Jueves, 6 de agosto de 2026
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
La igualdad no llega sola
La feminización de ciertos espacios no basta si el poder sigue desequilibrado. Frente a quienes ven la paridad como un ataque al mérito, la vocal del Consejo General del Poder Judicial Argelia Queralt afirma que la igualdad es un "principio democrático básico". En este 8 de marzo recuerda que mantener a las mujeres lejos de las decisiones clave lastra la calidad representativa y democrática.
La autora insiste en que los espacios promovidos por fechas como el Día Internacional de la Mujer siguen siendo oportunos.Unsplash / @sweetpeatribe
Hace unos días asistí a un debate sobre igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito jurídico organizado por un medio cuya línea editorial muchos identificarían con posiciones conservadoras. En la mesa participaban cuatro juristas con trayectorias distintas —en la judicatura, la fiscalía, la abogacía y el ámbito institucional— y también con sensibilidades ideológicas diversas. No es necesario detenerse en los nombres. Lo interesante era el hecho: un espacio que hace no tantos años difícilmente habría acogido un debate de estas características reunía a cuatro mujeres para reflexionar sobre la igualdad. Más allá de los nombres de las intervinientes, lo interesante era que aquel debate, sobre la igualdad en profesiones jurídicas, se produjera en aquel foro concreto.
Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Indica hasta qué punto el debate sobre la posición de las mujeres en el mundo profesional —y en particular en el ámbito jurídico— ha ido abriéndose paso en espacios muy distintos. La palabra feminismo sigue despertando recelos en algunos sectores, pero lo cierto es que la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres ha dejado de ser una conversación confinada a determinados ámbitos ideológicos. Se percibe, al menos en parte, una cierta transversalización del debate.
Durante el debate apareció una reflexión que ilustra bien hasta dónde hemos llegado. Una de las participantes señalaba que, al menos en muchos entornos profesionales, hoy ya no se discute la capacidad de las mujeres. En buena medida, esa batalla cultural parece ganada: las mujeres son reconocidas como igualmente competentes que sus colegas hombres. Ese reconocimiento no es menor y constituye, sin duda, uno de los grandes cambios de las últimas décadas. Pero conviene no confundir ese avance con la desaparición de las desigualdades. Que la competencia profesional sea reconocida no significa que las condiciones de desarrollo de las carreras sean necesariamente iguales.
La presencia creciente de mujeres en muchas profesiones jurídicas es un buen ejemplo de esa ambivalencia entre avance y persistencia de inercias. Con frecuencia se interpreta la feminización de determinadas profesiones como prueba de que la igualdad ya está alcanzada. Sin embargo, conviene no confundir esta feminización con la existencia de igualdad real en los espacios de poder y decisión. Que haya muchas mujeres en una profesión no significa necesariamente que estén presentes en la misma proporción en los puestos donde se adoptan las decisiones más relevantes.
Esta distinción no siempre resulta fácil de explicar en el debate público. Con frecuencia, se interpreta la paridad como una concesión o como una excepción al mérito. Sin embargo, su sentido es otro: garantizar que los órganos donde se adoptan decisiones que afectan al conjunto de la sociedad reflejen de forma equilibrada la pluralidad de esa misma sociedad —o a una determinada comunidad profesional— reflejen de forma equilibrada esa pluralidad.
Durante la conversación apareció también un argumento recurrente: las dificultades de muchas mujeres para progresar profesionalmente se relacionan con la carga de los cuidados. El diagnóstico es real. La organización social de los cuidados sigue descansando de forma desproporcionada sobre las mujeres. Lo más revelador es que, a veces, esa constatación se formule como una descripción casi natural y no como una desigualdad que deba ser activamente corregida.
Además, las barreras asociadas a los cuidados no son únicamente económicas. Es cierto que la disponibilidad de recursos puede marcar diferencias importantes: no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para externalizar determinadas tareas o acceder a redes de apoyo. Pero el problema no es solo material. También tiene una dimensión cultural profundamente arraigada. Las expectativas sociales sobre quién debe asumir prioritariamente esas responsabilidades siguen operando de forma muy persistente, y esas inercias continúan condicionando trayectorias profesionales y oportunidades de promoción.
Hablar de cuidados exige reconocer algo más incómodo: no todas las mujeres experimentamos esas dificultades de la misma manera. Algunas hemos podido desarrollar nuestras trayectorias profesionales desde posiciones comparativamente privilegiadas, gracias a redes de apoyo, recursos o determinadas condiciones laborales. Para muchas otras mujeres, en cambio, esa misma carga constituye un obstáculo mucho más severo, capaz de limitar o incluso impedir el desarrollo de una carrera profesional.
