Sigue la conversación con 'The Economist': ¿Será España una democracia plena en 2025?

Durante años, España ha sido considerada una "democracia plena", un estatus conferido por el Índice de Democracia de la Economist Intelligence Unit (EIU). Sin embargo, ese estatus se enfrenta a un momento crítico, al contrario de lo que sostenía Jesús M. de Miguel en Agenda Pública. Con una puntuación de 8,07, se encuentra peligrosamente cerca del umbral de 8,00, límite que la clasificaría como "democracia defectuosa". Cualquier cambio en la puntuación de las 60 preguntas que componen el índice derivaría en una degradación en la próxima edición anual que se publicará en febrero de 2025. 

Desde 2018, Pedro Sánchez ha gobernado en coalición con apoyos externos de partidos nacionalistas catalanes y vascos, lo cual ha generado críticas tanto en España como en el extranjero. Según un reciente artículo de The Economist, esta dependencia ha llevado a Sánchez a hacer concesiones, entre ellas, una amnistía a líderes independentistas catalanes y nombramientos polémicos en el sistema judicial. 

Estas medidas, aprobadas de forma ajustada, habrían generado controversia y cuestionamientos sobre la legalidad y el impacto en la cohesión nacional, al percibirse como "reformas constitucionales por la puerta de atrás". El artículo menciona que Pedro Sánchez expresó su intención de seguir adelante "con o sin la ayuda del legislativo", lo que sus críticos interpretaron como un acercamiento autoritario.

"El artículo de 'The Economist' sería un preaviso de una inminente pérdida del estatus de 'democracia plena' en la próxima edición en 2025"

Estas decisiones han agravado la desconfianza hacia el Gobierno, generando dudas sobre la solidez democrática de España y su equilibrio de poderes, según el semanario británico. The Economist y la EIU son entidades hermanas dentro de la misma empresa, y la habitual coincidencia de sus valoraciones sugiere que el artículo de The Economist sería un preaviso de una inminente pérdida del estatus de "democracia plena" en la próxima edición en 2025.



La degradación de 2021 y la recuperación en 2022

La posición de España en el Índice de Democracia no ha sido invariable. En 2021, España fue degradada de "democracia plena" a "democracia defectuosa" debido a las preocupaciones sobre la independencia judicial. La EIU señaló que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estaba operando en un estado de menoscabo, ya que no había sido renovado en años debido a conflictos entre los partidos políticos. Este bloqueo institucional se interpretó como un signo de debilidad democrática.

Este retroceso no solo reflejó problemas internos en la administración de justicia, sino también una creciente polarización política que impactó la confianza pública en el sistema. España cayó en la categoría de "democracia defectuosa", un revés para un país que había sido un referente en el fortalecimiento de la democracia desde la transición en los años 70.

"En 2021, España fue degradada de 'democracia plena' a 'democracia defectuosa' debido a las preocupaciones sobre la independencia judicial"

Sin embargo, en 2022, España logró recuperar su estatus como "democracia plena". La EIU explicó que esta mejora se debió en parte a la estabilización de algunas de las disputas políticas que habían causado el estancamiento en el funcionamiento del Gobierno. Aunque los problemas de fondo relacionados con la independencia judicial no se resolvieron completamente, se implementaron medidas para suavizar las tensiones políticas y mejorar el diálogo entre partidos. 

Ese retorno a la categoría de "democracia plena" dejó de manifiesto la volatilidad de la clasificación de España en el índice y cómo pequeñas variaciones en el entorno político pueden impactar significativamente en su posición en la clasificación. La actual calificación de 8,07 es una indicación de que estos problemas no han desaparecido por completo y que la posición de España en el índice continúa siendo precaria.
¿Cómo se calcula el índice?

