiales deben tomarse en serio el sometimiento de las federaciones deportivas a la justicia ordinaria. Desde hace décadas, las principales federaciones deportivas han esgrimido todo tipo de argumentos para explicar por qué no deben estar sujetas a los sistemas jurídicos nacionales o supranacionales. Algunos de estos argumentos son de naturaleza política: como hemos explicado anteriormente, federaciones como la FIFA han aprovechado la relevancia social del fútbol para amenazar a los gobiernos que pretendieran regular sus respectivos deportes. Otros argumentos, sin embargo, son de naturaleza jurídica. La justicia ordinaria, explican las federaciones, es demasiado lenta para resolver disputas relacionadas con el deporte. Sus jueces, añaden, no están lo suficientemente especializados. ¿Se imaginan ustedes, plantean sus defensores, que un juez nacional tuviera que revisar una tarjeta amarilla? Es preferible que todo lo relacionado con el deporte se resuelva en organismos cuasijudiciales: las cámaras de resolución de disputas de las propias federaciones o, en su caso, el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana. Solo así, esgrimen, se puede garantizar la independencia del deporte frente a la política.
A primera vista, este argumento, fundamentado en la supuesta "autonomía del deporte", tiene una cierta lógica. Es evidente, por ejemplo, que los tribunales ordinarios no pueden —ni deben— conocer de todos los recursos relacionados con un simple lance del juego. Sin embargo, si ahondamos un poco en él, las consecuencias de este razonamiento son más inquietantes. ¿Dónde termina el deporte propiamente dicho y empieza, por ejemplo, el derecho laboral, el de la competencia o el penal? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto se puede confiar en la independencia de los órganos internos de las federaciones hasta el punto de permitirles evadir la justicia ordinaria? La llamada telefónica entre Trump e Infantino es el mejor ejemplo de por qué estos argumentos carecen de fundamento y de por qué, incluso en casos "puramente" deportivos, resulta necesario someter a las federaciones deportivas a un control externo.
El domingo por la tarde, la FIFA publicó un breve comunicado de prensa en el cual, en apenas cuatro frases, anunciaba que el delantero estadounidense Folarin Balogun, que había sido expulsado en el anterior partido con su selección, podría disputar los octavos de final contra la selección belga. De acuerdo con sus códigos disciplinarios, explicaba el comunicado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA había acordado suspender la sanción derivada de la tarjeta roja durante un año.
Como todo aficionado al fútbol sabe de sobra, la decisión de la FIFA es errónea. Una tarjeta roja acarrea una suspensión inmediata en el siguiente partido, más allá de que se imponga una sanción más grave (por ejemplo, por una agresión especialmente violenta) a continuación. La propia normativa de la Copa del Mundo, aprobada por la FIFA antes del comienzo del campeonato, confirma esta consecuencia, afirmando que, si un entrenador o un jugador reciben una tarjeta roja, la suspensión se "impondrá automáticamente".
"La decisión de la FIFA es errónea. Una tarjeta roja acarrea una suspensión inmediata en el siguiente partido, más allá de que se imponga una sanción más grave"Que la suspensión de la tarjeta roja a Balogun era más que una cuestión técnica quedó claro cuando, pocos minutos después del comunicado, Donald Trump expresó, en sus redes sociales, su agradecimiento a la FIFA por haber tomado una decisión "justa". Esa misma tarde trascendió que, pocos días antes de la decisión, el propio Trump había mantenido una llamada telefónica con Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en la que había pedido a Infantino que revisara la expulsión de su futbolista. En la tarde del lunes, el propio Trump confirmó esta injerencia política, que desembocó en una decisión disciplinaria con muy pocos precedentes en la historia del fútbol.
La decisión de la FIFA no es sino la punta del enorme iceberg que, desde hace años, acecha al fútbol mundial. Las asociaciones deportivas nunca han destacado por su transparencia o por su buena gobernanza. En el caso de la FIFA, basta con remontarse a 2013, cuando la revista France Football destapó las irregularidades que habían rodeado la adjudicación del Mundial de 2022; o a mayo de 2015, cuando siete altos cargos de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zúrich, en una investigación por corrupción que llevó a la dimisión del entonces presidente Sepp Blatter.
Tradicionalmente, las federaciones deportivas han estado en el punto de mira por escándalos relacionados con la corrupción. Con la llegada de Infantino a la presidencia de la FIFA, sin embargo, las polémicas han adquirido una dimensión geopolítica. Desde 2018, la misma FIFA que durante décadas había defendido una (ficticia) neutralidad política se ha convertido en un actor político más en el tablero internacional. Lo ha hecho, además, alineándose abiertamente con regímenes autoritarios (Rusia, Catar, Arabia Saudí); con la Administración Trump; y con organizaciones como la Junta de Paz (Board of Peace), una organización privada liderada por Trump que pretende operar al margen del derecho internacional y cuyo único fin es enriquecer a su presidente. A todos estos actores, la FIFA ha regalado el capital social, político y económico del fútbol: uno de los bienes públicos más valiosos del mundo.
Los acontecimientos de los últimos años ya deberían haber supuesto un toque de atención para la comunidad internacional; los de las últimas veinticuatro horas, sin embargo, deberían hacer sonar todas las alarmas.
