La digitalización como vector de un pacto de Estado por la Competitividad de España

Un año después del informe Draghi, solo cinco de las 47 propuestas en el área tecnológica se han implementado por completo; veinticinco están en progreso y seis han sido parcialmente ejecutadas. El Tribunal de Cuentas Europeo considera "muy improbable" lograr el objetivo de que la Unión Europea alcance el 20% de poder de mercado global de la industria de semiconductores para 2030. La Agencia Internacional de la Energía apunta a que uno de cada cinco proyectos de inteligencia artificial de gran escala podrían sufrir retrasos por los cuellos de botella en el acceso a las redes de electricidad, necesitándose que la política digital se alinee con la estrategia energética gubernamental para conseguir eficiencia y agilidad en las infraestructuras de IA. Además, menos de la mitad de las medidas en ámbito digital del informe Draghi se reflejaron como objetivos en las cartas de mandato por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen al nuevo Colegio de Comisarios en 2024.
 

"Según los datos, si la media europea de cumplimiento de los objetivos de la Década Digital es del 75%, España supera este promedio en varias dimensiones"

En este contexto, España tiene una realidad a dos velocidades. Por un lado, nuestro país se ubica en posiciones destacadas dentro de la Década Digital, la hoja de ruta para alcanzar una Europa más competitiva digitalmente en 2030. Según los datos, si la media europea de cumplimiento de estos objetivos digitales es del 75%, España supera este promedio en varias dimensiones. Con trece objetivos nacionales, el 92% se alinea con los objetivos europeos para 2030. España destaca especialmente en dos bloques: infraestructuras digitales y digitalización de servicios públicos, superando el 95% de consecución en expansión de redes de muy alta capacidad (VHCN), el despliegue de fibra hasta las instalaciones (FTTP) y 5G; y alcanzando más del 85% de la meta comunitaria en servicios digitales para ciudadanos, empresas y acceso a historiales de salud digitales. La excepción la constituyen los nodos edge, con 301 nodos frente al objetivo europeo de 10.000.
 
A pesar de estos avances, los objetivos de digitalización de la ciudadanía y de los negocios y empresas siguen estando limitados. El porcentaje de población con competencias digitales básicas se sitúa en torno al 66,2% (por encima de la media europea de 55,6%). Además, a nivel de empresa, casi tres de cada cuatro pymes tiene al menos un nivel de "intensidad digital básica", si bien este indicador es limitante en un contexto como el actual y no representa la totalidad de tecnologías digitales maduras. La competitividad tecnológica no consiste tanto en disponer de dispositivos electrónicos básicos como un ordenador o utilizar sistemas básicos de IA, sino en integrar la digitalización en un sentido más avanzado. Además, la proporción de especialistas TIC en empleo también es baja, siendo del 4,4% en España (cercana a la media europea del 4,8%, si bien en ambos casos es una tasa muy baja). La adopción de tecnologías como cloud computing y big data en las pymes españolas sigue siendo limitada (solo un 11% de las empresas han adoptado soluciones de IA, y solo un 30% aproximadamente utiliza servicios en la nube, muy por debajo del objetivo europeo del 75% para 2030), lo que reduce la eficiencia y dificulta la expansión empresarial. 

Recomendaciones para la competitividad económica española a través de la digitalización

La competitividad económica española necesita basarse en el tractor que la digitalización supone. Sin embargo, ni la madurez tecnológica ni la diversidad de tecnologías digitales es uniforme en nuestro país.

En este contexto, la Comisión ha activado un cambio de enfoque. En apenas doce meses, se han lanzado iniciativas estratégicas para la competitividad a través de la digitalización con una arquitectura basada en tres vectores: reformas estructurales en política pública, promoción de una regulación digital más ágil y directa, e inversiones amplificadas y diversificadas tanto desde el sector público como privado.

"En España, se contabilizan en torno a 3.000 'startups' y, si bien el valor combinado de estas se ha duplicado desde 2020, la mayoría de ellas siguen en etapas tempranas con valoraciones bajas y medias"

Por un lado, el lanzamiento de la Unión de Ahorros e Inversiones es particularmente importante para España. Con el objetivo de darle un aterrizaje práctico a la Unión Bancaria y la Unión de Mercado de Capitales, facilitar el redireccionamiento de los ahorros en depósitos bancarios hacia inversiones de alto alcance a empresas con base tecnológica les permitiría lograr su objetivo de ser entidades de alto crecimiento sería enormemente beneficioso para las startups y scaleups españolas. En España, se contabilizan en torno a 3.000 startups y, si bien el valor combinado se ha duplicado desde 2020 con una cifra de unos 110.000 millones de euros, la mayoría de startups todavía siguen en etapas tempranas con valoraciones bajas y medias. Además, la tasa de conversión a scaleup es baja en comparación a otros países europeos: solo un 30% llega a fase de scaleup y rondas de serie A-B grandes.

En este contexto, la participación de dos entidades financieras españolas en el nuevo Scaleup Europe Fund, un nuevo fondo de crecimiento que busca hacer crecer a las empresas en la fase de scaleup y que crezcan, se internacionalicen y se consoliden es una ventana de oportunidad. Promovido por la Comisión Europea como parte de la primera Estrategia Europea de Startups y Scaleups junto con un grupo de inversores privados, no será un fondo público directo, sino un vehículo privado gestionado por inversores privados, lo cual aporta flexibilidad a la hora de dirigir inversiones privadas y públicas hacia empresas con base tecnológica de alto crecimiento.