El Índice de Democracia de la EIU clasifica a los países en cuatro tipos de regímenes: "democracias plenas", "democracias defectuosas", "regímenes híbridos" y "regímenes autoritarios". La metodología se basa en una escala de 0 a 10, compuesta en 60 indicadores que responden a preguntas agrupadas en cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del Gobierno, participación y cultura políticas. Cada categoría obtiene una calificación en una escala de 0 a 10, y el índice total es el promedio simple de estas cinco categorías.

Los resultados de estas categorías se promedian para obtener una calificación global. En muchos de estos 60 indicadores, la EIU utiliza un sistema dicotómico (0 o 1), aunque en algunos casos permite puntuaciones intermedias (0,5) para reflejar matices y mejorar la comparabilidad. Además, en áreas críticas como la transparencia electoral o la influencia de poderes extranjeros, se aplican deducciones específicas, ajustando los resultados en función de factores esenciales para la democracia.

España ha mantenido un alto puntaje en proceso electoral y pluralismo (9,58 en 2023), reflejando un sistema electoral sólido. Sin embargo, en el funcionamiento del Gobierno, la puntuación cayó a 8,53 en 2021, debido a problemas de independencia judicial y el bloqueo en la renovación del CGPJ. La participación política se sitúa en 7,22, lo que revela apatía y desconfianza en el sistema político, mientras que la cultura política democrática ronda los 7,50, afectada por la polarización y las tensiones regionales. En libertades civiles, España mantiene una puntuación estable de 8,53, aunque con ciertos retos en la independencia de los medios.

El peso de los indicadores en el índice final varía ligeramente, pues no están igualmente distribuidos en las cinco categorías. La tabla inferior muestra cómo en cuatro de las cinco categorías el peso de la puntuación del indicador (de 0, 0,5 o 1) es mayor que las siete centésimas que separa la nota de 8,07 de España del descenso de categoría. 
 

Las preguntas clave en la evaluación de 2025

Con una puntuación al borde del descenso, cabe explorar algunas de las 60 preguntas del índice que actualmente tienen relevancia en el debate político sobre la calidad de nuestra democracia. En concreto, repasamos seis preguntas que con cierto riesgo de influir en la próxima clasificación:

Pregunta 14 (Funcionamiento del Gobierno): "¿Es el poder legislativo el organismo político supremo, con una clara supremacía sobre las demás ramas del Gobierno?". En España, la debilidad parlamentaria del Gobierno para aprobar leyes y las declaraciones del ejecutivo sobre su intención de gobernar sin el concurso del Parlamento ha sido vista por algunos como un debilitamiento de la supremacía del poder legislativo. 

Pregunta 15 (Funcionamiento del Gobierno): "¿Existe un sistema efectivo de pesos y contrapesos en el ejercicio de la autoridad gubernamental?". La percepción de que el Gobierno de Sánchez ha influido en instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, plantea dudas sobre la efectividad de los contrapesos en España. Los nombramientos de jueces y las acusaciones de interferencia en decisiones judiciales afectan la percepción de una separación real de poderes.

Pregunta 19 (Funcionamiento del Gobierno): "¿Existen mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la rendición de cuentas del Gobierno hacia el electorado entre elecciones?". Las negociaciones de Sánchez con partidos separatistas han generado críticas por falta de transparencia y rendición de cuentas. Estas percepciones de decisiones gubernamentales poco claras podrían influir en la calificación de esta pregunta.

Pregunta 36 (Cultura política): "¿Existe un consenso y cohesión social suficientes para respaldar una democracia estable y funcional?". En un contexto de polarización política y descontento ciudadano, la cohesión social en España se ha deteriorado. La polarización exacerbada erosiona el consenso democrático y, por lo tanto, podría reducir el puntaje de España en esta pregunta.

