Los problemas de la justicia en España no se deben solo a una falta de medios

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha vuelto al centro del debate político en España. Su renovación, que llegó tras un quinquenio de prórroga por el bloqueo político, ha puesto en marcha el VIII mandato de este órgano constitucional. Las expectativas puestas en este CGPJ renovado son muy altas, quizá demasiado, aunque en sus primeros seis meses de trabajo ha conseguido algunos éxitos nada desdeñables. 

"No debe olvidarse que es la primera vez en la historia de este órgano constitucional en que su composición responde a dos sectores ideológicos, el conservador y el progresista"

No debe olvidarse que es la primera vez en la historia de este órgano constitucional en que su composición responde a dos sectores ideológicos, el conservador y el progresista, con igual número de vocales: diez y diez. Pese a ello, en un tiempo relativamente corto, han sido capaces de alcanzar un acuerdo —sin candidaturas predeterminadas— para escoger a la presidenta del Consejo, que se convertía en la primera mujer en presidir este órgano y el Tribunal Supremo. 

Sin solución de continuidad, la presidenta y los veinte vocales comenzaron a recomponer una estructura institucional, casi abúlica, en los cinco últimos años de funcionamiento. Además, reconstruyeron su estructura y retomaron competencias clave como el Observatorio contra la Violencia de Género y la función disciplinaria.

La Comisión de Calificación ha avanzado en la cobertura de más de cien vacantes judiciales, mientras que el Pleno ha cumplido con el mandato contenido en la disposición adicional de la LO 3/2024 de elevar una propuesta sobre la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales. Ante la existencia de dos posturas diversas sobre la propia naturaleza del Consejo y sobre la necesidad o no de que los vocales sean elegidos por el Congreso y el Senado, se presentaron dos alternativas en un único documento, dejando en manos del Gobierno y el Parlamento cualquier cambio.

"La eficiencia del sistema judicial está en entredicho. En muchas partes del país, los tribunales acumulan retrasos inaceptables"

Ahora bien, el trabajo del Consejo no debe esconder que el problema de la justicia en España va más allá. La eficiencia del sistema judicial está en entredicho. En muchas partes del país, los tribunales acumulan retrasos inaceptables. En algunos casos se están fijando vistas para 2029. 

No se trata de una cuestión menor: el acceso a una justicia eficaz es un derecho constitucional básico. A pesar de que la litigiosidad ha disminuido en la última década, pasando de 8,6 millones de asuntos ingresados en 2013 a 7 millones en 2023, el número de casos pendientes ha seguido creciendo, superando los 3,9 millones. En ese mismo periodo, el número de jueces aumentó en 437, lo que evidencia que las dificultades en la administración de justicia no se deben únicamente a una falta de medios, sino también a un problema de gestión.


La Constitución reconoce el poder judicial a título individual a jueces y magistrados. Esto supone que deben ejercer ese poder con independencia —es decir, un juez está únicamente sujeto a la ley y al derecho— y responsabilidad. Por consiguiente, los togados gozan de inamovilidad, excepto si se justificara su cese por razones disciplinarias. Sin embargo, este sistema se apoya sobre la noción de que el poder judicial no se justifica por sí mismo, sino que tiene la finalidad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado para garantizar una justicia eficiente. Los jueces en ningún caso forman parte de la administración pública, sino que ejercen un poder del Estado. Un poder que debe garantizar un servicio público eficaz, y para ello es fundamental que quienes lo ejercen sean los mejores. No obstante, en nuestro país estas premisas encuentran varias dificultades.

"El sistema judicial carece de incentivos que premien la eficiencia y la calidad en la resolución de los casos, lo que desincentiva el esfuerzo"

Parte del problema radica en la organización interna de los juzgados. La estructura actual dificulta la eficiencia. En una oficina judicial trabajan cuatro tramitadores —que como mínimo deben contar con un título de bachillerato—, dos auxiliares administrativos —con estudios básicos como requisito— y, en algunos casos, un gestor con formación universitaria. El letrado de la Administración de Justicia —antes denominado secretario judicial—  asume funciones clave en la ejecución de resoluciones, pero la capacidad de un juzgado sigue dependiendo, en gran medida, del rendimiento del juez titular. Si este es poco productivo, la dinámica de trabajo se resiente: no tiene sentido generar más expedientes si no van a ser procesados con rapidez. Además, el sistema carece de incentivos que premien la eficiencia y la calidad en la resolución de los casos, lo que desincentiva el esfuerzo.

