Francia, desgarrada por los extremos, afronta su peor crisis de gobernabilidad

Por primera vez desde 1962, la Asamblea Nacional francesa ha aprobado una moción de censura contra un Gobierno. Este momento histórico, que llegó tras una tarde de intensos discursos parlamentarios, no sorprendió a nadie. La decisión estuvo precedida por las tensas negociaciones presupuestarias en las que Marine Le Pen forzó al primer ministro Michel Barnier a vincular la supervivencia de su Gobierno a la aprobación de la Ley de Financiación de la Seguridad Social, un paso clave en el proceso presupuestario.

A pesar del digno discurso de despedida de Barnier —en el que subrayó que los urgentes desafíos presupuestarios deberán ser afrontados por cualquier futuro Gobierno—, la moción puso fin a su mandato, el más breve en la historia de la Quinta República, tras solo tres meses. El país entra ahora en una incertidumbre constitucional más profunda, ya que no será posible convocar elecciones antes del verano de 2025. Este estancamiento plantea el riesgo de una crisis constitucional inminente.

"Jean-Luc Mélenchon, líder del LFI, sigue presionando para que el presidente Macron renuncie y convoque elecciones presidenciales anticipadas"

Los extremos políticos —La Francia Insumisa (LFI) y la Agrupación Nacional (RN)— desempeñaron un papel clave en la destitución de Barnier. Jean-Luc Mélenchon, líder del LFI, sigue presionando para que el presidente Macron renuncie y convoque elecciones presidenciales anticipadas, una estrategia que ya intentó sin éxito a principios de este año.

Por su parte, Marine Le Pen ha modificado recientemente su enfoque. Hasta ahora, se había limitado a explotar la debilidad gubernamental para fortalecer sus aspiraciones presidenciales de cara a 2027. Sin embargo, sus problemas judiciales han alterado sus tácticas. Le Pen afronta un juicio por la supuesta malversación de millones de euros de fondos del Parlamento Europeo, con una posible inhabilitación de cinco años que podría entrar en vigor tras la primera sentencia. Alegando una persecución política, ha adoptado una estrategia arriesgada: retirar su apoyo al Gobierno de Barnier, exigir la dimisión de Macron y precipitar una crisis constitucional.

"Le Pen ha adoptado una estrategia arriesgada: retirar su apoyo al Gobierno de Barnier, exigir la dimisión de Macron y precipitar una crisis constitucional"

Este cálculo parece claro: una crisis prolongada podría presionar a los jueces para que retrasen su inhabilitación. Además, si Macron se ve obligado a dimitir, la inmediatez de una campaña presidencial en la que ella sería favorita podría complicar aún más la aplicación de cualquier sentencia adversa.

Con el Gobierno en crisis y el presupuesto aún pendiente de aprobación, la responsabilidad recae ahora sobre Macron. Aunque Francia no enfrentará un cierre de Gobierno a la estadounidense —una ley especial permite prorrogar el presupuesto de 2024—, la formación de un Gobierno estable en el actual escenario parlamentario parece una tarea hercúlea.

Entre las opciones de Macron están: i) Nombrar a un primer ministro de centroderecha dispuesto a satisfacer las demandas del RN en el presupuesto. ii) Designar a un primer ministro de centroizquierda. iii) Formar un Gobierno tecnocrático. La posibilidad de un primer ministro de izquierda que dependa principalmente de los votos del LFI no se considera viable.

Una alianza centrista entre el partido de Macron, el Partido Socialista (PS), Les Républicains y otros partidos menores podría ofrecer una mayoría parlamentaria, aunque ajustada. Sin embargo, esto depende de que el PS abandone la coalición del Nuevo Frente Popular, algo aún incierto.

"Una alianza centrista entre el partido de Macron, el Partido Socialista (PS), Les Républicains y otros partidos menores podría ofrecer una mayoría parlamentaria"

El PS, fortalecido tras obtener el 13,8% en las elecciones europeas, enfrenta presiones internas para distanciarse de la izquierda radical. Aunque su líder, Olivier Faure, reafirmó ayer su lealtad a la coalición, evitó respaldar las demandas de dimisión de Macron, lo que podría indicar un cambio estratégico o, simplemente, un intento de calmar la disidencia interna. No obstante, el sistema electoral mayoritario de Francia, que favorece las alianzas amplias, dificulta una ruptura completa con la izquierda, salvo que la crisis política empeore significativamente.

Mientras tanto, la calculada imagen de Le Pen como líder moderada y presidenciable ha quedado en entredicho. La caída de Barnier evidencia que su respetabilidad era una fachada diseñada para servir a sus ambiciones personales. Ante la amenaza de una sentencia judicial, su estrategia de desdiabolización parece haber quedado en el pasado.

Sin elecciones hasta el verano, el clima político se deteriorará aún más. Los extremos culparán a Macron de provocar la crisis al disolver el parlamento en julio, mientras que los centristas acusarán a Le Pen de sumir al país en el caos constitucional.

Esta escalada de tensiones amenaza con agravar la crisis en un momento en que la estabilidad es vital, no solo para Francia, sino también para la Unión Europea. Con un panorama global ya afectado por la reciente reelección de Donald Trump, la inestabilidad constitucional francesa añade una nueva capa de incertidumbre a un periodo crítico para las democracias occidentales.