El peligroso precedente de Las mil y una togas

El movimiento espontáneo que se autodenomina Las mil y una togas representa un precedente peligroso en la historia de la judicatura española: la politización abierta de quienes deberían encarnar la neutralidad institucional del Estado. Su convocatoria de huelga —que legalmente no les corresponde— y su campaña con "himnos de resistencia" revelan una deriva corporativa que amenaza los fundamentos del Estado de derecho.

Como argumenta de forma contundente Alejandro de Rosa Cañete, investigador de la Universidad de Valencia en Agenda Pública, los jueces no pueden hacer huelga porque "encarnan uno de los tres poderes del Estado" y "el sistema no puede permitirse ni un instante de vacío de poder sin comprometer su legitimidad institucional". La Ley Orgánica del Poder Judicial es clara: reconoce el derecho de huelga a funcionarios judiciales, pero excluye expresamente a jueces y magistrados, una omisión que no es casual sino deliberada. La diferencia es que la Constitución reconoce el poder judicial a título individual para los togados. 

"Sus miembros protestan contra una reforma legislativa mientras mantienen la pretensión de juzgar con neutralidad las decisiones del mismo Gobierno al que combaten públicamente. Esta contradicción es insalvable"

El movimiento, que utiliza las redes sociales para coordinar protestas y llamar a la ciudadanía a "parar junto a los jueces", cruza todas las líneas rojas de la imparcialidad judicial. Sus miembros protestan contra una reforma legislativa mientras mantienen la pretensión de juzgar con neutralidad las decisiones del mismo Gobierno al que combaten públicamente. Esta contradicción es insalvable.

La "Unión espontánea de jueces y fiscales" ha perdido la perspectiva de su función constitucional. Como bien señala De Rosa Cañete, "la toga no se puede colgar": reconocer el derecho de huelga a los jueces "supondría debilitar los pilares del Estado de derecho, erosionar la confianza ciudadana en la Justicia y abrir la puerta a una peligrosa instrumentalización del poder jurisdiccional". En democracia, la Justicia no debe detenerse, ni siquiera por diez minutos.