"La decisión de la FIFA no es sino la punta del enorme iceberg que, desde hace años, acecha al fútbol mundial"La regulación del deporte siempre ha sido un tema sensible para los gobiernos, que han preferido pasar de puntillas por un campo que, al despertar tantas pasiones, conlleva un gran coste político. Durante muchas décadas, la FIFA ha aprovechado estas reservas para predicar la importancia de separar el fútbol de la política; una falacia que desmiente cualquier estudio serio de la historia del siglo XX. Sin embargo, esta ficción convenía a ambas partes: la FIFA podía seguir clamando por su independencia, amenazando a aquellos gobiernos que se atrevieran a plantearse regular el fútbol; y los gobiernos podían citar la necesidad de separar fútbol y política para justificar su inacción. Con la presidencia de Infantino, ha sido la propia FIFA la que se ha quitado la máscara de la neutralidad.
Si la FIFA ha decidido comportarse como un actor político, urge adoptar una serie de normas que la sometan al control público. En Europa, por una razón de economías de escala, lo más lógico es que estas normas las adopte la Unión Europea.
Una intervención política por parte de la Unión Europea podría articularse en torno a tres ejes.
El primero es económico. Las federaciones deportivas son actores privados que operan en el mercado interior y que, por lo tanto, deben estar sometidas a sus reglas. Si desde hace años adoptamos normas que regulan el comportamiento de las grandes plataformas tecnológicas —quizá las únicas empresas con un poder político, económico y cultural comparable—, ¿cómo podemos justificar el silencio regulatorio frente a la FIFA, la UEFA o el COI? En las últimas décadas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha marcado una serie de pautas jurídicas, pronunciando una serie de sentencias —en asuntos como Bosman o Superliga— que han tenido un enorme impacto sobre el deporte europeo. Sin embargo, un sector económico tan potente como el del deporte, que representa en torno al 3% del PIB de la UE, requiere algo más que sentencias ocasionales por parte del Tribunal de Justicia —un "legislador negativo" cuyas manos están, en gran medida, atadas por los recursos que le llegan—. Como se ha hecho con las plataformas digitales, la regulación del deporte requiere que las instituciones y los Estados miembros adopten e implementen un sistema regulatorio coherente y exhaustivo.
"Las federaciones deportivas siempre han sido actores políticos y, por lo tanto, deben ser tratadas como tales"Más allá de la dimensión económica, el segundo eje de este marco regulatorio ha de ser de naturaleza política. Las federaciones deportivas siempre han sido actores políticos y, por lo tanto, deben ser tratadas como tales. Esto es aún más importante en el actual contexto geopolítico. Por una parte, las federaciones deportivas deben estar sometidas a normas de transparencia, democracia interna y buen gobierno; por otra, han de someterse a la normativa europea diseñada para proteger nuestras democracias frente a la desinformación, las injerencias extranjeras, el blanqueo de capitales o la corrupción.
Por último, las democracias mundiales deben tomarse en serio el sometimiento de las federaciones deportivas a la justicia ordinaria. Desde hace décadas, las principales federaciones deportivas han esgrimido todo tipo de argumentos para explicar por qué no deben estar sujetas a los sistemas jurídicos nacionales o supranacionales. Algunos de estos argumentos son de naturaleza política: como hemos explicado anteriormente, federaciones como la FIFA han aprovechado la relevancia social del fútbol para amenazar a los gobiernos que pretendieran regular sus respectivos deportes. Otros argumentos, sin embargo, son de naturaleza jurídica. La justicia ordinaria, explican las federaciones, es demasiado lenta para resolver disputas relacionadas con el deporte. Sus jueces, añaden, no están lo suficientemente especializados. ¿Se imaginan ustedes, plantean sus defensores, que un juez nacional tuviera que revisar una tarjeta amarilla? Es preferible que todo lo relacionado con el deporte se resuelva en organismos cuasijudiciales: las cámaras de resolución de disputas de las propias federaciones o, en su caso, el Tribunal Arbitral del Deporte en Lausana. Solo así, esgrimen, se puede garantizar la independencia del deporte frente a la política.
A primera vista, este argumento, fundamentado en la supuesta "autonomía del deporte", tiene una cierta lógica. Es evidente, por ejemplo, que los tribunales ordinarios no pueden —ni deben— conocer de todos los recursos relacionados con un simple lance del juego. Sin embargo, si ahondamos un poco en él, las consecuencias de este razonamiento son más inquietantes. ¿Dónde termina el deporte propiamente dicho y empieza, por ejemplo, el derecho laboral, el de la competencia o el penal? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto se puede confiar en la independencia de los órganos internos de las federaciones hasta el punto de permitirles evadir la justicia ordinaria? La llamada telefónica entre Trump e Infantino es el mejor ejemplo de por qué estos argumentos carecen de fundamento y de por qué, incluso en casos "puramente" deportivos, resulta necesario someter a las federaciones deportivas a un control externo.
"El comunicado de la FIFA y la injerencia de Trump en la Copa del Mundo de 2026 deberían suponer un punto de inflexión"El fútbol, decía Arrigo Sacchi, "es lo más importante de las cosas menos importantes". Es, por lo tanto, un bien público, como también lo es el deporte en general: un juego que es propiedad de todo el mundo, cuyo legado forma parte de nuestra historia y cuya importancia social y cultural va mucho más allá del negocio y las asociaciones que lo gobiernan. Por eso, precisamente, es importante protegerlo. El comunicado de la FIFA y la injerencia de Trump en la Copa del Mundo de 2026 deberían suponer un punto de inflexión para todo poder público que se tome en serio su propia soberanía —y que valore el deporte en sí mismo—.
Guillermo Íñiguez
Doctor en Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Oxford
Graduado de Derecho en la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Máster en Derecho Europeo por la London School of Economics, donde recibió una beca de la Fundación Ramón Areces. Becario en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Escribe sobre política alemana e instituciones europeas.
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Democracia, Estados Unidos, Fútbol, geopolítica, derechos, Donald Trump, Unión Europea, gobernanza Ahora en portada
27 de julio de 2026
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