Indra y el tabú de la política: el debate que España evita

Durante las últimas semanas, en España han corrido ríos de tinta sobre los movimientos en Indra. Dimisiones, cambios en el consejo, equilibrios internos, el papel del Estado a través de la SEPI, tensiones entre perfiles técnicos y políticos, etc. Sin embargo, la intensidad del debate contrasta con su superficialidad. Por ejemplo, se ha debatido muy poco sobre qué significa y qué comporta que una empresa sea "estratégica".

"No es posible sostener simultáneamente que una empresa es estratégica y que la política no debe tener ningún papel en su gobernanza"

España no está sola en esta ambigüedad, pero sí muestra una particular resistencia a afrontarla. Porque, una vez que se acepta que una empresa es estratégica —en defensa, energía, telecomunicaciones o infraestructuras críticas—, se abre un dilema que no admite soluciones limpias: o bien el Estado mantiene capacidad de influencia, con todo lo que ello implica, o bien renuncia a ella y acepta una pérdida de control en ámbitos clave. Lo que no es posible es sostener simultáneamente que una empresa es estratégica y que la política no debe tener ningún papel en su gobernanza.

La politización como eterno problema

En el caso español, el marco interpretativo dominante sigue siendo claro. La presencia del Estado en una empresa como Indra se observa con sospecha. Cada nombramiento se somete a escrutinio bajo una lógica binaria: profesionalidad frente a politización. El riesgo de captura partidista —real y no menor— se convierte en el eje del debate.

Este enfoque tiene raíces profundas. En los años noventa, España abrazó un modelo de privatización amplio que afectó a sectores hoy considerados estratégicos. Bajo gobiernos como el de José María Aznar, empresas como Telefónica, Repsol o Endesa pasaron al ámbito privado. El objetivo era claro: eficiencia, disciplina de mercado e integración en la economía europea.

El resultado fue la creación de grandes multinacionales competitivas, pero también la progresiva retirada del Estado como actor económico directo. A diferencia de otros países europeos, España no mantuvo instrumentos significativos de control —ni participaciones estratégicas ni mecanismos equivalentes— en esos sectores. En su momento, esto no se percibió como un problema porque el mercado parecía suficiente. Hoy, sin embargo, esa idea se desvanece.

¿Mercado o soberanía?

El cambio de contexto es evidente. La energía se ha convertido en una cuestión geopolítica. La defensa, en una prioridad industrial. La tecnología, en un vector de soberanía. En este entorno, la idea de que los sectores estratégicos pueden quedar completamente en manos del mercado resulta cada vez menos convincente.

La cuestión, sin embargo, trasciende el plano económico. Es política en el sentido más amplio del término: ¿quién decide en última instancia sobre activos críticos? ¿Quién define las prioridades de inversión, las alianzas internacionales, la orientación tecnológica?

Aquí surge el dilema al que España no ha podido (o querido) hacer frente: si las empresas estratégicas están plenamente en manos del mercado, el Estado pierde capacidad de intervención en políticas públicas que construyen soberanía. Si el Estado participa en su capital o en su gobernanza, recupera capacidad de acción, pero introduce inevitablemente la política en su funcionamiento.

No hay una tercera vía completamente aséptica. La neutralidad absoluta es, en gran medida, una ficción.

¿Y si aceptamos la política como parte del sistema?

Italia ofrece un contraste revelador. A través de su sistema de nomine —los nombramientos de presidentes, consejeros y directivos en empresas estratégicas—, ha desarrollado una forma particular de gestionar esta tensión. En empresas como ENI, Enel o Leonardo, el papel del Estado no se oculta: se asume.

Bajo el gobierno de Giorgia Meloni, este sistema ha vuelto a activarse con intensidad, pero su lógica es anterior y transversal a distintos gobiernos. El principio es sencillo: las empresas estratégicas forman parte del perímetro del poder público, incluso cuando operan como sociedades cotizadas.

Esto no significa que Italia gestione directamente estas compañías. Al contrario, ha desarrollado una división funcional relativamente estable. Por un lado, los consejeros delegados —figuras como Claudio Descalzi en ENI o Roberto Cingolani en Leonardo— aportan continuidad, perfil técnico y credibilidad internacional. Son interlocutores fiables para mercados, socios energéticos o aliados militares. Veremos, de todas formas, qué sucede con la continuidad de Cingolani que podría ser sustituido en las próximas semanas. Hay un debate importante abierto en Italia sobre esta posible sustitución. 

Por otro lado, las presidencias y los consejos de administración actúan como espacios de control político. Es ahí donde los partidos de la coalición —desde la formación de Meloni, Fratelli d’Italia, hasta la Lega de Matteo Salvini o Forza Italia de Antonio Tajani— negocian cuotas de influencia.

"Es un sistema que reconoce abiertamente algo que en otros países se intenta negar: si una empresa es estratégica, la política es un actor inevitable"

El resultado es un equilibrio imperfecto, a menudo criticado por su tendencia al reparto partidista. Pero también es un sistema que reconoce abiertamente algo que en otros países se intenta negar: si una empresa es estratégica, la política es un actor inevitable.

