El problema de TikTok no empieza en casa

En diciembre de 2025, Australia prohibió a los menores de dieciséis años tener cuentas en determinadas redes sociales. En julio, el Parlamento francés aprobó un texto para vetarlas a los menores de quince, si bien el Consejo Constitucional anuló esa medida en agosto, y en septiembre la Comisión Europea propuso impedir el acceso antes de los trece años en toda la Unión. España tramitó en el Congreso un proyecto de ley de protección de los menores en entornos digitales. Y la polémica está de nuevo en el debate público tras la publicación de una investigación que muestra cómo estarían operando las redes pedófilas en TikTok. Finalmente, en Argentina acaba de ingresar un proyecto de "mayoría digital" a los quince años.

Detrás de estas medidas hay un reconocimiento silencioso, pero de enorme alcance: el entorno digital socializa a los niños; les enseña a estar en el mundo de un modo distinto al que conocíamos. Por eso los Estados empiezan a tratar a las plataformas como lo que son —agentes de socialización— y no como simples herramientas. Sin embargo, cuando algo sale mal se sigue mirando hacia un solo lado: la familia, convertida en chivo expiatorio. La responsabilización familiar funciona como un relato por defecto: es cómoda, porque ofrece un culpable visible y cercano. Pero es, a la vez, empíricamente inexacta y socialmente injusta.

"La responsabilización familiar funciona como un relato por defecto: es cómoda, porque ofrece un culpable visible y cercano"

Durante décadas se dio por sentado un orden. Primero socializa la familia (socialización primaria); después la escuela continúa la tarea (socialización secundaria). La cultura digital rompió esa secuencia. Podríamos hablar de una socialización troyana: como el caballo que Troya dejó entrar entre sus muros —y como el "troyano" informático que lleva su nombre—, ingresa al hogar por invitación y opera desde adentro, moldeando al niño sin que nadie la haya designado para esa tarea. Hoy los niños acceden a pantallas, formatos y lógicas de consumo antes de que la familia termine de formar sus hábitos, y mucho antes de pisar un aula. No se trata solo del tiempo de pantalla, sino de un ambiente que modela deseos, vínculos y expectativas de reconocimiento. Ese ambiente no lo diseñó ninguna madre ni ningún padre: lo moldearon las plataformas, el mercado y, por acción u omisión, los propios Estados.

Cuando en un niño se detecta un consumo problemático de pantallas, la pregunta casi siempre recae sobre lo mismo: ¿qué hicieron mal los adultos responsables? Aun así, la pregunta yerra el foco, porque le atribuye a la familia la arquitectura de un proceso que no controla. Ninguna familia negoció los algoritmos que capturan la atención de sus hijos, ni las estrategias de diseño que vuelven adictivas ciertas aplicaciones —el mismo diseño por el que Meta cerró en 2026 un acuerdo multimillonario—, ni la falta de regulación que dejó que todo eso llegara a las infancias sin filtro. Pedirle a una familia que controle ese entorno es como pedirle que ordene el clima.

Y es injusta porque singulariza a un solo actor por un fenómeno que es de toda la sociedad. La cultura digital no entra solo en algunos hogares: atraviesa a todos por igual. Convertir a cada familia en la única acusada transforma una condición colectiva y transversal en una falla individual. Y cuando ese señalamiento se vuelve intervención, tiende a caer con más fuerza sobre las familias más expuestas —las más pobres, monoparentales o ya vigiladas por el Estado—, no porque el problema sea suyo, sino porque son las más fáciles de observar.

"Convertir a cada familia en la única acusada transforma una condición colectiva y transversal en una falla individual"

Matizar la responsabilización no significa exonerar a las familias. Los adultos tienen un papel insustituible en el acompañamiento de niñas y niños. Significa distribuir la responsabilidad entre sus verdaderos coautores, y no por partes iguales: unos padres cualesquiera no cargan lo mismo que las grandes tecnológicas. Si la cultura digital es un agente de socialización previo y paralelo, entonces las plataformas que la producen, el mercado que la financia y el Estado que la regula —o no— son corresponsables de sus efectos. No es una posición aislada: la ministra española de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha dicho que su Gobierno busca "situar la responsabilidad donde corresponde": en las grandes plataformas, no sobre las familias. Cargar todo el peso sobre el eslabón más débil de la cadena es, además de injusto, ineficaz: no resuelve el problema, solo encuentra un culpable.

Además, es conveniente no reemplazar un exceso por otro: psicólogos como Peter Gray advierten que el control adulto excesivo —y la pérdida de juego libre y autonomía— también daña a las infancias. Si la única respuesta es más vigilancia sobre los chicos y sus familias, se suma un daño a otro. Tampoco la neurociencia zanja el debate: la evidencia sobre pantallas y cerebro en desarrollo sigue siendo fragmentaria.

Las prohibiciones al estilo australiano son interesantes porque, por primera vez, mueven la responsabilidad hacia arriba: obligan a las plataformas, no a las familias. No todas las propuestas van en esa dirección: el proyecto argentino de "mayoría digital" vuelve a poner la llave en manos de los padres, porque por debajo de los quince años el acceso dependería del consentimiento familiar. Y conviene no ilusionarse. Con la televisión ya se ensayó hasta un chip de bloqueo obligatorio —el V-chip estadounidense de 1996—; casi nadie lo usó y el problema no se resolvió poniendo el control en cada hogar. A los tres meses de la prohibición, el regulador australiano (eSafety) halló que más del 80% de los niños de diez a quince años encuestados seguía usando al menos una red, y cerca de la mitad de quienes conservaron su cuenta dijo que la plataforma nunca les había verificado la edad. Ninguna prohibición sustituye una política integral. Y ninguna será justa si, puertas adentro de los tribunales, sigue operando el viejo relato que convierte a cada familia en la única acusada.

"Ninguna prohibición sustituye una política integral. Y ninguna será justa si, puertas adentro de los tribunales, sigue operando el viejo relato que convierte a cada familia en la única acusada"

El debate que se abre en el mundo hispanohablante —de Madrid a Buenos Aires— es una oportunidad para corregir el foco. La pregunta no debería ser solo cómo lograr que las familias controlen las pantallas, sino cómo repartir de manera justa la responsabilidad por un entorno que socializa a nuestros hijos antes que nosotros. De esa respuesta depende no solo la eficacia de las nuevas leyes, sino la equidad de miles de intervenciones judiciales y sociales que, cada día y con nombres propios, deciden sobre la vida de niñas, niños y sus familias.