Martes, 15 de septiembre de 2026
ANÁLISIS

El SOTEU que quiere el PPE: seguridad, fronteras y competitividad para la segunda mitad de la legislatura

Europa se acerca a la segunda mitad de la legislatura con prioridades distintas a las de hace cinco años. El PPE quiere que el SOTEU consolide un giro hacia la seguridad y la competitividad: más defensa, control de las fronteras, reindustrialización y capacidad tecnológica propia. El reto de Ursula von der Leyen será encajar esa agenda con los objetivos climáticos, las garantías jurídicas y la preservación del centro político frente al avance de la derecha radical.

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Ursula von der Leyen (izquierda) y Manfred Weber (derecha). | Parlamento Europeo, 2026
Ursula von der Leyen (izquierda) y Manfred Weber (derecha). | Parlamento Europeo, 2026
Esta es la semana más importante del año en clave Unión Europea. El debate sobre el estado de la Unión, más conocido como SOTEU, arranca hoy en Estrasburgo y es momento de rendir cuentas en un contexto especialmente complejo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciará su discurso con la legislatura entrando prácticamente en su ecuador. Formalmente, será un balance de lo realizado y una presentación de las prioridades que vienen. Políticamente, sin embargo, será una oportunidad para comprobar cuánto ha cambiado Europa desde las elecciones de 2024.

Agenda Pública, que está presente estos días en el Parlamento Europeo, ha conocido tenido acceso a algunas de las perspectivas del Partido Popular Europeo (PPE) de cara a este SOTEU. La jerarquía de prioridades de la familia política europea más importante parece haber quedado definida en seguridad y defensa, control de las fronteras, competitividad, reindustrialización, simplificación regulatoria e inteligencia artificial.

Esta enumeración, que deja a un lado la agenda climática y también la ambición regulatoria —si bien permanece coyunturalmente en aspectos como la IA—, significa que el PPE quiere reinterpretar buena parte de la agenda europea desde dos conceptos que hace cinco años tenían mucho menos peso en Bruselas: seguridad y competitividad.

"El PPE quiere reinterpretar buena parte de la agenda europea desde dos conceptos que hace cinco años tenían mucho menos peso en Bruselas: seguridad y competitividad"
El SOTEU se interpreta como una suerte de midterms a la europea. La UE no celebra elecciones legislativas a mitad de mandato como Estados Unidos, pero aquí también surgen cambios interesantes en plena legislatura. Movimientos internos en las instituciones, reevaluación de iniciativas que han funcionado, que no o que están encalladas. Y, especialmente, arranca una carrera para dominar la agenda de los años siguientes. Esa agenda será la que domine las próximas elecciones europeas.

Para los democristianos, la primera gran prioridad es la seguridad. Ucrania continúa siendo el punto de partida, pero el concepto europeo de seguridad se ha ampliado hacia todo tipo de ataques híbridos. En el plano físico, preocupan los drones y los intentos de sabotaje como el de Leipzig. En el plano digital, la desinformación y los ciberataques continúan causando fuerte preocupación. Además, entre ambos planos, la instrumentalización de los movimientos migratorios, como ha podido ser la crisis de Ceuta, ha subido muchos puestos entre las causas de angustia de los europeos.

La agenda nacional e internacional parece fundirse. Lo ocurrido este verano en la ciudad autónoma de Ceuta está siendo interpretado en sectores relevantes del PPE no simplemente como una crisis migratoria española, sino dentro de una discusión europea mucho más amplia sobre amenazas híbridas y protección de las fronteras exteriores. Desde estos sectores se señala con rotundidad que, si una frontera española es una frontera europea, su desestabilización tampoco puede considerarse exclusivamente un problema español.

"Si una frontera española es una frontera europea, su desestabilización tampoco puede considerarse exclusivamente un problema español"
¿Hasta dónde llega esa interpretación? La agenda europea de estos días arrojará algo de luz, pues el Parlamento Europeo debatirá la situación de Ceuta y posteriormente votará una resolución. La discusión tendrá inevitablemente una dimensión española, pero detrás existe una pregunta mucho más europea: ¿puede la instrumentalización de la inmigración convertirse en un instrumento de presión política contra un Estado miembro?

No es una pregunta nueva. Europa ya la afrontó en su frontera oriental cuando Bielorrusia facilitó la llegada de migrantes a las fronteras de Polonia, Lituania y Letonia. El precedente, ampliamente usado como comparación más cercana a la crisis en Ceuta, cambió progresivamente el vocabulario comunitario: una crisis migratoria podía ser también una operación de desestabilización.

Pero lo que antes llegaba por el este ahora entra desde el sur. Esto conduce a los democristianos hacia una segunda derivada: la aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo. Después de años de negociación, los populares están dispuestos a convertir su cumplimiento en una de las pruebas de credibilidad de la Unión. Aprobar la legislación es solo el primer paso, porque son los Estados los encargados de demostrar que pueden aplicarla, gestionar las fronteras exteriores, tramitar rápidamente las solicitudes y ejecutar las decisiones de retorno respetando las garantías jurídicas.

"Los populares están dispuestos a convertir su cumplimiento en una de las pruebas de credibilidad de la Unión"
En clave nacional, el PP intentará utilizar Ceuta para cuestionar la gestión migratoria de Pedro Sánchez y para presentar al Gobierno como insuficientemente preparado ante una crisis que, según su interpretación, debía haberse anticipado mejor. Este debate, en realidad, se extiende entre los Veintisiete. Todo el debate alrededor de la protección de fronteras, retornos, cooperación con terceros países e instrumentalización de la migración atraviesa gobiernos europeos de colores políticos muy diferentes.

