La economía no tiene quien le escriba: sostenibilidad y competitividad deben ir de la mano

Mientras la mayor parte de los expertos propusieron establecer una hoja de ruta holística que hiciese compatible el crecimiento y la descarbonización, Europa mantiene su camino hacia una regulación que, lejos de aportar soluciones, se aleja del realismo que necesita la economía para abordar los retos climáticos.

Si queremos una Europa más fuerte y con un crecimiento sostenible y sostenido en el tiempo, que permita ofrecer competitividad y bienestar, necesitamos garantizar mecanismos de financiación, inversión y cooperación. Muchos analistas se preguntan qué economías serán las que sobrevivan a los procesos de descarbonización si continuamos por la senda normativa que marca la Unión Europea.

Europa atraviesa una encrucijada histórica. Como advirtió Mario Draghi, "la inacción amenaza no solo nuestra competitividad, sino también nuestra propia soberanía". El Banco Central Europeo ha sido claro: existe una brecha de inversión que compromete las capacidades de Europa. Sin inversión no se puede crecer, y el primer riesgo es perder competitividad, empleo y capacidad de liderazgo en el escenario global.

"Sin inversión no se puede crecer, y el primer riesgo es perder competitividad, empleo y capacidad de liderazgo en el escenario global"

España, en particular, sigue descendiendo en los rankings de competitividad industrial. Y la Directiva de Diligencia Debida (CSDDD) tendrá un impacto superior en nuestro país al del resto de Estados miembros. Industrias tan relevantes como la moda y el textil, el sector agroalimentario o la automoción son ejemplos de sectores que se verán afectados en sus cadenas de suministro, con costes adicionales y sanciones potenciales por no alcanzar objetivos que, incluso con la flexibilización introducida por la iniciativa Stop-the-Clock, resultan inasumibles para muchas empresas.

Un informe reciente de la Presidencia danesa del Consejo de la Unión Europea estima que la aplicación de la directiva supondrá un coste adicional de 2.370 millones de euros anuales y 1.130 millones de euros iniciales para las empresas europeas. Estas cifras se suman a los crecientes costes regulatorios de los últimos años y, en la práctica, se traducen en una pérdida de competitividad, como se observa en el caso de España, y en mayor presión inflacionaria para los ciudadanos.

Estos datos se reflejan en la pérdida de empleo industrial de la última década: hoy apenas representa un 10% del total, o en la distancia que nos separa del objetivo de reindustrialización del 20% del valor añadido bruto fijado por la Unión Europea, cuando actualmente la industria manufacturera aporta solo el 11,8%.

Una visión a medio y largo plazo

Durante estos años he tenido la oportunidad de estar en contacto directo con buena parte de la industria española para trabajar en cuestiones relacionadas con los desafíos climáticos. Sin excepción, todas las empresas han mostrado una visión ambiciosa en sus procesos de descarbonización. Pero también todas han coincidido en señalar la falta de apoyo institucional, la ausencia de visión a medio y largo plazo del Gobierno y la carencia de una estrategia realista para abordar la reducción de emisiones.

La falta de políticas de impulso a la innovación, de incentivos fiscales, de una política industrial coherente o de una fiscalidad ambiental efectiva son, entre otras, cuestiones que no ha abordado el Gobierno de España de manera diligente durante los últimos años. Las reuniones con los sectores industriales podrían resumirse, adaptando el título de la novela de García Márquez, en La economía no tiene quien le escriba.

La sostenibilidad es innegociable, pero debe caminar de la mano de la competitividad. No se trata de elegir entre economía y clima: ambos deben ser compatibles y abordarse con sentido común, seguridad jurídica y un marco regulatorio que incentive la reindustrialización.

"Europa no puede seguir atrapada en la burocracia y en el papel de las buenas intenciones, mientras Estados Unidos y Asia avanzan con mayor agilidad y pragmatismo"

La Comisión Europea lanzó en enero la Brújula para la la Competitividad, una iniciativa inspirada en las propuestas de Draghi que debe marcar un rumbo claro y verificable. Pero debemos actuar con rapidez. Europa no puede seguir atrapada en la burocracia y en el papel de las buenas intenciones, mientras Estados Unidos y Asia avanzan con mayor agilidad y pragmatismo.

España tiene mucho en juego. Nuestro país necesita reforzar su industria, modernizar su sistema energético, invertir en infraestructuras resilientes y apostar por los sectores estratégicos. Pero, sobre todo, necesita ofrecer a los jóvenes oportunidades reales: empleo de calidad, formación vinculada a la innovación y un horizonte de crecimiento que les permita desarrollar sus proyectos de vida aquí y no fuera de nuestras fronteras.

La transición ecológica no puede convertirse en una losa sobre nuestras empresas ni en un freno al talento de nuestros jóvenes. Al contrario, debe ser una palanca de reindustrialización, empleo y prosperidad. Europa ha entendido que la competitividad también forma parte de la agenda climática.

La Directiva de Diligencia Debida debe servir para mejorar la gobernanza empresarial, no para complicarla. Regular mejor significa ofrecer certidumbre, claridad y estabilidad a quienes invierten y crean empleo en España.