Italia rechaza la reforma judicial de Meloni y pone límite a su proyecto político

Los electores italianos han rechazado claramente el referéndum constitucional del 22 y 23 de marzo de 2026 sobre la reforma impulsada por el Gobierno Meloni para modificar la composición y las funciones del Consejo Superior de la Magistratura, así como para introducir la separación de las carreras entre jueces y fiscales, una revisión que ha resultado altamente controvertida, suscitando preocupaciones de que podría socavar la independencia judicial en Italia, de manera comparable a derivas observadas en otros países, como Polonia, Israel y México.

Con una tasa de participación del 58,93%, muy superior a las expectativas, el "No" obtuvo el 53,29% de los votos, es decir, 15.046.023, frente al 46,71% del "Sí", que sumó 13.190.590 votos, y prevaleció en casi todas las regiones italianas (con la única excepción de tres regiones del norte: Lombardía, Véneto y Friuli-Venecia Julia) y en todas las capitales regionales.

"Los electores reafirmaron su preferencia por la Constitución vigente, la aprobada por la Asamblea Constituyente el 22 de diciembre de 1947"

De este modo, los electores reafirmaron su preferencia por la Constitución vigente, la aprobada por la Asamblea Constituyente el 22 de diciembre de 1947, frente a modificaciones unilaterales adoptadas por la mayoría política del momento. Así había ocurrido ya en dos ocasiones anteriores, en 2006 y en 2016, cuando amplias reformas propuestas por los gobiernos Berlusconi y Renzi también fueron rechazadas de manera contundente.

En este caso, el origen gubernamental de la propuesta fue aún más marcado que en revisiones anteriores, ya que formaba parte de la plataforma política de la coalición de Gobierno. Su rasgo distintivo, sin embargo, es inédito en la historia constitucional italiana: durante las cuatro lecturas parlamentarias requeridas por el artículo 138, el texto no fue modificado en ningún aspecto. En consecuencia, la versión sometida al electorado, a instancia de la misma mayoría, es exactamente la introducida por el Gobierno, firmada por la primera ministra Meloni y el ministro de Justicia Nordio.

¿Qué cambios introducía la reforma judicial rechazada en Italia?

La reforma pretendía modificar una serie de artículos contenidos en el Título IV de la Parte II de la Constitución. Se articulaba en torno a dos ejes principales. En primer lugar, pretendía introducir la denominada "separación de las carreras" entre jueces y fiscales (artículo 102). Actualmente, Italia mantiene una carrera judicial única, aunque, tras una reforma legislativa de 2022, los magistrados pueden cambiar entre funciones jurisdiccionales y de fiscalía una vez durante su vida profesional. Menos del 1% de los magistrados en servicio ha cambiado de carrera. Este sistema era presentado por el Ejecutivo como incompatible con los principios de imparcialidad de la justicia y de "igualdad de armas" en el proceso penal, relacionados con el modelo "acusatorio" introducido en Italia después de 1989.

En segundo lugar, la reforma pretendía reconfigurar profundamente la composición y las funciones del Consejo Superior de la Magistratura (CSM).

Según el actual artículo 104, dos tercios de los miembros del CSM son magistrados elegidos por sus pares, y un tercio son miembros laicos elegidos por el Parlamento en sesión conjunta entre profesores universitarios de Derecho y abogados con al menos quince años de ejercicio. El presidente del Tribunal de Casación y el fiscal general ante el mismo tribunal son miembros de derecho. El presidente de la República lo preside. El artículo 105 atribuye al CSM competencias muy sensibles, entre ellas el acceso a la carrera, los destinos, los traslados, los ascensos y las medidas disciplinarias relativas a los magistrados.

"El tercio restante, los miembros laicos, también habría sido elegido por sorteo, pero a partir de una lista elaborada por el Parlamento"

La reforma preveía la creación de dos consejos separados: uno para los jueces y otro para los fiscales. Dos tercios de los miembros de cada consejo habrían sido seleccionados por sorteo entre jueces (aproximadamente 8.000) y fiscales (aproximadamente 2.000), respectivamente. El tercio restante, los miembros laicos, también habría sido elegido por sorteo, pero a partir de una lista elaborada por el Parlamento durante los primeros seis meses de la legislatura mediante elecciones entre profesores titulares y abogados con al menos quince años de experiencia profesional.

La reforma preveía además la creación de un nuevo "Alto Tribunal Disciplinario". Habría estado compuesto por quince miembros: tres nombrados por el presidente de la República entre profesores titulares y abogados con al menos veinte años de ejercicio; tres seleccionados por sorteo de una lista elaborada por el Parlamento en sesión conjunta mediante elecciones; seis jueces y tres fiscales, elegidos por sorteo entre magistrados con al menos veinte años de servicio que sean o hayan sido miembros del Tribunal de Casación. Las decisiones adoptadas por este órgano solo habrían podido ser recurridas ante el propio Alto Tribunal Disciplinario.

¿Por qué este referéndum supone un freno político para Meloni?

Aunque al principio el tema parecía particularmente técnico y de escaso interés para la opinión pública, con el paso de las semanas de la campaña referendaria atrajo la atención de los electores por diversas razones. Por un lado, el Gobierno, a través del ministro de Justicia y de la propia primera ministra Meloni, participó activamente en la campaña con argumentos que sonaron como amenazas a la independencia de la magistratura, por ejemplo, afirmando que gracias a la reforma la política recuperaría finalmente su autonomía respecto a los jueces, que le impiden gobernar. Por otro lado, la sociedad civil se movilizó de manera capilar para mostrar cómo, más allá de los tecnicismos, la reforma desnaturalizaba el CSM, poniendo en riesgo la separación de poderes, sin abordar ninguno de los numerosos problemas de eficiencia de la justicia en Italia.

"Se relaciona con un alejamiento de los valores fundamentales consagrados en la Constitución italiana del actual Gobierno, que se refleja en varios ámbitos como el abandono del principio de solidaridad en la política migratoria"

Para comprender mejor el contexto italiano, también debe señalarse que la reforma constitucional que se rechazó en el referéndum forma parte de la estrategia del Gobierno de cambios constitucionales, que incluye también la elección directa del primer ministro y el refuerzo de la autonomía regional asimétrica. Además, se relaciona con un alejamiento de los valores fundamentales consagrados en la Constitución italiana del actual Gobierno, que se refleja en varios ámbitos como el abandono del principio de solidaridad en la política migratoria, la adopción de medidas de seguridad destinadas a restringir el derecho de protesta, la participación de Italia (como observador) en la Junta de Paz de Trump y la propuesta de limitar la primacía del Derecho internacional y europeo presentada en la legislatura anterior por la señora Meloni.

Con este voto, los ciudadanos italianos han mostrado, en su gran mayoría, que quieren defender la Constitución antifascista, imponiendo un freno, gracias al pronunciamiento popular, a la erosión del Estado de derecho que se está produciendo en Italia.