La voz propia como marca España: ¿Qué gana el país?

La identidad internacional de un país suele cambiar antes en la mirada ajena que en la conciencia propia. Nueva Zelanda lo descubrió en 1985, cuando el Gobierno laborista de David Lange negó la entrada al destructor estadounidense USS Buchanan ante la negativa a declarar si llevaba armas nucleares. La decisión nacía de una corriente soberanista en el Pacífico contraria a la tutela atómica americana y a la destrucción mutua asegurada. En marzo, en Oxford, un estudiante le reprochó rechazar esas armas mientras su país se cobijaba bajo el paraguas estratégico de Washington. Lange respondió que podía oler el uranio en el aliento de su interlocutor. Cerrar los puertos a los buques norteamericanos desmanteló de facto el Tratado ANZUS, revocando sus garantías defensivas y abocando al país a una diplomacia de la intemperie. Pagó el precio de una identidad moral nítida con un aislamiento voluntario que reconfiguró el tablero del hemisferio sur.

Pienso en aquello cuando un extranjero me pregunta por Pedro Sánchez, hecho que últimamente ocurre bastante en mis conversaciones de pasillo. Empiezan por el posicionamiento de Madrid en Israel o las exigencias presupuestarias de la OTAN, pero siguen por la corrupción, la presión migratoria en Ceuta o si tendremos presupuestos en algún momento. Me encuentro entonces explicando un país que mi interlocutor conoce a retazos, igual que yo conozco el suyo a través de crónicas. Entre ambos tratamos de averiguar cuánto hay de España en la España que ha llegado hasta él. Así, desplegamos un ejercicio cartográfico para suturar las percepciones fragmentadas, buscando discernir dónde termina el dato y dónde empieza el relato.

La pregunta mezcla cuestiones que suelen viajar juntas, pero no significan lo mismo. Mi interlocutor puede estar interesado en Sánchez o celebrar una decisión española sin que eso implique necesariamente una mayor confianza en España. Para conocer la recepción exterior, hay que distinguir qué se atribuye al presidente y qué al país, y en qué ámbitos existe disposición a contar con España. Son asuntos distintos: una organización extranjera puede admirar una intervención de Sánchez y, al mismo tiempo, considerar irrelevante al país. Por otro lado, un Gobierno puede discrepar del presidente y confiar a su vez en una embajada española, en sus militares o en su cooperación para desarrollar una tarea concreta.

"Para conocer la recepción exterior, hay que distinguir qué se atribuye al presidente y qué al país, y en qué ámbitos existe disposición a contar con España"

El cambio va por ahí. El poder blando español, basado tradicionalmente en el idioma, la cultura, el turismo, el fútbol, la gastronomía y una idea amable de la vida, está cambiando. Brand Finance situaba a España en 2025 en el puesto 13 entre 193 países, destacando cultura, patrimonio y atractivo turístico, que es una imagen también reflejada en nuestro Barómetro de Imagen de España. La España política no sustituye todavía a la España del sol, pero empieza a instalarse encima y es en esta imagen contemporánea de España donde determinados públicos podrían reconocerse como una alternativa al rumbo de sus gobiernos.

La fórmula de un soft power basado en el "progresismo antiestablishment" proyectado en los últimos mandatos permite examinar esa imagen separando sus componentes. Lo progresista remite a la ampliación de derechos y la protección social, como las reformas sobre derechos reproductivos y LGTBI de 2023 o la regularización de inmigrantes impulsada en 2026. Según V-Dem, el 74% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos y el deterioro alcanza también a democracias occidentales. España tampoco escapa al desgaste democrático; aunque determinadas políticas de ampliación de derechos contrastan con el rumbo de otros gobiernos, ese contraste puede aumentar su atractivo exterior.

La parte antiestablishment remite a una imagen de contestación desde las instituciones. Al rechazar el objetivo del 5% de gasto de la OTAN, el Gobierno invocaba la protección del gasto social, mientras la Alianza alegaba necesidades defensivas frente a Rusia. España e Irlanda también solicitaron en febrero de 2024 revisar el acuerdo de asociación entre la UE e Israel por sus cláusulas de derechos humanos. Estos episodios pueden proyectar la imagen de un país dispuesto a disentir antes de que exista consenso percibido como injusto. Para sectores de izquierda extranjeros que discrepan de la política exterior de sus gobiernos, España puede ser una referencia donde reconocer sus demandas, defendidas por alguien con capacidad institucional. Esa simpatía nace tanto del contenido de esas posiciones como de la audacia de sostenerlas: España ofrece a esos públicos la prueba de que las decisiones de sus propios gobiernos no eran inevitables.