La segunda necesidad es la agilización regulatoria. Ya no es solo el debate tan presente de la simplificación regulatoria y, en particular, el Ómnibus Digital presentado en noviembre de 2025 que busca reducir la carga administrativa así como minimizar los solapamientos, duplicidades y contradicciones entre normativas digitales. Un aspecto menos visible pero que resulta fundamental para la competitividad de España y las entidades con base tecnológica es lograr un "régimen 28", que busca facilitar la inversión y la operación de empresas innovadoras en toda la UE, evitando pasar por veintisiete regímenes burocráticos distintos. Comprometida como una nueva propuesta legislativa para 2026, necesitaría plantearse como un reglamento con aplicación obligatoria en todos los países, y no como directiva con interpretaciones adicionales a nivel estatal. Hacerlo de esta manera lo convertiría en un oxímoron legislativo.
 

"El desarrollo de competencias digitales avanzadas es crucial para mejorar la capacidad competitiva de las empresas españolas en el marco europeo"

Una tercera necesidad es poner el foco en las habilidades digitales de las personas y las pymes. Programas de digitalización personalizados, dirigidos a sectores estratégicos y adaptados al tamaño y capacidades de cada empresa, podrían mejorar la penetración tecnológica. Asimismo, incentivos fiscales específicos para inversiones en software avanzado, infraestructura digital y automatización permitirían acelerar la modernización de la base productiva. El desarrollo de competencias digitales avanzadas, a través de centros de excelencia en inteligencia artificial, ciberseguridad y análisis de datos, es igualmente crucial para mejorar la capacidad competitiva de las empresas españolas en el marco europeo.

Aunque iniciativas como el Kit Digital han facilitado la adopción tecnológica en pymes, la ejecución ha mostrado ineficiencias en la priorización y coordinación, generando una dispersión en los proveedores de servicios y retrasos en la implementación de proyectos. La focalización de los recursos en medidas estructuradas y evaluadas según impacto real, junto con una mejor supervisión de la ejecución, podría mejorar los resultados y maximizar el retorno de la inversión pública en digitalización empresarial.

En materia de incentivos fiscales, se necesitaría dar incentivos tanto al CAPEX (inversión) como al OPEX (gasto operativo) en digitalización, así como políticas para el talento (como deducciones por contratación y formación) y medidas de acompañamiento no fiscales pero necesarias, como una ventanilla única digital para tramitar incentivos y certificaciones en menos de 48 horas, programas complementarios para subvenciones directas. Otras medidas podrían incluir créditos directos para la inversión en software empresarial avanzado, automatización de procesos (RPA / robots industriales) y sistemas IA integrados. 

España no parte de cero. Ya existen centros de excelencia en IA (como el Instituto de Investigación en IA del CSIC), o la Red Española de Centros de Excelencia (RENIC) articulada por INCIBE, y el próximo lanzamiento de centros de excelencia en semiconductores. Sin embargo, se necesita fomentar la transferencia de conocimiento y la comercialización tecnológica entre centros de excelencia y receptores. Un método es crear contratos de innovación y compra pública innovadora con tecnologías específicas dentro de la Administración, y promover la coinversión obligatoria en transferencia entre los centros de excelencia y fondos privados que permitan invertir con venture capitals y corporativos para escalarse en productos viables en el mercado. 

Otro punto —que a menudo se pasa por alto— es la disponibilidad de estadísticas fiables sobre la existencia, diseño, manufactura, despliegue, uso y adopción de tecnologías digitales. El indicador de "intensidad digital básica" no es suficiente. No basta con utilizar, según la definición, al menos cuatro de doce tecnologías digitales. Se necesita una mayor pormenorización de las tecnologías digitales mediante un desglose concreto. Para ello, España necesitaría crear una cuenta satélite de la economía digital dentro de las estadísticas oficiales, con beneficios directos en el diseño de políticas públicas, rendición de cuentas posterior y toma de decisiones sobre inversiones estratégicas.

"Ni se puede invertir en todo ni se pueden desarrollar todas las tecnologías digitales. El anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica lo indica ya en su propuesta"

Este último punto se relaciona directamente con una última necesidad en España: establecer una lista de prioridades tecnológicas para encontrar espacios diferenciales de liderazgo en comparación a terceros países. Ni se puede invertir en todo ni se pueden desarrollar todas las tecnologías digitales. El anteproyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica lo indica ya en su propuesta de RECAPI (Reserva Estratégica de Capacidades de Producción Industrial), que no debería ser solo un instrumento regulatorio para disponer de capacidades industriales en momentos de crisis, sino un motor de transformación digital que reduzca dependencias, atraiga inversión y fomente escala productiva nacional y europea, con incentivos condicionados a transferencia tecnológica y localización.

Además, se necesita encontrar los cuellos de botella estratégicos en una fase de la cadena de valor donde las empresas españolas pueden convertirse en las referentes o "indispensables" a nivel internacional. Caso claro es ASML, la empresa holandesa de litografía para semiconductores, de cuya producción depende toda la cadena de valor global.
 
La digitalización aporta un valor estratégico y transversal para un pacto de Estado por la Competitividad —como recoge el informe impulsado por el Foro de Marcas Renombradas— porque actúa simultáneamente como motor de productividad, atractor de inversión y garantía de resiliencia económica. Permite escalar empresas, modernizar la industria, crear empleo cualificado y reducir dependencias tecnológicas, generando una base sólida para un crecimiento sostenido. Convertir la digitalización en política de Estado asegura continuidad, evita ciclos de fragmentación y posiciona a España en la frontera de la competitividad global.