Martes, 18 de agosto de 2026
Lo que (no) necesita la lucha contra la pobreza infantil
En los últimos años, la infancia en general y la pobreza infantil en particular, han entrado con una fuerza inusitada en el debate público y en la agenda política. De manera consistente, desde que existen datos comparativos, distintos indicadores de pobreza monetaria sitúan los niveles de pobreza infantil en niveles superiores a los que pueden encontrarse en otros países europeos, y generalmente por encima de los niveles de pobreza de grupos de edad más avanzada.
RTVE
En los últimos años, la infancia en general y la pobreza infantil en particular, han entrado con una fuerza inusitada en el debate público y en la agenda política. Con la creación del Ministerio de Juventud e Infancia parecía institucionalizarse el creciente protagonismo adquirido por la cuestión infantil. Esa fuerza contrasta con lo que había sucedido hasta hace poco más de diez años. Hacia finales de la primera década de siglo, en distintos foros, jornadas y publicaciones se hablaba a menudo de la “invisibilidad” de la infancia, y especialmente de la invisibilidad del problema más acuciante que posiblemente aquejaba a este colectivo: las altas tasas de pobreza infantil. De manera consistente, desde que existen datos comparativos, distintos indicadores de pobreza monetaria sitúan los niveles de pobreza infantil en niveles superiores a los que pueden encontrarse en otros países europeos, y generalmente por encima de los niveles de pobreza de grupos de edad más avanzada.
Los diagnósticos sobre las causas difieren poco. España ha tenido un mercado de trabajo que genera niveles elevados de vulnerabilidad económica a partir de una distribución desequilibrada de rentas primarias. Dicho de otro modo, los ingresos que reciben los hogares por remuneraciones salariales, por trabajo autónomo o rentas de capital son muy desiguales, relegando a un porcentaje importante de hogares a tramos muy bajos de ingresos. A ello contribuyen de manera destacada los altos niveles de precariedad y trabajo intermitente. La mayoría de hogares con bajos ingresos son hogares con baja intensidad de empleo. Los adultos presentes en el hogar trabajan poco porque no tienen oportunidad de trabajar más: trabajan a tiempo parcial, durante etapas acotadas del año y/o no están activos todos los miembros adultos del hogar.
La vulnerabilidad económica generada por la distribución de rentas de mercado solo es parcialmente corregida mediante transferencias monetarias públicas. La incapacidad de nuestro Estado de bienestar para sacar a los hogares de la pobreza es especialmente acuciante en los hogares donde hay familias con niños. El efecto reductor de la pobreza infantil de las prestaciones monetarias ha sido tradicionalmente limitado, de los más limitados de Europa. Esta ineficacia puede atribuirse a varios factores. Está, por un lado, el hecho de que buena parte de las prestaciones tengan un carácter contributivo. Las reciben adultos con historiales de cotización continuos y prolongados. Pero no aquellos con empleos más precarios y trayectorias laborales atípicas, y que por esta razón, más las podrían necesitar. Por otro lado, a pesar de las mejoras en los últimos años, España gasta todavía muy poco en apoyos económicos a familias con hijos. También, en este capítulo figura en el furgón de cola europeo.
La politización de la cuestión de la pobreza infantil se ha hecho esperar. Las instituciones europeas y los organismos internacionales llevan al menos dos décadas alertando sobre los altos niveles de pobreza infantil sin que nuestros gobiernos tomaran cartas en el asunto. Las señales que llegaban desde estos organismos sí fueron recogidas y amplificadas por informes de diversas entidades y distintos sectores académicos. El tema solo cobra relieve durante los últimos coletazos de la crisis y aparece catapultado a un lugar destacado a partir de 2018, tras la creación del Alto comisionado contra la pobreza infantil. Desde ese momento, reaparece recurrentemente. Fue un asunto central durante el debate social y parlamentario que desató la tramitación durante más de un año de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Como resultado de este debate, encontramos en el IMV diversas disposiciones para proteger especialmente a hogares con niños: unas escalas de equivalencia favorables para familias con niños, protección reforzada para familias monoparentales, un Complemento de Ayuda para la Infancia que incrementa el apoyo a familias con niños y que extiende la cobertura bastante por encima de los umbrales de la pobreza severa. En estas últimas semanas se han reavivado las demandas de mejorar la protección a la infancia a través de una prestación universal de crianza de 200 euros. El debate no debe apagarse. Perviven problemas que reclaman atención y nuevas medidas. El IMV parece haber mejorado la protección de hogares en pobreza, reduciendo su intensidad, pero la extensión del riesgo sigue siendo muy alta. Muchos hogares que necesitan apoyo no lo obtienen con una medida concebida para ofrecer protección a hogares en situaciones más severas. Otros, que tendrían derecho a la prestación, no la solicitan porque no creen que esté pensada para gente como ellos, se sienten disuadidos por la difícil tramitación de la ayuda, o simplemente no creen necesitarla (el fenómeno se conoce como non take up).
