Movilidad urbana: del diagnóstico a la acción

Llega septiembre y con ello vuelve el fútbol, los colegios, el trabajo.... y también los atascos. Las grandes áreas metropolitanas españolas retoman la rutina: múltiples desplazamientos en vehículos particulares, un transporte público tensionado en horas punta y una intermodalidad que aún tiene recorrido para mejorar la efectividad de sus conexiones. La Semana Europea de la Movilidad (16–22 de septiembre) es el escenario idóneo para que las administraciones, volcadas en la celebración de actos y jornadas, pasen del diagnóstico a la acción, de las palabras a los hechos y anuncien la puesta en marcha de medidas que adapten la movilidad a las necesidades de los ciudadanos.

Seguimos a la espera de la Ley de Movilidad Sostenible, que lleva varios años en busca de una mayoría para ser aprobada en el Congreso. Concebida como una norma marco para ordenar la movilidad del siglo XXI, la ley tiene como pilares: la descarbonización, la electrificación y la armonización con la normativa europea. 

Mientras tanto, otros marcos regulatorios sí avanzan. En la Comunidad de Madrid, el Anteproyecto de Ley de Movilidad (sometido a consulta pública en enero de 2025) busca unificar criterios entre municipios, desde la gestión de las zonas de bajas emisiones (ZBE) hasta la planificación del transporte público. En paralelo, la Generalitat de Catalunya ultima la Ley de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas (taxi y VTC), con la misión de fijar estándares de servicio y dar seguridad jurídica a un sector que arrastra conflictos desde hace más de una década.

Más alternativas

En plena elaboración de normas tan necesarias, algunas prioridades son indispensables para mejorar la movilidad urbana. En primer lugar, reforzar el transporte público: las ciudades necesitan una red que funcione como un reloj, con puntualidad y comodidad. Solo así se consigue que la gente deje el coche en casa. Para lograrlo, el transporte colectivo debe ser asequible, intermodal y disponer de información clara en tiempo real. En segundo lugar, apostar de verdad por la movilidad activa. Caminar y pedalear no pueden ser actividades residuales, sino el centro del diseño urbano. Eso exige calles más seguras, aceras amplias y la integración natural de la bicicleta en cada nuevo plan de ciudad, eliminando barreras físicas que hoy limitan su uso. Y, en tercer lugar, la integración de la multimovilidad y la apuesta por el transporte a la demanda. 

"El elemento fundamental a la hora de elegir el modo de transporte es económico y racional: las personas deciden abandonar el vehículo privado solo cuando las alternativas son más rápidas y asequibles"

En el caso de Madrid, existe un déficit de al menos el 35% de taxis y VTC para cubrir la demanda y situarse al nivel de otras capitales europeas. Además, una encuesta realizada con la metodología Cluster17 refuerza la idea: más de la mitad de los españoles (56%) utilizan este tipo de servicios en su ciudad, pero apenas el 39% cree que la oferta sea suficiente. La escasez se hace especialmente visible durante los fines de semana, festivos y grandes eventos, situaciones que ponen a prueba la capacidad real del sistema y que acaban trasladando costes a los usuarios en forma de retrasos e incremento de precios. El resultado de este déficit estructural es claro: más tiempos de espera para ciudadanos y turistas, una menor productividad para empresas y comercios, y una imagen que contrasta con el dinamismo económico y social que atraviesa la capital de España.

A partir de aquí, ¿qué dicen los expertos en movilidad? Por un lado, el elemento fundamental que condiciona la decisión del ciudadano a la hora de elegir el modo de transporte, es económico y racional: las personas deciden abandonar el vehículo privado solo cuando las alternativas son más rápidas y asequibles. Por otro lado, que la intermodalidad no es un simple eslogan, y que aún estamos lejos de la combinación real entre el transporte público, la movilidad activa y los servicios complementarios. Y, además, que la colaboración público-privada y la estabilidad regulatoria son palancas imprescindibles para construir un sistema de movilidad fiable.

Intermodalidad y uso de datos

¿Entonces, cuáles son las tareas pendientes? La primera tarea debe ser que la intermodalidad funcione de verdad. Eso significa integrar bici, vehículos de movilidad personal (VMP), servicios de sharing o transporte a la demanda con el transporte público (autobús, metro o tren), mediante puntos de conexión cómodos y accesibles. Y, en paralelo, contar con aplicaciones que permitan planificar de puerta a puerta, comparando en tiempo real distintas alternativas de transporte.

La segunda tarea es gestionar con datos y estándares. Administraciones y operadores deberían compartir información de forma segura para optimizar rutas y medir resultados. Esto exige voluntad política para crear mesas de innovación y poner en marcha pruebas piloto que permitan aprender antes de escalar. La tecnología y los datos deben estar al servicio de una movilidad más práctica y eficiente, pensada para facilitar la vida diaria de los ciudadanos. 

La tercera, mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gestión. Siguiendo con la Comunidad de Madrid, parece claro que necesita homogeneizar criterios entre municipios y ordenar la movilidad en los accesos a la ciudad. En el caso de Catalunya, debe clarificar la convivencia taxi–VTC con estándares de calidad; y a nivel estatal, la Ley de Movilidad Sostenible debería ser más ambiciosa y sentar las bases de una regulación adaptada a los nuevos retos y hábitos de la población. Para ello hace falta algo fundamental: reforzar la coordinación entre administraciones y la colaboración público-privada en la gobernanza. 

"Los marcos legales flexibles demuestran que es posible lograr un equilibrio beneficioso para los usuarios: más oferta, menos tiempos de espera y un sistema más competitivo"

¿Qué podemos hacer en el corto plazo? Ahí van cuatro propuestas imprescindibles: hacer medible la intermodalidad, fijando metas de tiempo puerta a puerta y reportando públicamente su cumplimiento; poner los datos al servicio de la movilidad es imprescindible para eficientar tiempos y costes del transporte; reforzar la gobernanza metropolitana, conectando a las ciudades y homogeneizando criterios como las ZBE, y, por último, promover un mercado abierto y ordenado en el que todos los operadores puedan sumar. Los marcos legales flexibles demuestran que es posible lograr un equilibrio beneficioso para los usuarios: más oferta, menos tiempos de espera y un sistema más competitivo.

Estos cambios son posibles y nos afectan a todos. Imagine el primer lunes de septiembre, 8:05 de la mañana, en una estación de tren: un andén con información en tiempo real, una rampa ciclista que desemboca en el vestíbulo, un carril bus con prioridad y, a apenas treinta metros, la parada de taxi o VTC y un aparcamiento para VMP y bicicletas. Todo encaja, todo fluye. La movilidad transforma las ciudades precisamente cuando el usuario casi no la percibe: cuando llega a tiempo, respira mejor y paga un precio razonable.