La polarización política debilita a España ante las amenazas híbridas

Durante mucho tiempo, España ha cultivado una cierta idea de distancia estratégica: lejos de los grandes focos de tensión, al margen de conflictos geopolíticos de alta intensidad. Esa percepción, profundamente arraigada, choca cada vez más con la realidad que describen los expertos en seguridad. "Tenemos una autovisión o una serie de representaciones en relación con las injerencias como que no nos afectan", explica Albert Borràs, codirector de la consultoría Cassini Spain.

Los datos le dan la razón. En 2024, el índice de actividad de servicios de inteligencia extranjeros contra España ascendió a 121 puntos —3 puntos más que en 2023 y un aumento considerable de los 80 puntos de 2022—, según el último Informe anual de seguridad nacional elaborado por el Departamento de Seguridad adscrito a la presidencia del Gobierno. Las campañas de ciberespionaje apuntan sobre todo a instituciones públicas con acceso a información estratégica de la OTAN y la UE. La Oficina Nacional de Seguridad del CNI gestiona actualmente 100.892 personas y 629 empresas habilitadas para acceder a información clasificada, cifras que evidencian el volumen de información crítica que maneja el país.
 
Las campañas de desinformación más recientes confirman el cambio de estatus. Rusia opera al menos veintitrés sitios web en español a través de su red Portal Kombat, camuflados como medios independientes. En paralelo, la operación Doppelgänger ha desplegado 228 dominios y 25.000 cuentas automatizadas. "Dentro de la red rusa ya hay páginas en España en euskera, en catalán y en gallego", señala Leticia Rodríguez, directora general de Comunicación Estratégica en la Universidad de Cádiz.

"Tenemos una autovisión o una serie de representaciones en relación con las injerencias como que no nos afectan"

No es un fenómeno nuevo. El proceso independentista catalán ya sirvió como campo de pruebas. Borràs ha documentado diversos intentos de penetración rusa en el entorno independentista. Durante ese proceso hubo "operaciones de intento de penetración en estructuras operativas vinculadas al independentismo catalán, pero también desde la óptica de la desinformación, de apoyo directo a generar un marco más violento, representando al Estado español como el opresor", explica el experto.

Este tipo de operaciones no se limitan a lo político. Durante la crisis de la DANA de octubre de 2024, distintas plataformas prorrusas difundieron la idea de que la respuesta del Gobierno fue insuficiente por culpa del apoyo a Ucrania. Como explica Rodríguez, estos actores aprovechan momentos de crisis para erosionar la confianza institucional.

Las campañas no solo son más frecuentes, sino también más técnicas. Se emplean ataques personalizados de spear-phishing [un tipo de ciberataque altamente personalizado] y se explotan credenciales mal protegidas para acceder a sistemas sensibles, tanto en la administración como en empresas del sector defensa. Llama la atención el creciente interés en el sector sanitario, tanto por la riqueza de los datos como por su valor estratégico.

El impacto se deja sentir también en los procesos democráticos. El 80% de las elecciones celebradas en 2024 a escala global sufrieron alguna forma de manipulación informativa, según el instituto IDEA. En el caso español, durante los comicios europeos de junio, se detectaron cuarenta y dos episodios específicos de injerencia digital de origen ruso. La actividad alcanzó su punto máximo en la misma semana electoral. Este es uno de los puntos que más preocupan en el informe de seguridad nacional del 2024.

A ello se suma una presencia rusa significativa en España, especialmente en zonas costeras. Según cifras oficiales, cerca de 80.000 personas poseen nacionalidad rusa o doble nacionalidad. En la mayoría de los casos, se trata de población integrada. Pero los expertos no descartan que en ese entorno también operen redes paralelas. En 2024, las fuerzas de seguridad detuvieron a cinco personas en Barcelona vinculadas a una célula prorrusa que habría planeado acciones contra la cadena de suministro militar a Ucrania.

"Dentro de la red rusa ya hay páginas en España, en vasco, en euskera, en catalán y en gallego"

Con casi 600 millones de hispanohablantes globalmente, invertir en operaciones de influencia en España ofrece un efecto multiplicador hacia toda América Latina. No es casualidad que Venezuela mantenga su propia red de manipulación informativa, que China dedique recursos significativos a penetrar el ecosistema mediático español, o que Marruecos utilice estas técnicas en sus disputas bilaterales. España no es el objetivo final, sino la puerta de entrada a un espacio lingüístico y cultural vastísimo.

La inteligencia artificial ha acelerado aún más estos procesos. Solo en 2024 se registraron cuarenta y una campañas hostiles en Europa con uso malicioso de IA, muchas con versiones en español. Pero lo que más preocupa no es la traducción automática, sino la localización cultural: los mensajes se adaptan a referentes concretos, a códigos compartidos.

Los efectos de esta presión externa se amplifican por debilidades internas. Según un estudio citado por Rodríguez, el 40% de los jóvenes españoles muestra interés por discursos de extrema derecha. Para ella, la clave está en el consumo constante de contenidos que trivializan el autoritarismo y cuestionan los fundamentos democráticos. "Están viendo influencers que se van a China y que vuelven diciendo que aquello es una maravilla", lamenta la experta, refiriéndose especialmente al impacto en "generaciones que no tienen memoria de la dictadura".

Ante este panorama, la respuesta institucional aún parece desigual. En 2024, España destinó poco más de 1,3 millones de euros a proyectos contra la desinformación. Los expertos critican la falta de coordinación: hay "miles de proyectos ahora de desinformación, pero los periodistas tienen un enfoque y tienen su proyecto, los que hacen geopolítica tienen otro, los que hacen ciencias políticas tienen otro. No hay una coordinación amplia", explica Borràs.

"En 2024, España destinó poco más de 1,3 millones de euros a proyectos contra la desinformación"

 Algunos sectores del Estado parecen haber asumido mejor el desafío. El Centro Nacional de Inteligencia participó en sesenta y dos reuniones multilaterales sobre seguridad híbrida en 2024. La UE, por su parte, ha comenzado a implementar medidas ambiciosas, como sanciones a actores vinculados al GRU o el despliegue del programa Democracy Shield. Pero estas iniciativas, aunque necesarias, dependen de que los Estados miembros las acompañen con compromiso político.

Rodríguez defiende una agenda más ambiciosa que incluya alfabetización mediática y digital, regulación de algoritmos y "un pacto nacional" para evitar la instrumentalización partidista de estas amenazas. El problema es que la polarización política interna —con partidos "que llevan estrategias partidistas tan extremas", según Rodríguez— facilita el trabajo de quienes buscan fragmentar la sociedad española.

La conclusión, para ambos expertos, es clara: España no es una excepción. Ni en términos geográficos, ni culturales, ni estratégicos. Como recuerda Borràs, el país forma parte del núcleo occidental y eso lo convierte en objetivo. El primer paso para responder a esta realidad es asumirla.

Porque, como recapitula Rodríguez, "al final una democracia, ¿en qué se basa? En consensos, en entender el punto de vista del otro y en generar acuerdos. Si no hay consenso, si no hay acuerdo, la democracia se rompe".