Lunes, 17 de agosto de 2026
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El algoritmo que no es jefe pero explota los datos del trabajador
En un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial, el reparto a domicilio sigue siendo uno de los sectores más expuestos. La periodista Belén Carreño baja al detalle de lo que implica esta modernización y advierte que la innovación "no debe eximir de responsabilidad al empresario". También apunta a un horizonte cercano: España podría estar cerca de un primer convenio colectivo para estos trabajadores, "pionero en el mundo".
Fotografía de una repartidora transitando en bicicleta por una calle del centro de Madrid.Jesús Hellín / Europa Press / ContactoPhoto
"El algoritmo no es tu jefe". Con esta sentencia, que contradice una idea muy popular en los últimos años, Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), despeja algunas de las nuevas falsas creencias que rodean a la nueva economía y que ha intentado aclarar en su nuevo libro, Labour Law And Decent Work In The Platform Economy (Routledge, 2025).
El jefe sigue siendo la empresa que, como en el pasado, se vale del algoritmo para organizar el trabajo. Pero este nuevo medio de producción no debe eximir de responsabilidad al empresario, ni siquiera de cara a la opinión pública: debe controlar y gestionar el flujo de trabajo con responsabilidad.
Rodríguez realizó una importante labor en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para comprender y regular la economía de las plataformas, que sirve de base para la construcción de un convenio internacional en el que se lleva trabajando varios años. España es un país pionero en legislación laboral aplicada a la nueva economía con la conocida como ley rider que inspiró una directiva europea mucho más paniaguada.
Con el nuevo libro, que es un género híbrido entre la investigación académica, el ensayo y el manifiesto, da una vuelta de tuerca más a los derechos de los trabajadores de las apps y dedica un capítulo completo a la utilización de sus datos en el desempeño de su labor, que considera que es el siguiente campo de batalla en la protección de los derechos laborales. Rodríguez dice que aunque se ha hecho hincapié en la protección de datos personales de los usuarios de las aplicaciones, no se ha puesto el foco en cómo se utilizan de forma subrepticia los datos que generan trabajando los empleados y que son críticos para generar negocio y márgenes.
Estos datos que produce la plantilla son utilizados por las compañías para entrenar a los algoritmos, al mismo tiempo que son nuevos sistemas de vigilancia y evaluación. Alimentan a la propia empresa para ser más eficiente conforme a sus parámetros, pero los trabajadores los ceden de forma gratuita. Rodríguez cree que los empleados —o autónomos— deberían tener una remuneración por estos datos. Por ahora, las leyes de protección de datos protegen los derechos sobre su uso pero no reconocen adecuadamente el concepto de propiedad y menos cuando los datos se generan en los centros de trabajo.
El libro de Rodríguez, muy prolijo en datos y sentencias alrededor del mundo, también reconoce algunas adaptaciones muy interesantes de la protección de los datos de estos trabajadores en otras legislaciones. En Chile y Uruguay se recoge el derecho a la portabilidad de la reputación del trabajador, pudiendo llevarse sus rating públicos a otra plataforma. Este es un elemento crucial para que un trabajador de una app no se encuentre atrapado en una firma.
Aunque el campo de los datos es uno de los más novedosos que aborda el libro, hay otras muchas consideraciones que aportar al debate de los derechos de los trabajadores de la nueva economía. Ya no están solo en el paraguas de las plataformas —que no deja de ser un trabajo presencial—, sino que ahora también hay que considerar a los cloud-workers, que no pisan los centros de trabajo. El trabajo de reparto de los riders es el más visible en nuestras urbes, pero hay muchos otros trabajadores en la red con derechos muy difusos, sobre todo en economías emergentes donde la informalidad prima.
El libro enfrenta también la paradoja de que, aunque el trabajo en plataformas parece extender la informalidad, la trazabilidad de los trabajadores y su labor permite todo lo contrario. Es más una cuestión de decisión política y regulatoria.
