¿Es tan extraño que haya jueces haciendo política?

La afirmación del presidente del Gobierno en una reciente entrevista en TVE sobre la existencia de algunos jueces de la alta magistratura interfiriendo en la política ha generado reacciones contrapuestas. Una vez más, desde el ámbito judicial se ha considerado como un ataque del Gobierno al Poder Judicial. Para otros ámbitos políticos y sociales, lo único sorprendente es que esa afirmación sea controvertida o discutible. ¿El problema es decirlo, quién lo dice o que eso realmente suceda?

La relación entre política y justicia ha sido siempre un terreno agreste aunque fértil para la polémica. Allí donde los tribunales entran a decidir cuestiones que se sumergen de lleno en el ámbito político y de la representación surge la acusación: ¡se está judicializando la política! Cuando la política reacciona y trata de condicionar las decisiones judiciales, los críticos responden reprobándolo: ¡se está politizando la justicia! 

El término "judicialización de la política" suele usarse en un sentido peyorativo, como si los tribunales usurparan competencias propias de los representantes electos. Pero la intrincada relación entre lo político y lo judicial es inherente a cualquier forma de dominio político. Su trascendencia es tal que ya en la antigua democracia griega las causas y conflictos tendían a dirimirse en los dikasteria, tribunales populares integrados por ciudadanos elegidos por sorteo cada año. Para causas más complejas, el sorteo popular escogía arcontes, que instruían procesos, aunque no dictaban sentencia.

"La creación de los tribunales constitucionales responde a la necesidad histórica de tener un árbitro ante los parlamentos"

En las democracias modernas los jueces no solo aplican leyes, sino que interpretan principios constitucionales y resuelven conflictos de poder. Esa función, lejos de ser un exceso, constituye una pieza esencial de la arquitectura institucional democrática. Ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville advertía cómo en Estados Unidos la Corte Suprema era llamada a decidir sobre cuestiones trascendentales de la vida pública. Lo mismo ocurrió en Europa tras la expansión del constitucionalismo: la creación de tribunales constitucionales, situados más allá de las estrictas fronteras del poder judicial, respondía a la necesidad de tener árbitros imparciales frente a los excesos de las mayorías parlamentarias.

Robert Dahl, en su célebre obra La democracia y sus críticos, recuerda que ningún sistema democrático puede sostenerse sin mecanismos institucionales que aseguren el respeto a las reglas del juego. La justicia es justamente ese mecanismo, y por ello la judicialización de asuntos públicos no es una anomalía, sino un rasgo intrínseco del Estado de derecho.

Sin embargo, esta función arbitral, especialmente en el caso de la alta magistratura, es la que le convierte a la vez en un actor político privilegiado. Y aquí empieza lo controvertido. Dejemos de lado el grupo de jueces y magistrados de los bajos escalones, y centrémonos en los escalones superiores. ¿Es la elite judicial de una democracia un tipo específico de actor político? ¿O es algo —y debe ser considerado así— distinto de la elite política? La tradición jurídica ha tendido a preferir pensar con los parámetros de esto último, como si el alto juez fuera un mero instrumento intelectual que interpreta y juzga según la ley. 

No obstante, a muchos no les convence esa visión tecnocrática de la elite judicial. Especialmente a medida que ha ido ampliando su terreno de actuación. Varios aspectos han contribuido a ese peso creciente de los jueces en la dirección política del país. 

De entrada, el aumento de las expectativas ciudadanas: las sociedades contemporáneas reclaman más derechos, más protección, más garantías. Y en un contexto donde la autoridad política de los gobernantes y parlamentarios es cada vez más vulnerable, los ciudadanos ven la autoridad judicial (como la policial o militar) como resortes en los que confiar. 

En segundo lugar, la expansión del Estado del bienestar ha generado un marco jurídico cada vez más complejo. La administración pública reparte recursos, prestaciones y servicios; esa acción burocrática está sujeta a reglas que inevitablemente terminan siendo discutidas en los tribunales. 

Un tercer factor es el activismo judicial. Algunos jueces conciben su papel no solo como aplicadores de normas, sino como intérpretes creativos capaces de orientar políticas públicas. Se ha destacado a menudo el activismo judicial como factor de progreso. Desde la Corte Warren en Estados Unidos hasta los tribunales constitucionales europeos, numerosos fallos han cambiado la historia de derechos civiles, de libertades políticas o de distribución de poder. Pero es obvio que también —y probablemente en mayor medida— funciona como factor de estabilización o contención ante las demandas de cambio, a través de jueces que sea vean a sí mismos como garantes últimos en la defensa de un Estado con cuya evolución pueden no estar de acuerdo.