Ante esta situación crecen las voces que reclaman una segunda ronda de actuaciones contra la pobreza infantil. Me sumo sin matices. Pero creo que es momento de pararse a reflexionar, evitar lugares comunes y desiderátums ilusorios. Alguna de las líneas de reflexión más urgentes son, a mi juicio, las siguientes:
1) El Ingreso Mínimo Vital, en su versión definitiva que incorpora el Complemento de Ayuda a la Infancia, se pone en marcha en 2022, último año para el que tenemos a estas alturas datos reales sobre pobreza monetaria. Es, a todas luces, demasiado pronto para evaluar su eficacia, pero aunque pudiéramos ya constatar problemas graves que comprometen la capacidad reductora de pobreza, parece pronto para sentenciar el modelo sin intentar corregir sus imperfecciones.
2) La pobreza infantil se combate con iniciativas de transferencia de rentas a hogares con niños y niñas, pero también con otro tipo de actuaciones. La pobreza remite cuando se abordan los orígenes de la desigualdad con medidas predistributivas (por ejemplo, políticas de rentas como el salario mínimo interprofesional o procesos de negociación colectiva que tienen en cuenta necesidades de los más vulnerables), cuando se extiende la protección a colectivos desprotegidos (como lo subsidios a desempleados de larga duración menores de 52 años) o se desarrollan los servicios públicos. Cuando se robustece un sistema de servicios públicos inclusivo, que ahorra a las familias costes de crianza y palía las consecuencias de la adversidad económica en el progreso educativo de sus hijos o su salud, se lucha contra la pobreza infantil. La determinación por reducir los desproporcionados índices de pobreza monetaria no debería hacernos descuidar que un primer buen antídoto contra la pobreza y la transmisión entre generaciones es la lucha contra los efectos de la pobreza. Y en este terreno, tenemos muchas prioridades que requieren recursos y programas, más allá de las transferencias monetarias a través de prestaciones: ayudas para comedores escolares, reforzar programas de acompañamiento educativo a estudiantes con dificultades de aprendizaje, escuelas y campamentos de verano, extender la participación en escuela infantil 1-3 o los servicios de atención temprana, etc. Son necesarios, además, muchos recursos para aliviar la carga que los costes de la vivienda representan para familias con niños, lo que supone ampliar significativamente el parque de viviendas asequibles para hogares que no pueden permitirse dedicar un gran volumen de sus recursos a esa necesidad. Países exitosos en la lucha contra la pobreza infantil no son necesariamente los que maquillan indicadores de riesgo de pobreza infantil con transferencias monetarias directas si otros costes están siendo descuidados y privatizados.
3) Se ha extendido un prejuicio ideológico según el cual un derecho no es tal si no es universal, esto es, si no llega (por igual) a todos los ciudadanos, tengan o no la necesidad de ese apoyo. Es un ejercicio de confusión, seguramente bienintencionado pero estéril. El derecho deriva no de que todo el mundo termine recibiendo la ayuda, sino de que los ciudadanos puedan recibirla cuando se encuentran en una situación de necesidad o dificultad de acceso a un bien básico. Exigir universalidad de salida es un requisito paralizante, que impone costes enormes a la adopción de cualquier nueva política, conduciendo al estancamiento, la frustración y la melancolía. No admitamos esas barreras al progreso de la política pública en ámbitos donde la adopción de medidas urge.
Cualquiera de estas tres líneas de reflexión merecería, al menos, el espacio de otro artículo. Espero que este primero pueda estimular su escritura.
