España vuelve a arder: las "brasas" que no hemos sabido (o querido) apagar

España vuelve a arder. No es novedad, aunque cada verano lo parezca: las llamas se repiten como un ritual macabro que nos recuerda que el país se quema no solo en sus bosques, sino en sus fracturas sociales más hondas.

En un artículo titulado "Érase una vez un pirómano", publicado hace nueve años en La Voz de Asturias, advertía que los incendios no eran únicamente una cuestión de piromanía, sino la metáfora de un país que se desmorona en su mercado laboral, en sus grietas administrativas, en su tejido social cada vez más roto. Hoy, mientras los titulares vuelven a hablar de hectáreas arrasadas por la inclemencia del fuego, la metáfora se confirma con una precisión muy dolorosa.

"Los incendios son el espejo de una sociedad que se quiebra y que, en esa ruptura, produce pirómanos"

Las llamas que devoran montes y pueblos son también las que alcanzan a la precariedad laboral, al abandono rural; son las mismas que arden con la desidia institucional. Cada chispa que termina abrasando a Galicia, Asturias, Castilla y, ahora, a Madrid parece encender también la memoria de un Estado que no logra recomponer sus mecanismos de protección. Los incendios son el espejo de una sociedad que se quiebra y que, en esa ruptura, produce pirómanos: individuos que, al destruir, expresan la rabia de sentirse expulsados de un sistema que no los reconoce. Pero ellos no son el problema; son solo un síntoma.

No se trata solo de hectáreas forestales reducidas a cenizas, ni de humo que oscurece el cielo y las voluntades. Se trata de un país que se consume en su incapacidad de gestionar lo común. Los incendios son la metáfora de esa ira social descontrolada y obcecada con arrasarlo todo; son la viva imagen de esa pulsión de destrucción que se alimenta de la frustración social. Y cada verano, cuando España se quema —porque inevitablemente cada verano España se quema—, lo que vemos no es únicamente fuego; lo que presenciamos es la representación misma de un colapso que se repite, que se multiplica, que nos recuerda que seguimos sin apagar las brasas de fondo. Hablamos de recortes, de discriminación laboral, de mirar para otro lado esperando a que lleguen las lluvias. Seguimos, en pocas palabras, creyendo que los paliativos son la cura, y caro hemos pagado ese imperdonable error.

Hace nueve años, lo mismo que hace veinte, Galicia se quemó. Y leerlo ahora es como mirar a un espejo que devuelve la misma imagen —una muy ennegrecida—, solo que ahora es en el centro del país. España arde porque no ha sabido reconstruirse. Y, mientras las llamas avanzan en Ávila y en Madrid, la pregunta persiste: ¿qué más tiene que abrasarse para que entendamos que el fuego no empieza en el bosque, sino en las grietas de nuestra sociedad?

Torpeza administrativa y fractura social: las claves del círculo vicioso de los incendios anuales

Hasta ahora, lo que se sabe es que, en Ávila, las llamas nacieron de unas chispas metálicas: dos hombres, una máquina prohibida, un descuido (o, mejor dicho, una imprudencia) lo convirtieron todo en devastación. Las investigaciones, por supuesto, continúan; las dudas, también.

"¿Qué responsabilidad mayor recae en un sistema que permite que cada verano se repita la misma tragedia?"

Hoy, Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo son nombres convertidos en cenizas. El Valle de Iruelas, santuario del buitre negro, se ha convertido en humo negro. La Guardia Civil detuvo a los responsables, pero la pregunta sigue flotando en el aire —uno, por cierto, muy oscuro—: ¿qué responsabilidad mayor recae en un sistema que permite que cada verano se repita la misma tragedia?

En Madrid, el fuego no entiende de fronteras. Desde Almorox, en Toledo, saltó hacia Villa del Prado y se extendió como un monstruo descontrolado hacia Aldea del Fresno, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. Al mismo tiempo, otro foco atizó el fenómeno: un vehículo incendiado en la M-501 arrasó San Martín de Valdeiglesias y obligó a confinar urbanizaciones enteras. ¿El resultado? Miles de personas evacuadas o encerradas en sus casas mientras el humo convierte a la Sierra Oeste en un paisaje apocalíptico. Eso, sin hablar del ecocidio que las llamas ya nos han dejado.

Las llamas del fuego descontrolado no distinguen entre pueblos, provincias ni carnés de identidad: son las mismas que cada año revelan las grietas de un país. La precariedad en el entorno rural, la desidia administrativa, la falta de prevención y los recortes no son más que algunas de las causas de un problema que muy en el fondo nos toca a todos. Hoy, los vecinos se enfrentan al fuego con mangueras domésticas, y las brigadas forestales están desbordadas. El Estado declara la emergencia nacional, pero la sensación es la misma de siempre: ante la tragedia, se llega tarde, cuando ya queda poco por salvar.

Hoy hablamos de Madrid y de Ávila, como si fueran países y tiempos distintos. Pero en 2022 sucedió lo mismo en la Sierra de la Culebra, en Zamora. En Galicia, lo saben mejor que nadie: en 2006, entre 70.000 y 92.000 hectáreas se redujeron a ceniza, después de que alguien esperara al día más seco y con vientos más fuertes para soltar la chispa devastadora; en 2017 fueron otras 20.000 hectáreas; el año pasado, se alcanzó el récord histórico de destrucción: 118.000 hectáreas. ¿Y en Asturias? Lo mismo: 1997, 2002, 2008, 2009, 2016, 2017 y 2023 son años ecológicamente fatídicos. El último de ellos, el peor.

España, hoy, vuelve a arder: en sus bosques, en sus pueblos, en sus instituciones. Y, mientras todo se calcina, comienzan las excusas, los pretextos, las explicaciones tardías. En estos días, al abrir los diarios, ha saltado la noticia de que, en abril de este año, los bomberos de Madrid denunciaron públicamente que no había plantilla suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Resulta que la incorporación de 267 nuevos efectivos quedó paralizada porque el concurso para realizarles el reconocimiento médico obligatorio quedó desierto, lo que impidió que ocuparan sus plazas y agravó la falta de personal. Es cierto: parece un chiste —de pésimo gusto, por cierto—, pero no lo es.

"El Estado declara la emergencia nacional, pero la sensación es la misma de siempre: ante la tragedia, se llega tarde, cuando ya queda poco por salvar"

Hace diez años, un aspirante a la plaza de forestal contaba al periodista que escribe estas líneas que prácticamente todos los incendios en España son intencionales. Hablaba de la profunda crisis económica e institucional que se cebaba con quienes pasaban años estudiando para aspirar a cuidar los bosques. Él era uno de los desfavorecidos de ese sistema. Cada año esperaba la convocatoria para hacer las pruebas y la apertura de plazas, pero cada uno de esos años terminó en decepción. Finalmente, desistó y terminó como repartidor de Amazon. "Muchos de los incendios son provocados por gente que, como yo, no ha tenido suerte para obtener la plaza. Lo hacen para demostrar que sí es necesario tener más forestales", decía. Hablaba también de cómo esas reacciones tan insensatas, tan devastadoras, solo cerraban círculos viciosos entre la torpeza administrativa y la fractura social. Siempre que abordaba el tema, cerraba con lo mismo: "¿No crees lo que te digo? Espera al próximo año y ya verás que estaremos en las mismas". Insisto: eso fue hace diez años.

Hoy España, como cada año, arde de nuevo. Y, mientras el humo cubre el cielo, la pregunta se repite: ¿cuántos veranos más necesitaremos para entender que el fuego no empieza en el monte, sino en las fracturas de la administración y de la sociedad?