La urgencia de reducir la desigualdad en España

Estimado señor presidente del Gobierno de España, estimada señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y estimado señor ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030:

España está situada en la parte alta de la escala de desigualdad en la renta disponible de los hogares entre los países de la Unión Europea (UE). Según un reciente estudio de la agencia europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo (Eurofound), en la que soy investigador, nuestro país ocupa la posición 20 entre los 27 países de la UE en la medida más usada de desigualdad (el índice de Gini). Por encima únicamente de los niveles en cinco países del este de Europa (Bulgaria, Rumanía y los tres Bálticos), Italia y Portugal. España es incluso más desigual (posición 22 entre los 27 países) cuando se usa otra medida complementaria: el 20% más rico de la población acumula casi el 40% de las rentas, más que quintuplicando el 7% de las rentas totales que posee el 20% más pobre de la población. 

"España no ha podido converger con los países de mayores rentas a causa de la larga travesía de recuperación económica tras el pinchazo inmobiliario"

La desigualdad se ha mantenido prácticamente estable en los últimos quince años, debido a su gran aumento durante los años de la crisis financiera entre 2008 y 2013 (conocida como la Gran Recesión) y a su reducción posterior. España se diferencia de dos grupos de países de la UE: por un lado, no ha experimentado un aumento de la desigualdad como ha ocurrido en otros países de Europa occidental; por otro lado, no ha logrado reducirla de forma significativa como han hecho varios países más recientemente incorporados a la UE desde Europa del Este. Países que, además, han protagonizado una gran convergencia ascendente en sus niveles de renta, mientras que España no ha podido converger con los países de mayores rentas a causa de la larga travesía de recuperación económica tras el pinchazo inmobiliario.

Yendo más atrás, otros estudios constatan que el periodo de mayor reducción de la desigualdad en España se produjo de finales de los años 1970 hasta mediados de los 1990, coincidiendo con la transición a la democracia, el asentamiento de las bases del estado del bienestar y la entrada en la UE (cuando los niveles de renta en España sí convergieron hacia los niveles de sus vecinos más ricos). Desde entonces, a pesar de las oscilaciones por el ciclo económico, el nivel de desigualdad se encuentra relativamente estancado, fijando a España entre los países europeos más desiguales. 

Una clase media pequeña

El nivel de desigualdad tiene una relación estrecha con el tamaño de la clase media, que refleja una economía avanzada y una sociedad inclusiva, además de contribuir a la estabilidad política y social. Los países europeos son sociedades en que una mayoría de la población pertenece a la clase media, más allá de que la forma de definirla sea un tema contencioso en las ciencias sociales (aquí se mide como el porcentaje de la población con rentas entre el 75% y el 200% de la mediana del país).

"España es el quinto país con la clase media más pequeña de la UE (60% de la población)"

España es el quinto país con la clase media más pequeña de la UE (60% de la población), sólo por encima de Bulgaria y los tres países Bálticos. Su tamaño se ha mantenido relativamente estable en los últimos quince años, creciendo muy ligeramente: la clase media se empequeñeció durante la Gran Recesión, cuando muchas familias se empobrecieron por el gran aumento del desempleo, antes de recuperarse durante los últimos años. 

Esto se traduce en que casi el 31% de la población adulta (de al menos 16 años) tiene rentas bajas (menos del 75% de la mediana), mientras que casi el 20% de la población se encuentra por debajo del nivel de pobreza (menos del 60% de la mediana), comparado con el 16% para la media de los países europeos. Los datos de pobreza son incluso peores entre los menores de 18 años, pues estudios recientes sitúan a España con la mayor tasa de pobreza infantil de la UE, del 28% comparado con el 19% para la media de los otros países. De igual manera, estos indicadores sobre las personas de menor nivel de rentas no han mejorado significativamente en los últimos quince años, reflejando las dificultades para reducir la proporción de la población española que se encuentra más precarizada.    

Necesidad de políticas públicas mejor diseñadas

Son muchos los factores que influyen en los niveles de desigualdad de un país, como el grado de desarrollo económico, la estructura sectorial de la economía y su productividad, los niveles de empleo y sus oscilaciones, las estructuras familiares o las políticas públicas. Por ello, propongo al Gobierno una actuación en dos niveles: 

"Una primera vía general para conseguir moderar la desigualdad sería la mejora de la actividad económica y del mercado de trabajo, aumentando los niveles de empleo, trabajo regular y productividad"

Una primera vía general para conseguir moderar la desigualdad sería la mejora de la actividad económica y del mercado de trabajo, aumentando los niveles de empleo, trabajo regular y productividad. España tiene una desigualdad elevada entre los salarios de aquellos que trabajan a tiempo completo, lo que refleja factores como las diferencias de remuneración y productividad entre diferentes sectores o el fuerte peso de empresas con muy pocos trabajadores, típicamente asociadas a menores salarios. La desigualdad aumenta cuando se añaden otros asalariados (a tiempo parcial o los que no trabajan todo el año) y los autónomos, y también cuando se consideran las desigualdades de ingresos laborales entre toda la población, debido a las bajas tasas de empleo. Además, estas desigualdades han crecido en los últimos quince años, pues España es de los pocos países donde las tasas de empleo y actividad han empeorado, debido al prolongado impacto de la Gran Recesión. 

"Una segunda vía más concreta para luchar contra la desigualdad sería la mejora del estado del bienestar"

Una segunda vía más concreta para luchar contra la desigualdad sería la mejora del estado del bienestar, que tiene un impacto relativamente modesto: el nivel de desigualdad en las rentas de mercado de los hogares (antes del efecto de los impuestos y las transferencias sociales) se reduce en un 37% como consecuencia de la redistribución del Estado, por un 42% de media entre los países europeos. España está entre un grupo de países donde las transferencias sociales se distribuyen de una forma regresiva en vez de progresiva, es decir, que los más ricos reciben una mayor parte de ellas: el 10% más pobre de la población española recibe menos del 4% de las transferencias sociales, mientras que el 10% más rico recibe más del 15% de ellas.

En algunos países esto ocurre por el peso de las pensiones, que son mayores entre la gente de más renta por haber contribuido más al sistema de jubilación. Sin embargo, España es de los pocos países donde las transferencias sociales son regresivas incluso excluyendo las pensiones: el 10% más pobre recibe el 6% de las transferencias sociales en ese caso, mientras el 10% más rico recibe más del 14% de ellas.

España necesita urgentemente una mayor escala de redistribución pública de rentas, junto a un diseño más progresivo que garantice un mayor acceso a las transferencias de los grupos más necesitados. Esto aumentaría la capacidad del estado de bienestar en nuestro país para corregir las altas desigualdades en las rentas disponibles de los hogares españoles. Debemos aprovechar el buen momento macroeconómico para impulsar la reducción estructural de la desigualdad. No podemos permitir que la coyuntura política eche por tierra esta oportunidad.