"Jueces proclives a participar en un cierto activismo pueden alinearse con ciertos gobernantes a los que les conviene no tomar decisiones políticas"

En ese punto, jueces propensos al activismo pueden coincidir con gobernantes que prefieren estratégicamente no tomar decisiones y dejar que sea la justicia quien desbroza un asunto delicado o electoralmente arriesgado. Ese es el último factor de propagación del papel de los jueces: políticos electos cada vez más vulnerables que desalojan su espacio de responsabilidad para que los jueces lo ocupen. Cuando una disputa política mayor no canaliza la resolución mediante el desacuerdo razonable gestionado dentro de partidos, parlamentos o ejecutivos, trasladarla a los tribunales es una forma de prolongar la batalla en otro escenario. Así, los jueces terminan siendo árbitros de conflictos que, en rigor, tienen naturaleza política.

Todos estos factores han ido ampliando el terreno en el que los jueces deben decidir si entrar o no y cómo actuar: como una simple garantía del Estado de derecho ante los excesos del poder, o ir más allá y actuar como decisores privilegiados no sometidos al veredicto final de las urnas. 

A menudo se habla de la judicialización para referirse a la situación de jueces que juzgan la legalidad del comportamiento de los dirigentes políticos en casos de corrupción o cuando los partidos llevan a sus oponentes a los tribunales. En realidad, quizá sea este el caso menos adecuado para entender ese peso creciente de la alta magistratura en el ámbito político. Debemos poner el foco en otras situaciones muchos más trascendentes. 

Por ejemplo, en casos aparentemente menores. En 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidió mediante una sentencia que las escuelas catalanas debían impartir el 25% de las asignaturas en castellano. El juez convertido en policymaker. ¿Es el magistrado quien debe imponerse ante cuestiones controvertidas para decidir cómo asignar recursos y cómo definir la agenda de políticas de un país… sin ser un experto en ello ni disponer de la legitimidad electoral para tal cometido?

El asunto es aún más claro cuando entramos en el terreno de la considerada "alta-política" o la mega-política, concepto mencionado por Ran Hirschl para referirse no a cuestiones administrativas o técnicas, sino a los grandes dilemas de un país: disputas étnicas o territoriales, procesos de cambio de régimen, reformas constitucionales, decisiones sobre la soberanía, temas diplomáticos o de seguridad nacional. Asuntos donde los desacuerdos políticos alcanzan el tuétano de una comunidad política: quién es, cómo debe gobernarse y a dónde debe dirigirse. Y por ello, temas que tradicionalmente habían permanecido en el terreno de la política estrictamente representativa.

Cuando un tribunal se pronuncia sobre la constitucionalidad de un tratado internacional, sobre la validez de un proceso electoral o sobre los límites del poder ejecutivo, está interviniendo en la mega-política. Lejos de restar legitimidad, esa intervención añade un filtro de legalidad y de control que fortalece la democracia. 

El episodio del proceso soberanista en Catalunya en la década pasada es un caso ejemplar, y quizá detonante, de otros episodios posteriores en la progresiva judicialización de la alta-política en España. Ante un conflicto sobre el que el Tribunal Constitucional ya alertó en su momento de que debía resolverse esencialmente por y a través de la política, la evolución tomó otros derroteros. 

"El proceso soberanista catalán abrió la puerta a la acción de los magistrados frente a unos políticos incapaces de evitar la colisión"

Cuando los representantes políticos (por acción u omisión) fueron incapaces de evitar el choque institucional en Catalunya en 2017, se abrió la puerta para la acción de la alta magistratura. Quizá eso pudo convenir a un Gobierno desbordado ante la huida hacia adelante de los políticos independentistas. He aquí un buen ejemplo de dejación de funciones estratégica por parte de gobernantes temerosos de asumir las consecuencias de sus decisiones. "Dejemos que los jueces gestionen el tema judicialmente, ya que no deberán responder electoralmente por ello e incluso pueden acabar haciendo lo que muchos querrían que hiciéramos con nuestros adversarios independentistas: lograr que pasen una temporada en la cárcel", debió pensar acaso algún responsable.