"Para sectores de izquierda extranjeros que discrepan de la política exterior de sus gobiernos, España puede ser una referencia donde reconocer sus demandas"

Julia Bader y Neil Loughlin distinguen entre la estrategia de quien pretende atraer, las preferencias del receptor y el comportamiento resultante. En marzo de 2026, AFP documentó banderas españolas y memes de un toro con un lobo en redes turcas tras el rechazo de Sánchez al uso de las bases españolas para atacar Irán. Pacifismo, solidaridad religiosa o soberanía podrían encontrar acomodo en un gesto, conservando desacuerdos sobre cómo organizar una sociedad. Cada público incorporaría "España" a su vocabulario político de manera distinta. ¿Cuánto había en él de identificación con España, cuánto de oposición a Washington y cuánto de reconocimiento de una causa propia en la voz de un gobernante extranjero? La simpatía se amplía gracias a esa indeterminación, porque da pie a sentirse representado sin compartir demasiado, aunque su conversión en poder exige una prueba posterior: que alguien modifique una conducta, facilite una alianza o conceda a España una función. Entre el aplauso y la influencia queda un largo camino.

Para explorar esa distancia, puede mirarse a Costa Rica y a Noruega. La prohibición constitucional costarricense del ejército permanente en 1949 adquirió una dimensión internacional que la Unesco vincula con la credibilidad de su pacifismo, sostenida mediante el derecho internacional y la inversión social. Por su parte, Noruega desarrolló una capacidad profesional de mediación respaldada por recursos, especialistas y continuidad entre gobiernos, interviniendo en más de cuarenta conflictos desde 1990. Ambos casos son ejemplos claros que permiten estudiar cómo los principios pueden relacionarse con acceso, información y capital diplomático cuando se sostienen mediante prácticas que otros conocen. Trasladado a España, quedaría por identificar qué interlocutores cuentan con ella gracias a la confianza generada por sus posiciones.

A España le interesa desarrollar una línea propia más profunda que el sol y el fútbol. El turismo aspira a gustar a todos, mientras que una posición sobre Palestina, la inmigración o el rearme selecciona a su público. Este poder blando puede ser más intenso, pero menos universal: atrae a progresistas, pacifistas y partidarios de una mayor autonomía europea, y puede suscitar rechazo entre gobiernos aliados, votantes conservadores o sociedades que lo interpretan como deslealtad. Su eficacia debería medirse por la profundidad de la confianza en comunidades concretas, no solo por la valoración media del país. Un prestigio político estrecho puede ser más útil que una simpatía turística extensa si permite formar coaliciones, introducir asuntos en la agenda o ser aceptado como interlocutor.

"Un prestigio político estrecho puede ser más útil que una simpatía turística extensa si permite formar coaliciones, introducir asuntos en la agenda o ser aceptado como interlocutor"

Una reputación reconocible puede abrir interlocuciones donde otros socios europeos encuentran resistencia, facilitar coaliciones variables, mejorar el acceso a América Latina y el Mediterráneo y conceder a Madrid una especialización dentro de alianzas dominadas por potencias mayores. Para un país intermedio, diferenciarse sirve cuando convierte una posición en una función. La cuestión consiste así en comparar los beneficios de actuar con el bloque, encabezar un grupo reducido o hablar en solitario, eligiendo en cada caso la opción que amplíe la capacidad española en lugar de confundir autonomía con volumen.

Convertir ese perfil en política de Estado exigiría distinguir tres elementos: objetivos, instrumentos y relato. PSOE y PP podrían compartir una misma meta, pero discrepar sobre los medios y explicar después el acuerdo mediante historias opuestas. Esa pluralidad abriría una posibilidad de continuidad compatible con prioridades distintas. Compromisos delimitados, recursos plurianuales, consultas a la oposición antes de decisiones irreversibles y revisiones periódicas proporcionarían mecanismos para examinarla. Institucionalizar también implicaría costes, reduciendo el margen del Gobierno de turno y ralentizando ciertos cambios. Lo más importante sería saber qué previsibilidad aporta cada compromiso y qué capacidad de revisión conserva quien recibe una política heredada del adversario. Cada partido mantendría así un relato propio sobre compromisos cuyo alcance tendría que quedar definido más allá de la fotografía.