Las ampliaciones de derechos rara vez han sido el resultado de una evolución espontánea. Han sido, más bien, fruto de decisiones políticas, transformaciones culturales y presión social. Confiar exclusivamente en el paso del tiempo equivale, en la práctica, a aceptar que las desigualdades actuales sigan reproduciéndose durante décadas.
Todo ello adquiere además una relevancia particular en un contexto en el que los avances en materia de igualdad no pueden darse por irreversibles. En distintos lugares estamos asistiendo a dinámicas de regresión en derechos, y los derechos de las mujeres se encuentran con frecuencia entre los primeros en ser cuestionados. También en nuestras democracias aparecen discursos que presentan las políticas de igualdad como un exceso o incluso como una amenaza. En ese marco, determinados sectores ideológicos han encontrado en el antifeminismo un instrumento eficaz de movilización populista.
Precisamente por eso conviene tener presentes los avances alcanzados. Se ha progresado mucho, pero las situaciones de discriminación persisten y los avances no se sostienen por inercia. La igualdad efectiva no es solo cuestión de tiempo.
Por todo ello, el 8 de marzo sigue siendo una fecha necesaria: no solo para reconocer lo conseguido, sino también para recordar —como mostró aquel debate— que la igualdad real sigue siendo una exigencia que interpela a toda la sociedad.
Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Indica hasta qué punto el debate sobre la posición de las mujeres en el mundo profesional —y en particular en el ámbito jurídico— ha ido abriéndose paso en espacios muy distintos. La palabra feminismo sigue despertando recelos en algunos sectores, pero lo cierto es que la cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres ha dejado de ser una conversación confinada a determinados ámbitos ideológicos. Se percibe, al menos en parte, una cierta transversalización del debate.
"La cuestión de la igualdad entre mujeres y hombres ha dejado de ser una conversación confinada a determinados ámbitos ideológicos"Personalmente, no tengo ningún problema en declararme feminista. El feminismo ha sido el movimiento que históricamente ha permitido identificar, denunciar y combatir las estructuras de desigualdad entre mujeres y hombres. Muchas de las conquistas que hoy damos por sentadas no se entenderían sin ese impulso. Pero precisamente por eso la igualdad entre mujeres y hombres no puede quedar circunscrita a quienes se identifican con esa etiqueta. La igualdad constituye un principio democrático básico que debe poder ser compartido también por quienes no se reconocen necesariamente en el feminismo como identidad política.
Durante el debate apareció una reflexión que ilustra bien hasta dónde hemos llegado. Una de las participantes señalaba que, al menos en muchos entornos profesionales, hoy ya no se discute la capacidad de las mujeres. En buena medida, esa batalla cultural parece ganada: las mujeres son reconocidas como igualmente competentes que sus colegas hombres. Ese reconocimiento no es menor y constituye, sin duda, uno de los grandes cambios de las últimas décadas. Pero conviene no confundir ese avance con la desaparición de las desigualdades. Que la competencia profesional sea reconocida no significa que las condiciones de desarrollo de las carreras sean necesariamente iguales.
La presencia creciente de mujeres en muchas profesiones jurídicas es un buen ejemplo de esa ambivalencia entre avance y persistencia de inercias. Con frecuencia se interpreta la feminización de determinadas profesiones como prueba de que la igualdad ya está alcanzada. Sin embargo, conviene no confundir esta feminización con la existencia de igualdad real en los espacios de poder y decisión. Que haya muchas mujeres en una profesión no significa necesariamente que estén presentes en la misma proporción en los puestos donde se adoptan las decisiones más relevantes.
"Resulta difícil sostener que los espacios de decisión —ya sean políticos o institucionales— puedan seguir estando estructuralmente desequilibrados sin que ello afecte a la calidad de la representación democrática"En este punto suele surgir otra objeción recurrente: la sospecha de que las políticas destinadas a equilibrar esa representación ponen en cuestión el principio de mérito. Pero esa crítica parte a menudo de una confusión conceptual. Las medidas de acción positiva responden, en efecto, a la lógica de la igualdad: pretenden corregir desventajas estructurales. La paridad, en cambio, tiene otro fundamento. No se trata únicamente de una política de igualdad, sino de una forma de concretar el propio principio democrático. Si las mujeres representan aproximadamente la mitad de la población, resulta difícil sostener que los espacios de decisión —ya sean políticos o institucionales— puedan seguir estando estructuralmente desequilibrados sin que ello afecte a la calidad misma de la representación democrática.
