Un plan de choque necesario que habrá que reforzar

El Consejo de Ministros acaba de aprobar el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra en Ucrania con el objetivo de paliar sus efectos económicos y sociales. El Plan recoge un paquete de medidas para aliviar los impactos derivados de los altos precios de la energía en los sectores afectados y en los hogares.

Una de las medidas más destacadas es la bonificación temporal para los carburantes de 20 céntimos por litro. En el caso de la electricidad, destaca la prórroga de la bajada del IVA al 10% y de la supresión del impuesto a la generación eléctrica, así como la regularización a 2022 de la retribución a las renovables. También se prorroga el descuento del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, y se amplía esta cobertura a 600.000 nuevos hogares. 

En conjunto, las medidas analizadas, que estarán en vigor durante los próximos tres meses, supondrán para los hogares una rebaja aproximada del 10% en los precios de los carburantes y del 20% en la electricidad, que será mayor para aquellos que se acojan al bono social.

Según nuestras estimaciones, el impacto social de las medidas energéticas tiene un carácter progresivo (ver figura). Esto es, las medidas favorecen más a las rentas bajas y medias y a los colectivos vulnerables, algo fundamental en este contexto de recuperación tras la pandemia. Si bien la bonificación de los carburantes favorece proporcionalmente más a las clases medias, más dependientes del transporte privado, las medidas orientadas a bajar la factura de la electricidad favorecen más a las rentas bajas, por lo que el paquete final es progresivo.
Estas estimaciones no incluyen los efectos de otras medidas como las destinadas a limitar el precio del gas para bajar el precio en el mercado eléctrico y que serán financiadas con los beneficios extraordinarios de las empresas; tampoco otras medidas no energéticas como el aumento del Ingreso Mínimo Vital o la limitación de la subida del alquiler, las cuales se espera que tengan también un impacto relevante a nivel social y favorezcan en mayor medida a los hogares más vulnerables.

Una de las medidas más discutidas desde el punto de vista climático y de fiscalidad ambiental es la bonificación a los carburantes. En este sentido, es necesario señalar que el alza en los precios experimentado en los últimos meses ha sido muy elevado (60 céntimos por litro) y superior al que se espera que realizará la Directiva sobre Fiscalidad Energética gradualmente y en los próximos 10 años. Así, parece razonable mitigar el impacto de esta escalada de precios. En todo caso, la bonificación en los carburantes no compensará la subida de estos meses y, por lo tanto, se espera una reducción de la demanda y las emisiones. De hecho, estimamos que, incluso con la bonificación, las emisiones de CO₂ derivadas de los carburantes se reducirían un 6%.  

Si bien valoramos positivamente la progresividad del Plan y creemos que aliviar la factura energética en este momento de crisis y urgencia es necesario, consideramos que es importante añadir algunas consideraciones de cara a los próximos meses.  

Primero, algunas medidas, como la bonificación de los carburantes, han de ser temporales. Si la situación mejora, deberemos sin duda retomar la senda marcada por Libro Blanco sobre Fiscalidad publicado recientemente. De hecho, como han destacado en repetidas ocasiones múltiples organismos internacionales, España está a la cola de Europa en fiscalidad sobre los carburantes y, por lo tanto, en el futuro ésta sigue siendo una asignatura pendiente. 

Segundo, es deseable en el futuro actuar de forma más dirigida hacia los colectivos vulnerables al transporte. De la misma forma que existe un bono social eléctrico y térmico, habrían de explorarse instrumentos similares en materia de transporte que protejan a las personas más vulnerables sin alternativas al vehículo privado. En todo caso, si identificar a estos colectivos es complejo, una alternativa que creemos viable en el medio plazo es dar cheques para hogares vulnerables según criterios de renta.  



Tercero, las medidas analizadas reducirán notablemente los ingresos públicos por lo que será necesario desplegar medidas fiscales adicionales. Aunque el paquete planteado es progresivo, una parte importante de las rebajas anunciadas se concentra en los hogares de renta alta debido a su mayor consumo de carburantes, por lo que un ajuste en este grupo estaría justificado. En todo caso, el Libro Blanco sobre Fiscalidad es la herramienta idónea para identificar medidas fiscales que nos permitan sostener y reforzar el Estado del bienestar.

Cuarta, echamos de menos en el Plan medidas orientadas a contener la demanda de carburantes y favorecer el transporte público. Éste es un buen momento para innovar introduciendo medidas que cambien nuestros hábitos de movilidad. Así, nos parece destacable la propuesta de la Agencia Internacional de la Energía para fomentar el teletrabajo o rebajar el precio del transporte público, entre otras. Algunas de ellas ya han sido muy eficaces durante la pandemia y serán claves para cumplir los objetivos de descarbonización.

En conclusión, las medidas energéticas de urgencia del Plan son en general adecuadas al permitir conciliar la transición energética y la justicia social. Sin embargo, si algo ha evidenciado esta crisis es que los gobiernos tienen que dotarse de herramientas que les permitan ayudar de forma más selectiva a los hogares más vulnerables, mientras se sigue apostando por la transición energética, la cual también se ha mostrado inaplazable.