Salvar la regulación digital europea: el desafío para evitar una crisis institucional

El 29 de julio de 2025, la Unión Europea y Estados Unidos pactaron un marco para un nuevo acuerdo comercial entre ambas áreas económicas. El convenio alcanzado fue presentado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la creación de un escenario de estabilidad y predictibilidad para la ciudadanía y empresas a ambos lados del Atlántico. El acuerdo, sin embargo, quedaba lejos de proporcionar las bases del mercado único transatlántico justo y equilibrado recomendado por Enrico Letta en el informe que presentó al Consejo Europeo. Desde diversas instituciones de análisis político se apuntaba como resultado de la negociación una victoria para la parte estadounidense.

La valoración inicial del nuevo marco de relaciones comerciales se centró en un arqueo de cuentas del cuadro arancelario para las exportaciones de ambas partes y los compromisos de inversión de Europa en EE. UU. Se extendió como balance generalizado un apuntalamiento de la débil posición geopolítica de la UE a cambio de una contraprestación económica. Quedaba como única victoria aparente para Europa la preservación intacta de su marco regulador de la esfera digital, que parecía implícito al no mencionarse cesión sobre el mismo en el comunicado oficial del acuerdo publicado por la Comisión Europea. Este triunfo pírrico, sin embargo, tampoco existía: era un silencio que ocultaba una derrota también en esa trinchera.

El anuncio oficial del acuerdo por la parte estadounidense dejó claro que Europa también había sido derrotada en su objetivo de no abrir al debate "los impuestos sobre servicios digitales y el ataque a sus empresas tecnológicas", como califica EE. UU. al marco regulador de la UE. Todas las dudas quedaron disipadas con un texto que suponía una renuncia de Europa a su derecho a regular la esfera digital: "Estados Unidos y la Unión Europea tienen la intención de abordar los obstáculos injustificados al comercio digital. En ese sentido, la Unión Europea confirma que no adoptará ni mantendrá tarifas por uso de la red. Además, Estados Unidos y la Unión Europea mantendrán la exención de aranceles aduaneros para las transmisiones electrónicas".

"A la información sobre el compromiso adquirido de la UE en relación a la seguridad tecnológica, se unió la amenaza comercial de Trump"

Las negativas de haber cedido en mantener en pie el pilar de la soberanía digital europea por parte de la Comisión se sucedieron, pero el comunicado conjunto sobre el marco para el nuevo acuerdo comercial emitido unas semanas más tarde reflejó una derrota aún mayor. No solo recogía la renuncia de Europa a su derecho a regular la esfera digital con la misma formulación que el anuncio unilateral previo de la Casa Blanca, también presentaba el compromiso de la Unión a someterse a los requisitos de seguridad tecnológica de EE. UU. La decepción por el aparente ocultamiento de información por la Comisión Europea fue exacerbada por nuevas amenazas trumpistas: la insistencia de Europa en la regulación digital podría llevar a sanciones sobre funcionarios y políticos implicados en la misma y restricciones en el acceso a chips de IA.

La esperanza está en las llamadas a no resignarse a la decadencia digital de Europa. Draghi ha reivindicado las propuestas de su informe sobre la competitividad europea llamando a transformar el escepticismo en una acción decidida en la dimensión tecnológica. Thierry Breton, excomisario del Mercado Interior, ha reclamado el final de la sumisión tecnológica de la UE a EE. UU. haciendo valer la legislación europea del sector digital. Incluso los líderes del eje franco-alemán han llamado conjuntamente a rechazar las amenazas de Trump con todos los mecanismos posibles, incluso la aplicación del instrumento anti-coerciones económicas. 

"Con el respaldo de Alemania y Francia, Teresa Ribera debería impulsar las investigaciones abiertas a las empresas estadounidenses"

La Comisión Europea debe sentirse reforzada con estos apoyos y pasar a la ofensiva para reafirmar la soberanía digital de la UE, continuando la línea iniciada con la sanción impuesta a Google por abuso de posición dominante en publicidad digital. En primer lugar, la comisaria de Competencia, Teresa Ribera, habría de impulsar la culminación inmediata de las investigaciones pendientes sobre las grandes tecnológicas estadounidenses al amparo de la Ley de Mercados Digitales. En segundo lugar, de acuerdo con su Estrategia Digital Internacional, la Comisión debería liderar la formación de una coalición internacional por la prevalencia del derecho a regular la esfera digital junto a potencias afines con acervos normativos en la materia, como Canadá o Corea del Sur. Finalmente, la Comisión está en la obligación de presentar una propuesta ambiciosa de la Ley de Redes Digitales que recoja la "contribución justa" (fair share) de las grandes tecnológicas a las inversiones europeas en infraestructuras de telecomunicaciones.

Las directrices políticas del programa de investidura de la actual Comisión Europea recogían, entre otros aspectos, el compromiso de aumentar e intensificar el cumplimiento de la legislación del sector digital. La legislación del sector digital no puede ser moneda de cambio en la negociación arancelaria, como señalan ya representantes de la ciudadanía en el Parlamento Europeo, que cabe recordar que han de dar su consentimiento final al acuerdo comercial. La dejación de la defensa del derecho a regular europeo a cambio de recompensas tácticas no solo supondría por parte de la Comisión un incumplimiento programático de sus compromisos, sino el riesgo de una votación del Parlamento contraria al acuerdo transatlántico y el consecuente inicio de una crisis institucional de grandes dimensiones en la UE.