Es por ello que la inmigración será uno de los terrenos donde más claramente podrá observarse el desplazamiento del centro político europeo durante los próximos años.

Junto a la política migratoria, la economía jugará un papel clave. Si una palabra dominó la legislatura europea anterior, fue probablemente "transición". Si hubiera que elegir una para la actual, una candidata muy seria sería competitividad.

En los pasillos del Parlamento Europeo aparecen continuamente las mismas preocupaciones: Europa crece menos que Estados Unidos, mantiene un importante déficit tecnológico frente a Estados Unidos y China, pierde empresas cuando estas necesitan escalar, tiene precios energéticos elevados y conserva barreras internas que dificultan aprovechar plenamente un mercado de 450 millones de consumidores. ¿Qué se propone para cambiar este paradigma? La apuesta es, en realidad, poco novedosa: "reindustrialización". Este concepto, que ha estado ausentísimo del debate europeo, ha vuelto con decisión.

Una buena forma de entenderlo es pensar en el caso de los motores de combustión. Para los populares europeos, la revisión de algunas de las posiciones más rígidas adoptadas durante la anterior legislatura demuestra que la transición climática necesita incorporar una política industrial mucho más explícita. Es decir, aquí ya no se habla de una dicotomía entre hacer una transición verde y acompañar a la industria, sino de evitar que Europa profundice un proceso de descarbonización a costa de desplazar su producción industrial a terceros países.

Ese razonamiento conecta directamente con otra de las grandes obsesiones que mueven a los Estados miembros: simplificación.

"Se habla de evitar que Europa profundice un proceso de descarbonización a costa de desplazar su producción industrial a terceros países"
Bruselas está ensayando un giro a su tradicional aproximación a los problemas: crear nuevas reglas. El cambio que se plantea no implica necesariamente una gran desregulación europea, pero sí existe una presión creciente para reducir cargas administrativas, simplificar obligaciones empresariales y eliminar barreras dentro del mercado único.

Y, aunque no se suela pensar de este modo, es un cambio cultural importante. Al igual que la expansión de la inteligencia artificial.

Europa fue la primera gran potencia regulatoria en establecer un marco general para la IA y recibió por ello numerosas críticas desde Estados Unidos. El argumento era el repetido mil veces: mientras los estadounidenses innovaban y los chinos escalaban, los europeos regulaban.

"Existe una creciente conciencia de que regular una tecnología que desarrollan otros no constituye una estrategia industrial"
Ahora, las propias ideas que se lanzan desde Silicon Valley parecen dar algo de razón a los europeos. Dentro del PPE existe una voluntad clara de defender el modelo europeo de protección de derechos, especialmente cuando están en juego menores, datos personales, manipulación o contenidos generados artificialmente. Pero al mismo tiempo existe una creciente conciencia de que regular una tecnología que desarrollan otros no constituye una estrategia industrial.

La IA empieza por ello a ser concebida no únicamente como un riesgo que debe gobernarse, sino como una tecnología de propósito general comparable en sus efectos económicos a la electricidad, las telecomunicaciones o Internet. Parlamento y Comisión han cambiado un poco su mentalidad, pasando del "¿cómo regulamos la inteligencia artificial?" al "¿cómo conseguimos que parte de la inteligencia artificial del futuro sea europea?".

¿Un adiós al cordón sanitario como estrategia?

El SOTEU no es ajeno al contexto electoral del Viejo Continente. El crecimiento de la derecha radical está obligando al PPE a discutir cuál debe ser la estrategia del centroderecha europeo. Los resultados electorales de los últimos años muestran situaciones muy diferentes: desde países donde la derecha tradicional mantiene una posición dominante hasta otros donde los partidos populistas o nacionalistas disputan directamente la hegemonía del espacio conservador.

"El crecimiento de la derecha radical está obligando al PPE a discutir cuál debe ser la estrategia del centroderecha europeo"
Dentro de la familia popular existe una discusión cada vez más visible sobre la eficacia de los cordones sanitarios. Una corriente sostiene que aislar institucionalmente a partidos con un respaldo electoral considerable puede terminar reforzándolos, porque permite presentarse como víctimas de un sistema que pretende excluirlos. La alternativa sería disputarles directamente esos temas, responder a las preocupaciones de sus votantes y ofrecer soluciones propias en inmigración, seguridad o identidad sin asumir necesariamente el programa de la derecha radical.

España ocupa un lugar interesante en ese debate. El PP conserva una posición electoral considerablemente más fuerte que la de muchos de sus partidos hermanos, mientras Vox continúa disputándole una parte del electorado sin conseguir romper su propio techo electoral. Para sectores del PPE, el caso español demuestra que todavía es posible construir un centroderecha amplio capaz de competir simultáneamente con la izquierda y con la derecha radical.

Por todos estos motivos, la presidenta de la Comisión debe administrar un equilibrio nada sencillo: mantener los objetivos climáticos sin perder industria; regular la inteligencia artificial sin estancar al continente en su dependencia tecnológica; proteger las fronteras respetando el derecho europeo; aumentar la capacidad defensiva sin erosionar el modelo social; apoyar a Ucrania manteniendo unidos a los Veintisiete; y responder al crecimiento de los populismos sin destruir el centro político que hizo posible la construcción europea.

Los conservadores de Manfred Weber tienen bastante claro hacia dónde quieren desplazar ese equilibrio. Más seguridad. Más capacidad defensiva. Más control de las fronteras. Más industria. Más competitividad. Menos burocracia. Y una Europa capaz no solo de regular las tecnologías del futuro, sino también de producirlas.
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