El 18 de diciembre de 2023 el secretario de Defensa, Lloyd Austin, planteó la creación de una misión en el Mar Rojo.
Su objetivo es garantizar la libertad de navegación ante los crecientes ataques de fuerzas hutíes a buques, en teoría identificados con Israel, pero en la práctica afectando a barcos de otras procedencias, generando una enorme preocupación a la luz de la importancia de esta ruta comercial para la economía y la estabilidad y seguridad globales.
Muy pronto, se generó una situación llamativa en la que España formuló su negativa a participar, incurriendo en una serie de contradicciones.
Al principio, España formuló su disposición a participar en esta misión condicionándola a la creación de una misión diferenciada de Atalanta por parte de la Unión Europea o de la OTAN. Tras el revuelo causado y en un contexto en el que la Unión Europea se mostraba favorable a la creación de una misión vinculada al mar Rojo, España manifestaba su negativa a participar amparándose en su compromiso por la paz y en el elevado número de misiones que ya afronta España con unos recursos limitados. Entre bambalinas, cuestiones relativas a la política doméstica y la falta de apoyo de los socios gubernamentales son también mencionadas.
[Recibe los análisis de más actualidad en tu correo electrónico o en tu teléfono a través de nuestro canal de Telegram] En realidad, esta crisis muestra algunos de los grandes defectos de nuestra política exterior y de defensa. Elementos como el legalismo, la ausencia de transparencia de nuestro proceso decisorio, la escasez de recursos, así como la enorme aversión al riesgo, son expuestas públicamente.
Pero también abre un debate sobre la participación española en misiones y las razones que las explican.
Según la propia página del Ministerio de Defensa, España participa en 17 misiones internacionales, en los que participan hasta 3.000 militares y guardias civiles. Los escenarios son enormemente variados, al igual que las funciones a realizar. Entre ellos podemos encontrar las labores de policía aérea en Bulgaria y Rumanía y en los Países Bálticos, la misión de la Unión Europea en Mali, la de Naciones Unidas en el Líbano o la relativa a la verificación del Acuerdo de Paz en Colombia.
España se ha ufanado tradicionalmente de su participación en este tipo de misiones, resaltando su solidaridad con aliados y su contribución en el mantenimiento de la paz internacional. Asimismo, se han utilizado políticamente como muestra de la contribución española a la seguridad de nuestros aliados, en compensación de unas cifras mucho más modestas en lo que respecta a nuestro propio gasto en defensa.
Paradójicamente, mientras otros aliados priorizaban sus intereses propios, incrementando el gasto en defensa en intereses considerados clave para ellos mismos, la contribución española se ha dirigido hacia una aparente muestra de solidaridad que no siempre ha tenido los réditos esperados.
De cara a nuestra posición en la OTAN, la participación en misiones no compensó los escasos recursos invertidos e incluso algunos Estados aliados, consumidores de seguridad más que proveedores, han llegado a reprochar públicamente nuestro escaso compromiso con la regla OTAN. Y todo ello en un escenario donde los desafíos para la seguridad nacional en nuestros escenarios geográficos prioritarios no solo no han desaparecido, sino que tienden a incrementarse.
Viendo la crisis del mar Rojo y las implicaciones generadas, quizá haya llegado el momento de plantear algún tipo de mecanismo que permita vincular el interés nacional de España en materia de seguridad con el desarrollo de misiones internacionales en las que el ejército español participe. Un tipo de cálculo coste-beneficio que en momento de recursos escasos permita establecer prioridades estratégicas. De naturaleza no meramente economicista, donde se evalúen elementos materiales relacionados con las implicaciones directas para nuestra seguridad nacional, su importancia para relaciones vitales clave para nuestra seguridad como la que mantenemos con Estados Unidos o el ámbito geográfico en el que estas se desarrollen. También el desarrollo de contraprestaciones ciertas, que no de mera esperanza, en escenarios geográficos de interés clave para nosotros.
Esto lógicamente no excluye el cálculo político de imagen para aquellos supuestos que no requieran una gran inversión. Tampoco niega el valor que estas han tenido en momentos históricos de adaptaciones al cambio para nuestras fuerzas armadas o incluso de utilidad en momentos de recursos escasos dentro de un contexto de crisis económica.
No obstante, sí sería interesante revisar nuestra presencia en misiones de acuerdo con estos parámetros para
establecer algún tipo de criterio objetivo de naturaleza política y no solo legal o económica, para nuestra participación.
En una entrevista concedida a El País, el presidente del gobierno sostiene que es nuestra elevada participación en misiones, con 3.000 soldados destinados en el exterior, lo que impide que España pueda participar en la misión del Mar Rojo. Pero probablemente y, descartado el argumento del “margen de maniobra” por la reciente solicitud de la Unión Europea para establecer una misión, otras inquietudes relacionadas con la política doméstica o la aversión al riesgo en escenarios de conflicto tengan un mayor papel.
Si es por ello y, siguiendo el caso del Mar Rojo, las implicaciones derivadas de la importancia del mantenimiento de una ruta comercial clave para la estabilidad de la economía internacional y, por supuesto, para nuestra economía o su importancia en el marco de una relación bilateral con Estados Unidos, que ya ha sido públicamente admitida como vital, la harían más relevante que otras misiones en las que España participa.
Aprovechando la crisis del Mar Rojo y como consecuencia de la negativa del gobierno español para participar en la misma, sería conveniente hacer de la necesidad virtud y establecer un criterio objetivo claro para nuestra participación o, cuanto menos,
abrir el debate sobre qué criterios políticos deberían establecerse para que España participe en misiones internacionales.