La migración necesita más política y menos ruido

Aunque pueda sonar extraño, no es hasta 1989, es decir, hace 35 años, que se aprobó la Convención sobre los Derechos de la Infancia, cuyos 54 artículos recogen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de toda la infancia. También están recogidos los derechos de la infancia en el artículo 24 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La protección de la infancia es un elemento tardío en el desarrollo del sistema de protección internacional de derechos, pero es clave en tanto que convierte a las personas menores de edad en sujetos de derechos y convierte su protección en una característica de nuestros tiempos, especialmente vinculante para las sociedades democráticas. 

Seguramente por ello no deja de sorprender la velocidad con la que se olvida la especial protección que requieren los y las menores en una sociedad democrática, y con qué facilidad se articulan y expanden discursos criminalizadores de un colectivo que requiere de especial protección pública. 

La cuestión de la acogida y llegada de menores extranjeros no acompañados se ha convertido en un tema de la agenda política. Como a menudo sucede con la gestión migratoria, es una lástima que estos debates salten al debate público marcados por la dialéctica de la extrema derecha, embarrando cuestiones de gobernanza y derechos humanos con discursos xenófobos y de odio. Porque, efectivamente, hay mucho que se puede señalar sobre la gestión de la acogida y atención de estos menores que llegan sin referentes familiares a España, pero el punto que no puede soslayarse de ningún modo es que, antes que nada, son menores y como tales, sujetos de derechos que garanticen su protección, desarrollo y bienestar.

En nuestro sistema, la protección de la infancia recae en las comunidades autónomas, que pueden solicitar la tutela y guarda de aquellos menores que se encuentran en situación de riesgo y/o desamparo en su territorio, incluyendo los menores extranjeros no acompañados, en tanto que su condición de menores en situación de desamparo es jurídicamente la más relevante. Las comunidades autónomas disponen, con diferencias notables, de servicios de atención y acogida a la infancia tutelada en los que la presencia de menores extranjeros sin acompañamiento familiar se ha ido incrementado en las últimas décadas.

Este crecimiento no ha sido igual en todo el territorio, y cabe apuntar que la atención de menores migrantes sin referentes familiares ha estado tradicionalmente en manos de los territorios de primera llegada (Andalucía, Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), así como territorios de destino preferente, como ha sido el caso de Catalunya o Comunidad Valenciana, por mencionar algunos. 

"Desde 2022, el Gobierno central está buscando encontrar un acuerdo para un modelo de distribución territorial que permita a las diferentes comunidades autónomas atender un número determinado de menores no acompañados derivados desde los puntos de llegada"

Habitualmente, esta situación se había gestionado con fondos específicos destinados a los territorios de primera llegada para hacer frente a las necesidades de primera acogida. Pero desde 2022, el Gobierno central está buscando, además de este apoyo financiero, encontrar un acuerdo para un modelo de distribución territorial que permita a las diferentes comunidades autónomas atender un número determinado de menores no acompañados derivados desde los puntos de llegada, especialmente Canarias.

Así, en septiembre de 2022, las comunidades autónomas dieron su aprobación al Plan de respuesta ante crisis migratoria para menores migrantes 2022-2023 y propuesta de distribución territorial de la segunda parte del crédito presupuestario de 20 millones de euros destinado a la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que buscaba repartir 378 menores entre los distintos territorios, con un apoyo financiero por plaza por parte del Gobierno central.
 
Para ello, se establecieron unos criterios de distribución, que partiendo de la población de cada comunidad, ponderaban según la situación económica y tasa de paro (25%); el esfuerzo de acogida (45%), y el criterio de dispersión poblacional (5%). El incumplimiento de este acuerdo es lo que ha llevado, en julio de 2024, a plantear una nueva propuesta de trabajo que, en esta ocasión, se ha convertido en una batalla política en la que la preocupación principal no era el interés superior del menor.

Parte de las dificultades para alcanzar un acuerdo son de contenidos, y otras de oportunidad política. Poco se puede añadir a estas últimas: cada partido utiliza los argumentos que cree oportunos para defender sus proyectos, pero la extrema derecha se caracteriza por un desprecio al sistema internacional de protección de derechos y una falta permanente de soluciones realistas que esconde bajo una intensa matraca de odio y xenofobia.
 
Sobre los contenidos, es interesante apuntar que ya en la relación de llegadas y acogidas existe una importante discrepancia entre los datos. Y no es un tema menor, puesto que supone el 45% del porcentaje de reparto. En este sentido, el Gobierno central dispone del Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, en manos de la Dirección General de la Policía, que identifica a los menores que llegan al territorio. Pero en las comunidades autónomas, estas cifras no siempre coinciden. Este ha sido el razonamiento que quiere explicar la abstención, considerada insolidaria, del Gobierno catalán a la propuesta de principios de julio, señalando que la cifra proporcionada por el Ministerio del Interior —1.417— no se ajusta a los 2.369 jóvenes acogidos, y tampoco reconoce el esfuerzo de integración que hace la Administración catalana, que acompaña a estos jóvenes hasta los 23 años (por cierto, que esta decisión de dar protección y cobertura más allá de los 18 para reforzar y acompañar su integración es una apuesta inteligente que ya exploran muchos países UE, y que debería replicarse en otros territorios españoles, apoyándose también con mejores recursos). La guerra de cifras y la falta de transparencia genera desconfianzas en el uso espurio de los números.

