El éxito de la fibra abre una nueva batalla regulatoria en España (y en Europa)

Entre las políticas tecnológicas europeas hay varias historias de éxito. Una de ellas es la del despliegue de la fibra óptica en España. Hoy, el país cuenta con una cobertura que alcanza al 96% de los hogares y al 99,7% de la población, situándose por delante de potencias como Alemania o el Reino Unido.

Sin embargo, tras este gran despliegue están aflorando unos debates regulatorios complejos. En los despachos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) —y en los pasillos de Bruselas— la atención no se centra en conectar a más ciudadanos, sino en la sostenibilidad de las redes en el presente y, sobre todo, en el futuro. En el centro del debate se encuentra la regulación MARCo (Oferta de Acceso a Registros y Conductos), la normativa que obliga al operador histórico, Telefónica, a ceder sus infraestructuras civiles a sus competidores a precios regulados.

Esta medida comenzó en 2009, pensada entonces como una opción de urgencia para evitar la duplicación innecesaria de zanjas y acelerar la competencia. Pero hoy amenaza con convertirse en un ancla para la inversión en el sector y plantea una pregunta: ¿tiene sentido aplicar la lógica regulatoria de 2009 a uno de los mercados más competitivos de Europa en 2026?

Un mercado irreconocible y el mito del "monopolio natural"

Cuando la regulación MARCo nació hace casi dos décadas, los operadores alternativos apenas tenían red propia. El objetivo de los reguladores era claro y justificado: facilitar el acceso a los conductos y postes existentes para dinamizar un mercado estático.

Ese objetivo se cumplió con éxito. Las estimaciones de la industria sugieren que el uso de estas infraestructuras compartidas permitió a los competidores ahorros importantes, cifrados entre el 60% y el 80% de sus costes totales de despliegue. Por tanto, gracias a esta política, España atrajo capital, democratizó la alta velocidad y redujo considerablemente la brecha digital rural.

"Las estimaciones de la industria sugieren que el uso de estas infraestructuras compartidas permitió a los competidores ahorros importantes, cifrados entre el 60% y el 80%"

Con todo, el éxito de ayer puede convertirse en un lastre hoy. Algunos actores del sector insisten en aferrarse a la idea de que las infraestructuras civiles en España constituyen un "monopolio natural". Frente a esta hipótesis, un vistazo a los datos del mercado de 2026 permite ver que la situación dista mucho de la planteada.

España es, probablemente, el país europeo con mayor número y calidad de infraestructuras civiles alternativas. Más allá de la red de Telefónica, existen opciones robustas:
 

• Redes de cable: las infraestructuras heredadas de los operadores de cable, hoy integradas en gigantes como MasOrange y Vodafone, cubren a más de diez millones de hogares.

 

• Infraestructuras de terceros: existe un vasto entramado de canalizaciones utilizables provenientes de otros sectores (energía, agua, gas) y obras civiles de las administraciones públicas, cuya capilaridad rivaliza con la del propio operador histórico.

En consecuencia, resulta inoportuno hablar de un monopolio natural en un país con cientos de redes y niveles récord de competencia. Además, actualizar MARCo no significa restringir el acceso ni alterar las garantías de competencia, sino revisar gradualmente las condiciones económicas para que reflejen mejor los costes actuales de operación, mantenimiento e inversión.

Capital en riesgo

Uno de los mantras más repetidos por quienes se oponen a una actualización de los precios de acceso es que las infraestructuras de Telefónica son un mero legado de la época del monopolio estatal previo a 1998. No obstante, este es un sector que lleva ya más de un cuarto de siglo de economía de mercado.

Desde la liberalización, el parque inmobiliario español ha sumado más de 7,5 millones de viviendas nuevas. Para conectar esos desarrollos urbanos, así como la vasta y compleja España rural, se han requerido miles de millones de euros en inversión privada pura. Además, la red civil no es un bloque de hormigón inerte. Más bien, podría decirse que es un ecosistema vivo. Los postes de madera se pudren, los conductos se colapsan o sufren daños por obras de terceros, y las arquetas requieren mantenimiento constante.

"La red civil no es un bloque de hormigón inerte. Más bien, podría decirse que es un ecosistema vivo"

"No puede exigirse inversión masiva en infraestructuras estratégicas mientras se mantienen indefinidamente esquemas regulatorios diseñados para otro ciclo tecnológico", aseguran los analistas de inversión en telecomunicaciones de la UE. Mantener esta capilaridad supone asumir costes operativos crecientes. En este sentido, el modelo actual perpetúa una transferencia de valor asimétrica: quien mantiene la red asume el riesgo y el gasto inflacionario, mientras que terceros explotan esa misma infraestructura a precios artificialmente deprimidos por la regulación.

