¿Qué debe hacer diferente el Gobierno para paliar la crisis energética?

La olla a presión del cierre del estrecho de Ormuz sigue calentando los precios de los combustibles fósiles. Entrando en la tercera semana de la guerra, ya se han liberado las reservas estratégicas, con escaso éxito, y el mercado demanda señales más claras de un fin cercano del conflicto. Aunque Donald Trump anunciara un alto el fuego hoy mismo, aún se necesitarían semanas para retomar la operativa habitual de los campos petrolíferos y de las plantas de licuefacción de gas en Catar. 

En un escenario central de al menos otro mes por delante de precios disparados, las casas de análisis ya han empezado a revisar sus previsiones. El think tank de las Cajas de Ahorros, Funcas, actualizó su pronóstico de la inflación el pasado viernes, tomando como referencia una posible cotización del crudo en torno a 102 dólares en abril y mayo, así como un lento descenso a partir de junio. Con estas asunciones, bastante conservadoras, estiman que la inflación alcance el 3,6% en marzo y que se situará por encima del 4% en los meses posteriores (en febrero estaba en el 2,3%), hasta junio, que comenzaría a aflojar. En un escenario más extremo en el que el crudo se mantenga por encima de los 100 dólares hasta final de año, la tasa general alcanzaría el 4,5%.

"La subida de los alimentos en 2022 y 2023 fue un 'shock' para muchos ciudadanos de los que en 2026 aún estaban saliendo"

Como ya se experimentó en 2022, la correa de transmisión de los precios afecta singularmente a la cadena de valor de la alimentación. Elevando los costes para el agricultor, que suele ser intensivo en el uso de gasóleo, continuando por el transportista, hasta llegar a los estantes del supermercado. La subida de los alimentos en 2022 y 2023 fue un shock para muchos ciudadanos de los que en 2026 aún estaban saliendo.

¿Qué medidas puede aprobar el Gobierno para contener la inflación y el alza de los carburantes?

Con este panorama, el Gobierno posiblemente aprobará esta misma semana un paquete de medidas de alivio que se inspirará en las desplegadas en 2022, pero también corregirá algunos de los errores. El más denostado por casi todas las partes implicadas es el descuento directo de veinte céntimos por litro para los carburantes que diversos expertos consideran regresivo. (Las clases medias y medias altas son las que más utilizan el coche). Tampoco se ve como la mejor opción la rebaja de los impuestos, algo que las empresas del sector ven más efectivo y sencillo, especialmente si se actúa sobre el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos como ha hecho Portugal.

Los expertos abogan por unas medidas mucho más quirúrgicas y escalonadas en el tiempo según se vayan viendo los efectos de la transmisión de precios. La directora de proyectos internacionales del IVIE, Matilde Mas, dice que para parar el contagio a la cesta de la compra hay que actuar sobre la agricultura y el transporte. "Medidas por el lado de la oferta porque lo que se ha producido es un shock de oferta. Impulsar la demanda por la vía de reducción de impuestos —como proponen algunos— sería un error, puesto que tendría el efecto contrario: aceleraría la inflación", concluye la economista.
 
En el paquete de alivio de la guerra de Ucrania se rebajó el IVA de la electricidad y el gas y también de los alimentos básicos. En un informe posterior, el Banco de España analizó el paquete de medidas y concluyó que más del 80% eran de carácter generalista. Algo que Mas llama a evitar "porque son caras y poco efectivas". En su lugar pide controlar las subidas indiscriminadas por parte de las empresas y desecha algunas de las propuestas hechas por el ala más a la izquierda del Gobierno, como el control de los alquileres. 

"La bonificación de los carburantes crea un efecto perverso que incentiva su consumo y eso es precisamente lo que se quiere evitar"

Xaquín García-Muros, economista e investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3), ya escribió en estas páginas sobre la regresividad del descuento de los carburantes. Con todo, el investigador tiene una valoración positiva del conjunto del paquete porque bonificó en gran medida la electricidad, una medida que cumple dos premisas: ayuda más a los más vulnerables y avanza en el objetivo de electrificación del país y la transición energética. García-Muros espera que en el próximo paquete también se trabaje en "subvencionar la electricidad, que es bueno para las rentas bajas, e intentar evitar ayudas generalizadas". 

La bonificación de los carburantes crea un efecto perverso que incentiva su consumo y eso es precisamente lo que se quiere evitar. El organismo regulador competente, la CNMC, publicó la semana pasada un dato contundente: los precios baratos de los carburantes en 2025 empujaron a la apertura de 115 nuevas estaciones de servicio gracias a un repunte de la demanda superior a niveles prepandemia.

Esta adicción a los combustibles fósiles por parte de los españoles da cuenta de la poca penetración del coche eléctrico, pero también del uso excesivo que se hace del coche cuando el precio de la gasolina es barato. De hecho, España suspende en fiscalidad verde cada año porque no ha sido capaz de igualar la tributación del diésel y la gasolina tal y como le ha pedido la UE. 

"Puede ser el momento de recuperar la conocida como excepción ibérica al gas, que evitó que el alto precio del hidrocarburo se contagiara a la producción de electricidad"

En este sentido, el que fuera cerebro económico de Unidas Podemos, Nacho Álvarez, pide recuperar con carácter inmediato "la gratuidad del transporte público de Cercanías y Media Distancia y el refuerzo de los descuentos en el transporte urbano y metropolitano". Álvarez, que formó parte del Gobierno que aprobó el anterior paquete de medidas, también cree que puede ser el momento de recuperar la conocida como excepción ibérica al gas, que evitó que el alto precio del hidrocarburo se contagiara a la producción de electricidad y luego al conjunto de los precios de la economía. Pero en esta ocasión, el actual profesor de Economía en la UAM cree que la medida debería ser extensiva a toda la UE.

De la misma opinión es Natalia Fabra, catedrática de Economía en el CEMFI y posiblemente la voz más reputada sobre energía en España. Fabra recuerda que uno de los efectos indeseados de la excepción ibérica fue exportar electricidad a Francia con cargo al contribuyente español. Por eso cree que la solución más justa y que evitaría subvenciones cruzadas sería la de unificar la medida en todos los países del bloque, de forma que el gas tenga un menor impacto a la hora de marcar el precio final de la electricidad. (El actual sistema es marginalista y la tecnología más cara es la que marca el precio de todas las demás).

Los expertos consultados lo tienen claro: apostar por las energías renovables y reducir la dependencia de los fósiles mejora la seguridad y la soberanía del país.