"La reforma de la Ley de Extranjería que plantea el Gobierno tiene más sentido que otros posicionamiento que pasan de negar la necesidad de actuar a reiterar la tan cacareada idea de crisis migratoria en cuestión de pocas semanas"

Es cierto que la propuesta plantea una innovadora solución de solidaridad territorial, pero no deja de ser menos cierto que buscar soluciones temporales a una cuestión estructural acaba siendo un remedio temporal que no satisface a muchos. Sin ser una analogía perfecta, la propuesta de reparto se asemeja al programa de reasentamiento que la Unión Europea intentó impulsar entre 2015 y 2017 para ayudar en la acogida a Grecia e Italia, que en esos momentos eran los países que mayor número de personas en necesidad de protección internacional acogían. El modelo fracasó por la inoperancia de muchos Estados miembros y la negativa de los países del grupo de Visegrado (que han acabado con una sentencia condenatoria de la Corte Europea de Justicia) a la hora de acoger a las personas en necesidad de protección internacional. Pero también porque la solidaridad es un concepto que se usa sin acompañarse de las reformas necesarias, y eso supone, cuando existen marcos competenciales diferentes, un alto nivel de discrecionalidad.

En el nuevo Pacto de Migración y Asilo se ha tenido que renunciar a la solidaridad obligatoria para apostar por un modelo a la carta que puede quedar en nada. En el caso español, se pretende una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que no cuenta con los apoyos necesarios. Y en este sentido, un apunte: es una buena decisión que sea la Conferencia Sectorial de infancia quien plantee la propuesta de la solidaridad. Pero no es en esta dónde toca plantear una reforma legislativa de la Ley y/o el Reglamento de Extranjería. Sobre la reforma en curso de este último, cabe señalar que, de manera sorpresiva, la cuestión de los menores no acompañados no aparece en el debate planteado en la Conferencia Sectorial de Inmigración. La proposición de ley presentada el 15 de julio sobre esta reforma quiere avanzar en la obligatoriedad del reparto, pero rompe la dinámica hasta la fecha desarrollada para un cambio más sustantivo del reglamento de extranjería, y plantea también dudas sobre los recursos de los que las diferentes comunidades autónomas disponen para atender la acogida de menores. Eso sí, aunque pueda parecer sorprendente en formas, esta reforma tiene más sentido que otros posicionamiento que pasan de negar la necesidad de actuar a reiterar la tan cacareada idea de crisis migratoria en cuestión de pocas semanas. 

La cuestión de la llegada y acogida de menores migrantes sin referentes familiares puede tratarse con soluciones provisionales de crisis, pero requiere de respuestas ordenadas y organizadas porque, de hecho, el fenómeno se ha convertido ya en estructural (por cierto, no solo en la Unión Europea, sino también en las fronteras norte y sur de México, por ejemplo). Hablar de soluciones permanentes obliga a plantear cuestiones que van desde el retorno de aquellos menores que así lo desean, o en aquellos casos que sus familias los reclaman, al fortalecimiento de los programas de inclusión, que ya se entiende que van más allá de los 18 años. Supone plantear recursos permanentes para la atención de la infancia, adecuados a las realidades del siglo XXI, accediendo para ello a fondos europeos que el Estado tiene luego que distribuir entre las comunidades autónomas. Requiere diálogo y corresponsabilidad con países de origen y de tránsito (para saber, entre otras cuestiones, que pasa con las niñas y chicas en el trayecto). Requiere trabajar en origen para mitigar el impacto de guerras, violencias y desigualdades estructurales o el cambio climático. Requiere establecer mecanismos compartidos de evaluación que permitan conocer no solo los datos, sino los resultados de los instrumentos y acciones desarrollados, algo que por ahora no es posible y plantea dudas sobre el modelo de atención a la infancia, por más que no puedan negarse los esfuerzos realizados hasta la fecha por muchas administraciones y entidades del tercer sector. 

"Algunas voces han trabajado intensamente para convertir el acrónimo de mena (que nació para identificar rápidamente a personas en situación de especial vulnerabilidad) en un mote criminalizador cargado de odio"

Es cierto que la cuestión de los menores no acompañados podría ser un ejemplo perfecto de cooperación multinivel, en el que los distintos niveles de la Administración trabajaran en pro del bien común y de la atención a un colectivo vulnerable. Pero, por el momento, parece que la realidad nos aleja de este escenario ideal. Por un lado, porque la solidaridad sin las formas y recursos pertinentes queda vacía de contenido, como bien nos ilustra el escenario europeo. Por el otro, porque hoy este debate está más polarizado que nunca. Y lamentablemente no lo está por cuestiones de gestión, sino porque algunas voces han trabajado intensamente para convertir el acrónimo de mena (que nació para identificar rápidamente a personas en situación de especial vulnerabilidad) en un mote criminalizador cargado de odio.

En sociedades democráticas, los derechos y los deberes están para garantizar la libertad, la igualdad y la justicia, protegiendo la convivencia y el bienestar común. Las discrepancias y las propuestas para reformar aquello que falla deben ser más que bienvenidas. Las voces que buscan menoscabar los principios democráticos a costa de quienes están en situación de mayor vulnerabilidad deberían contar solamente con la firme oposición de la sociedad.