Pau Marí-Klose participa este miércoles, 29 de mayo, en el encuentro Pobreza infantil en España, organizado por Agenda Pública con la colaboración de la Fundación "la Caixa" dentro del ciclo Una sociedad de oportunidades
"Crecen las voces que reclaman una segunda ronda de actuaciones contra la pobreza infantil"
Los diagnósticos sobre las causas difieren poco. España ha tenido un mercado de trabajo que genera niveles elevados de vulnerabilidad económica a partir de una distribución desequilibrada de rentas primarias. Dicho de otro modo, los ingresos que reciben los hogares por remuneraciones salariales, por trabajo autónomo o rentas de capital son muy desiguales, relegando a un porcentaje importante de hogares a tramos muy bajos de ingresos. A ello contribuyen de manera destacada los altos niveles de precariedad y trabajo intermitente. La mayoría de hogares con bajos ingresos son hogares con baja intensidad de empleo. Los adultos presentes en el hogar trabajan poco porque no tienen oportunidad de trabajar más: trabajan a tiempo parcial, durante etapas acotadas del año y/o no están activos todos los miembros adultos del hogar.
La vulnerabilidad económica generada por la distribución de rentas de mercado solo es parcialmente corregida mediante transferencias monetarias públicas. La incapacidad de nuestro Estado de bienestar para sacar a los hogares de la pobreza es especialmente acuciante en los hogares donde hay familias con niños. El efecto reductor de la pobreza infantil de las prestaciones monetarias ha sido tradicionalmente limitado, de los más limitados de Europa. Esta ineficacia puede atribuirse a varios factores. Está, por un lado, el hecho de que buena parte de las prestaciones tengan un carácter contributivo. Las reciben adultos con historiales de cotización continuos y prolongados. Pero no aquellos con empleos más precarios y trayectorias laborales atípicas, y que por esta razón, más las podrían necesitar. Por otro lado, a pesar de las mejoras en los últimos años, España gasta todavía muy poco en apoyos económicos a familias con hijos. También, en este capítulo figura en el furgón de cola europeo.
La politización de la cuestión de la pobreza infantil se ha hecho esperar. Las instituciones europeas y los organismos internacionales llevan al menos dos décadas alertando sobre los altos niveles de pobreza infantil sin que nuestros gobiernos tomaran cartas en el asunto. Las señales que llegaban desde estos organismos sí fueron recogidas y amplificadas por informes de diversas entidades y distintos sectores académicos. El tema solo cobra relieve durante los últimos coletazos de la crisis y aparece catapultado a un lugar destacado a partir de 2018, tras la creación del Alto comisionado contra la pobreza infantil. Desde ese momento, reaparece recurrentemente. Fue un asunto central durante el debate social y parlamentario que desató la tramitación durante más de un año de la Ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Como resultado de este debate, encontramos en el IMV diversas disposiciones para proteger especialmente a hogares con niños: unas escalas de equivalencia favorables para familias con niños, protección reforzada para familias monoparentales, un Complemento de Ayuda para la Infancia que incrementa el apoyo a familias con niños y que extiende la cobertura bastante por encima de los umbrales de la pobreza severa. En estas últimas semanas se han reavivado las demandas de mejorar la protección a la infancia a través de una prestación universal de crianza de 200 euros. El debate no debe apagarse. Perviven problemas que reclaman atención y nuevas medidas. El IMV parece haber mejorado la protección de hogares en pobreza, reduciendo su intensidad, pero la extensión del riesgo sigue siendo muy alta. Muchos hogares que necesitan apoyo no lo obtienen con una medida concebida para ofrecer protección a hogares en situaciones más severas. Otros, que tendrían derecho a la prestación, no la solicitan porque no creen que esté pensada para gente como ellos, se sienten disuadidos por la difícil tramitación de la ayuda, o simplemente no creen necesitarla (el fenómeno se conoce como non take up).
"Exigir universalidad de salida es un requisito paralizante, que impone costes enormes a la adopción de cualquier nueva política"
Ante esta situación crecen las voces que reclaman una segunda ronda de actuaciones contra la pobreza infantil. Me sumo sin matices. Pero creo que es momento de pararse a reflexionar, evitar lugares comunes y desiderátums ilusorios. Alguna de las líneas de reflexión más urgentes son, a mi juicio, las siguientes:
1) El Ingreso Mínimo Vital, en su versión definitiva que incorpora el Complemento de Ayuda a la Infancia, se pone en marcha en 2022, último año para el que tenemos a estas alturas datos reales sobre pobreza monetaria. Es, a todas luces, demasiado pronto para evaluar su eficacia, pero aunque pudiéramos ya constatar problemas graves que comprometen la capacidad reductora de pobreza, parece pronto para sentenciar el modelo sin intentar corregir sus imperfecciones.
