¿Cómo será la política tecnológica europea tras el 9J? Regulación, inversiones y agenda internacional

Las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024 suponen el cierre de un ciclo político y legislativo iniciado en 2019 en la Unión Europea, marcado por una rivalidad geopolítica cada vez mayor entre China y Estados Unidos en el ámbito tecnológico, económico y comercial; por una crisis sanitaria mundial de primer nivel, que condujo a la aceleración de la digitalización desde la COVID-19, y por la ubicación de la tecnología como una de las líneas de actuación internacional que llevan tanto a fracturas como a nuevas ventanas de cooperación. 

Una de las principales prioridades del próximo mandato europeo es la de establecer un enfoque europeo común en relación con las tecnologías digitales innovadoras, basado en los principios de eficacia, coherencia, efectividad; agilidad, impacto y coordinación para que el mercado europeo siga siendo innovador; y solidaridad a la par que priorización de los instrumentos que lleven a una seguridad económica abierta. Para ello, el próximo mandato necesita repensar su actual paradigma en tres ámbitos tecnológicos: regulación, inversiones y política exterior.

La simplificación regulatoria es uno de los ejes de actuación para los próximos años. El primer paso es la implementación de los más de 50 expedientes legislativos que existen actualmente en el sector digital. El siguiente paso será el de garantizar que la implementación de dicha regulación se realice de una manera eficaz, eficiente y coherente a lo largo de las Administraciones Públicas nacionales, que necesitarán estar capacitadas a nivel de recursos humanos tanto en autoridades técnicas como regulatorias. Por dar un ejemplo, la aplicación del eIDAS2, la segunda versión del reglamento de Identificación Electrónica, Autenticación y Servicios de Confianza, cuyo objetivo es promover interacciones digitales seguras en los Estados miembros de la UE, y del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, van a suponer entre las dos más de 60 actos de ejecución a nivel nacional. 

El propio Consejo de la Unión Europea, en sus últimas Conclusiones del 21 de mayo de 2024, habla sobre “El futuro de la política digital de la UE”, y apunta que es necesario evaluar exhaustivamente las repercusiones de cualquier iniciativa legislativa nueva, para garantizar que exista un “equilibrio entre la innovación y la carga normativa”, evitando el riesgo de obstaculizar un mercado único digital europeo ágil y favorable a la innovación, sin perder de vista los riesgos de los avances tecnológicos. 

Los próximos cinco años de mandato necesitarán poner el foco regulatorio en la implementación de las normas, de una manera simplificada, coordinada entre la Comisión Europea y los Estados miembros, y con la garantía de que se respeten los derechos a la par que se garantice la innovación a lo largo del tejido productivo. Se estima que 25 segmentos industriales -desde el sector químico hasta el ferroviario y hostelería- necesitarán incrementar sus operaciones jurídicas para cumplir con la normativa. 
 
El segundo ámbito del próximo mandato es la competitividad económica de la Unión Europea. En los últimos años de este mandato, tanto Comisión como algunos Estados miembros han impulsado estrategias de política industrial orientadas a canalizar una mayor financiación pública hacia sectores estratégicos y críticos en los ámbitos digital, climático y energético, y de defensa. En el primer ámbito, el lanzamiento de STEP, la Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa, despertó un elevado interés y apoyo para impulsar la inversión en tecnología digital y profunda, la tecnología limpia y verde, y la biotecnología. Propuesta en junio de 2023 como parte del paquete de medidas para la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2021-2027, inicialmente se planteó un total de 10,000 millones de euros. Sin embargo, con el paso de los meses, la ambición descendió a un total de 1,500 millones de euros, lo cual supuso una reducción de más del 85% de la expectativa inicial. 

