Votar por obligación, resistir por convicción

370 millones de latinoamericanos tienen la obligación, no solo el deber, de acudir a las urnas periódicamente. América Latina es el epicentro mundial donde sus ciudadanos, a partir de los dieciocho años, deben participar activamente en el proceso democrático y, en caso de no hacerlo, se exponen a una serie de sanciones que varían según los once países que consagran esta obligación. El impacto de estas normas, reincorporadas recientemente en casos como el de Chile, se refleja en las cifras: los países con sufragio obligatorio mantienen una participación promedio diecisiete puntos porcentuales más alta que la de aquellos con voto facultativo, según datos de IDEA Internacional.

Sin embargo, la ley explica la presencia física en el colegio electoral, no la dignidad con la que se asume el proceso. La verdadera particularidad de la región es cómo la ciudadanía transforma esa obligación legal en un ejercicio de resistencia cívica. Las pruebas no están lejos. Los más de quinientos especialistas movilizados en 2025 por las misiones de la OEA, cuya labor consiste en auditar de forma imparcial la apertura de mesas, el escrutinio y las condiciones de la jornada, hemos visto esa obstinación en las filas bajo la lluvia, en el compromiso de los voluntarios locales que sostienen los comicios y en los adultos mayores que acuden a primera hora aun estando exentos de multas.

"La verdadera particularidad de la región es cómo la ciudadanía transforma esa obligación legal en un ejercicio de resistencia cívica"

Pese a esa determinación de base, las democracias de la región conviven con un doble frente de erosión. Por un lado, el desgaste de fondo producto de deudas sociales históricas no saldadas y de un espacio cívico donde el 30% de la población está expuesta a las peores condiciones, calificado de "represivo" por el CIVICUS Monitor. Por el otro, un asedio directo desde arriba contra las reglas de juego: mediciones de Edelman y Latinobarómetro confirman que más del 70% de la ciudadanía identifica la desinformación como una amenaza directa a los comicios, mientras hasta un 80% de las mujeres en política enfrentan violencia digital sistemática orientada a forzar su retiro.

Ante este entorno, que explica por qué la satisfacción con la democracia está bajo mínimos (33% en 2024), cabe formular la pregunta de fondo: si las promesas materiales quedan debiendo y las amenazas son tan severas, ¿por qué la participación electoral no se desploma?

Cualquier posible respuesta a esa paradoja exige examinar el motor de este retroceso: la desconfianza estructural. Comicios recientes como los de Perú demuestran que el quiebre de esa confianza ya no proviene de la apatía ciudadana, sino, por el contrario, del sabotaje deliberado de las propias élites políticas. En los centros de votación pudimos constatar cómo la ciudadanía acudía a cumplir con su deber en medio de la propagación sistemática de narrativas de fraude sin evidencia promovidas por la dirigencia. La democracia regional enfrenta la paradoja de una clase política que prefiere descalificar a sus árbitros técnicos e impugnar el sistema antes que admitir el veredicto popular en las urnas.

"La democracia regional enfrenta la paradoja de una clase política que prefiere descalificar a sus árbitros técnicos e impugnar el sistema antes que admitir el veredicto popular en las urnas"

Frente a esa hostilidad discursiva, los organismos electorales de la región han sostenido su solvencia técnica y neutralidad, incluso bajo los embates del propio poder político. Existen países con una maquinaria cívica de fluidez envidiable, caracterizados por resultados ágiles y una sólida legitimidad institucional. No obstante, modelos consolidados como el de Costa Rica demuestran que no hay espacio para la complacencia: el ascenso de discursos antipolíticos, la polarización y el abstencionismo silencioso evidencian que la salud democrática nunca está garantizada por inercia.

En este escenario de tensiones acumuladas, las elecciones generales de Brasil se erigen como la gran prueba de fuego para el continente. Con más de 156 millones de electores convocados bajo un padrón obligatorio, el gigante sudamericano concentrará la atención regional en las próximas semanas al reeditar una contienda decisiva de modelos. Más que una simple renovación de mandatos, estos comicios pondrán a prueba la resiliencia y legitimidad de su sistema electoral frente a los choques entre el Ejecutivo, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, determinando si la persistencia democrática logra contener la erosión o si el desgaste institucional termina por consolidarse en la región.

"Más que una simple renovación de mandatos, estos comicios pondrán a prueba la resiliencia y legitimidad de su sistema electoral frente a los choques entre el Ejecutivo, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal"

El código electoral que en 1932 introdujo el voto obligatorio en Brasil buscaba asegurar una afluencia masiva e independiente que impidiera a los caciques locales manipular los comicios o disuadir a la gente común de participar. Hoy, esos caciques han encontrado que la mejor manera puede ser que ellos mismos sean los candidatos y disputen el voto de los electores. Las formas pueden haber cambiado, claro, pero el deber público de sostenimiento de la comunidad política permanece. Acudir a votar sigue siendo el dique de contención más formidable frente a la degradación pública; proteger ese activo frente a la desconfianza es una responsabilidad colectiva que no admite tregua.