La clave del modelo italiano es que intenta evitar que el ejercicio del control político genere inestabilidad operativa. De ahí la importancia de preservar la continuidad en los equipos ejecutivos. La permanencia de Descalzi en ENI a lo largo de gobiernos de distinto signo es una señal deliberada. Indica que el Estado italiano distingue entre la gestión cotidiana —que debe ser predecible— y el control estratégico —que es objeto de negociación política—.

Este enfoque permite a Italia mantener su credibilidad internacional en sectores sensibles como la energía o la defensa, al tiempo que conserva capacidad de influencia en decisiones clave. No elimina los riesgos de clientelismo ni de ineficiencia, pero los integra en un marco más amplio de gobernanza.

Lo que falta en España: definir el perímetro y las reglas

En España, el retorno del Estado a ciertas empresas no ha venido acompañado de una redefinición explícita del marco. Pensando en Indra, esto se traduce en una paradoja. Por un lado, se reconoce implícitamente su carácter estratégico: su papel en defensa, tecnología y sistemas críticos la sitúa en el centro de la política industrial y de seguridad. Por otro lado, cada intervención del Estado se percibe como una irregularidad que debe justificarse caso por caso.

El resultado es un debate fragmentado, centrado en los nombres y no en las reglas. ¿Quién ocupa el consejo? ¿Qué perfil tiene el presidente? ¿Qué equilibrio existe entre independientes y representantes públicos? Son preguntas relevantes, pero derivadas. La cuestión de fondo permanece sin resolver. Para avanzar, España necesitaría abordar tres preguntas que hasta ahora ha evitado formular:

 

• ¿Qué sectores son verdaderamente estratégicos? La etiqueta no puede aplicarse de forma indiscriminada, pero tampoco puede limitarse a casos evidentes como la defensa. Energía, telecomunicaciones e infraestructuras digitales: todas ellas plantean encrucijadas similares.

 

• ¿Qué grado de control debe tener el Estado? No se trata necesariamente de mayorías accionariales. Participaciones minoritarias con derechos específicos, presencia en consejos o mecanismos de supervisión pueden ser suficientes. Pero requieren definición.

 

• ¿Qué reglas deben regir la intervención política? Si la política es inevitable, la cuestión es cómo se limita su arbitrariedad. Criterios de nombramiento, mandatos claros, separación entre gestión y supervisión: todo ello forma parte de un diseño institucional que España aún no ha articulado plenamente.

El caso italiano no ofrece una receta exportable sin matices. Sus disfunciones son evidentes y su sistema de nomine ha sido criticado en multitud de ocasiones. Sin embargo, proporciona una lección útil: es preferible un sistema imperfecto que reconoce el problema a uno que lo niega.

Otros países europeos han llegado a conclusiones similares por vías distintas. Francia mantiene una presencia estatal significativa en sectores clave. Alemania ha intervenido selectivamente para proteger activos estratégicos. En todos los casos, la tendencia es clara: el Estado no desaparece, sino que redefine su papel.

Nombramientos, poder y estrategia

El debate español sobre Indra se mueve en una capa más. Aquí se discute intensamente sobre los nombramientos porque no se ha querido discutir ni sobre el poder ni sobre la estrategia de la empresa en un ámbito como la defensa.

"Las empresas estratégicas no son solo unidades de negocio. Son instrumentos de política económica, industrial y, en última instancia, de soberanía"

Sin embargo, en un entorno marcado por la competencia geopolítica, la transición energética y la transformación tecnológica, esa evasión resulta cada vez más costosa. Las empresas estratégicas no son solo unidades de negocio. Son instrumentos de política económica, industrial y, en última instancia, de soberanía.

La pregunta, por tanto, no es si la política debe estar presente en ellas. La pregunta es cómo. Italia, con todas sus imperfecciones, ha aceptado esa premisa. España aún parece debatirse entre dos modelos que ya no encajan del todo: el mercado puro y el control público sin reglas claras.

En ese espacio intermedio —difícil pero inevitable— se jugará buena parte de su capacidad de decisión en los próximos años. Porque, al final, lo que está en juego no es la calidad de un nombramiento concreto, sino quién tiene la última palabra cuando las decisiones dejan de ser meramente empresariales y pasan a ser estratégicas y a formar parte de las políticas prioritarias del Estado.

El otro debate pendiente

A escala europea, la disyuntiva se vuelve aún más compleja. Si se acepta que el Estado debe desempeñar un papel en las empresas estratégicas —como ocurre en torno a Indra o en los casos italianos—, es necesario preguntarse qué ocurre cuando esas empresas deben operar y consolidarse en un mercado de veintisiete Estados. La ambición de la autonomía estratégica exige compañías con escala continental, capaces de competir con gigantes estadounidenses o chinos. Sin embargo, esa misma ambición choca con la lógica política nacional: los gobiernos quieren preservar el control sobre sectores que consideran críticos. El resultado es paradójico, porque Europa necesita "campeones europeos", pero sigue organizada en torno a "campeones nacionales". Y cuanto más estratégica es una empresa, más difícil resulta europeizar su control, porque hacerlo implica compartir —y, en parte, ceder— soberanía en ámbitos donde los Estados son menos proclives a hacerlo.