La paradoja de la reciprocidad y los precios de mercado

Eso en cuanto a la narrativa del monopolio. Para responder al argumento de los "precios justos", es preciso analizar la reciprocidad del mercado español.

Ciertos operadores alternativos han insistido mucho en alertar de que cualquier adecuación de los precios MARCo por parte de la CNMC pondría en riesgo sus inversiones. Frente a este planteamiento, las prácticas en las relaciones entre operadores cuentan una historia muy distinta. Hay casos en los que el flujo se invierte y es Telefónica quien necesita alquilar espacio en las infraestructuras de estos competidores. Cuando esto sucede, las tarifas que se le aplican no tienen nada de "reguladas".

"Ciertos operadores alternativos han insistido mucho en alertar de que cualquier adecuación de los precios MARCo por parte de la CNMC pondría en riesgo sus inversiones"

Fuentes del mercado confirman que otros operadores cobran a la compañía española múltiplos que pueden llegar a duplicar, cuadruplicar e incluso multiplicar por diez el precio que ellos mismos pagan por usar la red MARCo. Resulta insostenible defender que un precio regulado es "abusivo" o perjudicial para la competencia cuando los mismos operadores cobran precios drásticamente superiores por un servicio idéntico.

Entran en el debate la soberanía y la resiliencia europeas

La discusión sobre los conductos en España ocupa unas pocas casillas de todo el entramado estratégico al que se enfrenta Europa. El continente persigue objetivos ambiciosos: la autonomía estratégica, la resiliencia digital frente a ciberamenazas, la infraestructura necesaria para la irrupción de la inteligencia artificial y la modernización de redes críticas. Como no puede ser de otra forma, todo esto requiere capital. Mucho capital.

El propio marco legislativo europeo, a través de la reciente Gigabit Infrastructure Act, ya ha comenzado a virar el timón. La directriz de Bruselas apunta que los proveedores que facilitan el acceso a sus infraestructuras físicas deben tener una oportunidad justa y razonable de recuperar los costes asumidos. Por tanto, el regulador europeo ha entendido que plantear excesivas imposiciones al constructor de la red socava los incentivos para seguir mejorándola.

"Actualizar los precios regulados en España no equivale a una «remonopolización», como alertan las voces más alarmistas"

En este sentido, actualizar los precios regulados en España no equivale a una "remonopolización", como alertan las voces más alarmistas. Nadie, en ningún estamento, está cuestionando el derecho de acceso de terceros a estas canalizaciones. El acceso técnico y operativo seguirá plenamente garantizado. La conversación se dirige hacia una aplicación y adecuación paulatina de las tarifas a la realidad económica actual, abandonando la ayuda de facto que suponen los precios por debajo del coste.

Adaptarse o estancarse

Llegado este punto, algunas voces críticas plantean que la subida de precios acabaría deteniendo el despliegue. Veamos lo que dicen los números. Los datos apuntan a que el coste de alquilar conductos representa hoy una fracción marginal de los costes totales de despliegue de fibra para cualquier operador maduro. Las redes ya están construidas, los fondos públicos de despliegue (como el programa ÚNICO) están a punto de concluir su misión y el mercado está altamente consolidado.

En esta tesitura, podría sostenerse que la inseguridad jurídica no proviene de actualizar un precio, sino de mantener estático un marco regulatorio mientras la economía, la inflación y la tecnología avanzan. Las revisiones tarifarias —al alza o a la baja— son una herramienta normal y saludable en cualquier democracia de mercado. De hecho, los datos de la propia CNMC sugieren que, incluso con ajustes, los precios regulados siguen estando por debajo de los costes reales reconocidos.

"Mantener el ecosistema de 2026 bajo esas mismas reglas ya no corrige un fallo de mercado e incluso puede estar creando otros"

España logró su liderazgo en fibra gracias a una regulación audaz e intervencionista en 2009 que respondía a un fallo de mercado. Mantener el ecosistema de 2026 bajo esas mismas reglas ya no corrige un fallo de mercado e incluso puede estar creando otros. Si Europa quiere que sus operadores tengan el músculo financiero para competir en la era de la inteligencia artificial y asegurar sus infraestructuras críticas, debe asegurar que su regulación sigue incentivando a quienes invierten, mantienen y modernizan las infraestructuras críticas. 

El éxito de la fibra en España ya es historia. Es hora de empezar a financiar el futuro.