
La disminución de los pobres sin que aumente la renta no se debe que haya aumentado la igualdad, sino a que la pobreza se define en relación al 60% de la renta mediana de toda la población, un umbral que bajó con la crisis dejando un 13% más de mayores por encima. Tampoco hay ningún misterio en la constancia de las rentas medias de los mayores. Ateniéndose a acuerdos políticos (Pacto de Toledo), los gobiernos han mantenido el poder adquisitivo de las pensiones al margen de los vaivenes del ciclo económico. Con prudencia comparable a la del Faraón de Egipto y su ministro José, cuando las vacas gordas las pensiones se subieron menos que la recaudación, y con la diferencia se fue llenando una hucha; cuando llegaron las vacas flacas, se vació la hucha para que las pensiones no bajaran. Ahora que las vacas vuelven a engordar, parece más coherente seguir con la misma política anticíclica que cambiarla por la contraria. Ése es mi argumento contra la exigencia de aumentar las pensiones antes de que se remedie el deterioro de los ingresos de adultos y menores.
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Ahora bien, una cosa es que los pensionistas no tengan derecho a reclamar y otra que se les pueda reclamar a ellos. Creo que por ahora los mayores no le deben nada a nadie; y menos, si cabe, a los menores. Mis argumentos son comparativos, por un lado, e institucionales, por otro. Como puede verse en las tablas 1 y 2, la renta media de los menores ha disminuido en la crisis menos que la de los adultos, pasando de suponer el 85% de ésta en 2007 (igual que la de los ancianos) al 89% en 2013 y al 91% en 2015. De modo análogo han cambiado sus tasas de pobreza, aumentando unos dos puntos frente a los seis de los adultos. Desde luego, no es nada raro que la renta disponible de los menores sea menor que la de los adultos; se debe simplemente a que los hogares donde hay niños son más grandes que la media. Lo que resulta difícil de explicar es la evolución. ¿Por qué a los hogares con más niños les fue mejor durante la crisis? Parece más lógico lo contrario, como muchas organizaciones pro infancia difunden: que la crisis ha sido especialmente dura con los niños. Según los datos de Eurostat, lo de especialmente vale en relación a los mayores, pero no a los adultos, que lo han pasado aún peor. No tengo por ahora explicación para el hecho de que la crisis haya sido menos dura con los hogares con más niños (y, por ahora, la recuperación más favorable). El hecho de que la renta de los menores haya disminuido durante la crisis y la de los mayores no se ha interpretado como prueba de un sesgo institucional de nuestro Estado del Bienestar, a la cola de Europa en ayudas a la familia y a la infancia. Pero debe de haber algo que falle en esta hipótesis, pues resulta que la relación entre la renta media de los menores y la de los adultos está en la media europea, en torno al 90%. En la tabla 3 he ordenado los países de la EU15 según su régimen de bienestar (según la conocida tipología de Esping-Andersen), pero no he conseguido encontrar ninguna relación; ni siquiera es menor la distancia entre menores y adultos en los países nórdicos, con la excepción de Dinamarca.
Esto no ha sido siempre así. Al comienzo de la crisis las distancias sí que parecen haber sido menores en los países centrales y nórdicos. Pero parece más bien algo coyuntural, pues en 1995 tampoco hay una pauta clara; si acaso, y faltando datos de los países escandinavos, puede decirse que la renta de menores estaba más cerca de la de los adultos en los países mediterráneos (incluyendo Francia) que en la Europa central e insular. En cualquier caso, los datos muestran que la ratio entre la renta de los menores y la de los adultos no se relaciona unívocamente con la cuantía de los programas de ayuda a la familia y a la infancia. En suma, los menores españoles han estado mejor, peor e igual (en relación a los adultos) que los europeos, y no se encuentra relación entre estos cambios y el gasto público en políticas familiares.
En suma, el argumento comparativo contra las reclamaciones a favor de los menores es que les ha ido mejor que a los adultos durante la crisis, hasta igualar su situación relativa a la que tendrían en cualquier país europeo. ¿Cuáles son los argumentos institucionales? Se basan en que la renta de los menores es inseparable de la de sus padres. No es posible, por tanto, una institución que regule las rentas de los menores al modo como la Seguridad Social hace con las de los mayores, y por eso es incorrecto comparar la renta de los menores con la de los mayores saltándose a los adultos. Lo correcto es comparar la renta de los menores con la de los adultos. En ese sentido, cabe reclamar que el Estado las iguale, de modo que la renta de los hogares no dependa del número de sus hijos, o, lo que es lo mismo, que tener y criar hijos no suponga menoscabo en la renta disponible. En esa dirección apuntaba el efímero cheque bebé del Gobierno Zapatero. En todo caso, éste sería un asunto entre adultos con más y con menos hijos, sobre el cual desde luego habría mucho que discutir; pero no un asunto de menores contra mayores.
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