Tras su paso por la OIT, y en el marco de la actual negociación, Rodríguez se permite terminar con un decálogo de recomendaciones concretas sobre lo que se debería conseguir en un marco internacional de regulación de este tipo de trabajos. En el contexto global de que la labor que realizan muchos de estos trabajadores cruza fronteras, ve prioritario que un convenio internacional cubra las diferentes aproximaciones sobre el tipo de relación laboral, para proteger por igual a todos los trabajadores.
El trabajo de Rodríguez es indispensable para modernizar el concepto de derechos laborales y para que no nos convenzan de que la nueva economía es como el agua y que no se puede atrapar con las manos. A la hora de la verdad, son personas de carne y hueso las que están detrás de esas labores y de esos beneficios multimillonarios. Adaptarse a los nuevos tiempos no tiene que implicar rebajar los derechos.
El jefe sigue siendo la empresa que, como en el pasado, se vale del algoritmo para organizar el trabajo. Pero este nuevo medio de producción no debe eximir de responsabilidad al empresario, ni siquiera de cara a la opinión pública: debe controlar y gestionar el flujo de trabajo con responsabilidad.
"El algoritmo ni siente ni padece, no es un jefe ni una persona, pero las autoridades laborales habían advertido que podían ir contra los ejecutivos de la empresa"El libro se presentó en la misma semana en que Uber Eats, la última de las aplicaciones de reparto que persistía en España en el uso de trabajadores autónomos, ha anunciado que ya solo contará con asalariados. ¿Por qué? Porque el algoritmo ni siente ni padece, no es un jefe ni una persona, pero las autoridades laborales habían advertido que podían ir contra los ejecutivos de la empresa.
Rodríguez realizó una importante labor en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para comprender y regular la economía de las plataformas, que sirve de base para la construcción de un convenio internacional en el que se lleva trabajando varios años. España es un país pionero en legislación laboral aplicada a la nueva economía con la conocida como ley rider que inspiró una directiva europea mucho más paniaguada.
Con el nuevo libro, que es un género híbrido entre la investigación académica, el ensayo y el manifiesto, da una vuelta de tuerca más a los derechos de los trabajadores de las apps y dedica un capítulo completo a la utilización de sus datos en el desempeño de su labor, que considera que es el siguiente campo de batalla en la protección de los derechos laborales. Rodríguez dice que aunque se ha hecho hincapié en la protección de datos personales de los usuarios de las aplicaciones, no se ha puesto el foco en cómo se utilizan de forma subrepticia los datos que generan trabajando los empleados y que son críticos para generar negocio y márgenes.
Estos datos que produce la plantilla son utilizados por las compañías para entrenar a los algoritmos, al mismo tiempo que son nuevos sistemas de vigilancia y evaluación. Alimentan a la propia empresa para ser más eficiente conforme a sus parámetros, pero los trabajadores los ceden de forma gratuita. Rodríguez cree que los empleados —o autónomos— deberían tener una remuneración por estos datos. Por ahora, las leyes de protección de datos protegen los derechos sobre su uso pero no reconocen adecuadamente el concepto de propiedad y menos cuando los datos se generan en los centros de trabajo.
"Las sentencias ya han dado la razón a las representaciones de los trabajadores sobre la obligación de los empresarios de hacer transparentes los algoritmos que reparten carga de trabajo"Esta mejora es un desafío para las regulaciones tradicionales que no están preparadas para los nuevos sistemas de trabajo. Por lo pronto, gracias a la avanzada ley rider española, las sentencias ya han dado la razón a las representaciones de los trabajadores sobre la obligación de los empresarios de hacer transparentes los algoritmos que reparten carga de trabajo. Los trabajadores deben conocer cómo están diseñados, bajo qué criterios y qué datos utilizan, una transparencia que puede además ayudar a corregir sesgos de género o edadismo. Pero esta posibilidad no es universal y mantiene a muchos trabajadores a oscuras sobre las decisiones que rigen su jornada laboral.
