La inestabilidad política francesa arriesga la autonomía estratégica europea

Para quienes han seguido de cerca la política francesa en los últimos dos años, resulta evidente que encontrar un plan fiscal capaz de contener el crecimiento del déficit público es una prioridad compartida por ambos lados del espectro político. Tanto es así, que en julio de 2024, la Comisión Europea abrió un Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) contra Francia por haber superado ampliamente los objetivos establecidos en el Nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, obligando al anterior Gobierno a presentar un plan creíble y factible de ajuste presupuestario a largo plazo.

"La política fiscal desempeñará un papel clave en Francia en los próximos años, tanto en el plano ideológico como en el electoral"

De hecho, la abrupta caída de Michel Barnier puede atribuirse, al menos en parte, a su intento de implementar una serie de drásticos ajustes presupuestarios sin apenas negociarlos con las demás fuerzas parlamentarias, a pesar de contar con un apoyo muy limitado en la cámara.
Por ello, ahora más que nunca, la política fiscal desempeñará un papel clave en Francia en los próximos años, tanto en el plano ideológico como en el electoral, en una sociedad con una alta capacidad de movilización cuando percibe que las decisiones políticas afectan a su poder adquisitivo, estabilidad laboral, capacidad de ahorro o la solidez del escudo social.

No es de extrañar, por tanto, que una de las primeras acciones del nuevo primer ministro, François Bayrou, fuese buscar cierta estabilidad parlamentaria tanto a la izquierda como a la derecha, con el objetivo de desarrollar un nuevo marco de ajuste fiscal sin el permanente peligro de una moción de censura que pudiera llevarse por delante el trabajo realizado. La cuestión es: ¿cómo está Francia ahora? Y, aún más importante, ¿cómo cumplir con los objetivos de déficit de la Comisión en el contexto actual? 

En realidad, el debate en torno al excesivo déficit del Estado francés viene de lejos, si bien se ha acentuado después del shock que produjo la pandemia. Durante el año 2023 y especialmente en 2024, instituciones como la Direction Générale du Trésor —dependiente del Ministerio de Economía— apuntaba a un aumento inesperado del gasto. Asimismo, señalaba la poca eficacia de los mecanismos de ingreso durante el año siguiente, donde, por ejemplo, el impuesto de sociedades había fallado al recaudar mucho menos de lo esperado, y el gasto en prestaciones sociales no solo se había mantenido alto, sino que había subido durante el año en cuestión. A medida que avanzaba el período 2023-2024, las previsiones en torno al estado de las cuentas públicas se tornaban cada vez más pesimistas, afectadas probablemente por la inestabilidad política y la dificultad a la hora de sacar adelante leyes que recortasen el gasto público. 
 
El pasado mes de diciembre, justo antes de la moción de censura, el gabinete de Barnier elaboró dos importantes leyes destinadas íntegramente a reducir el déficit público en un lapso de tres a cinco años, con 2029 como fecha límite, y que en 2024 se situaba en el 5.5%. Entre las principales medidas se incluían: 
 

• Un aumento de los impuestos al gas, la electricidad y los beneficios de las grandes empresas para así aumentar la recaudación en unos 11.000 millones de euros anuales. 


• La no indexación de las pensiones a la inflación, evitando que el Estado asumiera ese aumento del gasto, y poder generar un ahorro de 4.000 millones de euros. 


• Ajuste del impuesto sobre la renta (Impôt sur le Revenu) a la inflación, lo que habría permitido incluir alrededor de 380.000 nuevos hogares en el sistema y generar 3.000 millones de euros adicionales en ingresos públicos.

Sin embargo, la caída del primer ministro paralizó la aplicación de dichas medidas, obligando al parlamento francés a promulgar una ley especial que permitiese prorrogar los presupuestos y todas sus partidas de gasto para 2025. Al contrario de lo que sucede en España, el sistema francés no permite prórrogas automáticas de los PGE. Un informe de la OFCE, publicado pocos días antes de la salida de Barnier, permite imaginar lo que hubiese pasado de no haberse forzado su dimisión. Quizá lo más relevante sea que, aunque el PIB crecería alrededor de un 1% impulsado por la reducción de la inflación, la progresiva bajada de los tipos de interés y la fortaleza de su sector exportador —que en 2024 ya fue el principal motor de crecimiento—, el impacto de los planes de ajuste fiscal de Barnier no hubiera frenado la caída de la inversión empresarial y la baja recaudación. Además, estos ajustes hubieran diluido los efectos positivos mencionados, limitando el margen de recuperación económica.