Pregunta 45 (Libertades civiles): "¿Los medios de comunicación son libres e independientes? ¿Es pluralista, pero se favorecen en gran medida los medios controlados por el Estado? ¿Hay un alto grado de concentración en la propiedad privada de los periódicos nacionales?". La independencia de los medios en España ha sido cuestionada debido a presiones políticas. La libertad de prensa es crucial en la evaluación de libertades civiles, y cualquier percepción de control gubernamental en este aspecto podría disminuir la calificación de España. La interferencia en los medios públicos y su instrumentalización para fines partidistas también podrían constituir una reevaluación a la baja de este indicador.

Pregunta 52 (Libertades civiles): "¿En qué grado el sistema judicial es independiente de la influencia del Gobierno? Considere las opiniones de organizaciones internacionales de vigilancia legal y judicial. ¿Alguna vez han emitido los tribunales un fallo importante en contra del Gobierno o de un alto funcionario?". Esta pregunta es crítica para la evaluación del sistema democrático español, ya que mide la capacidad de los tribunales para actuar sin influencia política. Los nombramientos judiciales partidistas, la percepción de parcialidad del ministerio fiscal y la presión sobre el poder judicial han generado desasosiego y preocupaciones sobre el buen funcionamiento de la justicia. 

Implicaciones

Un descenso de categoría de España en el Índice de Democracia de la EIU podría tener un impacto en el contexto político interno, exacerbando la polarización y el cruce de reproches entre partidos y actores sociales. La clasificación como "democracia defectuosa" confirmaría las críticas de quienes ya cuestionan la transparencia y talante del Gobierno, mientras que aquellos en el poder podrían ver esta valoración como una injusticia o una intromisión externa en la política nacional. 

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​Un descenso de categoría de España en el 'Índice de Democracia' de la EIU podría exacerbar la polarización y el cruce de reproches entre partidos y actores sociales

A nivel europeo, una degradación afectaría la reputación de España dentro de la Unión Europea. En un momento en que la UE pone especial énfasis en la protección de la democracia y el Estado de derecho, España podría perder peso, credibilidad e influencia en las discusiones sobre gobernanza, reparto de fondos, derechos humanos y seguridad. Esta pérdida de estatus podría limitar su capacidad para liderar o influir en iniciativas regionales de importancia, como las políticas de cohesión o migración, especialmente frente a otros Estados miembros con clasificaciones democráticas más sólidas. 

Además, la pérdida de confianza en la estabilidad democrática impactaría negativamente en el atractivo de España para la inversión extranjera. La estabilidad y previsibilidad política son factores decisivos para los inversores, y una degradación podría ser interpretada como un indicio de inestabilidad institucional, aumentando los costos de financiamiento y reduciendo la competitividad de España como destino de inversión. Esto sería especialmente perjudicial en un contexto económico complejo, donde España aún necesita atraer capital para sostener el crecimiento económico actual, que es de los más altos entre las economías avanzadas.

Conclusiones

El reciente artículo de The Economist sobre el Gobierno de Pedro Sánchez podría ser un preaviso de que la EIU está considerando nuevamente una revisión crítica de la democracia española en su índice. Dado que ambos son parte de la misma empresa matriz, las preocupaciones expresadas en el artículo —que señalan problemas en el equilibrio de poderes y una dependencia excesiva del Gobierno en alianzas políticas que debilitan la cohesión social— sugieren que el Índice de Democracia de 2025 podría reflejar estos mismos temores.

"El futuro de España como 'democracia plena' pende de un hilo"

En conclusión, el futuro de España como "democracia plena" pende de un hilo. La evolución de sus subíndices en el Índice de Democracia del EIU indica que, aunque cuenta con un proceso electoral sólido y derechos civiles bien establecidos, aspectos críticos como la eficacia del Gobierno, la independencia judicial, los contrapesos institucionales y la participación política deben fortalecerse. Si estas áreas no mejoran y las percepciones de influencia política en el sistema judicial y otras instituciones persisten, España podría enfrentarse a una muy probable degradación en el próximo informe de la EIU, con todas las repercusiones que ello conlleva tanto a nivel nacional como internacional.