Palestina ofrece el candidato más claro. En 2014, bajo el Gobierno de Rajoy, el Congreso aprobó por 319 votos una iniciativa pactada por PSOE y PP que instaba a reconocer el Estado palestino, vinculándolo a la negociación, la seguridad de Israel y la coordinación europea. En mayo de 2025, el 78% de los españoles apoyaba que los Estados europeos procedieran ya al reconocimiento, un resultado circunscrito a aquella pregunta y aquel momento, antes que un aval general para sanciones o rupturas diplomáticas. El mínimo compartido podría reunir la solución de dos Estados, la ayuda humanitaria, el derecho internacional y una interlocución mediterránea sostenida.

La cuestión decisiva es saber cuánto hay de coyuntura política en esta posición española y cuánto puede convertirse en doctrina nacional. La defensa de la soberanía, de la autonomía frente a las grandes potencias o de un orden sometido a reglas puede hoy identificarse con un determinado progresismo, pero su utilidad desborda esa etiqueta. Las grandes potencias pueden permitirse un mundo sin límites porque confían en imponerlos ellas; las potencias medias, en cambio, necesitan que los límites existan. Para España, el derecho internacional no es solo una preferencia moral: es una forma de compensar aquello que no puede obtener mediante la fuerza. Una política exterior verdaderamente adulta debería aprender a distinguir entre las posiciones que expresan a un Gobierno y aquellas que, por proteger el margen de acción del país, merecen sobrevivirle. Quedaría también la voluntad de quienes están al otro lado de la mesa, porque las relaciones diplomáticas se heredan con sus expectativas y quienes se acercaron a España por unas posiciones concretas podrían revisar aquella confianza cuando cambiasen las prioridades de Madrid.

"El mínimo compartido podría reunir la solución de dos Estados, la ayuda humanitaria, el derecho internacional y una interlocución mediterránea sostenida."

Esa continuidad exigiría también abandonar hábitos que vuelven precaria cualquier promesa de coherencia, como mostró el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental en 2022, cuando respaldó el plan marroquí de autonomía sin construir previamente un consenso parlamentario, desplazando la posición española sobre la autodeterminación mediante una decisión presidencial cuyas consecuencias heredarán sus sucesores. Difícilmente puede pedirse a otros que confíen en una política de Estado cuando su orientación cambia sin un acuerdo de Estado. También las investigaciones por corrupción, aun distinguiendo responsabilidades políticas, sospechas y delitos probados, amenazan con devolver protagonismo al viejo estereotipo de una Europa mediterránea donde las instituciones sirven de atajo para los intereses particulares. Defender principios fuera obliga a cuidar los procedimientos dentro, porque la credibilidad internacional se alimenta tanto de las causas que España sostiene como de la manera en que decide y de la diligencia con que exige cuentas a quienes la representan.

El poder blando alcanza su verdadera profundidad cuando un país deja de ser simplemente conocido y empieza a ser reconocido. Los principios y los derechos crean una simpatía distinta, menos epidérmica y más exigente que el sol y el fútbol, porque acercan a quienes descubren en la conducta de otro Estado una idea del mundo compatible con la suya. De esa afinidad nacen relaciones que acumulan memoria, confianza y obligaciones mutuas hasta convertirse en parte del patrimonio exterior del país. Para una potencia media, esa profundidad importa porque amplía su capacidad de encontrar aliados, conservar interlocutores y hacer valer su posición cuando el peso por sí solo no basta. También obliga a pensar la alternancia de otra manera. El turnismo adquiere sentido de Estado cuando cada Gobierno recibe relaciones que fueron construidas por otro y comprende que algunas merecen ser continuadas precisamente porque ya han dejado de pertenecerle. Quizá ahí empiece la forma más seria de influencia, cuando un principio sostenido durante suficiente tiempo termina convirtiéndose en una relación que ningún cambio de mayoría puede tratar como si acabara de nacer.

"El turnismo adquiere sentido de Estado cuando cada Gobierno recibe relaciones que fueron construidas por otro y comprende que algunas merecen ser continuadas precisamente porque ya han dejado de pertenecerle"

Volvamos a Lange. Su negativa se convirtió en ley y, más tarde, el Partido Nacional encontró razones propias para conservarla; aquel recorrido permite observar cómo una decisión sobrevive a quien la pronuncia y cambia de propietarios políticos. Ante una alternancia española, algunas posiciones de Sánchez llegarían al despacho de su sucesor envueltas todavía en la retórica de la contienda, quedando por averiguar cuáles se mantienen, cuáles se modifican y qué relaciones siguen funcionando. Aquello que el PP derogue habrá pertenecido a un Gobierno; aquello que conserve quizá haya empezado a pertenecer a España. El poder blando alcanza su forma más perfecta cuando hasta el adversario termina administrando tu legado y el extranjero, que desconoce nuestras peleas, simplemente aprende que puede contar con nosotros.