El libro de Rodríguez, muy prolijo en datos y sentencias alrededor del mundo, también reconoce algunas adaptaciones muy interesantes de la protección de los datos de estos trabajadores en otras legislaciones. En Chile y Uruguay se recoge el derecho a la portabilidad de la reputación del trabajador, pudiendo llevarse sus rating públicos a otra plataforma. Este es un elemento crucial para que un trabajador de una app no se encuentre atrapado en una firma.
Aunque el campo de los datos es uno de los más novedosos que aborda el libro, hay otras muchas consideraciones que aportar al debate de los derechos de los trabajadores de la nueva economía. Ya no están solo en el paraguas de las plataformas —que no deja de ser un trabajo presencial—, sino que ahora también hay que considerar a los cloud-workers, que no pisan los centros de trabajo. El trabajo de reparto de los riders es el más visible en nuestras urbes, pero hay muchos otros trabajadores en la red con derechos muy difusos, sobre todo en economías emergentes donde la informalidad prima.
"La opción de que el trabajador sea un autónomo porque así lo decide lleva a una alta desprotección: solo entre el 15% y el 30% de estos trabajadores tiene protección frente a un accidente"Rodríguez entra también en el debate de la consideración sobre si estos trabajadores son autónomos o asalariados, y concluye que se debe proteger a todos por igual. En los países anglosajones y también en Iberoamérica, se tiende a la opción de que el trabajador de las plataformas sea un autónomo porque así lo decide. Esto lleva a una altísima desprotección, con datos como que solo entre el 15% y el 30% de estos trabajadores tiene protección frente a un accidente.
El libro enfrenta también la paradoja de que, aunque el trabajo en plataformas parece extender la informalidad, la trazabilidad de los trabajadores y su labor permite todo lo contrario. Es más una cuestión de decisión política y regulatoria.
Tras su paso por la OIT, y en el marco de la actual negociación, Rodríguez se permite terminar con un decálogo de recomendaciones concretas sobre lo que se debería conseguir en un marco internacional de regulación de este tipo de trabajos. En el contexto global de que la labor que realizan muchos de estos trabajadores cruza fronteras, ve prioritario que un convenio internacional cubra las diferentes aproximaciones sobre el tipo de relación laboral, para proteger por igual a todos los trabajadores.
"Rodríguez cree que la decisión de Uber Eats de contar solo con trabajadores asalariados abre la puerta a que haya un primer convenio colectivo del sector"Otros elementos de su decálogo que deben estar en la legislación internacional son un horario máximo de trabajo y un mínimo de ingresos; la revisión humana de los procesos importantes acometidos por la inteligencia artificial; que no haya pagos de acceso para trabajar en una plataforma; la protección social y el derecho a la negociación colectiva. Respecto a este último punto, Rodríguez cree que la decisión de Uber Eats de contar solo con trabajadores asalariados, uniéndose a Just Eat —que siempre tuvo este modelo— y a Glovo, abre la puerta a que haya un primer convenio colectivo del sector, algo que también sería pionero en el mundo.
El trabajo de Rodríguez es indispensable para modernizar el concepto de derechos laborales y para que no nos convenzan de que la nueva economía es como el agua y que no se puede atrapar con las manos. A la hora de la verdad, son personas de carne y hueso las que están detrás de esas labores y de esos beneficios multimillonarios. Adaptarse a los nuevos tiempos no tiene que implicar rebajar los derechos.
Belén Carreño Bravo
Periodista económica
Es autora de la 'newsletter' semanal 'Inteligencia Económica' en 'El País', analista en televisión, conferenciante y docente. Durante casi siete años fue corresponsal sénior de la agencia Reuters en España. Antes formó parte del equipo fundador de 'elDiario.es', donde ejerció como redactora jefa de Economía.
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