Esta distinción no siempre resulta fácil de explicar en el debate público. Con frecuencia, se interpreta la paridad como una concesión o como una excepción al mérito. Sin embargo, su sentido es otro: garantizar que los órganos donde se adoptan decisiones que afectan al conjunto de la sociedad reflejen de forma equilibrada la pluralidad de esa misma sociedad —o a una determinada comunidad profesional— reflejen de forma equilibrada esa pluralidad.
Durante la conversación apareció también un argumento recurrente: las dificultades de muchas mujeres para progresar profesionalmente se relacionan con la carga de los cuidados. El diagnóstico es real. La organización social de los cuidados sigue descansando de forma desproporcionada sobre las mujeres. Lo más revelador es que, a veces, esa constatación se formule como una descripción casi natural y no como una desigualdad que deba ser activamente corregida.
Además, las barreras asociadas a los cuidados no son únicamente económicas. Es cierto que la disponibilidad de recursos puede marcar diferencias importantes: no todas las mujeres cuentan con las mismas posibilidades para externalizar determinadas tareas o acceder a redes de apoyo. Pero el problema no es solo material. También tiene una dimensión cultural profundamente arraigada. Las expectativas sociales sobre quién debe asumir prioritariamente esas responsabilidades siguen operando de forma muy persistente, y esas inercias continúan condicionando trayectorias profesionales y oportunidades de promoción.
Hablar de cuidados exige reconocer algo más incómodo: no todas las mujeres experimentamos esas dificultades de la misma manera. Algunas hemos podido desarrollar nuestras trayectorias profesionales desde posiciones comparativamente privilegiadas, gracias a redes de apoyo, recursos o determinadas condiciones laborales. Para muchas otras mujeres, en cambio, esa misma carga constituye un obstáculo mucho más severo, capaz de limitar o incluso impedir el desarrollo de una carrera profesional.
"Nadie puede afirmar con certeza que la igualdad se alcanzará simplemente por el transcurso del tiempo"En ese momento surgió también un argumento que se escucha con frecuencia: la idea de que la igualdad terminará llegando con el paso del tiempo. Según esta visión, bastaría con esperar a que las dinámicas generacionales vayan produciendo sus efectos. Sin embargo, desde una perspectiva analítica, ese razonamiento resulta, en gran medida, contrafáctico. Nadie puede afirmar con certeza que la igualdad se alcanzará simplemente por el transcurso del tiempo. De hecho, el último informe del Foro Económico Mundial estima que, al ritmo actual, alcanzar la paridad de género podría tardar todavía unos 123 años. ¿Por qué las mujeres deberían resignarse a esperar cuando los hombres nunca han tenido que hacerlo?
Las ampliaciones de derechos rara vez han sido el resultado de una evolución espontánea. Han sido, más bien, fruto de decisiones políticas, transformaciones culturales y presión social. Confiar exclusivamente en el paso del tiempo equivale, en la práctica, a aceptar que las desigualdades actuales sigan reproduciéndose durante décadas.
Todo ello adquiere además una relevancia particular en un contexto en el que los avances en materia de igualdad no pueden darse por irreversibles. En distintos lugares estamos asistiendo a dinámicas de regresión en derechos, y los derechos de las mujeres se encuentran con frecuencia entre los primeros en ser cuestionados. También en nuestras democracias aparecen discursos que presentan las políticas de igualdad como un exceso o incluso como una amenaza. En ese marco, determinados sectores ideológicos han encontrado en el antifeminismo un instrumento eficaz de movilización populista.
Precisamente por eso conviene tener presentes los avances alcanzados. Se ha progresado mucho, pero las situaciones de discriminación persisten y los avances no se sostienen por inercia. La igualdad efectiva no es solo cuestión de tiempo.
Por todo ello, el 8 de marzo sigue siendo una fecha necesaria: no solo para reconocer lo conseguido, sino también para recordar —como mostró aquel debate— que la igualdad real sigue siendo una exigencia que interpela a toda la sociedad.
Argelia Queralt Jiménez
Vocal del Consejo General del Poder Judicial y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona (España).
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y ex-letrada del Tribunal Constitucional.
Etiquetas
Democracia, Feminismo, Igualdad, España, derechos, opinión pública, Mercado Laboral, paridad Ahora en portada
5 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026
4 de agosto de 2026
Noticias relacionadas
Hace 84 semanas
Un poder judicial paritario
Hace 29 semanas
Por qué más mujeres trabajando no basta
Lo más leído