La pobreza infantil en España debe ser una prioridad para todos

España se sitúa a día de hoy como el país con la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea, con un 28% de niños, niñas y adolescentes viviendo por debajo del 60% de los ingresos medianos. Como se puede apreciar en el Gráfico 1, esta tasa se encuentra 9 puntos por encima de la media europea del 19%, y casi 20 puntos por encima de aquellos países con tasas más bajas, como Eslovenia o Finlandia, ambos por debajo de un 10% de niños y niñas en esta situación. Además, en los últimos años en España han aumentado los niveles de pobreza crónica, algo que ha afectado en particular a los hogares más jóvenes con menores a cargo; y comenzamos a ver incrementos importantes en tasas de carencias, cruciales para el bienestar de niños y niñas.
  Datos: Eurostat
Nota: tasa de pobreza utilizando el 60% de la mediana de ingresos como línea de pobreza; los datos corresponden a menores de 18 años.

La pobreza infantil pone en riesgo no solo el presente de niños y niñas, sino también su futuro, reduciendo sus oportunidades y perpetuando el ciclo de la pobreza. Vivir en situación de pobreza durante la infancia y adolescencia puede terminar por determinar oportunidades educativas, laborales, de salud física y mental e incluso de relaciones sociales. Las consecuencias de crecer en un entorno de pobreza se extienden a lo largo de toda la vida de una persona y, además de los costes individuales, que analizaremos más adelante, también suponen un coste para la sociedad en su conjunto. Así, de acuerdo con el estudio "El coste de la pobreza infantil en España", teniendo en cuenta los costes asociados a la situación laboral y a la pérdida de salud ligados a la pobreza infantil, esta problemática tiene en España un coste anual de, como mínimo, 63.079 millones de euros al año, lo cual equivaldría a un 5,1% del PIB de 2019.

"Los hogares con adultos que tuvieron una situación económica buena o muy buena durante la adolescencia tienen en media unos ingresos anuales que superan en más de 5.000 euros a aquellos hogares con adultos cuya situación en la adolescencia fue mala o muy mala"

A nivel individual, el mismo estudio encuentra que las personas que en su adolescencia estuvieron en situación de pobreza tienen un 28% menos de probabilidades de alcanzar un nivel de estudios superior. Utilizando datos del módulo sobre transmisión intergeneracional de la pobreza de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, el Gráfico 2 muestra cómo los hogares con adultos que tuvieron una situación económica buena o muy buena durante la adolescencia tienen en media unos ingresos anuales que superan en más de 5.000 euros a aquellos hogares con adultos cuya situación en la adolescencia fue mala o muy mala. Esta diferencia, que se traduce en 424 euros al mes, ilustra de manera clara cómo las condiciones económicas durante la infancia y adolescencia pueden tener un impacto duradero en la vida adulta.
  Datos: Elaboración propia a partir de los microdatos de la ECV 2023.
Nota: se utiliza renta neta anual de hogares ajustada por unidades de consumo.

"España destina apenas un 1,5% de su PIB a políticas familiares y de infancia, casi un punto por debajo de la media europea e invirtiendo menos de la mitad que países como Alemania, Polonia, Dinamarca, Luxemburgo o Finlandia"

¿Cómo se pueden explicar los elevados niveles de pobreza infantil en España? Uno de los grandes factores contribuyendo a estas cifras se encuentra en la falta de inversión suficiente en políticas de infancia en nuestro país. Como se puede observar en el Gráfico 3, España destina apenas un 1,5% de su PIB a políticas familiares y de infancia, casi un punto por debajo de la media europea e invirtiendo menos de la mitad que países como Alemania, Polonia, Dinamarca, Luxemburgo o Finlandia. En este sentido, aumentar tanto la cobertura como la generosidad del sistema de prestaciones por infancia es crucial para poder reducir la pobreza infantil y minimizar sus consecuencias.
  Datos: Eurostat (tabla spr_exp_dgp)

Es cierto que, con la aprobación del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) ligado al IMV, que entró en vigor en España en febrero de 2022, se ha avanzado hacia un mayor reconocimiento de la necesidad de una prestación que contribuya a reducir la pobreza infantil. Esta medida cubre en parte un déficit estructural con respecto a las rentas más bajas, proporcionando un apoyo crucial a las familias en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, como puede observarse en el Gráfico 4, las cuantías del CAPI están muy lejos de cubrir los costes reales ligados a la crianza, además de no estar adecuadamente ajustadas a las variaciones en costes por edad. Mientras que el coste de la crianza aumenta a medida que niños y niñas se convierten en adolescentes (para más información sobre estos costes, ver el informe de Save the Children en que se calculan), la cuantía del CAPI se reduce a la mitad durante ese período.
  Datos: Coste de la crianza: Save the Children; importes CAPI: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Solo poniendo la pobreza infantil en el centro del debate y de las políticas públicas podemos asegurar una sociedad de oportunidades para los niños y niñas del futuro. Necesitamos más y mejores políticas públicas que acerquen a España a la media europea de inversión en políticas de infancia, y que aseguren las oportunidades de niños y niñas. En este sentido, la propuesta de Yolanda Díaz de una prestación universal de 200 euros mensuales puede ser clave para avanzar en esta dirección y acercarnos a otros países de nuestro entorno. Sin embargo, debemos ser también cautos, y asegurarnos de que el diseño de estas políticas no acabe con las buenas intenciones detrás de las mismas. Será necesario adaptar el diseño de estas políticas a los costes reales de crianza, además de asegurarnos de que lleguen a quienes más lo necesitan, eliminando trabas administrativas que puedan convertirse en un escollo insuperable para muchas familias.