La libertad de Forcadell y la unidad de España
España no es un país en que la gente se sienta especialmente española. Esta parodójica afirmación puede sorprender, pero el hecho es que en la última encuesta del CIS sólo un 16,1% de la población se identificaba únicamente con el gentilicio "español", mientras que un sólido 53,7% se tenía tan español como de su comunidad autónoma, siendo que un 10,2 % se identificaba más con su región, y un 6,2% sólo con su territorio de origen. A la vista de que nada menos que el 70,1% de los ciudadanos no tiene un sentimiento exclusivamente español, y de ese porcentaje un 16,4 % lo tiene poco o no lo tiene en absoluto, no pareciera que la "unidad de España" fuera para muchos españoles un valor tan importante a preservar. Desde luego, para un 62,8 % no se trata de algo esencial, puesto que de ese porcentaje un 39,2 % de personas desean mantener el estado autonómico, o incluso ir más allá (13,4 %), o hasta reconocer la posibilidad de independencia de territorios (10,2%). Con estos números no parece que una reforma realmente federal -o hasta confederal- de la Constitución fuera a encontrar una enorme contestación social en la realidad, por batallador que sea el sector contrario a la reforma.
Sin embargo, ese sector claramente minoritario lo forman algunas personas -sin duda las que más se hacen oir- para las que ese valor de la "unidad de España" es realmente incuestionable. Tanto como para muchos catalanes y vascos -probablemente una amplia mayoría- sus instituciones de autogobierno. Es posible que ese contraste realmente antagónico explique por qué se está viviendo un especial enconamiento de las posturas políticas o hasta de algunos pronunciamientos judiciales. Se oye solamente a los que más gritan, y se ignora a los que se callan, aunque sean la enorme mayoría.
También se explica de ese modo que a algunas personas -aunque no tantas en realidad- les haya parecido muy bien la prisión de algunos exconsellers. Sienten que los movimientos independentistas han puesto en cuestión algo incuestionable: la unidad de España. Y por ello creen que siendo de tal gravedad la afrenta, debe existir un delito, el mismo debe ser muy grave y hasta debe ser sancionado con prisión -cuidado con esto- antes de ser juzgado.
Quizás todo lo anterior sea demasiado simplemente para apoyar una idea política, por legítima que pueda ser. No hay que olvidar varios datos importantes. No se trataba de un delito de rebelión, porque nunca existió violencia, y es que no es violencia el sentirse agredidos tantos ciudadanos que creen en la unidad de España, ni siquiera tras una simbólica -y completamente inane- declaración de independencia nonata. Además, ni la Sra. Forcadell ni el resto de imputados habían tenido el más mínimo gesto de eludir la acción de la justicia, lo que descarta un riesgo de fuga mínimo que pueda sustentar la prisión provisional. Y es que el hecho de que Puigdemont, a mi juicio equivocándose gravemente, haya decidido escapar a Bélgica, no quiere decir ni mucho menos que lo vayan a hacer los demás. Sobre todo porque cualquiera de los letrados de los otros imputados habrá aconsejado cabalmente a sus defendidos que no eludan la acción de la justicia.
Pero Carme Forcadell ha hecho algo a mi juicio mucho más importante, y que creo que la honra como ciudadana de un estado democrático: con sus palabras en su declaración ante el Tribunal Supremo y con sus últimos actos como presidenta del Parlament, ha manifestado una voluntad expresa de no vulnerar el ordenamiento jurídico español. Es decir, de no seguir un camino sin salida hacia una inconducente desobediencia. Con independencia de que en sus actuaciones pasadas pueda considerarse que hizo lo contrario facilitando incluso una declaración unilateral de independencia sin efectos de ninguna clase -no debe olvidarse esto último-, lo cierto es que es obvio que no va a persistir en esa vía. Y además reconoce con claridad la legitimidad de los tribunales españoles.
Y es que esa es la vía correcta. La Sra. Forcadell ni ha dejado ni va a dejar de ser independentista, ni puede exigírsele a nadie que cambie su ideología. Eso no solamente es imposible en democracia, sino que es contrario a toda lógica humana. ¿Cómo va a cambiar nadie a la fuerza sus más íntimas convicciones? Y es que tener un pensamiento político no es delito, y mucho menos defenderlo, como es debido, a través de las vías legales. Aunque esto lo puedan entender mal los que defienden a ultranza la unidad de España, no es delito querer cambiar esa idea política de unidad. De hecho, la mayoría de Estados no tienen ese valor como fundamento, con la destacada excepción de Francia. Y no se puede decir de ellos que sean países que amenazan con romperse o desaparecer. No debe confundirse la unión con la unidad. Todo un mensaje para los próximos reformadores de la Constitución.