Todavía en 2025 existe un núcleo de opinión importante que sigue pensando que el desafío independentista se frustró en buena medida gracias a esa intervención. Ante el fracaso de la clase política electa, el juez como último baluarte del Estado.

El problema de este peso creciente del papel de la alta magistratura en la vida política, ya no solo como garantías de la libertad negativa, sino como policymakers y defensores del Estado, son sus consecuencias.

Por un lado, porque la influencia del papel de los jueces en la política parece difícilmente reversible si una parte de la ciudadanía y de los actores políticos la ven preferible. Y así acabamos normalizando que una parte de la alta magistratura pueda actuar estratégicamente para impedir que decisiones delicadas de la mayoría parlamentaria acaben encalladas ad calendas graecas. Véase el caso de la amnistía. O que algunas instrucciones judiciales cuestionadas incluso por organismos del propio poder judicial puedan ser toleradas e incluso jaleadas por la opinión pública y publicada si con ello sirven para acabar haciendo caer al líder político si las urnas no fueron suficiente para ello.

"La judicialización de la política siempre acaba teniendo un reverso: la politización de la justicia"

La judicialización de la política tiene un reverso. Si la elite judicial acaba asumiendo un papel trascendente en la batalla partidista, su composición resultará determinante. Y con ello alimentamos la verdadera politización de la justicia: la designación de magistrados, su orientación ideológica y la manera en que resuelven los casos adquieren una relevancia enorme.

No es extraño que los partidos intenten influir en la composición de los tribunales o en sus decisiones si previamente hemos dejado que esos tribunales determinen el futuro de la política. Si la justicia se percibe entonces como un campo más de la lucha por el poder, lo será en todas sus implicaciones.

¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Se puede meter la pasta de dientes en el tubo después de haberla sacado?

Aceptar que los jueces son actores políticos no implica negar su singularidad ni su legitimidad. A diferencia de los representantes electos, no dependen directamente del voto popular. Sus tiempos son más largos, sus procedimientos más ritualizados, sus decisiones más técnicas. Pero esas diferencias no eliminan el hecho de que sus resoluciones tienen consecuencias políticas inmediatas.

Dahl lo expresó con claridad al hablar del Tribunal Supremo de Estados Unidos: "los jueces no son una élite aislada de la política, sino un grupo que refleja, en sus decisiones, las tensiones y preferencias de la sociedad en la que actúan". Lo mismo ocurre en cualquier democracia contemporánea.

De entrada, reconocerlo ayuda a clarificar el escenario, porque permite entendernos mejor: ¿en qué contextos es más probable la judicialización? ¿Cómo puede hacerse compatible con la necesaria rendición de cuentas de los agentes ante la ciudadanía? ¿Qué pasa cuando un juez excede sus funciones? ¿Qué datos tenemos al respecto? ¿Sabemos cuál es el estado de las quejas sobre jueces? 

La pregunta clave es si la judicialización de la política debilita o fortalece a la democracia. Los críticos sostienen que cuando los jueces deciden lo que debería decidir el pueblo a través de sus representantes, se erosiona la soberanía popular. Pero también puede verse como una garantía contra la tiranía de las mayorías.

Los jueces no solo imponen límites, sino que traducen las demandas sociales en argumentos jurídicos, otorgando racionalidad al conflicto político.

"Hemos de aceptar que el papel de los jueces forma parte de la política, si lo negamos no estamos siendo honestos"

Desde esa perspectiva, la judicialización de la política no es una anomalía, sino un proceso inherente a las democracias desde sus orígenes. Forma parte del equilibrio entre poderes y responde tanto al activismo judicial como a la demanda ciudadana de derechos y garantías. Que los jueces sean actores políticos puede incomodar, pero negarlo es ocultar la realidad.

El reverso del exceso de esa judicialización es la inevitable politización de la justicia. Mientras los tribunales intervengan en la mega-política, seguirán siendo blanco de críticas y de presiones. Quizá esa tensión no debería verse como un fracaso, sino como la expresión viva de democracias que prefieren canalizar sus conflictos en los tribunales antes que en la calle.

En última instancia, reconocer a los jueces como actores políticos peculiares es un ejercicio de honestidad intelectual. Su neutralidad absoluta es un mito, pero su papel como garantes del Estado de derecho es real. La democracia es siempre un régimen en disputa, y en esa disputa los jueces cumplen una función insustituible. Y como subraya Jürgen Habermas, es precisamente en el diálogo entre poder y derecho donde las democracias encuentran su legitimidad.