Martes, 28 de julio de 2026
LA BRÚJULA EUROPEA DE LÓPEZ PLANA
"Tengo un plan, pero no me dejan aplicarlo": la estrategia de Moncloa para estirar la legislatura hasta el límite
El Plan Anual Normativo nació como una exigencia técnica de la OCDE para mejorar la calidad legislativa, pero Moncloa lo ha transformado en un sofisticado manual de supervivencia política. En su columna semanal, el editor y director de 'Agenda Pública', Marc López Plana, analiza cómo el Gobierno español blinda su agenda para 2026 frente al fin de los fondos europeos y la fragmentación parlamentaria.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
En toda Europa, las democracias avanzadas tienen mecanismos para anunciar lo que van a hacer. En el Reino Unido, el monarca lee el King's Speech para marcar la agenda legislativa; en Francia, la Secretaría General publica su estricto Programme de travail; y en Bruselas, la Comisión Europea dicta su Programa de Trabajo cada otoño.
En España, este ejercicio de transparencia se llama Plan Anual Normativo. De hecho, se ha convertido en una de las herramientas más reveladoras de cómo entiende el poder el Ejecutivo español contemporáneo, aunque pase muy inadvertido en el debate público español y en el análisis de los medios.
Su origen está en el último mandato de Mariano Rajoy, que, con la reforma de la Ley del Gobierno de 2015, introdujo la obligación de planificar la producción legislativa y el mecanismo quedó desarrollado en 2017, antes de estrenarse formalmente con el PAN de 2018. La Ley 40/2015 y, sobre todo, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo introdujeron una nueva filosofía regulatoria inspirada en principios de "better regulation" promovidos desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea: más planificación, más evaluación ex ante y más transparencia sobre qué normas pretende aprobar el Ejecutivo. Se trata, pues, de una obligación formal del Ejecutivo. Desde entonces, el PAN funciona como una hoja de ruta legislativa anual que el Gobierno debe aprobar y publicar.
En este sentido, el Plan Anual Normativo 2026, un documento de 95 páginas recién salido de los hornos del Palacio de la Moncloa, es mucho más que un trámite de la OCDE. Con un total de 179 propuestas normativas (10 leyes orgánicas, 38 leyes y 131 reales decretos), es el mapa de lo que se busca que sea percibido como la continuidad de la coalición de izquierdas del presidente Pedro Sánchez para un año que promete ser complicado y muy probablemente el último PAN pues las elecciones generales tendrán lugar en 2027.
Esta es la autopsia política del plan de España para 2026, donde el estándar europeo choca con la descarnada realidad política nacional y la situación geopolítica.
Esa era ha terminado. Cinco años después de su aprobación, el esfuerzo normativo para ejecutar el PRTR ya se ha acometido, aunque los expertos hablan de efectos que pueden durar entre dos y tres años más. De las 179 iniciativas totales que planea el Gobierno, solo cinco reales decretos están vinculados al Plan de Recuperación.
1. Publicidad y medios: Bajo la premisa de la adaptación europea, España impulsará la Ley de Publicidad del Sector Público. Su objetivo es actualizar la normativa a la "transformación del panorama informativo" e implementar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. En la práctica, es la herramienta de Moncloa para la financiación pública institucional a los medios.
2. La batalla contra los deepfakes: El Gobierno reformará la Ley Orgánica de protección del derecho al honor. El objetivo es proteger a los ciudadanos frente a fenómenos como la revelación del perfil digital o el uso de la imagen mediante tecnología (deepfakes o "ultrasuplantaciones"). Además, impondrá obligaciones a las redes sociales en la moderación de sus contenidos para favorecer la retirada de aquellos que lesionen derechos.
3. La lucha contra la corrupción: El Gobierno socialista quiere arrebatarle a la oposición la bandera de la ética mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública. Es una reforma masiva con 84 medidas que alterará hasta 18 leyes (seis de ellas orgánicas). ¿La guinda del pastel? La creación de una nueva agencia independiente de integridad pública.
Lo que sí hará temblar a la patronal es la modificación de la ley en materia de despido, que busca establecer garantías frente a las extinciones y modificar el régimen indemnizatorio del despido improcedente para que recupere su función "disuasoria y compensatoria".
Si hay una ley de coste económico cero y de nicho ideológico, es la ley que prevé el plan, la Ley para la protección de los derechos de los grandes simios, aunque suene insólita. Una victoria ideal para la base más ecologista.
El Plan Anual Normativo 2026 de España cumple a la perfección con los estándares exigidos por la OCDE y Europa. Administrativamente, es un ejercicio impecable de planificación. Sin embargo, políticamente, es el diseño minucioso de una posición de resistencia para llegar al final de legislatura y con un aviso muy claro: si no se puede legislar, se forzará el concepto de "extraordinaria y urgente necesidad" con la utilización del real decreto-ley ante un parlamento fragmentado y con capacidad de bloquear la actividad parlamentaria.