En este escenario donde también otras regiones están canalizando mayores inversiones públicas hacia sectores privado clave, el próximo mandato de la Unión Europea debería centrarse en tres aspectos. Primero, conseguir que las inversiones sean combinadas y coordinadas a escala de la Unión Europea. Actualmente hay Alianzas Industriales, Joint Undertakings e instrumentos como los IPCEIs o Proyectos Importantes de Interés Común Europeo. De los 10 IPCEIs aprobados desde 2018, solo un 20% de las empresas que participan son PyMES. En un contexto actual de creciente concentración de las empresas de cariz tecnológico, es importante que la UE apoye a las PyMES en mayor medida para garantizar su competitividad y actividades económicas con empresas de mayor tamaño. Por otro lado, de los 10 proyectos, solo uno se dedica a infraestructura, mientras que el resto se dedica a investigación y desarrollo o proyectos de despliegue industrial temprano. El siguiente paso debería ser el de canalizar que esta I+D tiene efectos económicos tangibles en las cadenas de valor europeas. 

El segundo aspecto en materia de inversiones es evaluar el impacto de las inversiones pública y privada en una misma vertical tecnológica. En 2022, el nivel de inversión pública ha aumentado. Por ejemplo, en tecnologías cuánticas, China ha anunciado 15.300 millones de dólares; la UE, 7.200 millones; EEUU, 1,900 millones y Japón, 1,800 millones. Sin embargo, el sector privado en la UE sigue teniendo una capitalización de mercado baja en cuántica. 10 de las 15 empresas de computación cuántica más grande del mundo proceden de EEUU. Solo una es de origen europeo; en concreto, francés. De ahí, la necesidad de explorar por qué en ciertas verticales emergentes el incremento de ayudas públicas no conduce a mayor inversión privada. 

El tercer aspecto es establecer una priorización en la financiación, instrumentos e incentivos según las capacidades tecnológicas existentes o posibles. El informe Resilient EU2030, lanzado durante la Presidencia española del Consejo de la UE, articula tres escenarios desde donde decidir en qué medida se tienen que fortalecer las capacidades internas de la UE: aquellas tecnologías donde se tiene una ventaja competitiva; aquellas donde se tiene el potencial de estar a la vanguardia; y aquellas donde no será posible liderar, pero se necesita una capacidad mínima crítica en caso de disrupciones en la cadena de suministros o de shocks externos. El siguiente paso, sobre todo para los Estados miembros, incluyendo a la Administración española, es la de garantizar que España envía un mapeo de tecnologías críticas realmente coordinado, consultado y comparado entre Ministerios y los actores del sector privado y sociedad civil, en vista de la Estrategia de Seguridad Económica. El establecimiento de la primera Oficina de Inteligencia Artificial en la Comisión Europea coincide con la revisión de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2024 por el Gobierno de España. Sin embargo, se necesita avanzar en el mismo sentido con otros ámbitos tecnológicos, como el de la esperada Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas o de alcanzar una posición conjunta española sobre la Recomendación de la Seguridad y Resiliencia de Cables Submarinos de la Comisión.

Es este último punto el que lleva al tercer ámbito de la política tecnológica revisada de la Unión Europea. No se puede hablar de agenda digital solo con regulación o competitividad económica. La asociación con países afines y aliados es fundamental. Desde 2019, la UE ha avanzado a gran velocidad en la configuración de tres modelos: Consejos de Comercio y Tecnología (con Estados Unidos y con India), Acuerdos de Cooperación Digital o DPAs (con Corea del Sur, Japón y Singapur), y Alianzas Digitales (con América Latina y el Caribe) o Paquetes de Economía Digital con países individuales, como Nigeria. El siguiente paso es el de fortalecer las estructuras de diplomacia tecnológica de la Unión Europea dentro de las propias instituciones, así como con los Estados miembros, entre ellos España, quien todavía carece de una estrategia estructurada y coordinada de diplomacia tecnológica. 

Del próximo mandato 2024-2029 de la Unión Europea no se espera la creación de más instrumentos, regulaciones o iniciativas. La hoja de ruta va a consistir en la implementación de aquello ya existente; la efectividad y coordinación en el uso de los instrumentos y procesos creados; la evaluación del impacto real de dichas iniciativas; y una mayor estructuración e interlocución entre Estados miembros y Unión Europea. Todo ello garantizará la aplicación de las regulaciones existentes, el fomento de la innovación y la competitividad económica, y la asociación con terceros países de confianza.