Otro obstáculo es la rigidez en el acceso y la promoción dentro de la carrera judicial. La oposición sigue siendo la vía principal de entrada, pero una vez dentro, el ascenso profesional depende casi exclusivamente de la antigüedad. Aproximadamente el 90% de los puestos de promoción se asignan por escalafón. Esto implica que un juez brillante que haya ingresado recientemente estará siempre por detrás de otro con más años de servicio, independientemente de su desempeño. Solo el 10% de los cargos, como las presidencias de tribunales superiores o el acceso al Tribunal Supremo, depende de criterios discrecionales. Sin una vía clara de promoción basada en el mérito, el sistema premia la inercia. La ausencia de incentivos para la mejora del desempeño perjudica la calidad del servicio público. Como en cualquier profesión, hay quienes aspiran a cargos superiores y quienes se conforman con la rutina. Pero en el poder judicial, esta rigidez es especialmente preocupante: la falta de motivación y de mecanismos de evaluación puede traducirse en resoluciones judiciales más lentas y de menor calidad.


Agenda Pública ha tenido acceso a distintas propuestas para solventar este problema que se están impulsando en el CGPJ. Las soluciones pasan por dos ejes principales: mejorar el acceso a la carrera judicial y optimizar su funcionamiento interno. Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Este proyecto prevé reforzar la oposición como vía de entrada e introduce cambios para ampliar oportunidades a candidatos con talento, independientemente de su capacidad económica. Preparar una oposición judicial puede requerir hasta cinco años de formación, lo que limita el acceso a perfiles con recursos suficientes para afrontar ese periodo sin ingresos. En este sentido, la intención del Gobierno de blindar las becas para el acceso a la magistratura, es un paso positivo, como demuestra la experiencia de las becas SERÉ. Sin embargo, el problema también requiere una respuesta más profunda. La propuesta de permitir otras vías de acceso para quienes acrediten una experiencia profesional suficiente sería un avance significativo en esta dirección.

"'Agenda Pública' ha tenido acceso a distintas propuestas para solventar este problema que se están impulsando en el CGPJ"

En la recientemente aprobada Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de justicia, una de las medidas que se introducen es la reestructuración de los tribunales de instancia, adoptando un modelo más colegiado —la oficina judicial— que permitiría optimizar recursos. En lugar de que un equipo de nueve personas trabaje para un solo juez, una estructura más integrada podría aumentar la productividad. Asimismo, en este nuevo contexto, la creación de nuevas plazas de juez será más efectiva que la apertura de nuevos juzgados, que requieren inversiones en infraestructura y personal mucho más altas. Otra de las claves de la reforma es la figura del presidente de los tribunales de instancia, que sustituirá a los actuales jueces decanos. Su función consistirá en la gestión de la distribución del trabajo y el establecimiento de criterios uniformes para la asignación de casos. Con ello, se persigue evitar que cada juez actúe como una isla independiente, reduciendo los desequilibrios en la carga de trabajo y promoviendo una mayor especialización, además del favorecimiento de la eficiencia mediante la creación de economías de escala y una mejor respuesta a la demanda de justicia.


Por último, una reforma debería buscar reducir la litigiosidad mediante mecanismos de mediación. En la jurisdicción social, los procedimientos de conciliación han demostrado ser eficaces, y la nueva legislación amplía su obligatoriedad a otras áreas, con excepciones. La mediación permite que un tercero neutral ayude a las partes a alcanzar acuerdos sin necesidad de llegar a juicio. Este sistema no solo alivia la carga de los tribunales, sino que también puede ofrecer soluciones más rápidas y satisfactorias para los ciudadanos. La Ley de eficiencia judicial incorpora este enfoque, promoviendo su uso en el ámbito civil, mercantil y contencioso-administrativo. Si bien el objetivo es ambicioso, su éxito dependerá de un cambio de mentalidad entre los operadores jurídicos y los propios litigantes. Si la cultura del enfrentamiento judicial persiste, las reformas serán insuficientes. 

"La crisis de la justicia española no es solo un problema de medios: es una cuestión de organización, responsabilidad y voluntad política"

La crisis de la justicia española no es solo un problema de medios: es una cuestión de organización, responsabilidad y voluntad política. La justicia es un pilar fundamental del Estado de derecho, y su deterioro compromete la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Por ello, urge abordar una reforma integral que combine la mejora de la eficiencia con una mayor exigencia en la rendición de cuentas de quienes tienen en sus manos el poder judicial.