2) La pobreza infantil se combate con iniciativas de transferencia de rentas a hogares con niños y niñas, pero también con otro tipo de actuaciones. La pobreza remite cuando se abordan los orígenes de la desigualdad con medidas predistributivas (por ejemplo, políticas de rentas como el salario mínimo interprofesional o procesos de negociación colectiva que tienen en cuenta necesidades de los más vulnerables), cuando se extiende la protección a colectivos desprotegidos (como lo subsidios a desempleados de larga duración menores de 52 años) o se desarrollan los servicios públicos. Cuando se robustece un sistema de servicios públicos inclusivo, que ahorra a las familias costes de crianza y palía las consecuencias de la adversidad económica en el progreso educativo de sus hijos o su salud, se lucha contra la pobreza infantil. La determinación por reducir los desproporcionados índices de pobreza monetaria no debería hacernos descuidar que un primer buen antídoto contra la pobreza y la transmisión entre generaciones es la lucha contra los efectos de la pobreza. Y en este terreno, tenemos muchas prioridades que requieren recursos y programas, más allá de las transferencias monetarias a través de prestaciones: ayudas para comedores escolares, reforzar programas de acompañamiento educativo a estudiantes con dificultades de aprendizaje, escuelas y campamentos de verano, extender la participación en escuela infantil 1-3 o los servicios de atención temprana, etc. Son necesarios, además, muchos recursos para aliviar la carga que los costes de la vivienda representan para familias con niños, lo que supone ampliar significativamente el parque de viviendas asequibles para hogares que no pueden permitirse dedicar un gran volumen de sus recursos a esa necesidad. Países exitosos en la lucha contra la pobreza infantil no son necesariamente los que maquillan indicadores de riesgo de pobreza infantil con transferencias monetarias directas si otros costes están siendo descuidados y privatizados.
3) Se ha extendido un prejuicio ideológico según el cual un derecho no es tal si no es universal, esto es, si no llega (por igual) a todos los ciudadanos, tengan o no la necesidad de ese apoyo. Es un ejercicio de confusión, seguramente bienintencionado pero estéril. El derecho deriva no de que todo el mundo termine recibiendo la ayuda, sino de que los ciudadanos puedan recibirla cuando se encuentran en una situación de necesidad o dificultad de acceso a un bien básico. Exigir universalidad de salida es un requisito paralizante, que impone costes enormes a la adopción de cualquier nueva política, conduciendo al estancamiento, la frustración y la melancolía. No admitamos esas barreras al progreso de la política pública en ámbitos donde la adopción de medidas urge.
Cualquiera de estas tres líneas de reflexión merecería, al menos, el espacio de otro artículo. Espero que este primero pueda estimular su escritura.
Pau Marí-Klose participa este miércoles, 29 de mayo, en el encuentro Pobreza infantil en España, organizado por Agenda Pública con la colaboración de la Fundación "la Caixa" dentro del ciclo Una sociedad de oportunidades
En colaboración con:
Pau Marí-Klose
Profesor de Sociología en Universidad de Zaragoza
Doctor en Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid (España), Máster en la University of Chicago (EE.UU.) y en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March (España). Ha sido diputado por el PSOE , alto comisionado del Gobierno para la Lucha contra la Pobreza Infantil y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados
Ha sido investigador en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC (2010-2012), profesor de la Universitat de Barcelona (2006-2010) y responsable científico del Instituto de Infancia y Mundo Urbano (2008-2010), donde fue director de los informes de la Inclusión Social en España de Caixa Catalunya en 2008 y 2009. Fue investigador principal de un proyecto del Plan Nacional I+D+I y otro de la Fundación Areces, e investigador participante en un Programa Marco de la Unión Europea y otro de la Fundación CSIC-La Caixa. Pertenece al grupo de investigación sobre Política Social y Estado de Bienestar (Poseb) en el CSIC y del grupo Analysis of Inequality and New Social Risks (AINSR), con los que investigó sobre pobreza, infancia, reformas políticas del Estado de bienestar, los perfiles edatarios de los beneficiarios de las políticas sociales, educación y políticas educativas. Es autor o co-autor de nueve libros y más de 30 artículos académicos y capítulos en obras colectivas.
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