En España, este ejercicio de transparencia se llama Plan Anual Normativo. De hecho, se ha convertido en una de las herramientas más reveladoras de cómo entiende el poder el Ejecutivo español contemporáneo, aunque pase muy inadvertido en el debate público español y en el análisis de los medios.
Su origen está en el último mandato de Mariano Rajoy, que, con la reforma de la Ley del Gobierno de 2015, introdujo la obligación de planificar la producción legislativa y el mecanismo quedó desarrollado en 2017, antes de estrenarse formalmente con el PAN de 2018. La Ley 40/2015 y, sobre todo, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo introdujeron una nueva filosofía regulatoria inspirada en principios de "better regulation" promovidos desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Europea: más planificación, más evaluación ex ante y más transparencia sobre qué normas pretende aprobar el Ejecutivo. Se trata, pues, de una obligación formal del Ejecutivo. Desde entonces, el PAN funciona como una hoja de ruta legislativa anual que el Gobierno debe aprobar y publicar.
"Lo que nació (el Plan Normativo Anual) como un instrumento técnico de previsibilidad regulatoria ha terminado evolucionando hacia algo más político"La idea era doble. Por un lado, dar previsibilidad a empresas, administraciones y ciudadanos sobre la agenda regulatoria del Gobierno. Por otro lado, limitar la improvisación legislativa y obligar a los ministerios a justificar tanto las nuevas normas como su impacto económico y administrativo. Pero lo que nació como un instrumento técnico de previsibilidad regulatoria ha terminado evolucionando hacia algo más político: una forma de ordenar prioridades, coordinar ministerios y proyectar capacidad de gobierno incluso en contextos parlamentarios frágiles como el del gobierno español actual.
En este sentido, el Plan Anual Normativo 2026, un documento de 95 páginas recién salido de los hornos del Palacio de la Moncloa, es mucho más que un trámite de la OCDE. Con un total de 179 propuestas normativas (10 leyes orgánicas, 38 leyes y 131 reales decretos), es el mapa de lo que se busca que sea percibido como la continuidad de la coalición de izquierdas del presidente Pedro Sánchez para un año que promete ser complicado y muy probablemente el último PAN pues las elecciones generales tendrán lugar en 2027.
Esta es la autopsia política del plan de España para 2026, donde el estándar europeo choca con la descarnada realidad política nacional y la situación geopolítica.
La "extraordinaria y urgente necesidad" permanente
Lo primero que llama la atención del plan es que, en un documento concebido para la planificación técnica, el Gobierno justifica en su introducción por qué su agenda se ha visto alterada por "acontecimientos imprevistos"."¿Sánchez está preparando el terreno para justificar futuros atascos legislativos o considera que estamos en un situación geopolítica global que pedirá legislación extraordinaria y urgente necesidad?"Moncloa cita directamente verse forzada a operar a base de legislación de emergencia (reales decretos-leyes) tras dos graves accidentes ferroviarios ocurridos en enero en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona), seguidos de desastres meteorológicos que afectaron especialmente a Andalucía y Extremadura. Pero no se quedan en las fronteras nacionales; el Gobierno señala explícitamente la crisis en Oriente Medio, mencionando la operación militar iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, y subrayando sus efectos: caídas generalizadas de las bolsas internacionales, aumento de los precios, disrupción del tráfico aéreo y la afectación en el Estrecho de Ormuz. Todo esto forzó la adopción de legislación de urgencia durante el primer trimestre. La pregunta, por tanto, viene a ser si Sánchez está preparando el terreno para justificar futuros atascos legislativos o si considera que estamos en una situación geopolítica global que pedirá legislación extraordinaria y de urgente necesidad.
El fin de la NextGen y el peso de Bruselas
Durante el último lustro, el presidente ha tenido un superpoder: el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la UE. Esos miles de millones actuaban como un potente lubricante político y, sobre todo, han sido los "presupuestos" que no ha presentado ni aprobado Sánchez por falta de mayoría.Esa era ha terminado. Cinco años después de su aprobación, el esfuerzo normativo para ejecutar el PRTR ya se ha acometido, aunque los expertos hablan de efectos que pueden durar entre dos y tres años más. De las 179 iniciativas totales que planea el Gobierno, solo cinco reales decretos están vinculados al Plan de Recuperación.
"Sin la chequera europea para endulzar reformas o contentar a los socios, la coalición tendrá que gobernar sin amortiguadores"Sin embargo, la maquinaria de Bruselas sigue dictando el ritmo: 61 iniciativas (el 34,08% del total) tienen como objetivo incorporar el Derecho de la Unión Europea al ordenamiento jurídico español. España es uno de los países que más lentamente transpone las directivas de la Unión Europea. Sin la chequera europea para endulzar reformas o contentar a los socios, la coalición tendrá que gobernar sin amortiguadores.
