Por qué el derecho y la justicia deben actuar cuando la tierra tiembla en Venezuela

El temblor que sentí en el centro de Caracas durante el doblete sísmico de magnitudes 7,2 y 7,5 fue aterrador. La incertidumbre inicial, en segundos que pasaban lentamente, se disipó cuando entendimos la amenaza: estaba temblando. Las personas miraban hacia arriba, buscando protegerse o preparándose para correr frente a los quiebres de las estructuras de edificios que luchaban por mantenerse en pie.

Los efectos de la amplificación sísmica debajo de sus columnas son la prueba de un urbanismo edificado al margen de la realidad geológica y los permisos necesarios. Mientras las zonas afectadas, principalmente Caracas y La Guaira, continúan contabilizando los daños e intentando salvar vidas, las instituciones están colapsando y vemos el desplome de un sistema que ha priorizado la inacción.

La memoria del suelo como advertencia

La vulnerabilidad del presente nace de una memoria geológica persistente. El desastre hidrometeorológico de 1999 en La Guaira, que dejó una cifra oficial de cientos de fallecidos y miles de desaparecidos, con estimaciones no oficiales que superan los 10.000 muertos, dejó un paisaje de sedimentos inestables y laderas que nunca se recuperaron. Hoy, los sismos de 2026 golpean sobre esa fragilidad ya conocida. La aceleración sísmica ha dejado al descubierto la proliferación de edificaciones construidas fuera de la Norma Venezolana COVENIN 1756 (Edificaciones Sismorresistentes), lo que ha permitido un urbanismo de alto riesgo: se ha construido sobre zonas de hundimiento y taludes sin estabilizar, ignorando que el suelo, cuando se satura de agua y recibe un impacto sísmico, pierde toda su firmeza y se convierte en una masa inestable.

"Los efectos de la amplificación sísmica son la prueba de un urbanismo edificado al margen de la realidad geológica y los permisos necesarios"

Este fenómeno de "doblete sísmico" —dos terremotos consecutivos que transfieren esfuerzos sobre estructuras ya debilitadas— es una advertencia que los estudios de FUNVISIS han documentado durante años sin que el Estado integrara esta información en una política de ordenamiento territorial vinculante.

Del blindaje legal a la gobernanza de la emergencia

Nuestro marco normativo sigue anclado en la premisa de la "estacionariedad", como si la naturaleza obedeciera a patrones inalterables. Un ejemplo de este blindaje legal obsoleto es la invocación de la figura jurídica de la "fuerza mayor" para eximir al Estado de su responsabilidad.

"Se ha construido sobre zonas de hundimiento y taludes sin estabilizar, ignorando que el suelo, cuando se satura de agua y recibe un impacto sísmico, pierde toda su firmeza"

Europa ha desarrollado una respuesta distinta, apoyada en la previsión y la solidaridad financiera. La Unión Europea ha ido más allá de la mera reacción mediante instrumentos como el Fondo de Solidaridad de la UE y el Fondo Social Europeo, diseñados para actuar como redes de seguridad financiera ante desastres. La normativa europea, a través de la Directiva de Inundaciones, obliga a los Estados a mapear escenarios de eventos extremos, subordinando la gestión a la Carta de los Derechos Fundamentales.

Tras la catástrofe del valle del Ahr (2021), Alemania promulgó la Ley Federal de Adaptación Climática (KAnG). Esta ley establece la obligación de crear planes de riesgo vinculantes para los municipios y, además, garantiza que los fondos de ayuda lleguen directamente a la reconstrucción resiliente, prohibiendo la reconstrucción negligente en zonas de alto riesgo.

España, tras los eventos de la DANA de València (2024), demostró que la gestión de emergencias requiere un marco legal capaz de activarse con rapidez. Mediante reales decretos leyes, el Estado pudo blindar, en tiempo real, el tejido productivo y el patrimonio familiar, entendiendo que el Estado no es un observador, sino el garante financiero final ante la catástrofe.

Mientras Europa consolida fondos de resiliencia, la extinción de mecanismos como el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en México dejó un vacío letal y devolvió la respuesta pública a un modelo de asistencia discrecional. Venezuela debe aprender. Se necesita un fondo de contingencia nacional, transparente y auditable, que garantice la reconstrucción ante eventos que, por su naturaleza recurrente, ya no pueden considerarse inesperados.

La caducidad de la "fuerza mayor"

El Estado venezolano también ha invocado históricamente la "fuerza mayor" para eludir su responsabilidad. Pero, conforme a la Opinión Consultiva 32 de la Corte IDH sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, si el riesgo es conocido por la ciencia, la inacción no es un infortunio: es una omisión antijurídica.

"Si el riesgo es conocido por la ciencia, la inacción no es un infortunio: es una omisión antijurídica"

Esta postura contraviene el artículo 55 de nuestra Constitución, que impone al Estado el deber de garante frente a amenazas y riesgos. Si el Estado posee el atlas de riesgo y conoce la peligrosidad sísmica, pero elige no estabilizar las laderas ni sancionar el incumplimiento de la Norma COVENIN 1756, es coautor de la vulnerabilidad.

Algunas propuestas técnicas para desarrollar capacidades futuras

Para pasar de la negligencia a la responsabilidad, hay que implementar acciones como:

 

• Auditoría de riesgo territorial: actualizar los atlas de riesgo integrando los datos históricos con la sismicidad actual. Se debe prohibir, mediante ordenanzas vinculantes, cualquier nueva construcción en zonas identificadas como de "vulnerabilidad absoluta" por los entes técnicos.

 

• Sistema automatizado de respuesta: implementar una reserva logística estratégica (estilo rescEU) que actúe en el "minuto cero", evitando las trabas burocráticas que hoy paralizan el auxilio.

 

• Inspectoría nacional de sismorresistencia: elevar la exigibilidad de la Norma COVENIN 1756. Crear una inspectoría con facultades para sancionar penalmente a funcionarios que autoricen licencias en contravención de la evidencia científica.

 

• Blindaje financiero: construir un marco legal con despliegues financieros automáticos, blindados contra la discrecionalidad política para garantizar una reconstrucción resiliente.

Conclusiones

Gobernar "de espaldas a la ciencia" debe traducirse en responsabilidades administrativas y penales efectivas. La emergencia climática y geológica obliga a actualizar el derecho: la preparación y la adaptación ante fenómenos meteorológicos y sísmicos ya no son una sugerencia, sino una obligación de derechos humanos, autónoma y exigible. Si bien el derecho no puede detener un sismo, sí puede construir un escudo normativo que proteja la vida humana. Por lo tanto, la "fuerza mayor" ha muerto. Es momento de instaurar la responsabilidad estatal plena.