"Hoy por hoy, el escenario es considerablemente distinto, con un nuevo Gobierno que busca ganar tiempo prorrogando el escenario de 2024 mientras busca una salida dialogada al problema del déficit"

Hoy por hoy, el escenario es considerablemente distinto, con un nuevo Gobierno que busca ganar tiempo prorrogando el escenario de 2024 mientras busca una salida dialogada al problema del déficit. Las predicciones no han tardado en llegar, y todo apunta a que el efecto del plan fiscal especial será considerablemente menor a lo previsto en la ley de Barnier. Además, al no anticiparse una gran caída de la inversión y el consumo interno, los ingresos fiscales serán mucho menores que con el plan de ajuste anterior. El cual contemplaba un aumento en la recaudación total (impuestos y cotizaciones obligatorias) de 27.000 millones de euros, mientras que, con el marco actual, se estima que el incremento será de solo 5.800 millones de euros, ya que muchas de las medidas mencionadas previamente han sido eliminadas, como la contribución excepcional de las grandes fortunas y de las grandes empresas. Por supuesto, las proyecciones sobre el déficit estructural han crecido de manera sustancial, situándose para el año 2025 entre el 6% y el 6,5%, todo eso a pesar de un crecimiento más elevado (1,4% con la situación actual vs. 0,8% con el plan de ajuste de Barnier), lo que dificulta su disposición a cumplir con los objetivos de estabilidad de la Comisión Europea. 
 
Además, a todo lo anterior se le suma la inestabilidad política, un problema que se ha ido cronificando en los últimos años y que ha desembocado en la expulsión de Barnier, lo que ha paralizado incluso unos presupuestos generales diseñados a estabilizar la situación financiera del país. Es por eso que Bayrou, viejo rockero de la política francesa, optó de inicio por una postura más pragmática. Aprovechando el autoaislamiento de La France insoumise (partido de Mélénchon) en el parlamento, consiguió una estabilidad temporal garantizándose la no censura del Partido Socialista y Los Verdes, a cambio de estudiar la retirada de la muy polémica reforma de las pensiones y comprometerse a no hacer uso del artículo 49.3 para intentar aprobar por decreto nueva ley de ajuste fiscal y económico sin pasar por la cámara. Aunque todo parece indicar que se volverá a recurrir a este mecanismo para superar la división parlamentaria. A cambio, Bayrou se comprometería a aplicar unas reformas considerablemente menos drásticas

La estabilidad de su Gobierno no está, por tanto, garantizada, y cualquier paso en falso le puede hacer caer, especialmente si incide en no debatir las leyes que pretende promulgar, como bien han avisado los demás partidos durante los últimos días. Si la parálisis política se mantiene por más tiempo, es muy probable que, como afirma Raul Sampognaro, el PIB se vea seriamente perjudicado y la percepción general sobre Francia se distorsione en el largo plazo, lo que conllevaría un incremento de la preocupación general sobre la estabilidad económica del país.

Existe, por último, otro gran problema, y es todo aquello que atañe a la reindustrialización y revitalización competitiva de los países de la Unión Europea. En un mundo cada vez más competitivo con unos EE. UU. muy agresivos con sus socios desde la llegada al poder de Trump; así como el resurgimiento de un nuevo bloque económico y político alternativo a Occidente liderado por China, la presente legislatura se recordará por el esfuerzo que haga para que la Unión Europea no se quede atrás en la carrera hacia una autonomía estratégica estable que garantice la competitividad del territorio europeo en el largo plazo. De tener éxito, esto implicaría un enorme cambio en la mentalidad de la clase política europea, ya que abriría las puertas a un sector público dinamizado, capaz de dar ayudas de Estado y tener un rol activo en la estrategia industrial a seguir para converger con los líderes de la carrera.

"Cuanto más tiempo dedique Francia a reestructurar su marco presupuestario y a aplicar drásticos planes de ajuste, menos margen de maniobra tendrá para implementar los cambios que le exija la Comisión Europea en materia de política industrial"

Este problema, que no se limita únicamente a Francia, adquiere especial relevancia en el caso del país galo. Cuanto más tiempo dedique a reestructurar su marco presupuestario y a aplicar drásticos planes de ajuste, menos margen de maniobra tendrá para implementar los cambios que le exija la Comisión Europea en materia de política industrial. Incluso si todo lo destinado a conceptos como transición ecológica o a aumentar el grado de autonomía estratégica pueden quedar fuera del ajuste en torno al déficit, esto no deja de implicar un gasto (y no poco) que de alguna manera restringe el acceso y la asignación a otras partidas. Por tanto, es crucial que Francia no solo tenga unas cuentas públicas saneadas, sino que, aprovechando todo su potencial industrial y productivo, sepa estar a la altura de las circunstancias para asumir el liderazgo en los desafíos que la Unión Europea debe afrontar.