La defensa del relato del Gobierno
El núcleo de poder del presidente reside en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que lidera el ranking de actividad con veinte propuestas normativas. De hecho, Justicia es el ámbito sectorial con mayor incidencia normativa para 2026. En Moncloa, el policy czar Félix Bolaños ha decidido que la mejor defensa contra la oposición y la prensa crítica es un ataque legislativo integral:1. Publicidad y medios: Bajo la premisa de la adaptación europea, España impulsará la Ley de Publicidad del Sector Público. Su objetivo es actualizar la normativa a la "transformación del panorama informativo" e implementar el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación. En la práctica, es la herramienta de Moncloa para la financiación pública institucional a los medios.
2. La batalla contra los deepfakes: El Gobierno reformará la Ley Orgánica de protección del derecho al honor. El objetivo es proteger a los ciudadanos frente a fenómenos como la revelación del perfil digital o el uso de la imagen mediante tecnología (deepfakes o "ultrasuplantaciones"). Además, impondrá obligaciones a las redes sociales en la moderación de sus contenidos para favorecer la retirada de aquellos que lesionen derechos.
3. La lucha contra la corrupción: El Gobierno socialista quiere arrebatarle a la oposición la bandera de la ética mediante la Ley Orgánica de Integridad Pública. Es una reforma masiva con 84 medidas que alterará hasta 18 leyes (seis de ellas orgánicas). ¿La guinda del pastel? La creación de una nueva agencia independiente de integridad pública.
Las necesarias concesiones al socio de coalición
Ante la falta de presupuestos, solo se puede contentar al ala más a la izquierda del Gobierno con victorias ideológicas."Destaca una Ley de Democracia en la Empresa para impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en sus respectivas compañías"El Ministerio de Trabajo y Economía Social empuja fuerte con 17 proyectos previstos. Destaca una Ley de Democracia en la Empresa para impulsar una participación más eficaz de las personas trabajadoras en sus respectivas compañías. Aunque en realidad lo que aquí llamaríamos una medida de la izquierda del PSOE en Alemania forma parte del acervo del llamado capitalismo "renano".
Lo que sí hará temblar a la patronal es la modificación de la ley en materia de despido, que busca establecer garantías frente a las extinciones y modificar el régimen indemnizatorio del despido improcedente para que recupere su función "disuasoria y compensatoria".
Si hay una ley de coste económico cero y de nicho ideológico, es la ley que prevé el plan, la Ley para la protección de los derechos de los grandes simios, aunque suene insólita. Una victoria ideal para la base más ecologista.
La financiación autonómica y la clave política
Escondida en la sección de política presupuestaria, se encuentra la que probablemente sea la ley más complicada de toda la legislatura: la Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas."Políticamente, Sánchez la intentará convertir la financiación autonómica en una baza política a su favor"El objetivo oficial es acometer una "actualización y reforma" para hacer el sistema de financiación autonómica "más eficiente y equitativo". Políticamente, Sánchez la intentará convertir en una baza política a su favor. El Gobierno intentará reformar el modelo de reparto de dinero para las regiones de régimen común ofreciendo un modelo con más dinero para todos los territorios y ante una más que posible negativa de las (casi todas) CC. AA. gobernadas por el PP (y ahora muchas más con Vox en el Gobierno), el Gobierno hará responsable de que las comunidades no reciban más dinero para gestionar las políticas públicas al PP y Vox.
El Plan Anual Normativo 2026 de España cumple a la perfección con los estándares exigidos por la OCDE y Europa. Administrativamente, es un ejercicio impecable de planificación. Sin embargo, políticamente, es el diseño minucioso de una posición de resistencia para llegar al final de legislatura y con un aviso muy claro: si no se puede legislar, se forzará el concepto de "extraordinaria y urgente necesidad" con la utilización del real decreto-ley ante un parlamento fragmentado y con capacidad de bloquear la actividad parlamentaria.
"Moncloa se dispone a utilizar su (in)capacidad legislativa como su principal escudo"Enfrentado a un mundo convulso, desprovisto del amortiguador financiero pos-COVID y con un parlamento hostil, el Gobierno español se dispone a utilizar su (in)capacidad legislativa como su principal escudo. Ya sea blindándose contra la difamación digital con inteligencia artificial, reescribiendo las reglas del despido laboral o rediseñando el reparto del dinero regional, Moncloa ha dejado claro su plan: en 2026 la legislación será uno de los principales terrenos de disputa política. Tengo un plan, pero no me dejan aplicarlo.
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